El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo declaró culpables del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas” a la abogada María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y al empresario Luis Rivas, también por supuesto delito de “conspiración”.
En el caso de Oviedo, la Fiscalía pidió ocho años de cárcel. En el caso de Luis Rivas, los fiscales solicitaron la pena de 13 años de prisión. El empresario era, hasta el día de su detención, el presidente ejecutivo del Banco de la Producción. Durante la audiencia, las pruebas expuestas fueron entrevistas a medios de comunicación y “testimonios” de “oficiales” que realizaron la supuesta investigación.
Como sucedió con el resto de presos políticos, los juicios fueron a puertas cerradas y en completo hermetismo. En el Complejo Evaristo Vásquez de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la jueza Ulisa Yohosca Tapia Silva, Jueza Decimotercera de Distrito Penal de Juicios, dictó el fallo de culpabilidad contra la abogada, que antes de su encarcelamiento se encargaba de la defensa de presos políticos desde la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH).
Oviedo fue detenida el 29 de julio, en pleno año electoral, en una oleada de detenciones contra opositores y voces críticas. Mientras que Rivas fue detenido el 15 de junio y acusada en un primer momento de “lavado de dinero” e “injerencia extranjera”. La familia ha decidido mantener los detalles del juicio en secreto, hasta el momento.
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Antes de ser defensora de presos políticos, Oviedo trabajó como Fiscal en el Ministerio Público. Tras las protestas de abril abandonó la institución y se unió a la defensa de reos políticos, uniéndose al equipo de la CPDH. Sobre su caso, el organismo de derechos humanos aseguró que mañana brindaría una conferencia de prensa para revelar más detalles del caso.
Los juicios políticos del régimen se mantienen desde el primero de febrero, cuando fueron reanudados por el Ministerio Público. Mañana serán juzgadas ocho personas en una de las audiencias más grandes del grupo de presos políticos que la dictadura mantiene en prisión.
Los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro; y las dirigentes Violeta Granera y Tamara Dávila; el exdiputado José Pallais y el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri serán juzgados por “conspirar” a través de un grupo de WhatsApp en el que supuestamente se pedían sanciones contra Nicaragua.