Estados Unidos anunció este jueves 23 de julio un arancel del 12.5 % a las importaciones provenientes de Nicaragua, la tasa más alta establecida dentro de una nueva política comercial dirigida a países que, según Washington, no cuentan con una prohibición legal ni aplican controles efectivos para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
La medida fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), que informó la conclusión de las investigaciones abiertas contra 60 economías bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y confirmó la imposición de aranceles adicionales de entre 10 % y 12.5 %, que entrarán en vigor el 26 de julio de 2026.
Nicaragua quedó ubicada en el grupo de países sujetos al arancel del 12.5%, reservado para aquellas economías que, de acuerdo con la USTR, no han impuesto ni hacen cumplir de manera efectiva una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado. Los países que cuentan con una prohibición legal, pero presentan deficiencias en su aplicación, enfrentarán un gravamen del 10 %.
En un comunicado emitido este 23 de julio, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que “es momento de que nuestros socios comerciales hagan cumplir prohibiciones efectivas contra el trabajo forzado” y sostuvo que esas prácticas “son una afrenta a la dignidad humana” y además generan una competencia desleal para las empresas estadounidenses. La USTR añadió que las nuevas medidas buscan incentivar reformas legales y fortalecer los mecanismos de control en los países investigados.
Estas medidas son el resultado de una investigación comercial que el Gobierno de Estados Unidos abrió en marzo de 2026 contra 60 de sus mayores socios comerciales —entre ellos Nicaragua— para determinar si estos Gobiernos han adoptado “medidas suficientes” para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzado.
Los productos textiles o de confección originarios de Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, e importados libres de derechos al amparo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no son afectados por esta medida.
La evaluación de Washington
El anuncio se produce en medio de un nuevo deterioro en la relación entre Washington y Managua. Apenas dos días antes, el 21 de julio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó las declaraciones de Daniel Ortega durante el acto del 19 de julio, en las que aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” y que solo existirán comicios organizados bajo las reglas impuestas por su gobierno. Rubio afirmó que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional permanecerán “de brazos cruzados” frente a lo que calificó como un nuevo avance autoritario del régimen y llamó a incrementar la presión internacional contra el régimen Ortega-Murillo.
La decisión se basa en un informe elaborado por la USTR tras varios meses de investigación, consultas gubernamentales y audiencias públicas. En ese documento, el organismo concluye que Nicaragua incurre en actos, políticas y prácticas “irrazonables” que restringen el comercio estadounidense al no establecer ni aplicar eficazmente una prohibición para impedir el ingreso de mercancías producidas con trabajo forzado.
El informe ubica a Nicaragua entre 54 economías que, según la evaluación estadounidense, carecen de una prohibición efectiva sobre este tipo de importaciones. Otras seis economías —Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán— sí cuentan con una prohibición legal, aunque Washington considera que su aplicación sigue siendo insuficiente.
La nueva política sustituye el arancel temporal del 10% que expiraba este viernes 24 de julio de 2026 y fue diseñada bajo la Sección 301 luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara parte del esquema arancelario global impuesto previamente por la administración Trump bajo otra base legal. Según la USTR, la nueva estructura busca mantener la presión comercial utilizando un mecanismo con mayor respaldo jurídico.
Se suma a otra investigación contra Nicaragua
Aunque la decisión anunciada este jueves responde a un procedimiento distinto, se suma a la creciente presión comercial que Washington mantiene sobre el régimen de Daniel Ortega.
En diciembre de 2024, la USTR abrió una investigación independiente contra Nicaragua, también bajo la Sección 301, para determinar si las políticas del régimen relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho constituyen prácticas que restringen el comercio con Estados Unidos. Esa investigación —que Divergentes ha seguido desde su inicio— continúa abierta y podría derivar en nuevas acciones comerciales contra el país.
En octubre de 2025, como resultado de ese proceso, la oficina comercial estadounidense concluyó que las políticas del régimen en materia de derechos laborales, derechos humanos y Estado de derecho constituyen prácticas “irrazonables y discriminatorias” que afectan el comercio estadounidense, aunque el procedimiento siguió una vía distinta a la investigación sobre trabajo forzado que dio origen a los aranceles anunciados este jueves.