El 15 de septiembre de 2021 se celebran doscientos años desde 1821, día en que se firmó la declaración de independencia de España en Centroamérica y en México. Sin embargo, un análisis de lo que ha resultado de estos dos siglos en la actualidad no muestra una Guatemala en uno de sus momentos más prósperos, estables ni de desarrollo progresivo. En realidad, es todo lo contrario: uno de los momentos con más pobreza, autoritarismo y crisis política.
Un Estado débil incapaz de cubrir las necesidades de su población con inversión en políticas públicas, se encontró con una pandemia mundial. El gobierno de Alejandro Giammattei coincidió con el bicentenario y con un nuevo coronavirus, llamado COVID-19, que ha golpeado directamente la economía, mantiene los hospitales y la red de servicios de salud colapsados y ha significado un retroceso en los índices de desarrollo.
“Yo creo que se muestra justo en este momento cómo la amalgama entre élites políticas y económicas se acomoda en tiempos de crisis para mantener el control del Estado para su propio beneficio. Aún a costa de perjudicar a otros grupos. Y eso es un símil que también ocurrió durante la independencia con la misma firma del acta de la independencia”, explica Álvaro Montenegro, abogado y miembro de la organización civil, Alianza por las Reformas.
La gestión gubernamental no ha sabido estar a la altura de los retos actuales y el bicentenario de independencia llega al país durante una época de gestión estatal cuestionable, un Congreso desprestigiado y un deterioro sostenido en materia de justicia, derechos humanos, impunidad y lucha anticorrupción.
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Retroceso en materia de justicia
Los últimos seis años en el país se registró uno de los capítulos más intensos de la lucha en contra de la corrupción. En 2015, con la presencia y apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público logró llevar ante la justicia al presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y a altos funcionarios de su gobierno por cargos de corrupción tales como sobornos, lavado de dinero y malversación de fondos públicos.
Sin embargo, y aunque en 2016 parecía que una reforma al sector justicia era posible, Jimmy Morales -durante su gobierno (2016-2020)- expulsó a la CICIG y eligió a Consuelo Porras como Fiscal General y jefa del Ministerio Público. Durante este período se incrementaron los ataques a jueces, los operadores de justicia -como fiscales y jueces- exiliados en el extranjero y retrasos en los juicios penales en contra de exfuncionarios públicos y empresarios con cargos por corrupción.
Entre los operadores de justicia guatemaltecos en el exilio que se registran en los últimos 10 años se encuentran: Juan Francisco Sandoval, Claudia Escobar, Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Gloria Porras, Andrei González y Óscar Schaad.
Por su parte, algunos de los jueces que han denunciado desde amenazas y ataques en redes hasta persecuciones, denuncias espurias y espionaje dentro de sus juzgados están: Erika Aifán, Yasmin Barrios, Pablo Xitumul y Miguel Ángel Gálvez. Los cuatro pertenecen a los juzgados de Mayor Riesgo del Organismo Judicial.
Además, existen acusaciones en contra de jueces como Mynor Moto, de cometer delitos como obstrucción de justicia e incumplimiento de deberes. Y señalamientos contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leyla Lemus, Marco Antonio Cornejo y Rafael Rojas -respectivamente-, de no contar con los títulos de maestría y doctorados con los que postularon a los cargos. Situación similar a la de la fiscal general, Consuelos Porras, ante un posible plagio en su tesis doctoral, por lo que no se espera que exista una investigación para dilucidar estos casos.
Corrupción en el Congreso
En el Congreso de la República se ha registrado una alianza entre el partido de gobierno Vamos y la mayoría de bancadas que se autoidentifican como derecha. A través de dicha alianza se han elegido magistrados para la CC y para el TSE, pero se han retrasado otros procesos importantes como la elección de jueces y magistrados para las salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta designación debía haberse realizado el 13 de octubre de 2019 -hace dos años-, pero sigue sin siquiera estar en la agenda.
Lo cual no sólo debilita el Estado de Derecho, también mina la institucionalidad y credibilidad de los magistrados de la CSJ y es una acción contraria a lo que manda la Constitución Política de Guatemala. Aunque a esta legislatura se le señala de desobedecer en flagrancia a resoluciones de la CC, como la solicitud directa de un expediente que nunca enviaron o la resistencia a elegir jueces y magistrados en un plazo determinado.
Los pactos entre bancadas y funcionarios del Congreso con los que se ha logrado este tipo de acciones ha generado desprestigio y rechazo hacia los diputados, a quiénes con más frecuencia se les señala por actos de corrupción:
“Por la naturaleza del tipo de negociación que hay en un sistema de corrupción endémica, la élite política o dirigente, los funcionarios o autoridades están constantemente pensando en dónde está el negocio. ¿Cuál es la empresa y por qué no me han dado coima ahí? Esa cantidad de energía que invierten los funcionarios y el sistema en eso es descomunal, es muy llamativo”, explica Daniel Haering, analista político y coordinador académico de la Escuela de Gobierno.
Por su parte, Jordán Rodas, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), ha denunciado en diversas ocasiones presiones por parte de la Junta Directiva del Congreso a través de recortes y retrasos en el presupuesto asignado para la institución. Así como citaciones por parte de la comisión de Derechos Humanos en las que se le señala de no cumplir con sus funciones. Como la última el 31 de agosto, cuando el diputado Álvaro Arzú, presidente de esa comisión, dijo que los “soldados sí defienden la vida de las personas”, al referirse a la función de la PDH.
