La reforma a la Ley de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional (872), que eliminó el carácter “profesional y apolítico” de la institución y que impone cárcel a quienes deserten de sus filas, ha provocado inseguridad y nerviosismo entre los oficiales que integran la estructura policial, principalmente por el tema de la deserción. “El mensaje es claro, si se te pasa por la cabeza irte, vas preso”, expresó Carlos*, un agente de la policía consultado por DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
Carlos trabaja en la institución desde hace cuatro años. Se unió al cuerpo policial por “necesidad” económica. “Tenía que mantener a mis niños y a mi esposa”, explicó el oficial, quien leyó con detenimiento la reforma policial horas después de su aprobación en la Asamblea Nacional el pasado cinco de julio.
La modificación de la Ley que tiene que ver con la subordinación total de la Policía al dictador Daniel Ortega, con la eliminación del principio de “institución profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante”, no representó ninguna preocupación para Carlos. El oficial explicó que la obediencia es algo que siempre le han remarcado en la institución desde que ingresan a las filas policiales.
Sin embargo, lo que sí generó inquietud a Carlos fueron los tres nuevos artículos que tienen que ver con los delitos cometidos por el personal policial, el incumplimiento de deberes y la deserción. La nueva disposición establece que quien abandone el servicio será tachado como desertor e incurrirá en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, sancionando con una pena de dos a tres años de prisión.
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Según este oficial todo policía que abandona su puesto sin avisar es considerado traidor. Esta designación también alcanza a los agentes que piden su baja aún con razones justificadas. “Quienes se vayan serán desertores para los jefes”, señaló Carlos.
Otro oficial consultado por DIVERGENTES sobre el mismo tema expresó que, si bien no siente que la reforma sea una amenaza que atente de inmediato contra su decisión de continuar o no trabajando en la institución policial, le ha puesto a pensar en si algún día podrá renunciar para dedicarse a otra cosa.
“Yo estudié una carrera técnica y en mi tiempo libre reparo electrodomésticos. Alguna vez pensé en poner un taller y dedicarme de lleno, pero no sé si esto sea posible con la reforma. A lo mejor solo están metiendo miedo a los que quieren irse del país”, dijo con tono dubitativo el agente que también solicitó el anonimato.
Una reforma con dos mensajes
La Ley 872 no contemplaba el término deserción en su articulado antes de la reforma. Tampoco una sanción de prisión por abandono. La normativa únicamente hacía referencia al término de “baja” y lo atribuía al egreso de cualquier miembro de la Policía Nacional.
La baja, según la antigua normativa, se otorgaría únicamente por muerte, jubilación, retiro, conveniencia institucional, abandono de servicio o una resolución disciplinaria. Y por una sentencia judicial firme por delitos dolosos o por delitos imprudentes cuando la pena de privación de libertad sea mayor de un año.
“La reforma pretende restringir las deserciones. El objetivo es meter miedo a cualquier agente, grande o pequeño, para que no se vaya. Este es el primer mensaje claro: si te vas, primero caés preso”, explicó una alta fuente vinculada a la Policía Nacional.
La fuente hizo hincapié en que si bien la reforma no dice por ningún lado que es prohibido pedir la baja, el hecho de que no se mencione, no quiere decir que esa posibilidad está abierta.
“Todos los policías saben que los que renuncian, es decir, piden la baja, son considerados desertores. Esta categorización, que no existe, impone terror. Ahora el oficial va a pensar dos veces en pedir la baja por miedo a ser apresado”, detalló la fuente.
Carlos, el oficial consultado por DIVERGENTES, mencionó que entre sus compañeros también existe incertidumbre por la reforma y lo que pueda significar para los oficiales que por razones justificadas deseen dejar de trabajar en la institución.
“Un compañero me dijo que su mamá lo quería pedir para llevárselo a Estados Unidos. Pero ahora tiene miedo porque siente que están encima de él. Antes uno podía decir esto y todo estaba bien, pero ahora no. Hay una gran tensión”, afirmó el oficial.
El otro mensaje que está enviando la dictadura sandinista, según la alta fuente vinculada a la Policía, no es directamente a los oficiales de la institución, sino a sus bases y la población en general.
“Por un lado presionan a los policías para que no los abandonen. Pero por otro lado están demostrando debilidad, están diciendo ‘reconozco que la gente se nos está yendo’. Y eso no pueden ocultarlo”, indicó la fuente, quien agregó que los últimos meses muchos agentes de la institución renunciaron y abandonaron sus puestos de trabajo para marcharse vía parole a Estados Unidos.
Deserción policial desde 2018
Una de las denuncias más fuerte fue la de la madre del oficial Faber Antonio López Vivas. Ella acusa a la Policía de asesinarlo porque su vástago quiso desertar en lo más álgido de la crisis. La mamá del agente explicó que su hijo no estaba de acuerdo con la represión. A los pocos días apareció muerto en la morgue del Instituto de Medicina Legal.
En junio de 2018, el diario La Prensa reveló las deserciones de 14 policías de la delegación de Matagalpa, entre ellas la del director de servicios médicos, Hildebrando Toledo. Un mes después, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), hizo públicas las deserciones de al menos seis policías de la estación Ajax Delgado, de Managua, entre ellos, Michael Alejandro Delgado Vargas y Juan José Blandón Gómez. Según la CPDH, los oficiales renunciaron por negarse a reprimir.
En 2018 también se hicieron públicos los casos de oficiales que fueron dados de baja por negarse a participar en la represión. La exteniente María Teófila Aráuz fue expulsada luego de que escribió en su estado de WhatsApp: “¡Que vivan los estudiantes!”. Mientras que Julio César Espinoza Gallegos fue encarcelado durante varios meses porque se negó a delatar a sus vecinos en Diriamba, donde vivía.
Ese mismo año también se conoció el caso de Michael Caballero Ayala, un oficial de 31 años de edad, que también desertó por las mismas razones, y fue encarcelado en noviembre de ese mismo año. Desde entonces estuvo preso en La Modelo, hasta que fue excarcelado el pasado 9 de febrero, en el grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos. Estuvo preso durante cuatro años y tres meses.
El 6 junio de 2019, el teniente antinarcóticos Edwin Antonio Hernández Figueroa, de la delegación León, desertó porque no quería ser parte de la represión. Hernández dejó su testimonio en un video, en el que aparecía mostrando su uniforme, pistola, placa, entre otros pertrechos. Cinco días después, cuando quiso huir del país, fue detenido por la Policía. Hernández, quien tenía 13 años trabajando en la institución, fue condenado a seis años de cárcel. Fue liberado tres años y medio después.
Otras deserciones más recientes son las de cuatro policías del Distrito IV de Managua, en mayo de este año; y el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa, quien después de dos años de ser ascendida en su cargo, huyó a Estados Unidos.