A pocas horas para la investidura, al menos cuatro acontecimientos mantienen en vilo a la sociedad en Guatemala y a los grupos políticos y sociales de la nación centroamericana.
Karin Herrera ha debido presentar un recurso legal para que se garantice que asumirá, el Ministerio Público logró la captura de un exministro de Gobernación, y cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que certifican la validez de las elecciones en la que resultaron ganadores Arévalo y Herrera.
El equipo legal de la vicepresidenta electa Karin Herrera ha presentado una acción legal ante el máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad (CC).
La finalidad, impedir que el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, realice alguna maniobra que vulnere el momento de la juramentación. Se trata de un amparo preventivo, “ante la posibilidad de una orden ilegal de captura en su contra, debido a que goza de antejuicio”, confirmaron los abogados.
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Este recurso surge ante la sospecha que la Fiscalía podría haber solicitado la orden de detención de Karin Herrera, a pesar de que goza del derecho de antejuicio. El MP no desmintió tal información, como suele hacerlo en sus redes sociales, tildando de “falsas” algunas publicaciones que no son de su agrado. En cambio, respondió: “Aún está pendiente que se confirme dicha información”, aumentando la inquietud.
Las sospechas comenzaron al conocerse que el fiscal Saúl Sánchez, que tiene a su cargo una investigación denominada “Toma de la Usac, botín político”, relacionada con el cierre de la única universidad estatal del país, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), habría sostenido una audiencia con el juez Víctor Cruz y al finalizar, no respondió si solicitó la orden de arresto contra Herrera.
El vínculo de ese proceso penal y la vicepresidenta electa, de acuerdo al Ministerio Público (MP), es que ella se expresó en redes sociales a favor de la toma de la Usac, para mejorar su imagen pública ante la ciudadanía. Además, presentó una fotografía en la que se ve a Herrera entre un grupo de personas que estuvo en el campus universitario durante la toma de sus instalaciones.
Por este caso, el pasado 17 de noviembre la fiscalía presentó seis solicitudes de antejuicio, para que se le permita investigar y perseguir penalmente a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, así como a Samuel Pérez, diputado del partido Semilla, partido ganador de las elecciones presidenciales y Rául Barrera, diputado electo de ese misma misma agrupación política; además, de Carlos Barrera y Adán Pérez. También, se giraron 27 órdenes de captura.
Respecto de esos antejuicios, los mismos aún se encuentran en análisis en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala.
Capturan a exministro de Gobernación
Otra acción de la fiscalía previo a la investidura de las nuevas autoridades electas de Guatemala es el arresto del exministro de Gobernación Napoleón Barrientos Girón, por no desalojar las protestas y bloqueos que se realizaron en octubre de 2023 para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien el presidente electo Bernardo Arévalo acusa de intentar “un golpe de Estado”.
Barrientos se suma a los perseguidos por el Ministerio Público de Porras y será llevado ante juez, en el que la Fiscalía pedirá enfrente un proceso penal por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia.
El Ministerio Público explicó que la investigación “estableció que Barrientos, en su calidad de ministro de Gobernación, omitió actos propios de su función relacionados a cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público”.
Para ello se utilizó una resolución de la Corte de Constitucionalidad del 11 de octubre de 2023 en la que se ordena investigarlo por no haber acatado resoluciones de ese mismo tribunal, ordenando que el ministerio a su cargo en ese momento, debía dictar realizar medidas para garantizar derechos como la libertad de locomoción, seguridad, así como, los derechos de reunión pacífica y de manifestación.
Los bloqueos en las carreteras fueron criticados por el sector empresarial que presionó para liberar las rutas, argumentando que cada día sumaban pérdidas millonarias y creando la narrativa de que los mismos eran ilegales, porque impedían la libertad de movilización. .
Dos agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala colocaron un chaleco antibalas y grilletes a su exmando superior. Mientras caminaba para ser fichado en los tribunales, Napoleón Barrientos dijo que actuó de acuerdo a la ley.
“Se dieron las instrucciones correspondientes a las direcciones que tenían que accionar, se hizo por escrito y de manera verbal, pero nosotros actuamos en el marco de la ley”, declaró a periodistas.
Tratan de capturar a magistrados del TSE
El Ministerio Público confirmó órdenes de captura en contra de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), proceso sobre el que no se conocen más detalles, ya que el caso está bajo reserva.
La persecución penal es contra Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas. En el primer caso es por abuso de autoridad y fraude, y para los otros tres solo por fraude.
Los cuatro magistrados no se encuentran en Guatemala. Salieron del país luego que el pleno del Congreso de la República, el pasado 30 de noviembre, les retirara la inmunidad.
Este grupo de magistrados electorales junto con la presidenta Blanca Alfaro, la única en funciones, dieron validez y certificaron los resultados de las elecciones generales del 20 de junio de 2023 y los de la segunda vuelta el 20 de agosto, estos últimos donde se dio por ganador al binomio presidencial de partido Movimiento Semilla.
La Fiscalía guatemalteca investiga aparentes anomalías financieras en la compra del sistema informático que se usó en las votaciones de 2023. El mismo costó 148 millones de quetzales (US$18.9 millones).
El otro frente contra Semilla
El Movimiento Semilla, partido que llevó al binomio presidencial al triunfo en las elecciones, debe librar en el Congreso de la República una batalla política más.
Este desafío implica asegurar que los 23 diputados elegidos para la legislatura 2024-2028 asuman sus curules de manera conjunta, en lugar de que sean como independientes, ya que eso disminuiría las posibilidades de fiscalizar.
Si bien el partido sigue vigente, pues no ha sido cancelado, su estatus jurídico es suspendido. tras la orden del juez Fredy Orellana el año pasado. Esta suspensión fue declarada por el Registro de Ciudadanos, una entidad del Tribunal Electoral. Tanto el juez Orellana como la fiscalía han recordado recientemente al Congreso la situación legal de Semilla.
Adicionalmente, la junta directiva del parlamento ha incluido el requisito del finiquito para la toma de posesión en el legislativo. El finiquito es una constancia que existe la Contraloría General de Cuentas, que certifica la ausencia de cuentas pendientes por el uso de fondos públicos.
Por último, se presenta la situación de Bernardo Arévalo, cuya renuncia como secretario general de Semilla fue rechazada por el Registro de Ciudadanos.
Este hecho lo coloca en una posición comprometida, ya que la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece la incompatibilidad entre el rol de secretario general y el desempeño de un cargo o función pública, como el que asumirá el 14 de enero al recibir la banda presidencial, si logra sortear esta alfombra de espinas y obstáculos.