Crisis política permanente
El Gobierno de Alejandro Giammattei se ha caracterizado por la falta de información en los ministerios, la escasez de conferencias de prensa pero abundancia de mensajes en cadena nacional. Y en las ocasiones que se han logrado declaraciones del Presidente, se registran respuestas irritadas, sarcásticas y en algunos casos hasta inexactas.
Al inicio de su gestión en enero de 2020, Alejandro Giammattei contaba con un 80% de popularidad y aceptación ante la población. Sin embargo, para enero de 2021, esa cifra ya había disminuido a un 25%. Esto como resultado de su débil y cuestionada gestión de la pandemia, los efectos económicos y el colapso de la red de salud que no ha sabido mitigar y el impacto de las tormentas Eta e Iota que registraron efectos graves -como una comunidad entera soterrada por derrumbes tras las lluvias-.
Pero la salida del fiscal Juan Francisco Sandoval, quien denunció al mandatario Giammattei y a la fiscal general Porras de participar en actos de corrupción, ocasionó la manifestación de rechazo al gobierno más enérgica y multitudinaria hasta el momento. Con la participación de autoridades indígenas en diversos puntos del país, el reclamo por la lucha anticorrupción y el mal manejo de la pandemia se ha mantenido desde el 23 julio y continuará. Así lo aseguraron representantes de pueblos indígenas el 8 de septiembre, tras presentar en el MP una denuncia en contra de Alejandro Giammattei por irregularidades en su gestión.
“Acudimos a un bicentenario donde por un lado, por primera vez, en una forma más evidente los territorios están empezando a reclamar derechos. Precisamente por los altos niveles de exclusión donde vemos que por también el modelo de Estado ha tenido que cooptar absolutamente todas las instituciones para poder según ellos seguir funcionando” expone Carmen Rosa de León, socióloga y antropóloga, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES).
En noviembre de 2020 se registraron también dos protestas importantes en contra del manejo de los recursos destinados para atender la pandemia por parte del gobierno de Alejandro Giammattei. En ambas manifestaciones se denunció represión estatal y uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional Civil.
Las denuncias reportadas van desde anomalías en los datos publicados sobre la pandemia y en la compra de las vacunas rusas, hasta desabastecimiento de insumos como medicinas, oxígeno y trajes de protección personal. Además, se ha evidenciado una falta de interés en el pago de salario al personal de salud y en la aplicación de medidas y disposiciones para evitar más contagios. Y una mala estrategia de comunicación para avanzar con la vacunación masiva y evitar la propagación del virus.
“Creo que él a pesar de ser médico no ha escuchado a los médicos. Sino que toma las decisiones más desde un punto de vista político qué le puede o no le puede afectar. Ciertas alianzas con el sector privado las ha privilegiado, en determinados momentos”, considera el abogado Álvaro Montenegro.
Un bicentenario sin derechos humanos
La suma de la cooptación de los poderes del Estado -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-, la corrupción generalizada y el abandono estatal que vive la población tienen consecuencias en Derechos Humanos, en acceso a servicios y en migración. Lo que según los expertos, convierte al país en una olla de presión.
“Los niveles de desarrollo van a la baja. La migración va en crecimiento. Es un país que está viviendo de la expulsión de su propia población y en algún momento esa cadena se va a romper porque si tenemos un gobierno como el de EE.UU. que está haciendo presión sobre los temas de migración pero estamos viviendo de las remesas, pues en algún momento va a venir represión para evitar la migración o represión porque la gente se va a alzar, sobre todo a nivel de territorios”, explica la socióloga Carmen Rosa de León.
La corrupción como parte un mecanismo o un ciclo que se mantiene es una de las teorías en las que convergen los análisis de Álvaro Montenegro y de Daniel Haering:
“Todo este dinero que se pierde en manos de contratistas y políticos impide que haya un incentivo del desarrollo, agudiza la pobreza y la pobreza deviene a más migración. Es un ciclo muy muy fuerte”, considera Montenegro.
“No es que tengamos una economía que dé para solucionar los problemas de los guatemaltecos. Ni muchísimo menos. En este sistema hay muy poco que se pueda salvar, hasta que no te vas a la parte de la corrupción. Porque el aparato político es incapaz incluso de mitigar los problemas, no sirve para eso. Es una máquina muy eficiente para otro cometido, que es el cometido que le dan las élites políticas económicas y ese cometido es robar”, explica Haering.
Otro argumento en el que coinciden los analistas entrevistados es en que a mayor corrupción, el acceso a Derechos Humanos Universales disminuye: ante la malversación de fondos los efectos se observan en la salud, la educación, la reacción eficaz ante eventos climáticos, la pobreza, etc.
Además se ha registrado rechazo y descontento hacia los parques bicentenarios propuestos por el Gobierno de Giammattei como parte de la celebración. En lugares como Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala ya existen acciones en contra de estas construcciones y de la ejecución del gasto relacionado a esta fecha.
Algunas de las muestras de rechazo a estas actividades se han visto en internet, como esta petición en línea para demoler el monumento que se construye a un costado de la Plaza de la Constitución. Y a través de la etiqueta #NoAlBicentenario que ha sido trending topic de Twitter en varias ocasiones durante las últimas semanas para Guatemala.
“Al final yo sí creo que es como una gran crisis de una ficción que se llamó independencia pero que realmente siguieron lucrando los mismos. Y siguieron manipulando el Estado los mismos que desde hace 200 años están lucrando del Estado. Solo que ahora hay población mucho más madura, más educada también a pesar de todo”, expone Carmen Rosa de León.