La industria de zonas francas representa más de la mitad de las exportaciones totales de Nicaragua, con productos que terminan, en su mayoría, en Estados Unidos. Desde hace más de 30 años, los gobiernos promueven esta inversión a través de jugosos incentivos fiscales para que generen miles de empleos. El Gobierno Ortega-Murillo ha aprobado la mitad de esas exoneraciones. Esta investigación de DIVERGENTES demuestra que el gasto que hacen los empresarios de maquilas es de menos del 15% en comparación con sus exportaciones, mientras los obreros reciben los salarios más bajos del continente, sufren maltrato y los aquejan diversas enfermedades producto de condiciones de trabajo deplorables
Francisco*, un trabajador de una maquila textil de Managua, toma la camisa con delicadeza. La sujeta por las mangas y hace una costura en línea recta. Le da vuelta a la pieza y hace el mismo trabajo, esta vez casi perfecto. “La última costura me quedó un poco de lado, pero es por el corte de la camisa. No se nota, pero si el ‘chino’ (su jefe) lo ve me regaña”, dice Francisco, mientras sostiene el celular que reproduce el video que grabó una mañana para mostrar el trabajo que realiza en una jornada laboral.
El video dura menos de un minuto. En ese lapso, Francisco, de 36 años de edad, bordó tres camisas. Así como las recibió, con delicadeza, pasó la prenda a otro compañero que está encargado de pegar los botones. Hace este mismo trabajo de lunes a viernes, durante casi 10 horas por jornada. Su tarea, casi mecánica, consiste en bordar las dos mangas de un mínimo de 350 camisas al día. Por este trabajo, Francisco recibe un salario de 8,040 córdobas (unos 222 dólares al cambio oficial) mensuales, lo que equivale a menos de la mitad del costo de la canasta básica en Nicaragua, cuyo precio es de 19,018.82 córdobas ($525 dólares). Un cálculo para el consumo de un hogar compuesto por dos adultos y tres niños. Del salario de Francisco, también dependen su pareja y sus tres hijos, menores de edad. “Este salario no me da para vivir”, dice Francisco, y agrega: “los gastos han subido y el pago es el mismo, pero la zona (franca) siempre le saca el jugo a uno”.
Mientras miles de operarios de zonas francas sobreviven con salarios exiguos, como el de Francisco, los inversionistas de estas empresas obtienen jugosas ganancias, a través de extraordinarios incentivos fiscales otorgados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta investigación de DIVERGENTES revela que el gasto que tiene esta industria representa, en promedio, menos del 15% del valor de las exportaciones anuales, en los últimos cinco años. Para encontrar este dato, se analizó documentos del Banco Central de Nicaragua (BCN) y de la Comisión de Zonas Francas de Nicaragua (CNZF) de entre 2017 y 2022.
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Sólo el 2022, las empresas de zonas francas generaron 3 mil 851 millones 973 mil dólares en exportaciones, mientras pagaron a sus empleados 575 millones 986 mil 671 dólares. Es decir, pagaron sólo el 13% de lo que exportaron. Es primordial destacar que el pago de salarios es el gasto más grande que tiene la industria en el país.
Todo esto forma parte de un esquema de exoneraciones tributarias, otorgado a los inversionistas de zonas francas desde hace 32 años. La mitad de exoneraciones se han aprobado bajo el régimen Ortega-Murillo, un régimen que insiste en su propaganda abogar por las clases trabajadoras.
La Ley Zonas Francas Industriales De Exportación, aprobada desde 1991, otorga a los empresarios de zonas francas incentivos fiscales, como la exención del pago de Impuesto sobre la Renta (IR) durante los primeros 10 años, sobre bienes inmuebles y sobre derechos de aduanas. Incluye la exención de los Impuestos General al Valor (IGV), los impuestos municipales, y sobre compras locales. Un experto en materia fiscal, en anonimato, señaló que los incentivos fiscales de Nicaragua son “de los más atractivos del continente”. Un paraíso para las maquilas.
Bajo el régimen Ortega-Murillo esta ley no se ha modificado, es decir, los beneficios a los privados continúan intactos. De hecho, los bajos salarios de los operarios es uno de los atractivos para los inversionistas extranjeros, según el Ejecutivo. Esto se puede consultar en un documento oficial, publicado el 22 de mayo de 2020, llamado “la fortaleza del Modelo Sandinista”, que establece que las empresas que se encuentran bajo el régimen de zonas francas cuentan con “el salario mínimo más competitivo a nivel regional, lo cual hace de Nicaragua un país ideal para establecer operaciones intensivas en mano de obra”.
