El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional-controlado —por sus diputados y representantes de los partidos políticos “zancudos” colaboracionistas— una iniciativa para mitigar los efectos de las sanciones internacionales por corrupción y violación de los derechos humanos a sus principales operadores políticos y económicos.
La iniciativa denominada Ley de Protección ante Sanciones y Agresiones Externas establece la inaplicabilidad de las sanciones, promovidas principalmente por Estados Unidos y Comunidad Europea, a funcionarios y operadores políticos de la dictadura sandinista.
“En Nicaragua, se declaran nulas y sin efecto jurídico alguno las sanciones impuestas por Estados, grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros que violen el derecho internacional. Estas sanciones carecen de validez y aplicabilidad en todo el territorio nacional, independientemente de su naturaleza o alcance”, señala el artículo 4 de la iniciativa de ley.
“Ninguna entidad o persona, bajo argumento de sanciones, podrá negar o suspender la provisión de bienes y servicios privados y públicos, sean estos comerciales y financieros, a las personas naturales y jurídicas, entidades privadas e instituciones del Estado”, añade.
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Las sanciones establecen principalmente restricciones financieras de largo alcance, lo que lleva a esta iniciativa de ley enviada por la dictadura a chocar con los vínculos que tienen los bancos del Sistema Financiero Nacional con entidades financieras de Estados Unidos.
La iniciativa de ley advierte a las entidades de sanciones y multas si no levantan las restricciones a los operadores sancionados.
“A las instituciones públicas reguladoras. Las entidades reguladoras del Estado, deberán garantizar que las instituciones reguladas cumplan con el ordenamiento jurídico del Estado, pudiendo imponer sanciones y multas, de conformidad a su marco regulatorio, a las entidades bajo su regulación que violen los derechos de los usuarios y consumidores al aplicar sanciones emitidas por un Estado o grupos de Estados, gobiernos u organismos extranjeros”, establece el artículo 5 de la iniciativa.
Incluso, la iniciativa establece un principio de retroactividad ya que llama a las entidades a resarcir daños los funcionarios ya sancionados.
“La restitución del servicio y resarcimiento de daños. Las instituciones del Estado, autoridades, funcionarios y empleados públicos, ciudadanos y entidades privadas en el caso de ser afectados por la aplicación arbitraria de Sanciones podrán solicitar la restitución del servicio prestado y el resarcimiento de los daños si procede, de conformidad a lo establecido en la Ley No. 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas”.
Además de más de un centenar de funcionarios de la dictadura sandinista y operadores políticos de la dictadura, están sancionados como instituciones la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó al representante norteamericano bloquear los préstamos que Nicaragua solicite ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), como una medida ante el poco esfuerzo que el régimen de Daniel Ortega está haciendo para combatir el tráfico de personas.