A más de tres años de las protestas de abril de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una censura “sofisticada”, a través de una serie de patrones que, según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), no funciona de forma aislada.
Las acciones han provocado un asedio a la prensa independiente, que no solo incluye a periodistas, sino a personal técnico de los medios de comunicación u organizaciones que trabajan temas de libertad de expresión.
“Estos mecanismos de censura han derivado en el exilio de numerosos trabajadores de la prensa por miedo a inminentes detenciones, ataques y amenazas”, aseguró Pedro Vaca, Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH.
Organismos de derechos humanos alertan sobre la consolidación de una dictadura en Nicaragua, después de que el régimen boicoteara los comicios generales del siete de noviembre. El ataque a las voces críticas incluyó la persecución a medios de comunicación y periodistas, así como el exilio de más de una decena de comunicadores. La escalada represiva ha llegado a su punto más álgido con el primer caso de aplicación de la Ley de Ciberdelitos el ocho de septiembre, una normativa que fue aprobada por la Asamblea sandinista a finales de 2020 y que castiga lo que el gobierno considere que es “noticia falsa”.
Con todas estas características, la CIDH ha determinado que en el país no es posible ejercer el derecho a la libertad de prensa ni expresión, y que los periodistas nicaragüenses atraviesan condiciones adversas para informar. Ante esto, Vaca ha hecho un llamado a la comunidad internacional, para que respalde el trabajo de la prensa independiente.
Entre los diez patrones sistemáticos que la CIDH identificó, resalta el uso del discurso de odio que emplean los funcionarios del gobierno, incluida la pareja presidencial. Rosario Murillo es una de los funcionarios que más utiliza este tipo de lenguaje contra sus adversarios políticos, periodistas, sacerdotes y disidentes.
La vicemandataria tildó a los reporteros de “terroristas”, “chachalacos”, “hipócritas”, “malignos” y “mentirosos”, dijo el 26 de junio en televisión nacional. “Estos mecanismos de censura han derivado en el exilio de numerosos trabajadores de la prensa por miedo a inminentes detenciones, ataques y amenazas”, afirmó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Entrevistas con expertos han arrojado que el uso de este lenguaje alienta a la población a atacar a los periodistas. “El propósito es construir una argumentación ideológica para justificar sus actos de violencia”, dijo a DIVERGENTES la socióloga Elvira Cuadra.
Los ataques han trascendido del discurso y han sido la antesala de detenciones a opositores, como en el caso de los excombatientes sandinistas Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres; y las activistas Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila y Suyen Barahona. El gobierno desplegó afiches con mensajes estigmatizantes a través de cuentas anónimas en redes sociales, muchas de ellas administradas por simpatizantes sandinistas en instituciones del Estado como la Alcaldía de Managua y la oficina de Correos.
Una publicación de DIVERGENTES demostró que Julio César Sánchez, uno de los hijos del jefe del Ejército Julio César Avilés, participa dentro del aparato de propaganda gubernamental y administra algunas páginas.
Ataques y allanamiento a medios
El régimen también ha allanado a dos medios de comunicación en lo que va del año. El 22 de mayo, las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta noche fueron asaltadas por la Policía Nacional en una segunda ocasión desde el inicio de las protestas. En el operativo fue detenido el camarógrafo Leonel Gutiérrez por más de seis horas. Periodistas de la prensa internacional también denunciaron agresiones durante la cobertura.
El Ministerio Público justificó la acción al relacionar a los medios de Carlos Fernando Chamorro con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), dirigida por Cristiana Chamorro, hermana del periodista y una de las aspirantes a la presidencia encarcelada por el régimen. La precandidata es acusada de los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica y retención indebida.
Carlos Fernando Chamorro también fue acusado por delitos similares, y tuvo que exiliarse por segunda vez. La Policía Nacional allanó su vivienda en su búsqueda.
También fue allanado el diario La Prensa, el único medio de comunicación impreso que existía en el país. El operativo fue ejecutado por la Policía Nacional, por acusaciones de defraudación aduanera. Un día antes, el diario publicó su última versión impresa, debido a una nueva retención de materias primas. Nicaragua se convirtió en el único país del hemisferio occidental que no cuenta con un periódico.
“Organizaciones de la sociedad civil denuncian que esta arremetida es parte de la estrategia del gobierno de intimidar y silenciar todo tipo de voz crítica y disidente”, manifestó Pedro Vaca.
Decenas de periodistas son citados a la Fiscalía
La embestida contra la prensa no paró con los allanamientos, pues en paralelo el Ministerio Público citó a más de 40 periodistas para “testificar” en el caso contra la FVBCh. Los fiscales amenazaron a algunos reporteros con aplicar la Ley de Ciberdelitos y afirmaron a muchos de ellos que mentían en sus publicaciones periodísticas. Esta norma ya fue aplicada contra Amaru Ruiz, ambientalista nicaragüense que denunció una masacre indígena ocurrida en el Caribe del país. Las autoridades acusaron a Ruiz de propagar información falsa y desinformar.
El uso de estas herramientas jurídicas es parte de los patrones que la Relatoría de la CIDH identificó en Nicaragua. “Los procesos judiciales han sido acompañados con frecuencia de detenciones de periodistas, directivos de medios de comunicación y personas que formaban parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro”, agregó Vaca.
El gobierno ha detenido en lo que va del año a los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza; al comentarista político Jaime Arellano y a Juan Lorenzo Holmann, gerente de La Prensa.
La escalada represiva también ha propiciado el intento de un “apagón informativo”, con el cual muchos periodistas dejaron de firmar sus artículos e investigaciones por temor a ser enjuiciados por el régimen. Algunas fuentes informativas optaron por el anonimato o tuvieron que salir del país para seguir emitiendo sus opiniones.
“La libertad de expresión debe ser una prioridad en la búsqueda del restablecimiento del pleno Estado de Derecho en Nicaragua”, finalizó Vaca.