La iniciativa de Ley de Protección ante Sanciones y Agresiones Externa –presentada el pasado miércoles 20 de noviembre– debe ser cumplida por los bancos nicaragüenses, al tratarse de una ley nacional, sin embargo, la reacción del Sistema Financiero Internacional es una incógnita, según analistas y economistas consultados por DIVERGENTES.
El investigador Manuel Orozco, del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, con sede en Washington, consideró que esta ley va a forzar a los bancos nicaragüenses a acatar e, inclusive, hacerla retroactiva (descongelar o reabrir cuentas). Sin embargo, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos “decidirían notificar a los bancos que Nicaragua se convirtió en un espacio seguro para entes sancionados, y por ende que es un lugar de alto riesgo financiero”.
Orozco dijo que de aprobarse esta ley: “Nicaragua formalmente se está calificando como un Estado forajido” en contextos similares como el de Venezuela, Irán o Rusia.
Esto significa que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera que una entidad o un país está actuando fuera del marco del proceso establecido en las restricciones establecidas en las sanciones, procede a notificar a la institución bancaria violatoria, y al mismo tiempo notifica a los corresponsales bancarios.
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Riesgo en operaciones con Estados Unidos
Un economista consultado en condición de anonimato, dijo que la medida busca presionar a la banca nacional para empujarla a buscar otros mercados financieros distintos a Estados Unidos, como Rusia o China, los aliados internacionales del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “Esto va a dificultar la operatividad del comercio con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial”, apuntó.
Según el experto, esta ley “pone en riesgo” el comercio con Estados Unidos, pues todas las transacciones, exportaciones e importaciones se realizan a través de este sistema financiero.
Iniciativa amenaza con cárcel y multas
La iniciativa establece la inaplicabilidad de las sanciones, promovidas principalmente por Estados Unidos y la Comunidad Europea, a funcionarios y operadores políticos de la dictadura sandinista, señalados de violaciones a los derechos humanos.
“En Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”, señala el artículo 4 de la iniciativa de ley.
“Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”, añade.
Las sanciones establecen principalmente restricciones financieras de largo alcance o “muerte financiera” a las personas e instituciones sancionadas.
La iniciativa de ley advierte de sanciones y multas si no levantan las restricciones a los operadores sancionados. Además, amenazan con cárcel y acusar de “traición a la patria” a las personas de instituciones financieras que decidan cumplir con los lineamientos internacionales vinculados con las sanciones que se han aplicado.
Desde 2018, un centenar de funcionarios de la dictadura sandinista y operadores políticos han sido sancionados, así como instituciones del Estado: Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
“Las entidades reguladoras del Estado deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros”, establece el artículo 5 de la iniciativa.
Incluso, se establece un principio de retroactividad, ya que llama a las entidades a resarcir daños a los funcionarios ya sancionados. Esto levanta una serie de interrogantes: ¿los banqueros harán lobby en Estados Unidos a favor del régimen para que se apliquen sólo ciertas sanciones?, ¿seguirán aplicando las sanciones y no esta ley?, ¿Acatarán la nueva ley aunque esto les acarree consecuencias?
Este es el segundo intento del régimen por evadir las sanciones internacionales. En 2021, ordenó una reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarios para forzar a los bancos a brindar servicios a los sancionados. Sin embargo, esa reforma no era tan explícita como la actual, ni imponía castigos severos en caso de no cumplirla.
Bancos están contra la espada y la pared
El analista político Eliseo Núñez, dijo que esta ley pretende poner a los banqueros a cabildear por Ortega ante los Estados Unidos, con el argumento de que el mal menor es acatar esta normativa, pues de cumplir las sanciones, la banca nacional colapsaría y arrojaría a miles de migrantes nicaragüenses.
“Si Estados Unidos cede a esta argumentación estaríamos frente al final de la efectividad de la herramienta de sanciones, no sólo en Nicaragua, sino en otras partes del mundo”, señaló Núñez.
Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, economista y ex preso político, dijo que la medida pone “contra la espada y la pared” a los banqueros en Nicaragua.
“Esto pone en un dilema al sector financiero, en el sentido de que por un lado va a estar obligado por la ley nacional a mantener o abrir cuentas a personas sancionadas, mientras que por otro lado, tiene que cumplir con las normativas internacionales que prohíben que los bancos puedan abrir cuentas a personas sancionadas… es una situación muy compleja”, dijo Chamorro.
El economista Marco Aurelio Peña coincide en que esta iniciativa va a poner en aprietos a la banca nacional. “Luego de que este sistema bancario ha tenido grandes ganancias, esto va a sacar a los banqueros de su zona de confort, ya que deben tomar la decisión de acatar esta ley nacional, pero ir en contra de las normas internacionales”, agregó Peña.
El economista dijo que esta iniciativa, al ser mandada desde el Ejecutivo para que la apruebe el Legislativo sin mayor análisis, tiene ilegitimidad de origen. “Es una ley que no está conforme a los principios del Derecho, ni al Derecho Internacional, pero los bancos forman parte del Sistema Financiero Internacional (que se rige bajo un orden económico global), que trasciende a la realidad de Nicaragua, donde existe una autocracia que se va transformando en totalitarismo”, analiza.
¿Régimen consultó a bancos?
El economista consultado en anonimato, no descarta que el régimen Ortega-Murillo consultó a los banqueros nicaragüenses antes de mandar esta iniciativa a la Asamblea Nacional, y que fueron estos los que les sugirieron al régimen que sólo con una ley similar se podrían descongelar o abrir cuentas a las entidades o personas sancionadas.
Peña no tiene dudas de que si los bancos deciden acatar esta ley tendrán consecuencias con el Sistema Financiero Internacional. “Si esto pasa, el propio sistema financiero nacional sería objeto de sanciones o restricciones de parte de los organismos financieros internacionales”, valoró Peña.
En este escenario, el economista considera que Nicaragua pasaría de ser una economía abierta a una economía semiabierta. “En este caso, el contubernio entre el régimen y los banqueros puede quebrarse. Es decir, los intereses no siempre van a seguir siendo convergentes”, agregó.