La embajada de Estados Unidos en Managua advirtió este jueves a sus ciudadanos que denuncien si han sido víctimas de expropiaciones, confiscaciones o restricciones en la venta de terrenos adquiridos legalmente en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El aviso fue difundido quince días después de que el Parlamento sandinista aprobara la nueva Ley de Territorio Fronterizo, que estatiza y militariza todos los territorios ubicados en una franja de 15 kilómetros desde los límites internacionales hacia el interior del país.
“¿Es usted ciudadano estadounidense y se ha visto afectado por una expropiación, confiscación, restricción de venta o incautación de terrenos por parte del Gobierno nicaragüense de una propiedad que adquirió legalmente? Háganoslo saber enviando un correo electrónico a [email protected]”, recomienda el aviso nortamericano.
“Recopilaremos la información que nos proporcione para informar a los informes del Gobierno de los Estados Unidos, como la Declaración sobre el clima de inversión y los informes anuales al Congreso sobre las expropiaciones que afectan a personas estadounidenses”.
Para el Gobierno de Donald Trump, “los derechos de propiedad no son fiables en Nicaragua y las leyes se aplican de forma arbitraria”. “El Gobierno nicaragüense confisca regularmente propiedades privadas sin previo aviso ni el debido proceso”, resalta la legación.
Las confiscaciones es un tema peliagudo y temido entre los nicaragüenses, en especial después de las protestas de 2018, cuando la pareja copresidencial comenzó a confiscar propiedades de opositores, organismos de sociedad civil, empresarios, medios de comunicación, universidades y hasta inmuebles de la iglesia católica.
La más reciente propiedad ocupada fue el Colegio San José, en Jinotepe, Carazo. La misma copresidenta Murillo anunció la toma del inmueble el pasado 12 de agosto, alegando que en esa escuela los opositores cometieron “torturas y asesinatos” durante la revuelta popular de hace siete años, y fueron responsables del asesinato del simaptizante sandinsta Bismarck Martínez.
Por otro lado, la nueva ley de fronteras tendrá sus principales afectaciones en las fronteras que Nicaragua comparte con Honduras y Costa Rica. En la zona norte, hay 950 kilómetros de distancia y recorre zonas montañosas, ríos y territorios de comunidades indígenas y rurales. Allí hay fincas ganaderas, concesiones mineras y funciona una industria –legal e ilegal– de maderas preciosas.
Mientras que al sur, colindante con Costa Rica, la frontera terrestre tiene 309 kilómetros de longitud. También recorre zonas rurales, áreas protegidas, territorios indígenas y playas con alto potencial turístico en el Pacífico. Además de fincas, en esa zona sur operan extensos naranjales, pertenecientes a grupos económicos importantes de Nicaragua.
Varios anuncios de riesgo emitidos por Washington
En el aviso difundido, Washington dice a sus ciudadanos que “deben comprender los riesgos que conlleva invertir o comprar propiedades en Nicaragua”. “Tal y como se destaca en la Advertencia para viajeros a Nicaragua, la Declaración sobre el clima de inversión y la página de información sobre el país”, amplía el aviso.
Dos días antes del aviso de las confiscaciones, Washington también hizo otra advertencia a los suyos: desaconseja viajar a Nicaragua porque lo consideran un país con “riesgo D”. En esta categoría destacan naciones que, según el gobierno republicano, tienen un “alto riesgo de detención injusta y arbitraria de ciudadanos estadounidenses”. Aparte de Nicaragua, en la categoría aparecen dictaduras como la Corea del Norte, Rusia, Venezuela, Irán, Afganistán, Birmania y Eritrea.
El mismo 18 de agosto se publicó también un informe del Departamento de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. La publicación destaca que, entre los problemas significativos de derechos humanos, se incluyen informes creíbles de “asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; arresto y detención arbitrarios.
También “represión transnacional contra individuos en otro país; serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa, a incluir violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o enjuiciamientos injustificados de periodistas, censura, y serias restricciones a la libertad en internet; restricciones a la libertad religiosa; trata de personas, incluyendo trabajo forzado; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil”.
El informe sobre la situación de derechos humanos destaca las confiscaciones recientes de medios de comunicación como Radio María, antecedida por las expropiaciones de los inmuebles La Prensa, Confidencial y 100% Noticias.
Temor entre propietarios fronterizos
La nueva Ley de Territorio Fronterizo mantiene en zozobra a centenares de propietarios afectados por esta franja de confiscación de 15 kilómetros. DIVERGENTES conversó con varios propietarios y coinciden que hay mucha incertidumbre. Empezando porque nadie los ha contactado, no saben nada sobre el futuro de sus propiedades.
Una fuente cercana al sector privado confirmó a este medio de comunicación dijo que sus agremiados en la zona afectada tampoco han recibido notificación alguna sobre sus propiedades –y su futuro–. “Lo que suponemos es que no han dicho nada porque van a tener esa ley como una espada de Damocles. Siempre actúan así en temas de confiscaciones. Cuando les convenga, van a ir expropiando, en dependencia del valor de la propiedad”, explica.
“Estamos esperando a ver si reglamentan la ley, porque después de aprobada no es que diga mucho más. No sabemos si eso nos garantiza el derecho a la propiedad, pero por ahora no podemos hacer nada más que esperar”, dice otro hacendado del norte del país.
Por su parte, la Red de Defensores Indígenas de la Costa Caribe denunció que unas cien comunidades indígenas y afrodescendientes asentadas en zonas limítrofes con Honduras y Costa Rica se verán afectadas por la normativa. Aseguran que “vulnera de forma directa” su seguridad jurídica y autonomía.
“Esta nueva normativa no sólo contradice la normativa jurídica existente, sino que legitima el despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes de sus territorios y el usufructo de sus recursos naturales; permitiendo al Estado de Nicaragua realizar expropiaciones y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas y afrodescendientes sin el consentimiento previo, libre e informado; bajo la justificación de soberanía y seguridad nacional”, reza el comunicado difundido por la red de defensores.
Con el aviso de Washington, la nueva ley fronteriza y las confiscaciones recientes, Nicaragua reafirma su imagen como un país de alto riesgo para la inversión y el derecho de propiedad, donde la amenaza del despojo se cierne tanto sobre ciudadanos extranjeros como sobre comunidades locales. Y eso es grave cuando Nicaragua depende de la inversión extranjera, especialmente de Estados Unidos, el principal socio comercial del país.