En el mismo documento, informan que el Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, se ha encargado de brindar generosos incentivos fiscales para atraer mayor inversión al país, especialmente para sectores orientados a la exportación, incluyendo zonas francas.
Por otro lado, un estudio del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (cuya personería jurídica fue cancelada y sus instalaciones confiscadas en 2020) demostró que, producto de los años de trabajo, las obreras (el estudio se basó sólo en mujeres operarias que representan el 51% del personal en zonas francas) sufren discapacidades de por vida. Testimonios recopilados para esta investigación muestran a algunos extrabajadores que no pueden realizar algunas actividades cotidianas, como cocinar, lavar ropa o peinarse. Otros, necesitan acompañamiento para realizar gestiones, porque les cuesta subirse a los buses y sostenerse de las agarraderas.
Pese a que la industria de zonas francas en Nicaragua generó hasta 2021 la quinta cantidad de empleos (132,076) más alta de 22 países del continente americano, el salario que ganan los nicaragüenses ($252 dólares) está muy por debajo del promedio de América ($1,170), según estadísticas de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), con sede en Colombia. Esto quiere decir que los trabajadores de maquilas en Nicaragua ganan una cuarta parte que lo que ganan en promedio los obreros en el continente.
DIVERGENTES realizó una consulta a la AZFA sobre la cantidad de dinero que retorna a la economía nicaragüense a cambio de los incentivos fiscales que otorga el régimen Ortega-Murillo, y el aporte de las maquilas al Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero hasta el cierre de esta publicación no han respondido.
Existen más de 700 Zonas Francas en Iberoamérica, que albergan más de 10,700 empresas y que generan más de 2,700,000 empleos, entre directos e indirectos.
Una fuente ligada a la industria, que solicitó anonimato por su seguridad, dijo que el Gobierno Ortega-Murillo “ha impulsado, facilitado e incentivado la entrada de estas empresas porque generan empleos, mal remunerados, pero empleos al final”. Según la fuente, los números de empleos y exportaciones de la industria sirven para “engrosar informes y maquillar la pobreza que persiste en el país”.
Francisco, el operario de la maquila textil, está consciente de que su trabajo en la zona franca no le deja mucho margen de maniobra económica. “Estamos estancados, damos vueltas en un círculo. Solo trabajas para comer, para no andar desnudo”, dice este maquilero, quien ha buscado un empleo mejor, pero no ha encontrado.
El desempleo y la crisis económica son las razones por las que más de la mitad de los nicaragüenses piensa en migrar. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), 4 de cada 10 nicaragüenses no tiene un empleo formal, una estadística que ha llegado a este punto en mayo de este año, debido a la crisis política y la pandemia. En los últimos cinco años, más de 600 mil nicaragüenses han emigrado, según el último estudio del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Para los que se quedan en el país, las zonas francas son de las pocas opciones que tienen para encontrar empleo.
Las piezas que elaboran en las maquilas textiles tienen como principales mercados de destino Estados Unidos, Honduras o México. Algunas trabajan directamente con marcas como Nike o Under Armour, pero otras son compradas por compañías como K-Mart, Sears, JC Penney o Macys. Una camisa, como las decenas que borda Francisco todos los días, tiene un valor de 28 dólares en una tienda de Estados Unidos. En pocas palabras, si quiere comprar una camisa que él mismo produce tiene que trabajar cuatro días completos, en los que haría las costuras en las mangas de 1,200 camisas.
Los dolores empezaron como punzadas en la columna. Martina, de 53 años de edad, había dejado de trabajar desde principios de los años noventa en las maquilas, pero la falta de empleo la llevó de nuevo a una fábrica en el año 2000. Unos meses después, a Martina, quien entonces tenía 31 años de edad, le comenzaron los dolores en la espalda. Ella dice que “agarró” esas dolencias por trabajar en las máquinas de hacer sisas, pues las sillas de esta fábrica no tenían respaldos y no podía descansar la espalda durante jornadas laborales de más de 10 horas. Era común que las operarias de esta empresa (Fortex, que cerró operaciones en 2007) presentaran problemas en la columna. “Ahí fue cuando empezaron (los encargados de la empresa) a poner tablitas en la silla para que nos alcanzara un poco la espalda”, dice Martina.
