Torturas a secuestrados políticos violan las reglas internacionales “Nelson Mandela”

El sociólogo Irving Larios es el más reciente opositor detenido por el régimen Ortega-Murillo. La fase represiva iniciada a mediados de mayo hace uso de las leyes represivas aprobadas a finales de 2020 y se caracteriza por imponer un sistema de castigo más férreo contra los encarcelados: desde aislamiento total, hasta negación de material de lectura. El régimen Ortega-Murillo viola instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de los encarcelados, entre ellas las “Reglas Nelson Mandela”.

Fiscalía Policía Nacional
La Policía Nacional ha ejecutado todas las detenciones contra opositores desde mediados de mayo. Los operativos se han caracterizado por un amplio despliegue policial y el uso de la violencia durante los allanamientos. Miguel Andrés | Divergentes.

Los encarcelamientos a opositores por “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz” se mantienen a cuatro meses de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutara una nueva fase represiva bajo la invocación a la “Ley de defensa de los derechos del pueblo” (Ley 1055). Irving Larios, un sociólogo y opositor nicaragüense fue detenido la tarde del lunes por la Policía Nacional, y es señalado de “infringir” dicha norma y se suma ahora a los presos políticos cautivos en El Chipote, quienes están siendo torturados de manera sistemática. Se trata de una nueva etapa represiva más sofisticada que viola las reglas internacionales de las Naciones Unidas, llamadas también “Reglas Nelson Mandela”. Estas normas establecen las condiciones a las que ningún reo debe ser sometido.

La nueva oleada de detenciones inició a mediados de mayo, junto a un caso de supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) y su exdirectora, la aspirante presidencial Cristiana Chamorro. El Ministerio Público también ha señalado como implicados a los extrabajadores Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos por la Policía.

Los arrestos se extendieron al resto de precandidatos opositores, acusados en su mayoría de “menoscabo a la soberanía nacional” bajo la Ley 1055, aprobada a finales de 2020 junto a un combo de normativas represivas, como lo son la Ley de Ciberdelitos, que busca castigar la “propagación de noticias falsas” a discreción del gobierno, y la Ley de Agentes Extranjeros, con la que se ha criminalizado la cooperación internacional. 

Las normas violadas por el régimen son la 43, que prohíbe el aislamiento indefinido, las penas corporales como la reducción de alimentos y agua; la 44, que establece que ningún recluso puede pasar un mínimo de 22 horas diarias sin contacto humano apreciable; y la 45, que reitera la prohibición de aislamiento solo en casos excepcionales, como único recurso y bajo periodos de corta duración.

Al igual que Larios, otros 36 opositores enfrentan procesos judiciales por una serie de delitos que están contemplados en el Código Penal. Las audiencias iniciales se realizaron dentro de las instalaciones de Auxilio Judicial, situación que preocupa a los abogados defensores pues es violatorio a las garantías de un juicio oral y público. 

El operativo policial de Larios fue similar a las pasadas detenciones realizadas por la Policía contra una treintena de líderes políticos, dirigentes estudiantiles, empresarios, campesinos y periodistas. Familiares de Larios dijeron que una docena de oficiales llegaron a su residencia y lo sacaron a la fuerza. El académico forma parte de la Articulación de Movimientos Sociales (AMS), una de las tantas organizaciones que surgieron a raíz de la crisis sociopolítica de abril de 2018 y que aglutina a otros grupos de la sociedad civil. También es presidente del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (INGES), oenegé cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional —dominada por el partido de gobierno— hace un mes.

Siguiendo el mismo patrón, la Policía divulgó un comunicado tras el allanamiento a la vivienda, en el que se informaba que Larios está siendo investigado por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización; proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; demandar y exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.

En total han sido encarcelados una treintena de personas, en lo que organizaciones de derechos humanos tachan de una tercera oleada de detenciones desde el inicio de las protestas de abril de 2018. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció a mediados de junio que en el país se instauró “una nueva fase de represión” de cara al proceso electoral. Los grupos de oposición en el país confiaban en que este año se podría salir de la crisis sociopolítica que la nación arrastra desde hace tres años a través de unas elecciones. No obstante, los movimientos surgidos en las protestas fueron desarticulados y muchos de sus integrantes optaron por el exilio y la clandestinidad. 

Afiche de una campaña impulsada por los familiares de presos políticos en Nicaragua. Cortesía | Divergentes.

La mayoría de las detenciones se han caracterizado por ser ejecutadas como si de “secuestros” se tratara, según han denunciado algunos familiares de los detenidos. Por ejemplo, en el caso de Tamara Dávila el operativo fue ejecutado durante la medianoche, en horas no establecidas por la ley para realizar allanamientos. A pesar de que la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) no opuso resistencia, los oficiales entraron con violencia, cortaron el circuito de cámaras de seguridad, así como la cerca eléctrica de la vivienda. 

Los familiares también denunciaron que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) no dejaban pasar alimentos sólidos proveídos por ellos. Los detenidos en esta nueva oleada permanecen incomunicados y las familias solo han podido verlos una vez y por solo diez minutos. Antes de que el régimen permitiera la visita, Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno de desaparecer forzadamente a diez personas.

Además, se ha podido constatar la falta de acceso a libros, revistas o cualquier material de lectura, objetos en pasadas detenciones sí solían ser admitidos. Según un artículo elaborado por el Grupo de Reflexión de Excarcelados (GREX), movimiento que aglutina a varios ex presos políticos de Nicaragua, el aislamiento en esta tercera ola de detenciones es total. 

Abogados de algunos de los detenidos, como el del líder estudiantil Lesther Alemán, han denunciado que la condición mental de los encarcelados es frágil, debido a los largos interrogatorios a los que son sometidos. 

Con todas estas características el régimen Ortega-Murillo viola instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de los encarcelados, como las Reglas de las Naciones Unidas, mejor conocidas como “Reglas Nelson Mandela”. Esta norma establece una serie de condiciones a las que ningún reo debe ser sometido, como el aislamiento indefinido y prolongado, o el encierro en una celda totalmente oscura o con iluminación permanente.

Se “reanudan” los secuestros políticos

Larios es el detenido número 37, desde que iniciaron los encarcelamientos. El académico se incorporó al Frente Sandinista en 1977, año en que inició sus estudios de Economía. Tras el triunfo de la guerrilla fue miembro del Comité Nacional de la Juventud Sandinista y del Consejo Nacional de Educación Superior (CNES). En las últimas décadas se convirtió en un crítico del sandinismo liderado por Ortega y Murillo. Junto a Víctor Hugo Tinoco, Dora María Téllez y Hugo Torres, Larios es el cuarto disidente del FSLN en ser apresado. 

Todos estos señalamientos son citados de la Ley 1055, el reciente instrumento jurídico que el Ministerio Público invoca para encarcelar a las voces críticas que pretendían enfrentarlo en las elecciones del siete de noviembre. La pareja presidencial eliminó esta vía al mantener el control absoluto en el Consejo Supremo Electoral (CSE) y descabezar a los partidos políticos que tenían mayor credibilidad. Los mandatarios buscan cinco años más de permanencia en un proceso que desde ya ha sido señalado de ilegítimo por algunos movimientos nicaragüenses y organizaciones de derechos humanos. Por su parte, algunos actores de la comunidad internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea aseguraron que no reconocerán los resultados de unas elecciones sin garantías. 

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