Las sanciones que impuso el gobierno de Estados Unidos al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, provocaron que cediera una parte del control absoluto que ejerce en la comuna a la alcaldesa Reyna Rueda. Documentación en poder de DIVERGENTES y una fuente cercana al Gobierno evidencian que el exdirigente de la Juventud Sandinista dejó de ser la firma libradora que autoriza las contrataciones públicas para la municipalidad, una gestión clave que le ha facilitado ganancias irregulares a la mano derecha de la vicepresidenta Rosario Murillo.
Hasta antes de la sanción de Washington, el cinco de julio de 2018, Moreno tenía el control absoluto de la Alcaldía de Managua. La alcaldesa Reyna Rueda no le hacía sombra ni siquiera en las actividades de contingencia durante los meses de invierno, pese a ser ella la electa. Según la documentación de la alcaldía, el cambio administrativo ocurrió en agosto de 2018, un mes después de la sanción que le impuso el Gobierno de Estados Unidos. El gobierno del entonces presidente Donald Trump, le designó por dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados gubernamentales que estuvieron implicados en abusos contra los derechos humanos en 2018.
Todavía en julio de ese año Moreno firmó algunas contrataciones públicas de la Alcaldía. Según documentos en poder de DIVERGENTES una de las últimas obras, en las que fungió como máximo representante legal de la municipalidad, fue en una orden para el mantenimiento del Parque Japonés por un costo de 563, 813.96 córdobas a favor de la oferente Katy Loáisiga.
“El cambio fue rápido. A la alcaldesa le informaron que ella iba a firmar todo lo relacionado con las contrataciones de la Alcaldía, pero también le explicaron que Fidel quedaría al mando de todo tal y como lo había hecho antes de la sanción”, afirma la fuente gubernamental que habló con este medio de comunicación.
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A partir de esta fecha los proyectos llegan al escritorio de Moreno y, aunque él no firma los contratos, es quien decide a qué contratista le favorece la obra. El 30 de agosto de 2018, de acuerdo a documentación oficial, Rueda comenzó a estampar su firma en las contrataciones para darle legalidad a cada adjudicación. Una de las primeras obras que “aprobó” fue la adquisición de tubos de concreto para diversas obras de mantenimiento. La empresa beneficiada a través de contratación simplificada fue Concretera Total con un monto de 6, 410, 356.77 córdobas.
Es un gran golpe para Moreno si se toma en cuenta que es una especie de edil de facto de Managua. La municipalidad más grande y rica de Nicaragua es su feudo, de acuerdo con fuentes sandinistas. En la alcaldía no se mueve una hoja si no es con su autorización. Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo nombró Secretario General de la comuna, el exdirigente de UNEN, coordina y ejecuta cualquier orden.
“Lo hace todo, bueno, casi todo…”, continúa la fuente cercana al Gobierno que habla desde el anonimato. Lo único que Moreno ya no puede hacer no es poca cosa: firmar documentos de relevancia de la municipalidad. Su firma libradora, que antes de 2018 era símbolo de poder, ahora no tiene ninguna validez.
Tampoco firma en el Real Estelí
Además de perder la facultad de firmar contratos en la municipalidad, Moreno también tuvo que desligarse de la presidencia del Real Estelí, un club de fútbol de primera división que pertenece a la ciudad del mismo nombre.
De la presidencia del Real Estelí, Fidel Moreno fue removido también en agosto de 2018. “Era una de las firmas libradoras y no podía seguir en el cargo”, expresó una fuente vinculada al club.
Hasta 2018 Moreno usó su firma para alimentar un entramado de corrupción y favoritismo en la Alcaldía de Managua. Una investigación de DIVERGENTES publicada en 2020 comprobó que entre 2016 y 2018 la red de empresas favoritas del secretario de la municipalidad recibió $48,200,618.55 por contrataciones que fueron gestionados a través de procesos irregulares. En total son 55 empresas las cuales fueron beneficiadas con 169 proyectos en la capital, bajo la modalidad de “Contratación Simplificada”, un esquema que viola las causales del artículo 28 de la ley 801, Ley de Contrataciones Municipales.
El secretario general de la Alcaldía es solo uno de varios funcionarios que han tenido que ceder poder para continuar ejerciendo su cargo sin restar operatividad a la institución estatal de la que se encuentran al mando. La disposición no ocurrió por desconfianza o castigo. El cambio administrativo se originó a raíz de las sanciones que el gobierno de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han impuesto a los cuadros sandinistas.
El texto de las sanciones que impone Estados Unidos, por ejemplo, prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción o negocio con los designados. Los bancos nacionales también deben abstenerse de relacionarse con los funcionarios señalados de cometer violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
“Es una muerte financiera”, señaló un politólogo consultado por DIVERGENTES. “También existe un riesgo reputacional para personas naturales o empresas que se relacionen con estos ciudadanos designados”, agregó.
El politólogo explica que al designar a otros funcionarios para firmar documentos importantes como préstamos o contrataciones estatales, se está protegiendo a la institución pública de una sanción directa. Además esto hace posible que continúe operando como hasta ahora lo han hecho. El efecto en los sancionados es más de imagen frente a sus subordinados.
