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El papel ‘hostil e inquisidor’ de la Fiscalía

Sede del Ministerio Público de Nicaragua. Miguel Andrés | Divergentes.

Testimonios de periodistas y defensores de derechos humanos que dan seguimiento a las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) aseguran que los fiscales realizan las entrevistas de forma hostil y manipuladora con las personas investigadas. 

El cinco de agosto, el periodista de Confidencial, Iván Olivares, publicó una carta abierta dirigida a la fiscal Heydi Ramírez, en la que denunció que en las dos entrevistas a la que asistió el fiscal Manuel Rugama intentó tergiversar sus declaraciones y criminalizar su labor como periodista, además de inmiscuirse en el fuero interno de su actividad periodística de más de 32 años de experiencia.

Desde el 21 de mayo, la Fiscalía inició una investigación por supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta, que dirigía hasta inicios de este año Cristiana Chamorro Barrios, la precandidata presidencial más popular. Chamorro finalmente fue puesta bajo arresto domiciliario el dos de junio. Desde entonces han desfilado por el Ministerio Público decenas de periodistas, generadores de opinión, empresarios, entre otras personalidades. 

Periodistas citados en el Ministerio Público y que fueron consultados por este medio de comunicación aseguraron, bajo condición de anonimato, que los fiscales intentaron criminalizar su labor periodística, al citar la Ley 1042 o Ley Especial de Ciberdelitos, cuando están siendo entrevistados por un caso de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta y Funides. 

La coordinadora del colectivo Nicaragua Nunca +, Wendy Flores, dijo que su organización defensora de derechos humanos ha recibido varios testimonios de periodistas que han sido amenazados durante las entrevistas en el Ministerio Público y luego se han exiliado, como lo hizo Iván Olivares. “Los fiscales han sido hostiles durante las entrevistas, pero además han tratado de mantener una línea de investigación que respalda la narrativa de lavado de dinero en contra de las fundaciones”, dijo Flores. 

De acuerdo a otras experiencias de los periodistas citados, la fiscal Ramírez ha sido una de las más hostiles e incluso, “actuando como si fuese y no fiscal”, ha “juzgado de antemano”. “Grita, golpea la mesa y amenaza”, relató uno de los reporteros quien, como Olivares de Confidencial, coinciden que la fiscal trató todo el tiempo de tergiversar las respuestas. 

Deslegitimar el periodismo

La periodista María Lilly Delgado, corresponsal de Univision, y extrabajadores de la Fundación al momento de salir de la Fiscalía. Miguel Andrés | Divergentes.

Durante las investigaciones por supuesto lavado de dinero en contra de las fundaciones, la Policía ha detenido a algunos entrevistados por otras leyes: de Traición a la Patria (1055) y en la Fiscalía se ejecutan amenazas contra los periodistas y analistas políticos con la Ley de Ciberdelitos. “Se trata de un Ministerio Público inquisitivo. No es un ente actuando con objetividad, sino todo lo contrario: actúa de manera violenta y atenta contra todos los derechos y garantías que están establecidas en la constitución política y en el sistema procesal penal”, dijo Flores. 

Según los testimonios de los periodistas, desde el inicio de las investigaciones las entrevistas se han hecho con hostilidad y ha habido faltas de garantías del debido proceso, ya que en algunos casos no se permitió que los entrevistados asistieran con sus abogados, como ocurrió con Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, trabajadores de la Fundación Violeta; y María Lilly Delgado, periodista de Univisión. 

Uno de los periodistas que asistió a un curso de periodismo auspiciado por la Fundación Violeta dijo que el fiscal que lo entrevistó lo descalificó al decirle que “era un curso político”. Otra de las fuentes, que fue mentor en un taller de periodismo, dijo que el fiscal quiso que aceptara que el seminario era “propaganda” y que esto incurre en la Ley de Ciberdelitos porque era similar a lo que hizo la Alemania nazi de Adolf Hitler. 

A como hicieron con el periodista Iván Olivares, quien tuvo que salir para resguardarse y seguir haciendo periodismo, los fiscales cuestionan y deslegitiman el trabajo (notas, reportajes, escritos y audiovisuales) durante las entrevistas. “Los periodistas profesionales recabamos noticias e información, y las difundimos a nuestras audiencias (lectores, cibernautas, televidentes o radioescuchas), basados en nuestro criterio, experiencia y estándares profesionales”, dijo Olivares en su carta. 

Wilfredo Miranda Aburto, corresponsal del diario El País, dijo al salir de la entrevista que la fiscal Ramírez le había leído sus artículos y lo cuestionó por “mentiroso”, mientras todo el tiempo quiso que el reportero le revelara sus fuentes. 

Una de las entrevistadas dijo que un fiscal le golpeó la mesa, cuando ella se negó a validar la versión de él. Otras de las características en las entrevistas es forzar la vinculación entre los periodistas y las fundaciones, cuando los entrevistados lo niegan y no existen pruebas que demuestren lo contrario. “En mi entrevista estuvo todo el tiempo un hombre que no pertenece al Ministerio Público atrás del fiscal, pero no sé en calidad de qué”, dijo una periodista citada.

El objetivo es silenciar voces críticas

La policía ha custodiado en todo momento las citaciones de los periodistas en la Fiscalía. Miguel Andrés | Divergentes.

La defensora de derechos humanos, Wendy Flores, dijo que estas investigaciones son políticas porque iniciaron con la inhibición de la candidatura de Cristiana Chamorro y siguieron con el arresto de otras figuras de la oposición. “Todo esto obedece a instrucciones del poder Ejecutivo, con el objetivo de silenciar las voces críticas en Nicaragua, de perseguir y criminalizar el periodismo independiente, y con ello causar un silencio brutal”, dijo Flores.

Actualmente se encuentran en la cárcel los periodistas Miguel Mendoza, crítico desde redes sociales, y Miguel Mora, quien anunció sus aspiraciones para ser candidato a la presidencia y que ya estuvo preso durante varios meses a raíz de la crisis política de 2018. En total, desde finales de mayo de este año han arrestado a 31 personas en este proceso, entre ellos siete precandidatos a la presidencia e inhibieron a una candidata a la vicepresidencia inscrita en el Consejo Supremo Electoral (CSE).

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