Estados Unidos excluyó este miércoles a Nicaragua de la cuota azucarera de su año fiscal 2023 en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Un golpe a los azucareros que se traduce en “un mensaje” a otros sectores empresariales que todavía se encuentran cómodos con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según fuentes económicas vinculadas al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA).
“Lo más importante es la señal que está enviando Estados Unidos de que, así como le está haciendo con el sector azucarero, también se lo pueden hacer a otros sectores importantes como lo son el tabaco, la carne y otros que tienen cuotas preferenciales con Estados Unidos”, dijo un economista que trabajó como consultor en las negociaciones del CAFTA entre 2003 y 2004.
Este miércoles, Nicaragua quedó excluida de la lista de países a los cuales Estados Unidos les comprará, entre septiembre 2022 y febrero de 2023, 1.12 millones de toneladas métricas de valor bruto (MTRV, por sus siglas en inglés), según una nota firmada por la consejera general de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Greta Peisch. Esta reasignación a los países se interpreta como un mensaje político en la medida en que se asigne más, o menos, a cada país. “Si Estados Unidos quiere apoyar más a cierto mandatario de un país le asigna más cuota de azúcar”, dijo el economista consultado.
Según un comunicado que emitieron en la noche de este miércoles el Comité Nacional de Productores de Azúcar de Nicaragua (CNPA) y la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de Occidente (Aprico), la medida afectará a 800 productores de caña y cuatro ingenios de Nicaragua: Monte Rosa (Grupo Pantaleón de Guatemala), Montelimar, Casur (Colombia) y San Antonio del magnate Carlos Pellas, uno de los hombres más ricos del país. La cuota que se dejará de exportar, con preferencias arancelarias a Estados Unidos, son 440 mil quintales que generaban ganancias adicionales de aproximadamente $6.5 millones de dólares al año. “Ante esta situación esta azúcar se estará exportando a otros mercados con precios más bajos”, informaron los miembros del sector.
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Desde los años ochenta, Estados Unidos firmó un compromiso en el marco de la OMC para adquirir una cantidad de azúcar cada año entre diferentes países que tienen capacidad para venderles. Los países venden a un precio preferencial y con aranceles más bajos. Desde el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro se le asignó a Nicaragua el 1.98%, que en estos momentos equivalen a unas 22 mil 216 toneladas métricas.
Según economistas consultados, la medida no afecta la cuota de 29 mil toneladas métricas negociadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta).
El sector azucarero recordó que las exportaciones representan más de $200 millones de dólares al año y contribuyen al 4% del PIB. Generan más de 150 mil empleos directos e indirectos en las zonas que operan, según datos brindados por las organizaciones azucareras.
La exclusión de Nicaragua de la cuota con Estados Unidos ocurre un día después de que la pareja de mandatarios nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dedicaran el aniversario de la insurrección sandinista a atacar a Estados Unidos, a quienes llamaron “enemigo de la humanidad”. En el acto, Ortega descartó un posible diálogo con Estados Unidos para dar una salida política a la crisis que vive el país desde hace 4 años. “No hay diálogo (con Estados Unidos), es imposible”, dijo Ortega.
El problema de confrontar a EE.UU.
Mario Amador, presidente de CNPA, no habló con DIVERGENTES porque se encontraba en una reunión, y luego dejó de atender las llamadas. Sin embargo, Amador dijo al diario LA PRENSA que el sector azucarero estaba en “shock”. Añadió que estas 22 mil toneladas métricas de azúcar que quedarían flotantes se suman a las 60 mil toneladas métricas que también quedaron “en el limbo” con la ruptura abrupta del régimen con Taiwán en diciembre del año pasado. Es decir, las decisiones políticas de Ortega han afectado, solo en el sector azucarero, en la colocación con condiciones preferenciales de unas 90 mil toneladas métricas.
“Lo que más afecta al sector del azúcar son las preferencias arancelarias. Esto significa que no pagan aranceles a la entrada de su producto (azúcar) a los Estados Unidos y eso es una buena ganancia”, dijo el economista que trabajó en el CAFTA.
La fuente explicó que el sector puede mercadear el azúcar en otros países del bloque socialista con los que el régimen ha estrechado relaciones en el último año, como Rusia, China o Corea del Norte, que pagan a buen precio, “pero el problema es que el costo de la transportación es más elevado”.
El economista considera que este es un ejemplo de la importancia de mantener buenas relaciones políticas con Estados Unidos, pues es el mayor socio comercial de Nicaragua. En 2020 las exportaciones hacia Estados Unidos representaron $3,560 millones de dólares. Es el primer lugar en este rubro, seguido por todos los países de Centroamérica que registran $794 millones. La embajada de Nicaragua publicó en febrero que la generación comercial entre ambos países crea empleos, mejores salarios y crecimiento económico para los nicaragüenses. “Estos son los problemas que se generan cuando el mandatario (Ortega) toma decisiones en contra del mercado más grande que tiene el país”, dijo el consultor.
Hace meses advirtieron a Pellas
En febrero de este año, la agencia Associated Press (AP) advirtió de que Estados Unidos podría dejar de importar ciertos productos, como el azúcar, porque “podría ser una forma de movilizar a Carlos Pellas”. El reporte citó que “Pellas fue uno de los firmantes de una carta abierta de los empresarios tras las protestas antigubernamentales de 2018, en la que se pedía a Ortega que adelantara las elecciones. Advirtió que el modelo económico del país estaba en quiebra. Pero se ha mantenido al margen, al menos públicamente, desde que Ortega empezó a reprimir de verdad”, cita el reporte de la agencia de noticias.
Entre 2008 y 2018, Pellas fue uno de los más importantes impulsores del modelo político y económico que funcionaba en Nicaragua bajo el nombre de Diálogo y Consenso, pero que consistía en otorgarles ventajas económicas a los grandes empresarios, a cambio de respaldar las decisiones políticas de Ortega, entre ellas su reelección y la destrucción de la institucionalidad y la oposición política.