El testimonio de Martina también fue recogido en un estudio titulado “Sobrevivir a la maquila”, del Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra, publicado en 2021. Además del relato de Martina, el documento recoge los testimonios y fotografías de nueve mujeres más que muestran el impacto de los años de explotación laboral que sufren las mujeres en las maquilas nicaragüenses.
El estudio se basó en mujeres de entre 37 y 51 años de edad. Las obreras presentan lesiones en la columna vertebral, tendinitis, artrosis en el cuello y rodillas, síndrome del túnel del carpo, artritis reumatoidea, hipertensión, trastornos del sueño. Debido al abuso de analgésicos para mitigar estos dolores, algunas padecen de insuficiencia renal crónica, cardiopatías, entre otras enfermedades.
Otra denuncia que recoge el documento son los incumplimientos a las normas de Higiene y Seguridad Ocupacional (Ley 618) en estas empresas. “La falta de beligerancia del Ministerio del Trabajo y de algunos sindicatos, junto con la negligencia de parte del personal médico de las clínicas previsionales para diagnosticar, tratar y clasificar enfermedades, deja a las mujeres desamparadas legalmente para poder reclamar atención y las pensiones a las que tienen derecho ante la Seguridad Social del país”, añade el estudio.
Con todos los dolores en su columna y en su rodilla derecha, Martina continuó trabajando en la maquila. “Mis hijos estaban chiquitos, y había que mantenerlos, así que me dije: ‘me aguanto el dolor’”, dice. En 2006, Martina se cayó mientras trabajaba en la fábrica. “Le pedí permiso a mi jefa para ir a la clínica, pero no me dio permiso y amenazó con despedirme”, cuenta Martina. Se aguantó el dolor durante tres días. Al cuarto día, ella fue al Hospital Alemán, donde el doctor le dijo que tenía que llegar el mismo día que sufrió la caída en el trabajo, para que no perdiera “el derecho de riesgo laboral”.
En 2007, el Movimiento María Elena Cuadra junto a la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) realizó el diagnóstico Prevalencia de los Trastornos Músculo-Esqueléticos (TME) en población trabajadora de maquilas de Managua. Los principales resultados evidenciaron que las mujeres, por lo general, al tener extensas jornadas laborales en condiciones ergonómicas inadecuadas, con el tiempo (de entre 1 a 5 años) presentan Trastornos Músculo-Esqueléticos, entre otras enfermedades.
El estudio destacó que las operarias “viven situaciones constantes de desigualdad, bajos salarios, acoso laboral y sexual, temor, infelicidad, marginación, el cautiverio de sus cuerpos explotados dramáticamente mediante jornadas extenuantes, metas de producción desproporcionadas, y cuando no alcanzan el desempeño laboral esperado, son forzadas a retirarse”.
Aunque este estudio fue realizado sólo con mujeres, la cadena de inequidades también las sufren los varones que trabajan en estas maquilas. Francisco, el trabajador de la fábrica textil de Managua, dijo que cuando los trabajadores cometen un error en la producción, su jefe inmediato, de origen chino, les llama la atención a los gritos: “¡jodido caballo!”, repetido varias veces.
El jefe inmediato es un ciudadano de origen chino de unos 50 años de edad. Es el dueño de la empresa en la que trabaja Francisco desde hace dos años. Cuando se le pregunta a Francisco si él o sus compañeros de trabajo se molestan frente a este tipo de maltrato laboral, responde que “ya estamos acostumbrados”, que lo único que hacen es tomarlo con el mejor humor posible, y agachar la cabeza.
Francisco y sus casi 900 compañeros de trabajo de esta empresa de origen chino han normalizado el maltrato laboral porque temen que, al pedir respeto y un trato digno, terminen despedidos. Los insultos no es lo único que han normalizado, también las dolencias musculares provocadas por el trabajo han pasado a un segundo plano.
Por cada unidad de moneda local exonerada en incentivos a las zonas francas en América Latina, estas generaron un retorno a la economía de 2 a 7 veces a las exenciones otorgadas. En Nicaragua, no hay estadísticas al respecto.
