El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció el 10 de septiembre la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para ventas de emprendimientos, restaurantes y hospedajes durante las fiestas patrias. Aunque fue presentada como un “gran logro” del “buen Gobierno”, se trata de un alivio temporal que estará vigente del 13 al 22 de septiembre, coincidiendo con los diez días de vacaciones otorgados a los trabajadores del Estado.
Economistas consultados por DIVERGENTES señalan que, más que una política fiscal de fondo, la disposición responde a la propaganda oficialista que el régimen alardea. Aunque reconocen un beneficio puntual para consumidores y el sector turismo, advierten que en un contexto de superávit fiscal deberían impulsarse reformas más amplias, como la reducción de impuestos que asfixian a la población, cuyo poder adquisitivo se encuentra cada vez más deteriorado.
“Las finanzas públicas muestran números positivos y el régimen vende esta exoneración como un gesto de buen Gobierno, que en vez de promover inversiones sostenibles y aumentar la producción o el empleo en el mediano o largo plazo, deberían de pensar en la sobre recaudación tributaria”, dice un economista ligado al sector bancario que solicitó el anonimato.
El superávit que tanto presume el régimen, según el economista, no proviene de un crecimiento económico sólido, sino de una recaudación desmedida, basada en reformas que incrementan los impuestos a consumidores y sectores productivos, y en un aparato fiscal que se sostiene en cobros excesivos, multas y sanciones discrecionales, situación que genera preocupación entre los nicaragüenses.
“Tienen al pueblo ahogado, porque están cobrando más impuestos de los que necesitan. Más bien el IVA lo deberían de bajar a diez o a cinco o a lo que puedan, pero evidentemente no lo harán”, dice, y agrega que el régimen se ha oxigenado tras las reformas fiscales de 2020, implementadas mediante la Ley N.º 987, que modificó la Ley N.º 822, Ley de Concertación Tributaria.
Estas reformas introdujeron cambios sustanciales en el sistema tributario con el objetivo de “asegurar los ingresos del Estado y mantener la estabilidad fiscal y macroeconómica”, medida que ha resultado exitosa para el régimen y que este presenta en las reiteradas alocuciones de la co-presidente Rosario Murillo.
Recaudación récord del régimen se sostiene en cargas confiscatorias
Entre las medidas más relevantes de la reforma fiscal de 2020 destacan los anticipos mensuales del Impuesto sobre la Renta (IR), que obligan a las empresas según su tamaño e ingresos brutos, a pagar entre el 1% y el 3% mensual a cuenta del Pago Mínimo Definitivo del IR anual.
También se incrementó la tasa de retención definitiva de las rentas del trabajo, lo que impactó directamente a los asalariados, y se eliminó el techo de aportes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, de manera que ahora se paga sobre todo el salario sin límite. “Por todas esas razones y más, la recaudación se disparó y el Estado tiene ingresos históricamente altos”, dice el especialista ligado al sector bancario.
Sin embargo, advierte que el esquema de anticipos sobre los ingresos brutos —que pasó de 1% a 3% en una escala según el tamaño de la empresa: 1% pequeñas, 2% medianas y 3% grandes— es particularmente “dañino”.
Aclara que, incluso bancos o empresas con pérdidas tras la pandemia, tuvieron que pagar impuestos elevados sobre sus ingresos, lo que, según el especialista, convierte la medida en confiscatoria, pues obliga a tributar aunque no haya utilidades, generando una carga excesiva que distorsiona la inversión y frena el dinamismo económico.
“Lo que más le preocupa son las retenciones sobre los ingresos brutos, consideradas por él las más distorsivas en Nicaragua. Se trata de un impuesto adelantado que se cobra incluso si la empresa tiene pérdidas, mientras que la lógica normal del IR debería aplicarse sólo sobre las ganancias netas. Las últimas reformas incrementaron estas retenciones para empresas pequeñas, medianas y grandes, generando una presión fiscal extrema, incluso en periodos de pérdidas”, remarca el especialista consultado por DIVERGENTES.
La reforma también incluyó cambios en el impuesto a la ganancia de capital por la transmisión de bienes sujetos a inscripción en oficinas públicas, como los inmuebles, cuya tasa ahora varía entre 1% y 7%, dependiendo del valor del bien.
Según el economista, todas estas medidas explican por qué el régimen ha logrado un superávit histórico: “Aumentó los ingresos estatales sin basarse en un crecimiento económico real, sino mediante un sistema de recaudación más agresivo, que traslada la carga a empresas, consumidores y trabajadores”.
Otra modificación importante y que ha afectado a los nicaragüenses, fue la reducción de exenciones en el IVA, ampliando la base gravable y aumentando la carga tributaria para los consumidores. Las iglesias y fundaciones religiosas, también fueron afectadas, pues se derogaron exenciones fiscales, que pasaron a estar sujetas al régimen fiscal general.
Superávit a costa de los bolsillos de la gente
Aunque el Banco Central presenta en su Informe Anual de 2024 estos resultados como prueba de “austeridad” y “disciplina fiscal”, los economistas advierten que el superávit no refleja una economía saludable, sino un esquema de cobros cada vez más agresivos.
