El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha puesto a disposición de los grandes inversionistas internacionales el 60 % de la superficie de Nicaragua para concesiones mineras. En los últimos años los proyectos de explotación han aumentado debido a los jugosos incentivos fiscales y los escasos requerimientos legales para operar. Los beneficios económicos a Nicaragua son mínimos, mientras las riquezas quedan en manos de unos pocos. Una nueva “fiebre del oro” que está dejando daños ambientales irreparables y muertes en territorios mineros
Marvin Escalante sube a su pala mecánica, cinco veces por semana, para picar los topes—el concreto que rodea la boca del molino subterráneo— de Mina El Limón, al occidente de Nicaragua. Abajo, la temperatura puede ascender hasta los 52 grados centígrados. Sabe que su vida puede correr peligro. De hecho, ya ha sido operado por lesiones en su columna. Sin embargo, dice estar satisfecho por el pago de 1,114 dólares que recibe en promedio mensual. “Es una buena paga. Con mi trabajo sobrevivo yo, mi esposa y mis tres hijos”, dice Escalante y agrega: “no lo recibiría en otro lado”.
Escalante es un trabajador de la empresa minera Calibre Mining, la trasnacional canadiense más importante del país, con casi dos millones de hectáreas otorgadas para explotación minera. Esta empresa junto a B2Gold, también canadiense, con la que ha formado una alianza, concentran el 70% de la producción de oro del país y el 64% del área concesionada, según datos del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua (MEM) (Ver documento oficial). Un negocio que les genera ingresos anuales por encima de los 300 millones de dólares, según cálculos de la organización Oakland Institute.
Sin embargo, la transnacional Calibre Mining respondió a DIVERGENTES que sus operaciones concentraron el 36 % de la producción nacional y sus operaciones generaron $242.7 millones en ingresos, sólo en 2020.
En todo caso, los números globales muestran que Nicaragua está viviendo una “fiebre del oro” sin precedentes. Aunque “los beneficios se están concentrando en pocas manos”, dijo un experto en industrias extractivas en Nicaragua. La minería es la actividad económica que ha tenido mayor ingreso sostenido en la última década, con un aumento del 115.5% de exportaciones. A esto se suman los altos precios internacionales que ha alcanzado este metal en los últimos dos años, debido a que ha subido la demanda por la pandemia, que han situado a este rubro en el trono de las exportaciones del país. En los últimos 10 años, el MEM refleja exportaciones de 4,130 millones de dólares. Sin embargo, estos apenas se han traducido en ingresos de 130 millones de dólares que ha recibido el Estado de Nicaragua por el otorgamiento de estos derechos. Es decir, un 3% de lo que se exporta quedó en divisas en el país en la última década.
Recibe nuestro boletín semanal
Estos beneficios económicos a las grandes transnacionales se explican por los incentivos fiscales que promueve el Estado de Nicaragua. La Ley 387, Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, permite, por ejemplo, la compra de bienes o materias primas sin pagar ningún tipo de impuesto. También hay exenciones de tributos dentro del perímetro de concesión y lo más importante: cero por ciento de fisco sobre todas las exportaciones.
En 2012, Randy Martin, quien era presidente de Hemco, la segunda empresa minera más grande de Nicaragua, dijo que Nicaragua “era, de lejos, el mejor lugar para operar” de Centroamérica. Martin agregó que trabajaba de la mano con el gobierno de Daniel Ortega. “Si hay un problema, nos sentamos y lo resolvemos y esa es la diferencia”, señaló Martin.
Este tipo de acuerdos era la regla en el llamado acuerdo “de diálogo y consenso” que sostuvo el gobierno de Daniel Ortega con los grandes capitales de Nicaragua, entre 2007 y 2018, en el que los empresarios fuertes hicieron negocios jugosos amparados en beneficios que les otorgaba el Estado, a cambio de su silencio cómplice mientras se destruía la institucionalidad del país y se instauraba un régimen autocrático encabezado por Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes se reeligieron este año, en unas elecciones sin competencia, para cinco años más en el poder. Aunque hubo una ruptura en esta alianza a partir de las protestas en 2018, los beneficios sustanciales que reciben las élites económicas no han sufrido cambios. Al respecto, el comandante Daniel Ortega dijo el pasado 19 de julio que los magnates “maldicen la vaca pero se tragan la leche, no les ha quedado más camino que seguir trabajando”.