“A mí me duelen las manos cuando las apreto, pero yo creo que eso es por la edad, uno cada día va más viejo y es normal que te duelan”, dice Francisco, quien apenas tiene 36 años de edad, y minimiza el hecho de que el dolor pueda ser una consecuencia de los 18 años seguidos que lleva trabajando como operario de maquilas en distintas zonas francas del país.
Rubén*, un extrabajador consultado para este reportaje y que se marchó hacia Estados Unidos tras solicitar el parole humanitario, explicó que después de trabajar quince años en una empresa de zona franca su espalda quedó bastante afectada debido a la postura que adoptaba en sus largas jornadas de trabajo.
“Mi trabajo era en la plancha. Pasaba todo el día de pie porque era más ‘cómodo’ para mí hacer el trabajo. Pero en las noches llegaba a la casa cansado, hecho paste, y con un dolor en la espalda baja que solo se me quitaba cuando me acostaba”, cuenta Rubén.
Con el tiempo los dolores fueron intensos, las consultas médicas continúas y las pastillas un habitual en su bolso de las comidas. Tenía que tomar relajantes para aliviar la incomodidad que generaba pasar de pie en su centro de trabajo.
“Cuando mi hermana me dijo que dejara ese trabajo y me fuera a Estados Unidos con el parole, la pensé mucho. No quería irme a trabajar de lo mismo. No sabía que aquí hay más oportunidades y tratamiento para los dolores”, explica Rubén, quien tiene 42 años de edad.
El primer trabajo que tuvo Francisco en una empresa de zona franca fue a los 18 años de edad. Recién había concluido el bachillerato y con el apoyo de un amigo consiguió un puesto de auxiliar en una empresa de origen chino. Su salario aquel año, 2005, era de 2,000 córdobas quincenales. “Estaba soltero, sin hijos y para un chavalo en aquel momento era más que suficiente”, dice el operario, quien ahora tiene tres hijos, sin casa propia y con un salario mensual que alcanza los 8,040 córdobas, es decir, gana 4,020 a la quincena sin aplicar las deducciones de ley, que representan un poco más de 400 córdobas menos a su salario quincenal.
Para poder ganar un poco más de dinero a la quincena, Francisco tiene, inevitablemente, que trabajar de forma más intensa. Como en su empresa entregan bonos por producción, Francisco se emplea a fondo y trabaja 500 piezas al día, es decir, 150 más que las 350 que normalmente logra producir en una jornada de nueve horas. Si el operario entrega el número solicitado durante la primera quincena obtiene un estimado de 5,000 córdobas. O sea, 980 más que su básico.
“Pero es cansado y si fallás un día te quitan la producción”, dice el operario con cierto tono de molestia. Lo que Francisco quiere decir es que si en uno de los 15 días de la quincena no suma las 500 piezas diarias, los jefes eliminan la producción y, aunque hubiera entregado de forma correcta durante 14 días, su salario al final de esas dos semanas sería el mismo que el que recibe por entregar 350 piezas diarias.
A Francisco se le “ha caído la producción” durante muchas quincenas. Como en su empresa no tienen un sindicato que proteja sus derechos laborales, no le queda más remedio que agachar la cabeza e intentarlo en el siguiente periodo de días. “Uno se siente decepcionado, desanimado. Porque te afecta en tu día a día”, afirma. “Después de hacer mis pagos me quedan como 300 pesos (menos de 10 dólares) y de ahí debo sacar para pagar el pasaje”, continúa.
Cuando Francisco pierde su producción, su salario le rinde menos. Todos sus ingresos debe administrarlos de tal forma que sus tres hijos tengan para comer y vestirse. Lo de comprarse ropa para él o su pareja queda en cuarto plano.
Trata de que en su mesa siempre esté lo básico: arroz, frijoles y queso. A veces incluyen plátano de bastimento o tortilla. Esta última es la que más se repite por su bajo costo en los barrios de Managua: una cuesta 2.50 córdobas.
No todas las semanas se puede comer pollo, carne o pescado. Este alimento se consume en fechas especiales o cuando trabaja horas extras en su empresa. “Uno se la va jugando, acomodando, y hace sacrificios para que sus hijos coman y no pasen hambre. Que estudien y se preparen, que no pasen lo que viven conmigo”, confiesa apesarado.
