Exilio en Costa Rica pide desconocer “farsa electoral” de los Ortega-Murillo

El llamado de los líderes opositores es a la comunidad internacional, a un mes de las elecciones generales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo participan sin rivales. Solicitan aplicar a Nicaragua la Carta Democrática de la OEA y a la comunidad internacional incrementar las sanciones

Daniel Ortega, se encamina a su tercera reelección consecutiva, cuando falta un mes para las elecciones generales -las primeras tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018-, al evitar enfrentarse a sus principales rivales de la oposición, que guardan prisión acusados de "traición a la patria". EFE/Jorge Torres

Líderes opositores exiliados en Costa Rica pidieron este jueves a la comunidad internacional desconocer los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua al considerar el proceso como una “farsa” orquestada por el Gobierno de Daniel Ortega para seguir en el poder. A un mes de las elecciones, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense, la Iniciativa por el Cambio, el Movimiento Campesino, la Articulación de Movimientos Sociales y la Unión Democrática Renovadora, así como líderes en el exilio, firmaron una declaración en la que rechazan la “farsa electoral” que se desarrolla en un contexto de encarcelación de candidatos opositores.

En el documento, leído en una conferencia de prensa llevada a cabo en Costa Rica, los movimientos hacen un llamado a los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea y en general a “todos los países democráticos del mundo”, a que “declaren la ilegitimidad del proceso electoral y desconozcan los resultados de la farsa electoral montada por la dictadura”.

En el documento se solicita aplicar a Nicaragua la Carta Democrática de la OEA y a la comunidad internacional incrementar las sanciones contra el Gobierno de Ortega y a condicionar la aprobación de recursos financieros al respeto a los derechos humanos. “Declaramos nuestro unánime repudio y desconocimiento a la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre. Es un proceso ilegítimo y nulo en el que se impide al pueblo elegir democráticamente a sus autoridades”, manifestó la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco, María Laura Alvarado.

En las próximas elecciones, Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007, busca ser reelegido por cinco años más, junto con su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

En la declaración conjunta, las organizaciones exigen la liberación de los presos políticos y que se garantice el retorno seguro de los exiliados. Al menos 155 opositores, considerados por los organismos humanitarios como “presos políticos”, guardan prisión en Nicaragua, incluidos 145 que fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la lista aparecen los 37 líderes opositores y profesionales independientes capturados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, entre los cuales hay siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, altos funcionarios de Gobiernos anteriores y exguerrilleros sandinistas.

Costa Rica, hogar y base de exiliados

Líderes opositores exiliados en Costa Rica pidieron este jueves a la comunidad internacional desconocer los resultados de las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua al considerar el proceso como una “farsa” orquestada por el Gobierno de Daniel Ortega para seguir en el poder. EFE/ Jeffrey Arguedas

Históricamente, Costa Rica ha sido el hogar para miles de nicaragüenses que han huido de su país en contextos de guerra, persecución política o en busca de mejores condiciones de vida. Según datos oficiales, en este país de 5,1 millones de habitantes viven unos 400.000 nicaragüenses, aunque organizaciones no gubernamentales calculan que la cifra real puede ser de hasta el doble.

Desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, Costa Rica ha recibido más de 100.000 solicitudes de refugio de nicaragüenses, según las cifras de la Dirección de Migración, y no se tiene un número certero de la cantidad de gente que podría estar en condición irregular y que ingresa por los numerosos puntos ciegos de la extensa frontera entre ambos países

Entre los miles de exiliados en Costa Rica hay campesinos, dirigentes sociales, médicos, periodistas y figuras connotadas como el laureado escritor Sergio Ramírez. En los meses recientes, Costa Rica ha sido escenario de marchas y protestas contra el Gobierno de Ortega por parte de los exiliados, que exigen el retorno a la democracia en su país y el fin de la represión contra los opositores.

Las protestas de 2018, calificadas por el Ejecutivo como un “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 328 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

En las últimas semanas se han conformado en Costa Rica coaliciones de organizaciones de exiliados, de defensa de los derechos humanos y de grupos sociales y políticos como la de este jueves. Estos grupos han anunciado que seguirán exigiendo desde Costa Rica unas elecciones libres y democráticas y la salida del poder de Ortega.

El análisis: una elección sin rivales

Campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica, se manifiestan frente a la embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Daniel Ortega, se encamina a su tercera reelección consecutiva cuando falta un mes para las elecciones generales, las primeras tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018, con sus principales rivales de la oposición, que guardan prisión, acusados de “traición a la patria”.

Ortega, un exguerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años, y en el poder desde 2007, algo sin precedentes en Centroamérica en el siglo XXI, dio por iniciada su campaña el lunes pasado, en la que justificó el arresto de siete aspirantes a candidatos a la Presidencia por la oposición, que se perfilaban como sus principales contendientes.

Desde junio pasado y en el marco del actual proceso electoral, la Policía Nacional que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, ha arrestado a más de una treintena de dirigentes opositores, entre ellos los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Otros dos políticos de la oposición que anunciaron sus intenciones de aspirar a la jefatura del Estado, María Asunción Moreno y el exlíder de la “Contra” Luis Fley, abandonaron Nicaragua alegando razones de seguridad.

Según Ortega, que busca su quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, los opositores están detenidos por “terroristas”. Los acusó de estar al “servicio de los yanquis” (Estados Unidos) y de haber dirigido la revuelta popular que estalló en abril de 2018, y que el Ejecutivo califica como un intento de golpe de Estado.

En las elecciones no participarán, además, tres partidos políticos opositores (Ciudadanos por la Libertad, Partido Restauración Democrática y Partido Conservador), a los que el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el oficialismo, canceló su personalidad jurídica bajo el argumento de que violaron la Ley Electoral.

En tanto, las elecciones serán vigiladas por políticos afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas.

Hasta ahora ni la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea o el Centro Carter han notificado que participarán como observadores electorales en Nicaragua. Asimismo, el CSE prohibió los eventos presenciales masivos, caravanas, caminatas o actos en espacios abiertos y públicos con más de 200 personas para evitar aglomeraciones debido a la pandemia de la covid-19.

En su arranque de campaña, Ortega llamó “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis. También apeló al nacionalismo y al antiimperialismo estadounidense para “darle continuidad a la paz”, la cual, dijo, fue restablecida por su Gobierno después de que estallaran las protestas en su contra.

La Policía Nacional y civiles encapuchados y armados, afines al sandinismo, neutralizaron las manifestaciones antigubernamentales, que estallaron el 18 de abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.

Asimismo, el mandatario hizo un guiño a los empresarios con los que mantuvo una alianza de consenso hasta abril de 2018. “Tenemos que apelar a aquellos hermanos que puedan estar en una posición de que, bueno, se dejan presionar por los que amenazan, por los que agreden, y decirles: bueno, aquí el camino, y está demostrado, el camino ya trazado, ese camino que de repente se vio dañado en el 2018, bueno, ese camino ya está nuevamente encarrilado”, apuntó.

El líder del FSLN disputará la Presidencia a cinco candidatos de la oposición, incluido el reverendo Guillermo Osorno, del partido Camino Cristiano Nicaragüense, que en los comicios pasados formó parte de la coalición sandinista.

La oposición nicaragüense, la excluida, ha tildado de “farsa” los próximos comicios y ha pedido a Occidente desconocer sus resultados. También ha llamado a los nicaragüenses a no salir a las calles el 7 de noviembre.

En Nicaragua, un país centroamericano de 6,5 millones de habitantes, unos 4,4 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Siga leyendo: