El gobierno de Canadá se sumó a Estados Unidos y Reino Unido al anunciar sanciones contra 11 funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo, “en respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en Nicaragua”. Se trata de: Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Bayardo Arce Castaño, asesor en temas económicos de la presidencia; Luis Angel Montenegro Espinoza, director de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras; Mohamed Lashtar, asesor y delegado del presidente para África, Medio Oriente y países árabes; José Adrián Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público; Rodolfo Francisco López Gutiérrez, Gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua y miembro del Ente Operador Regional; José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y Salvador Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL.
Los alcaldes de Matagalpa, Estelí y Matagalpa también fueron sancionados: Sadrach Zeledón Rocha, Francisco Ramón Valenzuela Blandon y Leonidas Nicolás Centeno Rivera.
“Canadá siempre abogará por la promoción y protección de los derechos humanos, y exigiremos cuentas a quienes los violen. Apoyamos al pueblo de Nicaragua en sus aspiraciones de un futuro más pacífico, justo y democrático ”, dijo Mélanie Joly, ministra de relaciones exteriores de Canadá.
Durante los últimos 3 años Canadá y la comunidad internacional han pedido repetidamente a los Ortega-Murillo que “cambie de rumbo y busque una solución pacífica y democrática a la crisis actual”. A cambio, el régimen sandinista “ha llevado a Nicaragua más por el camino del autoritarismo” y lo señaló de “robar” al pueblo nicaragüense “su derecho humano fundamental a votar en elecciones libres, justas e inclusivas”.
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El gobierno canadiense reiteró su llamado de liberar a los presos políticos y el restablecimiento de sus derechos civiles y políticos. Insistió que dichas sanciones es parte de las “herramientas diplomáticas” que toma su gobierno “para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar a este régimen opresor y a aquellos que facilitan sus abusos”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Ministerio Público, y nueve funcionarios sandinistas fueron incluidos en la lista de entidades y personas “nacionales especialmente designados” o “terroristas y narcotraficantes”, como “respuesta a las falsas elecciones nacionales orquestadas por Daniel Ortega y Rosario Murillo”. De acuerdo a la administración de Joe Biden, “esta acción está dirigida a quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
En paralelo, el gobierno de Reino Unido sancionó por cuarta ocasión a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y siete funcionarios sandinistas. Ambas sanciones implican la congelación de fondos y recursos económicos de las personas designadas, entidades u organismos responsables de violaciones y abusos de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o el debilitamiento de la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. También prohíbe a personas estadounidenses tener relaciones o acuerdos con ellos.
Estas medidas se enmarcan en la respuesta conjunta de la comunidad internacional en respuesta a las elecciones sin competencias del pasado domingo. De acuerdo a fuentes diplomáticas, estas sanciones son las “primeras medidas de presión” contra la dictadura.
Después de la Policía Nacional, la Fiscalía es el segundo órgano estatal en Nicaragua sancionado por el gobierno norteamericano. Desde mayo, el Ministerio Público se ha encargado de realizar procesos judiciales a siete precandidatos presidenciales y más de 30 liderazgos opositores arrestados meses antes de las elecciones sin competencia del régimen sandinista.
También se ha encargado de citar a más de 158 periodistas y personas naturales por el caso de supuesto lavado de dinero que emprendió contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Altos funcionarios
Entre la lista de sancionados por Estados Unidos se incluye a José Adrián Chavarría Montenegro, viceministro de Hacienda y Crédito Público. Dicha sanción es un “duro golpe” al régimen sandinista, pues desde 2020 su firma tenía mayor relevancia luego de que Iván Acosta, titular de esta institución también fuera designado por el Tesoro.
De acuerdo a La Gaceta Chavarría tenía “la firma de todos los documentos relacionados a la administración de las finanzas públicas” de Hacienda, de “los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la suscripción y la ejecución de contratos de préstamos, donaciones y otros mecanismos de cooperación financiera internacional”.
Estados Unidos, además, sancionó a otros funcionarios allegados al régimen Ortega-Murillo. Entre la lista figuran: José Antonio Castañeda Mendez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE); Salvador Mansell Castrillo, Presidente Ejecutivo de ENATREL; Luis Ángel Montenegro Espinoza, director de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
La lista de sancionados por Estados Unidos, también incluye a Mohamed Ferrara Lashtar, asesor y delegado del presidente para África, Medio Oriente y países árabes; Rodolfo Francisco López Gutiérrez, Gerente del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de Nicaragua y miembro del Ente Operador Regional.
De acuerdo, a Estados Unidos, los funcionarios sancionados “fueron nombrados para sus cargos de gobierno por Ortega y son partidarios clave del régimen y sus políticas antidemocráticas”.
El gobierno británico, por su parte sancionó a Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Ana Julia Guido, Fiscal General de la República; Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Fidel Domínguez, jefe de la Policía de León; Juan Valle Valle, director de Tránsito Nacional y Lumberto Campbell, magistrado del Consejo Supremo Electoral.
Los alcaldes “estrellas” en el norte
Los alcaldes sandinistas de Matagalpa, Estelí y Jinotega, Sadrach Zeledón Rocha, Francisco Ramón Valenzuela Blandón y Leónidas Nicolás Centeno Rivera, también fueron sancionados por Estados Unidos. Estos tres tienen una larga carrera de lealtad con el régimen sandinista. Forman parte del Consejo de Gobiernos Locales que cada semana bajan orientaciones a los demás alcaldes sandinistas y piden cuentas a los demás ediles de la zona. Son una especie de “súper alcaldes”.
El “alcalde mayor” de Matagalpa, Sadrach Zeledón Rocha, asumió por primera vez en 2001, fue diputado ante la Asamblea Nacional en 2007, pero su figura tomó mayor auge con el regreso del Frente Sandinista al poder. Desde 2008, es uno de los “hombres de confianza” de la pareja Ortega-Murillo en el norte. Es un viejo militante sandinista y se ha reelegido cuantas veces ha sido posible. En la comuna no tiene horario de llegada o salida. Pese a ser reconocido como un alcalde “carismático”, ha dejado de ser “cercano” con la población.
Francisco Ramón Valenzuela Blandón, por su parte, es reconocido como el “mejor alcalde de la historia en Estelí”, según el gobierno sandinista. Además de sus funciones como edil, funge como secretario departamental del Frente Sandinista.
Es otra de las figuras de confianza del régimen Ortega-Murillo en el norte, asumió por primera vez en el año 2000. Es popular en Estelí pero su figura ha dejado de ser “cercana” con la población que lo llama “Pancho”. Locales lo describen como un alcalde “autónomo”, pero en su oficina se exhiben fotos en las que se muestra con Daniel Ortega.
Por su parte, Leonidas Centeno, de Jinotega, ha gobernado en dos períodos la alcaldía sandinista de ese departamento del norte. También, fue diputado por el sandinismo ante la Asamblea Nacional en 2006. Su pasado lo ubica como uno de seis legisladores involucrados en tráfico de madera, según publicación del diario La Prensa, fue sancionado a través de una resolución administrativa, con multas de hasta 2,500 dólares por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) luego de depredar las riberas del río Montecristo, en El Amparo, municipio de San Sebastián de Yalí, en Jinotega.