Las Zonas Francas en Latinoamérica existen desde 1,923, Uruguay es el país con el régimen más antiguo en la región.
La situación económica de Francisco se complica más cuando uno de sus hijos se enferma. Aunque tienen atención médica por el Seguro que paga, siempre hay gastos extras que los hospitales no cubren en la factura. Son tratamientos que destruyen por días su frágil “estabilidad” económica.
“Entonces esos días el dinero ya no alcanza. La prioridad sigue siendo la comida pero también la salud de los niños. Aquí es donde uno recurre a los prestamistas. Los virus de la zona franca, porque aunque nos sangran, son nuestra única salvación”, dice resignado.
Los prestamistas ofrecen dinero a los operarios de la zona franca al 20% mensual. Según Francisco, cada vez que realiza una solicitud, ya sea porque su hijo está enfermo o porque necesita dinero para comprarles ropa, los siguientes meses son precarios porque ya no solo tiene que solventar los gastos habituales del mes, sino que este nuevo gasto se puede extender, a veces, durante cinco meses, hasta que logra estabilizarse.
“Al inicio uno no lo siente, pero al final de la quincena el golpe es fuerte. Tapamos un hoyo con los préstamos, pero abrimos otro”, señala Francisco, quien confiesa que actualmente tiene una deuda de 5,000 córdobas que adquirió para comprarle ropa a sus tres hijos.
El salario de los operarios de las zonas francas nunca es suficiente. Rubén, el exmaquilero que se marchó hacia Estados Unidos con ayuda del parole, afirmó que la única manera de lograr una estabilidad financiera trabajando en la industria es teniendo cinco trabajos en simultáneo. “Es imposible”, expresó.
“Es que se tiene que pagar la comida, la ropa de tus hijos, los pasajes, la ropa de uno, el agua, la luz… son tantos gastos que siempre vas a estar ahogado. No hay forma de progresar siendo operario de la zona franca”, manifestó con aplomo.
Francisco es más optimista. Cree que con un salario básico de 10,000 córdobas mensuales podría sostenerse, aunque con algunas vicisitudes. “Es que ese sí sería un pago competitivo para un trabajador. Digo yo que no nos quejaríamos tanto, hasta le echaríamos el hombro a la empresa para que cumplan por encima de las metas que le proponen a los clientes”, afirma.
La importancia de las empresas de zonas francas para el régimen Ortega-Murillo quedó demostrada al inicio de las protestas de 2018. El 22 de abril de ese año, Daniel Ortega apareció por primera vez, desde que iniciaron las manifestaciones en su contra cuatro días antes, acompañado de los encargados de las empresas más importantes de esta industria en Nicaragua. Ortega, en su discurso, luego de solidarizarse con los familiares de los asesinados durante las protestas y solicitar el diálogo para que cesaran “los actos de violencia”, dijo que los empresarios con los que estaba reunido representaban una inversión “fundamental para la economía nicaragüense, para la generación de empleos, para el bienestar de las familias que logran tener empleo”.
Los representantes de las maquilas le entregaron una carta a Ortega, en la que le informaban que ellos representaban 130 mil empleos directos y 2,7 millones de dólares en exportaciones. La carta fue leída por Chris Marett, quien se presentó como un empresario estadounidense que ha “invertido millones de dólares” en Nicaragua– pero no dijo cuál era su compañía–. La misiva de los inversionistas era para expresar sus preocupaciones sobre la crisis, “la cual ya está poniendo en riesgo la operación y la continuidad de todas las empresas”.
En la carta, los empresarios le manifestaron a Ortega la “necesidad urgente de que se restablezca la paz social y la seguridad ciudadana”, para que ellos puedan regresar a sus labores cotidianas con normalidad. Finalmente, los inversionistas instaron a Ortega a que instalara un “diálogo para la paz”.
Minutos después, Ortega anunció la derogación de la resolución del INSS– que entre otras modificaciones, elevaba el aporte a los asegurados y disminuía las pensiones– que originó las protestas desde el 18 de abril, y luego pidió al cardenal Leopoldo Brenes la organización “de un diálogo que lleve al restablecimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en nuestro país”.
En Nicaragua existen 53 zonas francas, y representan el 52% de las exportaciones totales del país.