“Con la Alcaldía les ha dado resultado. Pero con otras instituciones como la Policía Nacional han tenido complicaciones. Algunas contrataciones, por ejemplo, las hace el Ministerio de Hacienda. En las contrataciones que realiza la fuerza armada del régimen no hay grandes montos y solo se limitan a pequeñas compras”, explica la fuente cercana al Gobierno.
De “Chico” López a Gustavo Porras
Francisco “Chico” López es uno de los operadores económicos más importantes del régimen Ortega-Murillo. En una reciente investigación publicada en DIVERGENTES, se reveló que era el encargado de administrar las millonarias ganancias de la empresa de capital mixto Alba Forestal. La compañía dejó daños irreparables a corto plazo en los bosques de seis comunidades del Caribe Norte de Nicaragua.
Su importancia para la dictadura sandinista lo puso bajo la lupa del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El cinco de julio de 2018 fue sancionado con la Ley Global Magnitsky Act por estar involucrado en actos de corrupción.
La designación obligó a los Ortega-Murillo a realizar ajustes necesarios para “garantizar” la operatividad de dos instituciones de Gobierno importantes. Una es Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la otra, la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
El 29 de julio de 2019 el dictador nombró a Chico López ministro asesor para la producción y el comercio y le retiró de su puesto como presidente de las juntas directivas de ambas instituciones. “Es muy importante dentro del esquema económico de la dictadura. El cambio era necesario pero él continúa operando desde las sombras”, señaló el politólogo entrevistado por DIVERGENTES.
Otro de los funcionarios sancionados que tuvo que ceder poder para mantenerse en su cargo sin afectar a su institución, fue el mayor general en retiro Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Mojica fue sancionado por Estados Unidos el 21 junio de 2019. El Departamento del Tesoro señaló al mayor en retiro de promover en televisión nacional la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” de la dictadura orteguista para silenciar a la oposición nicaragüense. También lo acusaron de administrar las finanzas personales de Ortega y Murillo, incluidas inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros.
El cambio que hizo el régimen con Mojica quedó evidenciado en la publicación en La Gaceta, diario oficial, del jueves ocho de agosto de 2019. Según lo dispuesto el mayor en general en retiro no podría firmar ningún documento legal y todas esas funciones estarían a cargo de Rosa Argentina Guadamuz Castillo, secretaria general de esa institución.
Guadamuz Castillo entonces es la encargada, hasta la fecha, de firmar documentos necesarios para desembolsos de fondos nacionales, extranjeros y los derivados de ejecución de proyectos.
El caso de Gustavo Porras fue similar al de Mojica y López. El 25 de junio de 2019 la Asamblea Nacional, dominada enteramente por sandinistas, aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quitarle facultades administrativas al presidente de este poder del Estado, para evitar problemas financieros a raíz de las sanciones de Estados Unidos y Canadá.
Según el Departamento de Estado, Porras promulgó acciones o políticas significativas que atentaron contra procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Lo señalaron de ser uno de los operadores políticos de mayor rango del presidente Ortega y de ejercer un control significativo sobre el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Ministerio de Salud (Minsa), con la aprobación de Murillo.
De acuerdo a la reforma aprobada por los diputados sandinistas, se eliminó al presidente de la Asamblea Nacional para ejercer como autoridad administrativa. El poder ahora está en manos de la secretaría ejecutiva. Eso sí, el puesto político de Gustavo Porras quedó igual.
El efecto de Bancorp
Aunque no era una institución pública, la sanción de Estados Unidos al Banco Corporativo S.A. (Bancorp), obligó al régimen a cerrar esta entidad financiera. “Era lo único que podían hacer. La empresa como tal no iba a servir de mucho”, explicó la fuente ligada al Gobierno entrevistada por DIVERGENTES.
El Departamento del Tesoro sancionó a Bancorp por su papel en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. “Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente “, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, en ese momento.
Pocos días después el representante legal del Bancorp, Luis Bárcenas, informó a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), el cierre total de esa empresa.
Según economistas consultados por medios de comunicación independientes en ese tiempo, la consecuencia más importante del cierre de Bancorp fue la pérdida en las reservas internacionales del Banco Central de Nicaragua (BCN), estimadas en unos 140 millones de dólares.
Hasta antes del cierre, Bancorp, según las cifras del BCN, tenía depósitos por 202 millones en dólares. En córdobas por el equivalente de 74 millones de dólares, y préstamos por 80.5 millones de dólares, y un patrimonio de 23.1 millones.
“Los puestos importantes y esenciales fueron modificados para seguir operando. Todavía hay información que desconocemos. Por ejemplo, no sabemos cuál es el cambio que ocurrió en Hacienda y en el BCN al sancionar a Iván Acosta y Ovidio Reyes. Pero definitivamente tuvo un efecto negativo aunque lo oculten”, finalizó la fuente cercana al gobierno que habló desde el anonimato para este medio de comunicación.