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Fuentes anónimas: Represión instala autocensura sin precedentes en Nicaragua

El periodista marca un número telefónico. Del otro lado del celular responde una mujer cuyo tono de voz es temeroso. “Pero no ponga mi nombre, todo debe ser anónimo”, dice antes de empezar la entrevista. Conforme pasan los minutos la conversación fluye sin inconvenientes. El acuerdo de confidencialidad es la única garantía que tiene esta abogada para exponer sus puntos de vista sin correr el riesgo de que la dictadura Ortega-Murillo la aprese por cuestionar la represión estatal en Nicaragua.

“Yo apoyo a muchos periodistas pero siempre y cuando se respete mi decisión de no aparecer con nombre y apellido en sus publicaciones. Yo tuve que huir de mi casa y esconderme porque están persiguiéndome”, justificó la abogada a quien llamaremos Suyen. “Nos pueden echar presos”, insistió.

Desde mediados de 2021 la dictadura Ortega-Murillo ha desatado una nueva etapa represiva ejecutada a las puertas del proceso electoral que se realizará el siete de noviembre. Los detenidos por la Policía Nacional son precandidatos presidenciales, líderes opositores, defensores de derechos humanos, activistas, opinadores políticos, empresarios, trabajadores, campesinos y estudiantes. 

El régimen ha instalado un “apagón informativo” y la autocensura nunca había sido tan palpable como ahora. Las fuentes de información están hablando bajo la condición de anonimato porque tienen miedo que los apresen o los llamen a la Fiscalía.

“Todo el accionar es para infundir terror y apagar la libertad de expresión y a la sociedad en general. Lo que hacen es intimidar para censurar y que las fuentes de información se autocensuren. Esto impacta en el periodismo independiente que ha visto cómo los analistas también están bajando los decibeles”, opinó Gonzálo Carrión, miembro del colectivo Nicaragua Nunca Más, quien está exiliado en Costa Rica desde 2019.

Esta nueva ola represiva del régimen ha provocado que otros profesionales y expertos en temas electorales, que son usualmente las fuentes de los periodistas, tomen la decisión de ofrecer entrevistas pero sin ser citados con sus nombres y apellidos. La amenaza es tan grande que hasta los mismos periodistas han optado por permanecer en el anonimato para proteger su integridad física y evitar ser capturados y procesados por el aparataje de la dictadura orteguista. De junio a la fecha, al menos una veintena de periodistas han salido al exilio. 

“Yo dejé de firmar porque empezaron a citar a colegas periodistas, y temí convertirme en un blanco para el régimen. Ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Si tengo que ocultar mi identidad para seguir informando, lo haré”, dice un periodista consultado por DIVERGENTES para este artículo.

En la práctica las fuentes que permanecen en el país han optado por el silencio mientras el régimen de Ortega y Murillo siga en el poder. Los periodistas evaden la censura a través del único formato que en el país todavía es libre: el internet. Tras el allanamiento al diario La Prensa, Nicaragua se convirtió en el único país del hemisferio occidental en no contar con un periódico impreso.

La firma de un artículo periodístico se traduce en cárcel para hombres y mujeres de prensa. A mediados de junio el cronista deportivo Miguel Menoza fue capturado por la Policía y actualmente es acusado por “conspiración”. Las pruebas que presentó la Fiscalía en su caso son los mensajes publicados en sus perfiles en redes sociales: Twitter y Facebook.

El gobierno ha impuesto un bozal en todos los medios tradicionales, que han sacado de sus agendas a los segmentos o programas más críticos. En la señal abierta, la única voz que predomina es la del discurso oficial encabezado por Rosario Murillo.

Esta semana la Fiscalía estrenó la Ley de Ciberdelitos y acusó al ambientalista Amaru Ruíz por «propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la comunicación», quien supuestamente ha brindado información falsa de los hechos ocurridos en los años 2020 y 2021 en las comunidades de la Costa Caribe Norte, donde han sido asesinados indígenas, expresando que “el estado y sus instituciones ha omitido deliberadamente el deber de investigar estos delitos”.

El caso de Ruiz es una muestra del castigo que impone el régimen a expertos que exponen el trabajo negligente que realizan las instituciones públicas por mandato de la pareja dictatorial.