Una fuente que ha estudiado al sector durante más de 20 años dijo que, desde que se instaló el régimen de zona franca en Nicaragua, en 1991, todos los gobiernos han promovido este tipo de inversión, a cambio de la exención total de impuestos y aranceles tributarios, los salarios más bajos de la región y el imcumplimiento de los derechos laborales de la población trabajadora. “Los empresarios se han aprovechado del alto nivel de desempleo en el país, la escasa o nula fiscalización de los derechos laborales, y el bono demográfico, en el que explotan a la juventud y la capacidad física de las mujeres”, señaló la fuente.
Una práctica común en las empresas de zonas francas es dejar de operar con la misma razón social a los 10 años de existencia, cuando los incentivos fiscales disminuyen. Los dueños solicitan otra razón social para gozar de los incentivos fiscales al 100% durante 10 años más. El experto tributario considera que esta práctica demuestra que el régimen Ortega-Murillo “subsidia a las empresas de zonas francas”, pues los incentivos fiscales “deben otorgarse por un tiempo determinado y no para toda la vida”.
Algunos extrabajadores consultados denunciaron que existe un arreglo implícito entre los inversionistas de zonas francas, el Estado y el INSS, para negar o regatear las pensiones a las que tienen derecho por incapacidad laboral parcial o total. Entre otras injusticias, los operarios de maquilas denuncian que existe presión de parte de sus empleadores para que no asistan a chequeos médicos bajo amenaza encubierta o explícita de perder el empleo o los bonos de producción.
Los testimonios recopilados señalan que la cantidad excesiva de horas extras, hasta 15 horas al día, es la causa del deterioro en su salud. El artículo 59 del Código del Trabajo establece que no se debe trabajar más de nueve horas extras semanales, o más de tres en un día, pero en las maquilas la realidad es otra, según las fuentes consultadas.
Las empresas realizan una interpretación antojadiza de este artículo que permite la extensión de la jornada al utilizar una excepción establecida en el mismo. Un acápite de este artículo determina que “se puede pasar el límite establecido y realizar trabajo estacional o por temporada intenso, cuando sea imposible aumentar el número de trabajadores por razones técnicas o climatológicas, o por escasez de fuerza de trabajo, y en caso de interés social o fuerza mayor”. Esta disposición excepcional es utilizada de forma permanente en las zonas francas, según fuentes del sector.
Todo lo anterior ocurre a pesar de que la Constitución Política contempla en su Título IV, Capítulo V, artículo 82, incisos 4 y 7 que: “Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les garanticen la integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad ocupacional del trabajador (…) Seguridad Social para protección integral y medios de subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos profesionales”.
Las consecuencias de los años de trabajo se muestran en historias como la de Martina, una extrabajadora de maquilas. Después de trabajar durante más de 10 años en las zonas francas quedó con secuelas permanentes. La han operado en dos ocasiones para cerrarles los discos de la columna vertebral. También la operaron del hombro derecho porque “sentía que se me desgarraba y se me adormecía”. Es por eso que en el Hospital Lenín Fonseca le hacen infiltraciones (le inyectan un líquido analgésico), pero tiene que dormir boca abajo. “Es triste dormir porque siento dolor en toda la caja torácica y no puedo estirar el brazo”, dice Martina.
En los últimos meses, a Martina le han diagnosticado lumbalgia (hernia discal lumbar). El médico le dijo que tiene reventado un disco de la columna y otro está desviado, por lo que se “me está saliendo el líquido”. Otras de las enfermedades que padece, reconocida por el propio INSS, es un daño pulmonar debido a la exposición de pelusas de la ropa que confeccionaba. Sin embargo, Martina no tiene pensión por invalidez o riesgo laboral. Ella dice que en el INSS se justifican diciendo que perdieron los papeles de su caso.
“Estoy más achacada que una anciana”, dice Martina, en la casa que empezó a construir hace más de 30 años, cuando llegó a Managua, la capital, desde La Dalia, Matagalpa, el municipio donde nació. La casa todavía no está terminada, apenas tiene las paredes de bloque y el piso de tierra con las puertas de madera. Ahí vive con algunos de sus cinco hijos, aquejada de las inflamaciones en su rodilla y los dolores en su espalda. Para caminar se apoya de un bastón, pero le cuesta subirse a los buses y agarrarse de las barras o los pasadores, porque “se me duerme toditito el brazo”.
