Familiares de secuestrados políticos demandan el cese de “actos de torturas” en El Chipote 

Los familiares de los detenidos denuncian que persiste el régimen de aislamiento total e incomunicación. En una carta pública demandan el cumplimiento de ocho puntos, todos derechos constitucionales que deberían ser permitidos por la dictadura. Los carceleros no permiten el ingreso de colchas, comida ni material de lectura.

Margin Pozo, esposa del periodista Miguel Mendoza, camina junto a varios agentes antidisturbios afuera del complejo policial Evaristo Vásquez El Chipote tras la detención del comunicador, hoy, en Managua (Nicaragua). Jorge Torres | EFE

Un grupo de familiares de los encarcelados durante la nueva escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo denunciaron que persisten las condiciones de aislamiento e incomunicación. La denuncia pública, divulgada este jueves tras lo que ellos tachan de “mutismo absoluto” por parte de las autoridades, lanza un llamado de “urgencia sobre el riesgo inminente de daños irreversibles a la integridad física y psicológica de nuestros familiares”. 

Los firmantes exigen el cumplimiento de ocho demandas dirigidas al Estado, el Poder Judicial y la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), instituciones sometidas al Ejecutivo por la dictadura Ortega-Murillo:

  1. Que se establezcan un calendario claro de visitas periódicas y frecuentes en condiciones de privacidad, sin acoso a familiares, incluyendo el acceso a hijas e hijos pequeños a comunicarse con sus padres/madres.
  2. Que se respete el derecho a la defensa y que se permitan entrevistas libres y privadas con sus abogados defensores.
  3. Que las familias podamos proporcionarles al menos un tiempo de comida al día a nuestros familiares para garantizar alimentos sanos, completos y alineados con sus necesidades particulares.
  4. Cese inmediato del aislamiento y cese a los interrogatorios sin la presencia de sus abogados.
  5. Que se nos reciban frazadas, colchas, y ropa de abrigo para reducir el frío que sienten todas las noches.
  6. Garantías de entrega de paquetería y objetos básicos y necesarios en régimen carcelario (material de lectura, lentes, etc.), de tal manera que puedan manejar en sus celdas alimentos, bebidas, ropa y artículos de cuidado personal de manera independiente y autónoma. 
  7. Otorgar al menos 20 minutos de sol al día. Y que se apaguen las luces a la hora del descanso.
  8. Que los juicios sean públicos, como ordena la Constitución de Nicaragua, así como el ingreso de familiares y medios de comunicación a los mismos.

Estas demandas son, en realidad, obligaciones que los Estados deberían asumir, según estipulan instrumentos internacionales como las Reglas de las Naciones Unidas, mejor conocidas como “Reglas Nelson Mandela”. Estas prohíben las torturas y el aislamiento prolongado. El régimen Ortega-Murillo ha incumplido estas normativas y mantiene en condiciones “alarmantes” a los detenidos.

Las normas violadas por el régimen son la 43, que prohíbe el aislamiento indefinido, las penas corporales como la reducción de alimentos y agua; la 44, que establece que ningún recluso puede pasar un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable; y la 45, que reitera la prohibición de aislamiento solo en casos excepcionales, como único recurso y bajo periodos de corta duración.

La nueva ola de detenciones inició a finales de mayo, y hasta el momento han sido encarceladas 37 personas, entre ellas precandidatos presidenciales de oposición, empresarios, activistas, opinadores políticos, periodistas, campesinos y líderes universitarios. La mayoría de las detenciones fueron ejecutadas mediante un amplio despliegue policial, y en muchas de ellas se constató el uso de violencia al momento de la extracción.

Desde entonces la dictadura ha iniciado una serie de juicios que engloban una serie de delitos: “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, “lavado de dinero bienes y activos”, “propagación de noticias falsas” y “portación y tenencia ilegal de armas y artefactos explosivos”. También los familiares denunciaron que las audiencias iniciales fueron realizadas a puertas cerradas, en la DAJ.

“Tememos aún más por sus vidas. A pesar de la situación de desnutrición severa y hambre en que los encontramos, persiste la negativa al ingreso de alimento, adicionalmente continúan pidiendo medicinas que evidencian malestares gastrointestinales y vértigos, vinculados a su deficiente alimentación. Así mismo, niegan el ingreso de abrigo y material de lectura”, aseguran los familiares de los detenidos. 

De igual forma, exponen que las autoridades judiciales persisten en obstaculizar el ejercicio de la defensa de los detenidos. “Sus causas no aparecen reflejadas en el sistema del Poder Judicial con el objetivo de invisibilizar y mantener su indefensión. Se han solicitado las copias de las supuestas pruebas presentadas por la Fiscalía sin que dicha institución las facilite ni acepte los escritos pidiéndolas”, reiteran. 

Los familiares de los encarcelados demandan su liberación inmediata, pues “todos son inocentes de todos los cargos imputados por la Fiscalía”. Sin embargo, los juicios políticos se mantienen. El Ministerio Público ha emitido decenas de comunicados con los que reitera las acusaciones cada día.  

La mayoría de los señalamientos están “sustentados” en declaraciones de los oficiales que ejecutaron el allanamiento, quienes pertenecen a una de las instituciones más represivas de Nicaragua, como lo es la Policía Nacional, acusada de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población. Los señalamientos también se basan en declaraciones públicas que los presos políticos dijeron a medios de comunicación o a través de sus redes sociales. 

Tras la publicación de un informe en el que Amnistía Internacional (AI) acusó al régimen de desaparecer forzadamente a un grupo de diez nicaragüenses, la DAJ autorizó una serie de visitas a inicios de junio. En ellas se pudo constatar que muchos de los detenidos habían perdido peso, y otros, como Lesther Alemán, presentaban una condición “deteriorada”.