“La autocensura no es reprochable. La sociedad en general está observando la criminalización de periodistas, opinadores y fuentes de información. El caso de Amaru lo ilustra perfectamente. Todo este apagón informativo no es propio de sociedades que se encuentran en ‘tiempos de paz’. Durante la guerra ocurrió, pero el hecho de que suceda en estos momentos agrava más la situación”, afirmó Carrión.

De héroes a “médicos terroristas” 

Un médico sale del Hospital España, en Chinandega, uno de los centros que más pacientes de COVID-19 ha recibido durante la pandemia en occidente. Heydi Salazar | DIVERGENTES

La doctora González está preocupada por el incremento vertiginoso de los casos de COVID-19 en Nicaragua. Teme que en los próximos meses mueran más personas que las que se contabilizaron el año pasado, en el primer pico de la pandemia. Ella no quiere que se le identifique con su nombre real y tampoco se diga si pertenece al sector público o privado. Prefiere simplemente que se le nombre con un apellido ficticio.

En el 2020 fue una fuente bastante consultada por los periodistas que brindaron cobertura a la pandemia en Nicaragua. Denunció la irresponsabilidad del Gobierno sandinista al promover constantemente las aglomeraciones. También cuestionó el despido de algunos médicos del sector público que, al igual que ella, informaban sobre el verdadero impacto de las muertes por coronavirus en el país.

“Mi familia me dijo que dejara de dar entrevistas pero no les hice caso. No era momento de callar y dejar a más personas en la ignorancia. Era importante hablar con la verdad y mostrarles nuestra realidad”, dice la doctora González.

Todo ese año continuó haciendo su trabajo, concientizando y denunciando la política negligente adoptadas por el régimen sandinista. La decisión de pedir a los periodistas que omitieran su nombre en los artículos ocurrió a mediados de 2021, cuando el régimen desató una cacería contra opositores en Nicaragua, y amenazó a los médicos que continuaban en su labor informativa y preventiva.

La citatoria que recibieron los especialistas Carlos Quant (infectólogo) y José Luis Borgen (urólogo), en la que los amenazaron con la Especial Ley de Ciberdelitos, fue la señal de alerta que tomó en cuenta la doctora González para bajar su perfil. Los llamados a los galenos ocurrieron desde la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Salud (MINSA).

Tanto Quant como Borgen aseguraron que los amenazaron con aplicarles la ley de Ciberdelitos si seguían informando a la población sobre la pandemia de COVID-19 que, en este momento, azota duramente a Nicaragua con un rebrote. Ambos doctores forman parte de la Unidad Médica Nicaragüense (UMN) y del Comité Científico Multidisciplinario de Nicaragua, dos organizaciones médicas independientes que han tomado un papel preponderante durante la pandemia en el país, ante la actitud negacionista y negligente del gobierno sandinista.

“Me dio miedo, no lo voy a negar. Quant y Borgen son una referencia en el gremio y conocemos el trabajo que han realizado desde hace muchos años. Ese día yo tomé la decisión, al igual que otros colegas, de bajar el perfil pero sin dejar de informar”, expresa la doctora González.

Aunque continúa brindando entrevistas y denunciando en sus redes sociales (de forma anónima) lo que ocurre en Nicaragua, González no siente que tiene el mismo impacto. Considera que al hacerlo de forma anónima su palabra pierde un poco de peso. Aunque entiende que si lo hace de la forma convencional, es probable que la citen tal y como ocurrió con sus dos colegas.

“El Gobierno dice que somos médicos terroristas, mentirosos, por decir la verdad. Yo seguiré haciendo mi trabajo aunque sea de forma anónima. Mi compromiso es con la ciudadanía y no voy a promover el discurso irresponsable de dos personas que no velan por sus gobernados”, insistió la doctora.

Desde su consultorio, González continúa atendiendo a pacientes con COVID-19 y además trata de informarlos compartiéndoles artículos que son publicados en los medios de comunicación independientes. “El gremio está unido y vamos a seguir ayudando y diciendo la verdad”, aseveró.

Un “estado de terror” para silenciar a la población

El Comité Ejecutivo de Periodistas y Comunicadores Independientes, PCIN, participa de una conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento en contra de la ley de ciberdelitos. Archivo. EFE/Jorge Torres

Desde hace dos meses Héctor decidió que sus declaraciones y análisis sobre el contexto político de Nicaragua no podían ser atribuidos a su nombre real. “Fue una petición de mis amigos y familia”, dice el politólogo que es una fuente valiosa para los periodistas que cubren este tipo de temas.

