La decisión llegó con un plazo de holgura, pero con un mensaje claro. Este 10 de diciembre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció una medida que muchos en Managua temían, pero que resultó ser una estrategia intermedia. Washington impondrá un arancel gradual a los productos nicaragüenses que no gozan de los beneficios de origen del DR-Cafta, pero ha decidido —por el momento— no expulsar a Nicaragua del tratado de libre comercio.
Esta acción, fundamentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, responde a los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con abusos de los derechos laborales, derechos humanos y el desmantelamiento del Estado de derecho.
Sin embargo, la letra menuda del anuncio revela una estrategia de “presión calibrada”: un castigo que busca generar incertidumbre y exigir rectificaciones políticas sin dinamitar las cadenas de suministro estadounidenses ni provocar un colapso económico inmediato.
A diferencia de un embargo total o una suspensión inmediata, la USTR diseñó un esquema progresivo. El nuevo arancel entrará en vigor el 1 de enero de 2026, comenzando en un 0%.
El esquema progresivo al que apuesta Trump
La presión real se sentirá un año después. La tasa subirá al 10% en enero de 2027 y alcanzará el 15% en enero de 2028. Esta gradualidad otorga un margen de dos años en los que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría intentar negociar o, en el peor de los casos, para que el sector privado busque nuevos mercados para los productos afectados.
El documento oficial de la USTR advierte explícitamente que este cronograma no está escrito en piedra: si Nicaragua no muestra avances en la solución de estos problemas, “este cronograma y estas tasas podrán modificarse”. Es decir, la herramienta de presión puede endurecerse o relajarse dependiendo del comportamiento del régimen en Managua.
¿Qué se salva y qué paga?
Para entender el impacto real, es crucial distinguir entre lo que queda protegido y lo que no. La medida aplica específicamente a bienes importados de Nicaragua que “no sean originarios” bajo las reglas del DR-Cafta.
Esto significa que los productos que cumplen con las normas de origen del tratado —como el café y la carne, rubros sensibles para la economía nicaragüense— no se verán afectados por este nuevo arancel. Tocar estos rubros habría significado un golpe duro a la economía y a la población rural.
Cualquier arancel aplicado a los productos fuera del tratado se sumará a otros existentes, como el arancel recíproco del 18% aprobado por la administración Trump en agosto de 2025.
Una inyección de incertidumbre
Aunque la medida evita el escenario catastrófico de la suspensión del CAFTA —que habría costado hasta 3300 millones de dólares según estimaciones especializadas—, la mera existencia de esta sanción inyecta un veneno a la economía pinolero: la incertidumbre.
Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había advertido que las medidas comerciales adicionales generarían “mucha incertidumbre” afectando las exportaciones y la actividad económica. Con las reglas del juego cambiando a partir de 2026, es probable que la inversión extranjera se contraiga aún más.
La administración Trump ha optado por equilibrar la necesidad de actuar con la importancia de limitar las perturbaciones para las empresas estadounidenses. La decisión tomó en cuenta más de 2000 comentarios públicos y testimonios recibidos durante la investigación, muchos de los cuales abogaban por no dañar indiscriminadamente al pueblo nicaragüense, principalmente por tabacaleras estadounidenses que operan en Nicaragua.