Sin embargo, en 2015 las trasnacionales y el Estado hicieron ajustes en ese acuerdo. Ese año estallaron protestas en la Mina El Limón porque la empresa que operaba en ese momento, B2Gold, se negaba a cumplir un convenio colectivo con los trabajadores. Decenas de policías reprimieron a los operarios, capturaron, sitiaron el lugar, y como resultado de los enfrentamientos un oficial resultó muerto. A partir de entonces, personeros del régimen Ortega Murillo son mediadores en el conflicto, según confirmaron tres miembros del sindicato de Calibre Mining a DIVERGENTES.
“Ahora tenemos el apoyo del gobierno: para que el personal no salga a hacer huelga, ellos (operadores del Frente Sandinista) buscan cómo resolvernos”, dijo Luis Ramos, secretario del sindicato Pedro Roque Blandón, el más grande, con 350 afiliados de los 550 trabajadores de la minera. Los personeros designados para mediar en los conflictos entre los trabajadores y las empresas son Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los operadores más cercanos de la pareja presidencial y Roberto González, líder de la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y exdiputado.
Marvin Escalante, el operador de palas mecánicas de Calibre Mining, es de los pocos beneficiados con el auge del oro. Su salario es casi cinco veces más que el salario mínimo en Nicaragua (186 dólares). Por los más de 20 años trabajando en esta mina, la empresa becó a él y a su hija mayor para que pudieran graduarse en universidades privadas. Él como Ingeniero en Sistemas y la muchacha de 22 años como Administradora de Empresas. Sin embargo, Escalante es apenas uno de 4,852 trabajadores inscritos en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que pudieron adquirir estos beneficios. La minería es el rubro de la economía que menos trabajadores tiene registrado el Banco Central de Nicaragua (BCN).
“La explotación minera no está impactando en la economía del país”, consideró el experto consultado por DIVERGENTES que pidió el anonimato por seguridad. “Se ha promovido esta inversión minera pero los beneficios son de poca importancia”, agregó el especialista, quien explica que luego que el oro sale del país se corta todo el hilo de la producción y comercialización que pudiera generar mayor impacto en la economía local.
En defensa de la industria, Calibre Mining asegura que la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic) hizo un estudio en el que señala que, “por cada dólar generado por la actividad minera, al menos 66 centavos se quedan en el país a través de la compra de bienes y servicios, salarios y pago de impuestos”.
Sobre el dato específico de cuánto dinero pagan en concepto de impuestos, la transnacional dijo a este medio de comunicación que de $242.7 millones en ingresos, pagaron $16.7 millones en impuestos.
Pero más allá de los incentivos económicos, la explotación minera provoca daños irreparables en el medio ambiente. La búsqueda del oro destruye los bosques y las fuentes hídricas y los suelos. “La actividad minera ha impactado las fuentes de agua, entre ellas el Túnel Azul (ubicado en Santo Domingo, Chontales) donde se han presentado concentraciones de aluminio y otros metales pesados, superior a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que genera repercusiones a la salud humana”, señaló un informe publicado por el Centro Humboldt. En tanto, la minería artesanal está contaminando los ríos con mercurio y cianuro.
En los últimos años, el auge del oro también ha bañado de sangre los tajos mineros. Al menos 36 personas murieron en accidentes de minería artesanal en los últimos dos años. En ese mismo período se han registrado 11 asesinatos en puntos mineros, como consecuencia de la invasión de tierras en áreas protegidas indígenas. “Ni los huracanes han provocado tantas muertes como la pequeña minería”, dijo el experto.
En 2014 un alud soterró a 29 mineros artesanales en la mina El Comal, en Bonanza, municipio de la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua. Eran “güiriseros”, que según denuncias recogían broza para venderla a las mineras de la zona. En aquel momento una de las empresas señaladas fue Hemco, sin embargo, la compañía aseguró que no compraba producto que proviniera de lugares que la municipalidad ha declarado como peligrosos para su explotación.
Laureano Ortega Murillo es el hijo de la pareja presidencial y es quien dirige la Agencia de Promoción de Inversiones (PRO Nicaragua), que vende al país como un territorio fértil para sacar oro: una área total de 71,000 kilómetros cuadrados para concesiones mineras, que representa el 60% del territorio nacional, un espacio que es más grande que Irlanda, el país europeo.
Del 60% disponible, el 40 % está concesionado. Sin embargo, solo el 11% se encuentra con proyectos mineros activos. Este porcentaje es el que ha aumentado desde 2017, cuando se aprobó la ley que creó la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), misma que dispuso 1.5 millones de hectáreas para concesiones mineras. Dentro de un mes de aprobada esta nueva ley, la cantidad de territorio nicaragüense bajo concesiones mineras aprobadas o solicitadas se duplicó con creces: de 1.2 millones a 2.6 millones de hectáreas, según un estudio de la organización Oakland Institute, un centro de pensamientos de asuntos ambientales que ha estudiado a fondo a las mineras en Nicaragua. Cerca de 853,800 hectáreas de este terreno se encuentran en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Bosawas.
