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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras cancelar la personería jurídica de más de 37 universidades —muchas de ellas confiscadas y puestas bajo control estatal, según el último monitoreo del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam)—, se ha jacta de ofrecer estudios y trámites administrativos de educación superior gratuitos. Pero la realidad es otra.

Usuarios en redes sociales contactaron a DIVERGENTES para denunciar que la verborrea de los operadores de los Ortega-Murillo es engañosa.

Bismarck Santana, secretario técnico para la atención a las universidades, aseguró en el programa 15 Minutos del canal oficialista Viva Canal 13 que la educación universitaria es gratuita: desde los aranceles hasta la entrega de títulos y certificaciones en las universidades confiscadas. Según Santana, los más de 226 000 estudiantes que iniciaron el segundo semestre de 2025 en las 12 universidades públicas del país “no pagan ni un solo centavo”.

Sin embargo, DIVERGENTES accedió a documentos y testimonios de estudiantes de la Universidad Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés (sede Managua y Masaya) que contradicen el discurso oficial. Si bien la matrícula y los aranceles no se cobran, los estudiantes sí deben pagar por trámites académicos, y en algunos casos en dólares, pese a que el propio Gobierno prohibió esa modalidad de pago y ordenó que fuera en córdobas.

Carlos, un estudiante de Administración de Empresas —que pidió anonimato por seguridad— relató que en la universidad, antes conocida como Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y confiscada por el régimen en diciembre de 2021, los trámites se cobran en dólares. Explicó que, al llegar a la dirección encabezada por Orlando Blanco, exvocero de la Policía Nacional, los envían al área de caja para hacer el pago sin otorgar ningún recibo. Solo después los remiten al área de Administración.

El estudiante de Administración de Empresas —quien pidió anonimato por seguridad— relató que en la universidad, antes conocida como  Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y confiscada por el régimen en diciembre de 2021, cada gestión administrativa tiene un costo. 

Relata que la dirección de la universidad envía a los estudiantes directamente a la caja para cancelar el monto. Allí, el pago se recibe sin comprobante alguno, y luego los remiten al área de Administración. “Todo queda supuestamente registrado en el sistema, pero a nosotros no nos queda ninguna constancia. Es como si pagáramos a ciegas”, enfatiza.

“Cuando pedimos un trámite académico, como una certificación de notas o un cambio de turno, nos cobran. Y lo peor es que no nos dan ningún documento que registre el pago, porque según ellos queda ‘en el sistema’. Eso no nos da seguridad. Incluso me cobraron 10 dólares por un cambio de turno que nunca autorizaron, y tampoco me devolvieron el dinero”, contó Carlos.

Universidades fijan costos discrecionales pese al discurso oficial de gratuidad

El joven asegura que no es un caso aislado: varios compañeros también se han quejado. Sin embargo, los docentes recomiendan guardar silencio para evitar represalias. Además, los costos no son públicos; la propia dirección de la universidad decide las tarifas. “Es cierto, no nos cobran matrícula ni mensualidad, pero sí cada trámite. Entonces, eso no es gratuidad, es lucrarse con un mensaje engañoso. Por ejemplo, para programar un examen me cobraron 50 dólares”, afirma. 

La situación se repite en la misma universidad, sede Managua. Camila, otra estudiante que solicitó anonimato, aseguró que los trámites para obtener el título mantienen costos, a pesar del discurso oficial. Una revisión de DIVERGENTES en la página web de la extinta Uhispam confirma que el trámite de título de grado o pregrado tiene un costo de 1500 córdobas, más 70 córdobas por certificación de calificaciones.

Esto, en principio, no contradice la Ley N° 1088, “Ley de Reconocimiento de Títulos y Grados Académicos”, que permite cobrar hasta 1500 córdobas por la emisión de títulos, más la mitad de ese valor en derechos de graduación. El problema es la opacidad y los cobros adicionales no regulados, como certificaciones, cambios de turno o reposiciones de exámenes, donde no existen montos claros ni comprobantes oficiales.

Ejemplo de ello es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN- Managua), que cobra 140 córdobas por publicación en La Gaceta, pero también exige 1200 córdobas por reposición de título de licenciatura y 1500 córdobas por posgrado, a pesar de que la Ley N° 1088 no contempla el cobro de reposición dejando a discreción el cobro a las direcciones de las universidades. 

La afirmación de Santana, secretario técnico para la atención a las universidades, de que la educación superior es “gratuita en su totalidad” es engañosa. Si bien la matrícula y los aranceles han sido exonerados en las universidades públicas y confiscadas, los estudiantes continúan enfrentando cobros por trámites académicos. Estos van desde certificaciones y reposiciones de exámenes hasta pagos por títulos, en algunos casos en dólares y sin comprobantes oficiales. 

La Ley N° 1088 no garantiza la gratuidad total de la educación superior, sino que únicamente regula los costos de emisión de títulos y derechos de graduación, estableciendo montos máximos. En ningún punto faculta a las universidades a cobrar tarifas adicionales por trámites como reposiciones de exámenes, cambios de turno o certificaciones de notas, que hoy se cobran de manera discrecional. Lo que significa que en la práctica, la gratuidad universitaria no es absoluta: el discurso oficial omite los costos adicionales que impactan directamente en el bolsillo de los estudiantes.