Tomó la decisión después de hablar con su mamá. “Me dijo que ella se moría si me echaban preso. Me hizo valorar la situación cuando me pidió que no lo hiciera por ella, sino por mi familia”, expresó Héctor.

Aunque el régimen había desatado secuestros y capturas a opositores desde abril de 2018, Héctor consideró que el foco de la dictadura no iba a apuntar hacia los analistas o los mismos precandidatos presidenciales. Estaba seguro de que el Gobierno iba a continuar con el estado de sitio policial para contener protestas y no necesitaría ampliar su catálogo de presos políticos.

Sin embargo, su consideración fue desestimada cuando la dictadura lanzó la cacería en junio de este año.

“Cuando ves que los millonarios son citados y confinados en El Chipote, y personajes que han ocupado grandes cargos en el Gobierno son apresados, y no se cumplen las medidas elementales que están reconocidas en las leyes, te das cuenta que cualquiera es vulnerable”, sostiene el politólogo.

Héctor está consciente que el régimen impuso un estado de terror para los analistas y profesionales, que generalmente expresan su opinión en los medios de comunicación o redes sociales, con la finalidad de bloquear a todos los que generan discusión sobre determinado tema.

“Está poniendo una mordaza a los opinadores, tuiteros, feisbuqueros con mucho alcance. También a los escritores, periodistas, y jóvenes. Es un mensaje de terror y si bien no existe la brutalidad de 2018 y 2019, la arbitrariedad judicial es su principal arma”, indicó Héctor.

La medida que tomó Héctor para no silenciarse fue que le atribuyeran sus análisis a un seudónimo o nombre ficticio. Si bien el impacto no es el mismo, al menos contribuye a romper con el estado de terror de los Ortega-Murillo.

“A veces siento que hay que hacer algo, que no podemos perder la libertad de palabra porque es un elemento esencial del ciudadano. Perder eso, es perder el corazón de la política. Hay que mantenerlo y por eso es que continúo analizando lo que ocurre en Nicaragua. Sé que bajo un seudónimo no es igual, pero es eso o nos limitamos a perder  la libertad de palabra, y eso es irrenunciable”, afirmó el politólogo.

Ortega apuesta a tener el control

La periodista María Lilly Delgado fue una de las primeras periodistas citadas a la Fiscalía. Divergentes.

Rafael tiene una teoría: el régimen pretende sembrar terror en cualquier ciudadano para evitar una protesta masiva como la ocurrida en 2018. “Y apuesta a someter a los profesionales para que no expongamos nuestros puntos de vista y de esta forma que menos voces denuncien lo que ocurre en el país”, asegura.

Rafael es abogado. Tiene muchos años de experiencia ejerciendo su profesión y de conocer el sistema represivo del régimen Ortega-Murillo. Accedió a dar esta entrevista si se cambiaba su nombre y se omitían detalles de su vida. No quiere que la dictadura envíe una patrulla para silenciar su voz.

“A Daniel Ortega y a Rosario Murillo no les interesa que las personas que tenemos cierto conocimiento y experiencia profesional y académica, expongamos a través de los medios de comunicación nuestros puntos de vista. Ellos quieren evitar a toda costa que instruyamos a la sociedad en general”, expresa.

Este abogado, al igual que otros colegas, decidió seguir hablando y denunciando, porque considera que el miedo al cual tratan de someter a las personas desde El Carmen, no debe mantenerse. “Al contrario, mientras existan voces que cuestionen, tendremos una pequeña esperanza”, continúa.

El compromiso de Rafael no solo es con la ciudadanía, que necesita estar enterada de lo que significa, por ejemplo, si se aprueba una reforma a determinada ley de Nicaragua. También es con los periodistas que ahora tienen dificultad para hablar con las fuentes de información que tienen miedo de exponer sus puntos de vista aunque sea de forma anónima.

“Yo quiero que la sociedad esté enterada de lo que ocurre. Mi decisión de continuar analizando la situación nacional es una forma de apoyar a los periodistas que están bajo ataque y en crisis. Los expertos que tienen miedo o no se deciden a hablar aunque sea bajo un seudónimo, deberían de romper con el miedo y garantizar que las opiniones y análisis sigan existiendo”, opinó Rafael.

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