La Universidad Nacional Casimiro Sotelo (antes Universidad Centroamericana, UCA), abrió sus puertas el pasado 20 de noviembre, en medio de una serie de dificultades técnicas y administrativas que revelan la incapacidad del régimen a la hora de administrar un centro de enseñanza de esta envergadura.
De esta forma, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo termina de sellar un camino que empezó hace cinco años con el ahogamiento financiero de la UCA, en una muestra de venganza y totalitarismo.
De acuerdo a una base de datos realizada por DIVERGENTES, en la que se analiza el presupuesto asignado a la UCA desde el 2015 al 2022, se puede observar el proceso gradual de ahogamiento económico al que fue sometida la universidad, hasta despojarle de su asignación del 6% del presupuesto constitucional destinado a las universidades públicas de Nicaragua.
UCA sufrió un recorte del 99.90%
De lo asignado en 2017 (255.91 millones de córdobas, 7.02 millones de dólares), para 2022 se redujo a un 99.90%.
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Del millón de córdobas que se habían aprobado para la UCA en el Presupuesto General de la República 2022, solo recibió 250 mil. El resto, 750 mil córdobas, le fueron reasignados a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Las reducciones fueron progresivas desde el 2019, un año después del estallido de las protestas de abril de 2018, en la que participaron centenares de estudiantes y miles de nicaragüenses.
La UCA fue un importante bastión que albergó a algunos de estos liderazgos más reconocidos surgidos en medio de ese estallido social, quienes en los últimos cinco años han sido objeto de toda clase de persecución, e incluso, cárcel, como es el caso del activista estudiantil Lesther Alemán.
Éste fue encarcelado en la escalada represiva de 2021, previo a las elecciones sin competencia política de dicho año. Alemán salió de prisión el 9 de febrero de 2023, junto a otros 221 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos.
Venganza política contra la UCA
Para expertos y analistas, la toma de la UCA y su anterior asfixia económica pueden entenderse como un acto de venganza de la dictadura hacia la institución académica, que para la masacre del Día de la Madre, el 30 de mayo, abrió sus puertas con el fin de atender a los heridos por la violencia de los paramilitares de la dictadura.
“En esta nueva distribución hay que decidir primero qué porcentaje se le va a asignar a la Casimiro Sotelo. Si se le asigna el 5% que se le daba a la UCA en sus mejores tiempos, eso significa que de algún lugar hay que sacar ese 5%, porque no está contemplado en la distribución que se hizo en el 2023”, explicó el experto en educación, Ernesto Medina.
“Entonces la pregunta es ¿cómo se va a distribuir ahora el financiamiento para que estas nuevas universidades, sobre todo que funcionaban principalmente con los recursos que ellos recibían por pagos de matrículas, etcétera, y complementaban con el 6%? ¿Cómo van a ser ahora que quieren que sean totalmente gratuitas?”, se cuestiona el académico, en una pregunta que el régimen todavía no termina de responder.
Un cierre anunciado
El fin de la UCA fue la suma de cinco años de asfixia económica, asedio y represión. De 2019 a 2020 la reducción presupuestaria fue de 40 millones de córdobas, lo que representa una reducción 21.68% entre ambos años.
Entre 2020 y 2021, la merma fue de 44 millones, un 30.81% de lo asignado anteriormente. Todo ello significó enormes pérdidas que se vieron reflejadas principalmente en la reducción de becas para los estudiantes.
“Hay una tendencia de todos los regímenes autoritarios de enfrentarse contra el pensamiento libre. Las universidades son generadoras de conocimiento, despiertan la consciencia crítica a través del conocimiento y producen un pensamiento libre, en general. Aquí se ha cerrado una universidad precisamente por eso: porque se odia el pensamiento libre”, expresó el sacerdote jesuita José María Tojeira, exrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y actual vocero de la Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús a DIVERGENTES en agosto.
En 2019, cuando la reducción presupuestaria se ubicaba en un 26.70%, las preocupaciones en la universidad aumentaron. La UCA denunció un continuo recorte de fondos estatales y represalias por mantener su postura ante la crisis sociopolítica que vivía agudamente el país entonces.
La Compañía de Jesús alertó en comunicaciones cada vez más fuertes lo que esto significaba: “Manifestamos al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional su preocupación por la sustancial reducción del presupuesto que por prescripción constitucional recibe la Universidad Centroamericana desde el año de 1990, miembro del Consejo Nacional de Universidades, en reconocimiento a su activa y positiva participación en la lucha del 6% del presupuesto nacional asignado anualmente por el Estado al desarrollo de la educación superior y con la finalidad de que integre y beneficie a la mayor cantidad posible de jóvenes de escasos recursos en su preparación profesional”, divulgaron.
Estudiantes fueron los principales afectados por la asfixia del régimen
Las medidas que tomó la universidad consistieron en reducir, en ciertos casos, las becas del 100% a un 80%. Algunos de los correos que recibieron los estudiantes fueron: “Nos complace informarle que, habiendo usted cumplido con los requerimientos académicos del Programa Becas, le será renovada su beca arancel en un 100% para el IS 2022. No obstante debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la Universidad, a partir del IIS 2022 usted gozará de una beca del 80%”.
A inicios de 2022, con mayores reducciones presupuestarias, voceros de la UCA aseguraron a DIVERGENTES que las reducciones “afectan las posibilidades de la Universidad de continuar otorgando becas totales y parciales a estudiantes que por su condición socioeconómica se ven impedidos de hacerle frente a los costos de su formación universitaria”.
El zarpazo final a la UCA
En 2022, la UCA recibió únicamente 250 mil córdobas (6 853.70 dólares al cambio oficial). Debido a esto, la universidad redujo drásticamente sus becas, e incluso su personal. Sin embargo, no hay claridad de cuánto necesitaba la universidad para operar en normalidad.
“El problema con la Casimiro Sotelo, suponiendo que volviera a esos montos como los de 2017, es que la UCA tenía unos aranceles muy variables. Una gran cantidad de los estudiantes de la UCA pagaban por su educación y el 6% prácticamente solo se utilizaba para financiar becas, pero el grueso del presupuesto de la UCA venía de lo que pagaban los estudiantes. Entonces yo creo que aquí el Gobierno, las autoridades, tienen una papa caliente que vamos a ver cómo se resuelve”, detalló Medina.