Familiares de presos políticos exigen ingreso de Cruz Roja y ONU a las cárceles de Nicaragua

La demanda también incluye “una prueba de vida” tras más de dos meses de incomunicación


Tras 81 días de total incomunicación, el período más largo en año y medio de encierro, un grupo de familiares de presos políticos exigió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una “prueba de vida” de los suyos y que permita a organismos internacionales y de derechos humanos ingresar no solo a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocidas como El Chipote, sino a los diferentes centros de detención para constatar la situación de los opositores.

La última vez que la dictadura sandinista autorizó un encuentro entre familiares y reos fue entre el 28 y 29 de agosto de este año, cuando los mismos allegados denunciaron el desgaste físico y mental de los opositores debido a los constantes interrogatorios, falta de atención médica y racionamiento en las porciones de alimentos.

Un día después de la denuncia, el régimen inició el desfile de presos políticos que se encuentran en El Chipote con el objetivo de desacreditar los testimonios de los familiares, sin embargo, la demostración pública evidenció la delgadez, palidez y deterioro físico persistentes en los reos.

“Nuestras solicitudes orales, tanto de visita, así como de información sobre el estado y paradero de nuestros familiares han sido denegadas por las autoridades de la DAJ sin ninguna justificación. Estamos alarmados y sumamente angustiados”, expusieron los familiares en un comunicado leído durante la conferencia.

Victoria Cárdenas, esposa del preso político Juan Sebastián Chamorro, calificó esta falta de comunicación como una “violación gravísima” cometida por el régimen, no solo contra los reos, sino contra sus familiares. A su vez, insistió en la importancia de que organismos internacionales mantengan la denuncia “para que el mundo sepa lo que pasa en las cárceles de Nicaragua”.

Los familiares además señalaron que, la situación de incomunicación prolongada en la que se encuentran los presos constituye un “mecanismo de tortura”, debido al severo daño psicológico y emocional que son víctimas tanto los reos como sus esposas, esposos, madres e hijos.

Familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos exponen situación de reos ante la CIDH | Cortesía

Piden ingreso de organismos internacionales

La demanda de los familiares también incluye que el régimen permita a las organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas ingresar a las instalaciones de El Chipote y los diferentes centros penitenciarios del país, para constatar la situación física y de salud de los más de 220 reos políticos encerrados desde 2018 hasta la fecha.

“De conformidad con la legislación penal nicaragüense y normativa internacional vigente en materia de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas regulares, así como acceso a una alimentación sana, condiciones de higiene y de descanso dignas, material de lectura, atención médica, y otros derechos que les han sido negados desde el momento de su detención ilegal y arbitraria”, destacaron los familiares.

El pasado nueve de noviembre una representación de familiares y organismos civiles denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) las condiciones en que se encuentran los opositores y demandaron al órgano internacional declarar a la dictadura en desacato por no cumplir con lo ordenado por la Corte en cuanto a la liberación de los opositores.

Durante la sesión, Esmeralda Arosemena, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió también a los jueces de la Corte IDH solicitar al régimen una visita en El Chipote para verificar el estado de los presos.

El régimen nicaragüense, que ha negado que haya tortura y malos tratos en las cárceles, no ha dado respuesta al pedido de la Corte IDH.

“No tenemos ninguna garantía ni de fe de vida, ni de su estado de salud. A la fecha, ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos por última vez”, complementaron este martes los familiares.

Para finalizar, los familiares exigieron la regularización de las visitas cada 15 días como lo ordena la ley, con presencia y participación de hijas e hijos menores y/o con necesidades especiales; así como acceso y regularización a llamadas telefónicas, videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyen a familiares en el exterior.

“Queremos dejar claro que aquí nosotros estamos hablando, no de un tema político, sino que estamos hablando de salvarle la vida a personas inocentes. Nuestra demanda seguirá siendo la liberación incondicional de nuestros familiares, y, mientras esa libertad se da, tiene que haber un resguardo de la integridad de todas las personas presas y sus familiares”, manifestó por su parte Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga.

Exposición en Costa Rica

La Campaña Sé Humano presenta en Costa Rica una exposición de realidad virtual sobre las condiciones que viven los presos políticos en las cárceles de Nicaragua | Cortesía de Sé Humano.

En simultáneo, la plataforma Sé Humano y la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada de Costa Rica, Montserrat Ruiz Guevara, estarán presentando durante esta semana en la Asamblea Legislativa del país vecino, una exposición en la que los presentes pueden constatar, a través realidad virtual, las condiciones en las que viven los privados de libertad en las cárceles de la dictadura.

“A través del recorrido, los visitantes serán invitados a ponerse en los zapatos de un líder de la sociedad civil, un político, empresario, estudiante, mujer adulta mayor o campesino, como los que se encuentran padeciendo tortura solo porque alzaron su voz para demandar un país libre”, señala la nota de prensa divulgada por las organizaciones.

Según el observatorio de incidencias políticas Urnas Abiertas y el grupo Monitoreo Azul y Blanco, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 31 personas fueron arrestadas en Nicaragua en los primeros días de noviembre, en el contexto de las elecciones municipales en las que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo el 100% de las alcaldías del país.

El caso más reciente es el del exreo político Carlos Valle, quien fue arrestado en Managua el pasado cinco de noviembre luego de que su familia optó por el exilio. Según la denuncia de su hija, Elsa Valle, también exrea política, el opositor fue sacado de su casa con violencia.

Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, previo y durante las elecciones presidenciales del año pasado, fueron condenados a penas de entre 7 y 13 años de cárcel por delitos considerados como “traición a la patria” o “lavado de dinero”. Ortega los ha tildado de “traidores a la patria”, “criminales” e “hijos de perra de los imperialistas yanquis”.