Régimen de Ortega es investigado por el Fondo Verde para el Clima de la ONU por incumplimiento

El gobierno ha incumplido las normas de un proyecto de 116.6 millones de dólares en las reservas de biósfera Bosawás y Río San Juan, en específico a la invasión de territorios indígenas por colonos. Las pruebas aportadas contra la dictadura fueron admitidas por el Fondo Verde, una plataforma global contra el cambio climático bajo el paraguas de la Organización de Naciones Unidas

Las invasiones de tierras por parte de los colonos es uno de los principales incumplimientos que el régimen enfrenta en el Fondo Verde. Carlos Herrera | Divergentes. Archivo.

El régimen Ortega-Murillo enfrenta una investigación de cumplimiento en el Fondo Verde para el Clima (FVC), una plataforma global única para responder al cambio climático que funciona bajo un mecanismo financiero de Naciones Unidas (ONU). La investigación iniciará luego de verificar las evidencias presentadas por los reclamantes quienes alertan que el proyecto Bio-CLIMA que intenta reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de biósfera Bosawás y Río San Juan “ha dañado y dañaría” a las comunidades indígenas de la zona. 

El Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde para el Clima concluye en la evaluación de cumplimiento que “hay evidencia prima facie (a primera vista) de los impactos adversos causados o que pueden ser causados a los reclamantes por el incumplimiento del proyecto con las políticas y los procedimientos operativos del fondo”. 

Antes de la aprobación del proyecto, no hubo una consulta adecuada con las comunidades, incluido el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). “El proyecto conducirá a la degradación medioambiental y ataques por parte de pobladores no indígenas armados (colonos). Las comunidades indígenas afectadas por este proyecto han sido víctimas de múltiples ataques, y las comunidades temen que esto pueda incrementar aún más dichos ataques”, dicen los reclamantes, en referencia a la inacción oficial para detener la invasión de territorios ancestrales.

El Proyecto Bio-CLIMA es una acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las reservas de biósfera Bosawás y Río San Juan. El proyecto tiene como objetivo promover el manejo sostenible del uso del suelo y el manejo forestal para finalmente restaurar paisajes forestales degradados en las dos reservas ubicadas en la región caribeña de Nicaragua. Ambas reservas, según investigaciones periodísticas, son afectadas por la ganadería, el despale y la minería ilegal . El proyecto fue aprobado el 13 de noviembre de 2020. 

Según la propuesta del proyecto, el impacto estimado de beneficiarios directos sería de 26 mil 260 personas, lo que representa al 31% de los hogares rurales de la región que abarca. El periodo del desembolso es de siete años y la vida útil estimada del proyecto es de 20 años. La autoridad nacional asignada es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y la entidad acreditada es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los principales financistas del régimen Ortega-Murillo. 

Los reclamantes alegaron que el proyecto ha dañado y dañaría a las comunidades indígenas y afrodescendientes por las siguientes razones: 

  • Antes de la aprobación del proyecto, no hubo una consulta adecuada con las comunidades, incluido el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). 
  • El proyecto conducirá a la degradación medioambiental y ataques por parte de pobladores no indígenas armados. 
  • Las comunidades indígenas afectadas por este proyecto han sido víctimas de múltiples ataques, y las comunidades temen que esto pueda incrementar aún más dichos ataques.
  • Las acciones de la Entidad Acreditada no parecen cumplir con las políticas del Fondo Verde para el Clima, especialmente aquellas sobre participación y divulgación de información. 
  • Las condiciones de la Junta del FVC impuestas al proyecto, especialmente en relación con la implementación del CLPI y la selección de monitores externos independientes, no se definirán ni cumplirán de manera efectiva. 
  • La entidad ejecutora no cumplirá con sus obligaciones en la ejecución del proyecto Bio-CLIMA.
La deforestación indiscriminada realizada por colonos invasores y madereros sin escrúpulos amenaza las vertientes de los principales ríos de la zona atlántica de Nicaragua y, en especial, la Reserva Ecológica de Bosawás, una de las más importantes del país. ACAN-EFE/LA PRENSA.

Para implementar el proyecto, la Unidad de Gestión de Proyectos contaría con el apoyo de unidades especializadas, especialistas y personal de apoyo del MARENA, INTA, INETER, INAFOR quienes serían asignados para asumir responsabilidades específicas en la implementación, con el apoyo de socios internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación conocida como FAO.

El proyecto tiene un valor de 116.6 millones de dólares, de los cuales 64.1 millones de dólares cuenta con la participación del FVC. 37.9 millones son en calidad de préstamo al Gobierno de Nicaragua y 26.1 millones en calidad de donación. 

El monto total del financiamiento sería completado con un préstamo del BCIE al Gobierno de Nicaragua a través del Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES) por un monto de 18.9 millones de dólares, así como recursos de donación del Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF, por sus siglas en inglés) por una cantidad de 24.3 millones de dólares, y del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) por un monto de 8.3 millones de dólares.

