Han pasado apenas 24 horas desde que fue dictada la sentencia contra José Rubén Zamora y me cuesta llegar a términos con ella. Zamora es el fundador del ya desaparecido elPeriódico de Guatemala. Fui fundador y trabajé durante 17 años como director del diario. 

José Rubén fue exonerado de los cargos de chantaje y tráfico de influencias. La Fiscalía le acusaba de ejercer presión sobre su denunciante, un antiguo banquero corrupto, Ronald García Navarijo, para sustraerle dinero bajo amenaza de desprestigiarlo desde la prensa. Los jueces no encontraron sustento a esa acusación. 

En cambio, los integrantes del Tribunal condenaron a José Rubén por el delito de lavado de dinero. Se le acusa de haber intentado ingresar a un banco del sistema alrededor de 38,000 dólares por medio de ese banquero de amistad no aconsejable. La Fiscalía fue incapaz de demostrar el origen sucio de los fondos pero en ese delito, según la legislación guatemalteca, el acusador no está obligado a demostrar el origen espurio de lo que se sospecha que se pretende blanquear. Es el acusado quien debe demostrar su licitud. Los jueces, ante la ausencia de pruebas para justificar el origen del dinero, infirieron que se trataba de fondos sucios. 

Un elemento importante para alcanzar esa inferencia consiste en que Zamora ordenó simular una operación comercial inexistente para justificar el ingreso del dinero a las cuentas de elPeriódico.

Los jueces lo condenaron a seis años de prisión y al pago de una multa del mismo monto del dinero lavado. Se trata de la pena menor que por ese delito contempla el Código. La Fiscalía, en total, había pedido 40 años de cárcel para Zamora. 

El Tribunal sostiene en su sentencia que José Rubén y su abogado (uno de los nueve que lo representaron a lo largo del proceso, cuatro de ellos conducidos a prisión y orillados a aceptar cargos en su contra, uno más presionado hasta salir del país), retiraron las pruebas documentales del origen del dinero. 

José Rubén en cambio sostiene que el juez instructor no le aceptó sus pruebas de descargo. Ordenó proceder contra sus testigos. El principal de todos, conducido a prisión, desde donde prefirió aceptar la culpa por supuesta obstrucción de la justicia. Según Zamora, el dinero proviene principalmente de la venta de una obra de arte suya. El comprador ha admitido ante la Fiscalía que aportó un poco más de 30,000 dólares en efectivo por ese dinero, pero igualmente fue procesado por obstrucción a la justicia, aceptó cargos y su testimonio fue escamoteado del expediente.

Los integrantes del Tribunal no aluden a las presiones a las que estuvo por muchos años sujeto elPeriódico. A los sucesivos llamados al boicot publicitario en contra del medio. A la intimidación de la que han sido objeto no pocos anunciantes por el enojo de los gobernantes de ver su marca aparecer como patrocinador de quien les fiscaliza. Al manejo clientelar de la pauta gubernamental. Los gobiernos financian a quien les elogia y se hace de la vista gorda de sus robos. Castiga a quienes le piden cuentas. Tampoco toma el Tribunal en consideración la amenaza de auditorías arbitrarias de parte de la autoridad fiscal tanto para el medio como para sus anunciantes. 

En suma, se soslaya por completo el uso del poder público en contra de una garantía resguardada por la Constitución: la libertad de expresión, el peso de ese contexto en las actuaciones de Zamora y de quien le proveyó los fondos para pagar a los trabajadores de elPeriódico. 

El Tribunal se limita a evaluar lo que se presenta delante de sus ojos y, en beneficio suyo, debe decirse que no permitió, como si lo hizo el juez instructor quien excluyó la prueba de descargo de Zamora, la violencia verbal de los querellantes en su contra. 

Para poder tomar parte en este proceso, la Fundación del Terrorismo, una organización creada para defender a militares acusados de graves violaciones de derechos humanos durante la guerra, constituida en el más virulento actor contra quienes han luchado para poner fin a la corrupción y la impunidad en Guatemala, persuadió al Ministerio Público de acusar a una auxiliar fiscal, Samari Gómez, de revelar información reservada. El Tribunal la encontró inocente de todos los cargos tras pasar once meses en la cárcel y anoche mismo fue liberada. Pero por ser ella una funcionaria, la Fundación pudo participar en el caso como querellante adhesivo y desde ahí, ejercer presión contra Zamora y contra nueve periodistas y columnistas de elPeriódico sujetos hoy a investigación. 

Un hijo de José Rubén también es perseguido por la Fiscalía. Y su esposa tuvo que abandonar el país por el riesgo de ser encarcelada tras enderezar el Ministerio Público cargos contra el presidente de elPeriódico por las diferencias de su firma habitual con la rúbrica en los formularios de Aduanas en sus diferentes salidas de Guatemala. El temor es que la acusación se extienda a ella.

Tras conocerse la sentencia, tanto los operadores de la Fundación del Terrorismo, como el fiscal Rafael Curruchiche, aludieron a su satisfacción porque un periodista como Zamora fue hallado culpable de lavado. Ignoraron el fracaso de su acusación desmedida y justificaron el proceso por su labor como editor de un medio que ha documentado corrupción y, según ellos, afectado la buena imagen de muchas personas. Persisten en defender su batalla contra los periodistas que les disgustan.

La motivación para perseguir a Zamora es un asunto que el Tribunal, en su sentencia tan puntillosa, ignora por completo. Se soslaya deliberadamente el contexto de agresión a una figura periodística en momentos de embate contra fiscales, jueces y magistrados que han luchado contra la corrupción.

Tampoco debe ignorarse que los integrantes del Tribunal finalmente dependen de un Organismo Judicial cuya cúpula, aliada del Gobierno y la Fiscalía, puede disponer de la carrera de cada uno de ellos sin responderle a nadie por sus decisiones. La concentración de poder, la falta de pesos y contrapesos, han desfigurado la República en Guatemala. 

Es en ese marco que se da la sentencia contra Zamora, a quien no se le permite defenderse.

A José Rubén debe permitirsele –y exigírsele también– que demuestre el origen del dinero que intentó hacer ingresar a un banco para pagarle salarios a los trabajadores de elPeriódico. Pero ignorar que el proceso en contra suya forma parte de un embate contra la prensa independiente en Guatemala es parcial, corto de miras y finalmente, dócil y claudicante ante la amenaza a las libertades democráticas.