Según datos sobre la recaudación en el Sector Público No Financiero (SPNF) “continuaron aumentando, fundamentalmente por la mayor recaudación tributaria del Gobierno Central”. Entre 2022 y 2024 los ingresos crecieron en términos absolutos —de 179 737 a 226 962 millones de córdobas el año pasado—pero su peso en el Producto Interno Bruto (PIB) prácticamente no se movió (del 32% al 31.5%).
En contraste, el superávit del SPNF después de donaciones se duplicó en 2024 hasta alcanzar el 2.5% del PIB, impulsado por retenciones sobre ingresos brutos, multas y eliminación de exoneraciones.
En 2022 representó 4070 millones de córdobas (0.7% del PIB), en 2023 subió a 17 055 millones (2.6%) y en 2024 se mantuvo en 17 989 millones (2.5%). Estas cifras muestran que el Estado gasta menos de lo que recauda y presume estabilidad fiscal, pero ese superávit no proviene de mayor dinamismo económico, sino de la “disciplina financiera” del régimen que se sostiene en cobros arbitrarios que recaen sobre empresas y consumidores, y la reducción del gasto público, que queda en evidencia en el presupuesto anual”, advierte un economista tributario, consultado por DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
¿Es viable reducir el IVA?
Aunque reducir el IVA pueda parecer descabellado y poco responsable para la inversión social, el régimen difícilmente lo implementaría. Según el economista tributario, de hacerse, la medida sería viable y traería beneficios tanto a los contribuyentes como al país.
“Podría reducirse la inflación porque la gente tendría mayor poder adquisitivo para comprar un producto; además, no sólo incentivaría el consumo nacional sino que al compararlo con otras tasas de la región, incentivaría la compra internacional… Va a incentivar la producción y la inversión”, explica.
El especialista considera que la medida representaría un alivio en particular para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la mayoría en Nicaragua. Como ejemplo menciona a Honduras, que aunque mantiene la misma tasa de IVA (15%), los productos resultan más baratos, debido a un esquema fiscal diferente. En Nicaragua, además del IVA, inciden las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que encarecen ciertos bienes y los vuelven aún más inaccesibles para la población de menores ingresos.
Reducir el IVA, lejos de ser una propuesta irresponsable, podría convertirse en un mecanismo de dinamización económica que termine beneficiando a todos los sectores. Al aliviar la carga sobre el consumo, las familias tendrían mayor capacidad de compra, lo que estimularía la demanda interna y, en consecuencia, impulsaría la producción nacional.
Esto generaría un efecto multiplicador: más ventas, más empleos y mayor formalización de negocios que hoy sobreviven al límite. En lugar de perder, el Estado podría ver incrementada su recaudación por el crecimiento de la actividad económica y por una mayor base tributaria, logrando un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y alivio ciudadano.
El economista tributario agrega que “exonerar el IVA, o bien reducir la tasa, no solo beneficiaría a la población y a los negocios, sino también al Estado, porque el negocio crece y se contratan más empleados. Pero cuando hay un impacto fiscal, lo primero que se hace es reducir la nómina de personal y se compra menos. Los negocios no son, a veces, muy rentables; con costo sobreviven”.
DGI y alcaldías “andan feroces”
Además de las reformas fiscales que ha implementado el régimen Ortega y Murillo, el economista ligado al sector bancario menciona que la fiscalización está fuera de control. “No es que no esté mal, sino que están tratando de exprimir lo más que se pueda y de manera arbitraria, ante un Estado al que no se le puede reclamar”, explica el especialista.
Pone como ejemplo a la Dirección General de Ingresos (DGI) y a la Alcaldía de Managua: “Andan feroces en términos de hacer reparos (pagos de impuestos adicionales, multas o sanciones) y cobrando por cualquier cosa absurda, y peor aún, que no están en las leyes… lo que le queda a las empresas es hacer arreglos y pagar los montos que exigen y las medidas arbitrarias que se inventan”.
Aun con esta exoneración simbólica, que más bien confirma cómo el régimen sigue “exprimiendo” a los nicaragüenses, otorgar diez días de vacaciones a los funcionarios estatales también tiene un costo para la ciudadanía. Durante ese período, el sector público se paraliza: los empleados detienen trámites y la atención ciudadana se retrasa en un sistema que ya suele priorizar montajes propagandísticos por sobre la eficiencia.
Exoneración de IVA puede costar caro a los negocios
Aunque los incentivos fiscales temporales, como el aplicado durante la Feria Nacional de Exoneraciones del IVA en conmemoración de las Fiestas Patrias a 203 años de la Independencia y 168 aniversario de la Batalla de San Jacinto, que estará vigente del 13 al 22 de septiembre, se vende como un alivio a los nicaragüenses, pero esconde un riesgo que debes saber si eres empresario.
Según el economista tributario, en estas jornadas, las empresas no cobran IVA en sus ventas, pero sí lo pagan en sus compras. El “truco” aparece al momento de la declaración mensual: si una parte de las ventas estuvo exenta, ese mismo porcentaje no puede acreditarse como crédito fiscal.
Sin embargo, muchos negocios declaran todo el IVA pagado en sus compras, lo que abre la puerta a reparos de la DGI. Y cuando la autoridad detecta la diferencia, no solo corrige lo declarado, sino que cobra el monto pendiente y aplica multas e intereses que pueden triplicar la deuda.
“Las exoneraciones temporales de IVA pueden convertirse en un arma de doble filo: si las empresas no ajustan sus declaraciones, la DGI las sanciona con dureza”, advierte el especialista.