En febrero de 2021, el Banco Mundial le negó al régimen un préstamo de 55 millones de dólares que serían destinados al Programa de Reducción de Emisiones, dejando en evidencia la deficiencia del gobierno en el tema del cambio climático.

La evaluación de cumplimiento

Proclamada en 1997 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad como reserva de la biósfera que concentra un 10 por ciento de la biodiversidad mundial, la selva de Bosawás tiene una dimensión de unos 20 kilómetros cuadrados. EFE/David de la Paz

La entidad encargada de las quejas en este caso es el Mecanismo de Reparación Independiente (MIR). El MIR es un mecanismo de rendición de cuentas y reparación establecido por el Fondo Verde para el Clima para aumentar la eficacia de las operaciones y para responder a las preocupaciones de las personas afectadas negativamente por los proyectos o programas financiados por el FVC.

El 30 de junio de 2021, el MIR recibió y reconoció una queja correspondiente al proyecto con número de código FP146. Los reclamantes solicitaron confidencialidad. 

El reporte de evaluación presentado por el MIR fue publicado este 24 de marzo de 2022. En el documento expresan que luego 180 días previstos (superiores a los 60 días normalmente concedidos), las partes no lograron ponerse de acuerdo sobre el contenido y los asuntos de la mediación. En consecuencia, el MIR remitió la queja para revisión de cumplimiento el 17 de enero de 2022.

El documento recoge toda la evidencia documental de ataques violentos, despojos y desplazamiento de poblaciones vulnerables ubicadas en el área del proyecto. Esto incluye el Reporte Anual de 2022 de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Nicaragua entregado a la Sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el cual estableció que: “los pueblos indígenas de Nicaragua han seguido sufriendo ataques violentos en el contexto de disputas por la tierra, la mayoría de ellos en total impunidad. En 2021, ACNUDH recibió reportes de al menos seis ataques e incidentes violentos, resultando en al menos 11 hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas y siete personas heridas, entre los que se incluían dos niños”.

Por tanto, el MIR concluye que existe evidencia prima facie de que las comunidades indígenas y vulnerables pueden enfrentar mayores riesgos de violencia debido al incumplimiento del proyecto con las políticas y los procedimientos operativos del FVC, y que el riesgo de conflicto violento y las violaciones de los derechos humanos no han sido evaluadas adecuadamente de conformidad con las Salvaguardas Medioambientales y Sociales Provisionales del FVC (PS 1, 4, 5 y 7), la Política Medioambiental y Social del FVC, la Política de Pueblos Indígenas y la Política de Género Actualizada.

En cuanto al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), el MIR concluye que existe también evidencia prima facie de que los derechos de las comunidades indígenas al “CLPI” han sido y pueden ser violados debido al incumplimiento del proyecto con la Política Medioambiental y Social del FVC, la Política de Pueblos Indígenas (incluyendo las Directrices Operativas bajo la misma) y Estándares Medioambientales y Sociales Provisionales (PS 1 y 7).

En la Reserva de Bosawás, la navegación de sus ríos son las únicas arterias de comunicación o de tránsito humano en la zona. EFE/David de la Paz

Asimismo afirman que existe un incumplimiento por parte del proyecto de las Salvaguardas Medioambientales y Sociales Provisionales del FVC y la Política de Pueblos Indígenas del FVC con respecto a la idoneidad de la evaluación de los impactos adversos que surgen de la demora en completar la etapa 5 del proceso de titulación y la facilitación del Acuerdo de Régimen de Convivencia Pacífica entre los Gobiernos Territoriales Indígenas y pobladores ilegales en tierras indígenas.

“Los problemas planteados son de naturaleza lo suficientemente grave como para justificar una investigación de cumplimiento. Por estas razones, el MIR ha decidido iniciar una investigación de cumplimiento, cuyo alcance se establece a continuación, para investigar el asunto más a fondo y llegar a una conclusión final sobre los problemas, y presentar un informe de cumplimiento a la Junta, con la recomendación adecuada, si es que existe alguna”, finaliza el documento. 

La investigación de cumplimiento puede incluir revisiones de documentos, reuniones, discusiones, visitas al sitio, recopilación de evidencia y opiniones de expertos.

El Fondo Verde para el Clima fue creado en el año 2011 y es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El FVC fue establecido por 194 gobiernos para limitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en los países en desarrollo y para ayudar a las sociedades vulnerables a adaptarse a los impactos inevitables del cambio climático. Este fondo tiene como principal objetivo hacer una contribución ambiciosa a la respuesta global unida al cambio climático. Hasta el momento, 156 de los 192 proyectos se encuentran bajo implementación. El proyecto presentado por Nicaragua es el número FP146, mejor conocido como proyecto Bio-CLIMA. 

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