Una prueba de esto ocurrió en la última semana de octubre, cuando el régimen Ortega- Murillo aprobó una concesión minera a Calibre Mining de más de 49 mil hectáreas en los municipios de Rosita y Prinzapolka, en el Caribe Norte de Nicaragua. La empresa canadiense también se encuentra detrás de 46 concesiones para un ambicioso proyecto que espera realizar con otra transnacional minera llamada Río Tinto, que ha sido acusada de violaciones a los derechos humanos, laborales y daños ambientales en otros países del mundo.
Aunque Calibre no quiso aclarar los planes que tiene con Río Tinto, y se limitó a decir que “se enfocan en seguir estudiando las zonas correspondientes”, Oakland Institute asegura que los planes de ambas empresas es obtener el 13% de la superficie nicaragüense, es decir, más de lo que se ocupa ahora en los proyectos mineros activos. Meses antes, el 21 de julio, el Consejo Regional Autónomo del Caribe Sur, controlado por el Frente Sandinista, aprobó cinco concesiones a la misma Calibre Mining en el municipio La Cruz de Río Grande.
La Fundación Prilaka publicó un video de una visita que realizó en junio de 2021 la alcaldesa de Waspam, Rose Cunningham Kain, a la comunidad de Santa Clara, en la que la funcionaría intentaba que los líderes comunales aprobaran una concesión minera a la empresa Calibre Mining en territorio Wangki Twi. Sin embargo, los comunitarios denunciaron que esta concesión no cumplía con el debido proceso. En primer lugar, no hubo consentimiento libre e informado porque se realizó una visita sorpresa. En segundo lugar, se violó la libre determinación de los pueblos indígenas, y en tercer lugar, de lograrse, se aprobaría una concesión minera en un territorio en donde no se han resuelto los conflictos de propiedad con los colonos.
Calibre asegura que “esta solicitud continúa en trámite de acuerdo” y remarcó que “las consultas promovidas con las comunidades indígenas se efectúan de buena fe y de una manera apropiada, en el lenguaje nativo de las comunidades y bajo el concepto de consentimiento previo, libre e informado”.
La alcaldesa Rose Cunningham es hermana de Myrna Cunningham Kaim, una política miskita que ha sido acusada de encubrir la complicidad del Frente Sandinista en las denuncias de violaciones de derechos humanos que han cometido los invasores en contra de los pueblos indígenas. Myrna es madre de Carlos Alemán Cunningham, el coordinador del Gobierno Regional, que ha sido acusado de participar en ventas de tierras indígenas de forma ilegal. Según un reportaje de Confidencial, Alemán es “protegido” de Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), el tribunal encargado de validar el fraude para perpetuarse en el poder indefinidamente a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Campbell es el hombre de confianza de Ortega en la Costa Caribe.
Nacilio Macario fue asesinado a balazos en la mañana del 14 de noviembre de 2020 cerca del Río Wiwina, en territorio Mayagna Sauni As. Fue interceptado por seis hombres armados cuando regresaba de entregar alimentos y provisiones a otros guardabosques mayangnas que resguardaban una parcela donde existen ocho depósitos de oro. Según sus familiares, Macario había sido amenazado desde el cinco de noviembre por cinco colonos relacionados con la empresa minera Exportadora de Materiales Sociedad Anónima (EMSA.S.A).
En una comunicación dirigida a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el gerente general de EMSA, Edward Edén Irías Pastora, negó “toda posible relación con los cinco colonos” que amenazaron a Macario. “De igual forma niega conocer la situación de fondo” del asesinato.
Macario fue el primer indígena asesinado en territorio minero en los últimos dos años, en los que se han registrado 11 asesinatos. Casi todas las muertes han ocurrido en el territorio Mayangna Sauni As, una zona de tierras indígenas protegidas en el núcleo de la reserva Bosawas.
La última masacre ocurrió el 23 de agosto en la comunidad de Wilu, en el cerro de Kiwakumbai, donde murieron nueve personas y violaron a dos mujeres, entre ellas, una niña. Organizaciones ambientalistas aseguran que fueron al menos 13 los asesinados ese día. Es la peor matanza de indígenas desde que se llevan registros. La Policía en su comunicado informó que el móvil fue por “rencillas de los delincuentes, quienes pretendían apropiarse del punto de güiricería donde laboraban las personas asesinadas”.
La masacre ocurrió a pesar de que el Gobierno Territorial Mayangna Sauni As interpuso desde el 11 de agosto una denuncia en la Policía de Bonanza por “amenaza y despojo de la propiedad” en Kiwakumbai. Los mayangnas alertaron que había “una situación de emergencia” en el sector. Las autoridades omitieron la comunicación y 12 días después llegó el horror a esas tierras alejadas.
Pero la lucha por los puntos mineros no solamente ha provocado muertes. También hay desalojos. El 13 de julio de este año, la empresa minera china Santa Rita Mining Company S.A, con el respaldo de la Policía Nacional, desalojó a once familias, y secuestró y golpeó a siete personas, por resistirse y protestar desde sus propiedades en contra de la ocupación que empezó a ejecutar la trasnacional a más de 300 familias, en el municipio minero de Rosita, en el Caribe Norte.
Kenia Romero, concejal de Rosita y cuya tierra fue tomada en el desalojo, le dijo al canal Vostv que “lo que les estamos pidiendo es que paguen las tierras y cumplan su palabra, porque no nos van a reubicar. Sabemos que no hay más tierras en Rosita, pero no quieren hacer ninguna de las dos cosas: pagarnos o reubicar a todos los que tenemos papeles ”.
Según una investigación del Oakland Institute, Santa Rita Mining Company es una empresa conjunta en la que tiene acciones Calibre Mining. Su concesión minera se otorgó inicialmente en 1994 a la empresa estadounidense HEMCO. Posteriormente se transfirió a Calibre en 2007 y 12 años después a Santa Rita Mining Company. Una serie de cambios en la propiedad de la concesión que refleja un patrón en que las empresas mineras “transfirieron concesiones repetidamente sin informar, y mucho menos consultar y recibir el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes cuyas tierras se encuentran en o cerca de la concesión”.
En una entrevista de enero de 2019, Ryan King, vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Caliber Mining, dijo que “nunca antes habíamos tenido problemas en el país para obtener permisos, renovar concesiones, nada como esto. Creemos que, hasta ahora, ha sido un buen lugar para hacer exploración minera”.
Desde 2018, cuando estalló la crisis política en el país y reina la arbitrariedad en todas las instituciones del Estado, los ambientalistas consultados denuncian que se otorgan concesiones con escasos requerimientos legales: estudios de impacto ambiental y de factibilidad en completa opacidad. Además, como quedó demostrado en la comunidad Santa Clara, Waspam, no existen las consultas adecuadas con las autoridades indígenas. Ahora, se otorgan las concesiones para exploración, y las mineras comienzan a realizar la explotación para extraer oro. “Se han eliminado los procesos legales”, dijo una fuente ambientalista, que no quiso brindar su nombre por temor a represalias.
En la Mina El Limón, Marvin Escalante se coloca un overol, una máscara antigás, un casco, guantes y zapatos de cuero. Escalante dice que la empresa Calibre Mining subsidia los servicios de agua y luz eléctrica a sus pobladores, además de construir escuelas, puestos de salud, caminos y dotar de buses a los trabajadores. Esta mina es casi un municipio privado.
Los datos de Calibre Mining, publicados en su propia página web, informan que en 2018 su producción fue de 49,629 onzas troy de oro a un costo operativo de $926 cada onza. Sin embargo, los planes para 2020 eran producir hasta 62,500 onzas troy de oro, pero a un costo operativo de $840 cada onza. Más producción y menos costos fueron los planes de Calibre Mining el año pasado, según sus propios documentos.
Los miembros de los sindicatos en la Mina El Limón dijeron a DIVERGENTES que la principal razón de las cifras récords de exportaciones de oro es que ahora se está trabajando en la mina en la modalidad a cielo abierto y no solo subterráneo, como se hacía antes. Este medio de comunicación consultó a la empresa Calibri Mining sobre este punto y también confirmó que en Mina El Limón tienen tajo a cielo abierto desde el 2018 y que no era algo de este año.
El ambientalista Amaru Ruíz, director de la Fundación del Río, dijo que el primer impacto de la minería es que no es sostenible porque los recursos que se extraen, el oro, por ejemplo, no se pueden reponer. “La minería a cielo abierto es más dañina porque ocasiona daños a la superficie de la tierra, destruye y cambia la forma de la corteza terrestre, formando grandes cantidades de desechos” dijo Ruíz.
En el subterráneo de la Mina El Limón, el trabajo de Marvin Escalante consiste en trasladar materiales hacia un camión, ubicado a unos 150 metros de distancia. Ahí descansa durante 35 minutos, resistiendo las altas temperaturas, porque es el tiempo que demora su otro compañero en hacer lo mismo que él. Antes de zambullirse al tajo, Escalante se encomienda a Dios, como lo hace cinco veces a la semana. Porque la extracción de oro en esta mina está activa todos los días, día y noche, sin parar.