Lo dicho:
“Llegamos a Bilwi y en Bilwi empezamos ahí el encuentro de la revolución con las comunidades que estaban en abandono. Y fueron las asambleas, las reuniones con las comunidades de los diferentes pueblos, asambleas de horas, nos reuníamos en un gimnasio, y ahí horas escuchándolos; ellos tenían puesta la expectativa en la revolución. Y ahí, bueno, hablando horas, horas, horas, todo mundo sentado, atento, con una disciplina increíble.
Pero también cuando teníamos dos horas, tres horas de estar sentados, el que estaba dirigiendo la asamblea hacía una señal, todo mundo se ponía de pie, y todos a estirarnos, a estirarnos, a estirarnos, y luego a sentarnos. O sea, no se podía aguantar una asamblea sentados ya 8 horas, 12 horas, ¡si duraban 12 horas las asambleas! Y ahí se dio la gran unidad de los miskitos, ramas, los mayangnas, y luego en el sur con los afrodescendientes, con los garífunas”.
Clasificación:
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A pesar de las recientes declaraciones de Daniel Ortega, en las que alabó a las comunidades indígenas; la persecución, la corrupción y el abandono a estas comunidades contradicen su discurso. El equipo de Diver-Check hace un balance de las últimas acciones del régimen.
El cinco de enero de 2023, 14 representantes de pueblos originarios miskitos y mayangnas firmaron una proclama denunciando agresiones a sus lenguas, culturas, costumbres, tradiciones y a sus tierras legítimas, por los gobiernos de turno, deteniéndose, en particular, en lo que están sufriendo desde 2007 con la llegada del dictador Daniel Ortega al poder. Entre las demandas se encuentra el hambre, la invasión de colonos, los asesinatos, la crisis sanitaria, la inseguridad, el impacto del cambio climático, la falta de acceso a la justicia y el abandono estatal, que viven las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
A la vez reclamaron por el despojo de algunas alcaldías al partido indígena Yatama durante las elecciones municipales del pasado 6 de noviembre. Denunciaron también el otorgamiento de concesiones de pesca a empresarios chinos y colonos sin el consentimiento de las comunidades, así como la protección de colonos por parte de funcionarios del régimen.
La invasión de las tierras indígenas comenzó en la década de 1990, cuando se entregó terrenos a desmovilizados del Ejército y de la Resistencia (Contra), enfrentados en la década revolucionaria, pero el incremento de ocupaciones y la violencia con decenas de muertos inició desde el año 2012.
Hasta esa fecha los líderes indígenas habían denunciado que “los colonos han asesinado a 64 indios miskitos y mayangnas. Estas muertes han quedado en la impunidad. No hay justicia para las violaciones de derechos humanos de las comunidades indígenas. Sumado a esto los 1,163 indígenas asesinados en la década de los años 80, todos ellos por defensa de la madre tierra”. A lo largo del 2023 se ha reportado el asesinato de seis personas pertenecientes al grupo étnico mayangna.
Recientemente, el régimen realizó la detención arbitraria de cuatro guardabosques pertenecientes a la comunidad Mayangna Sauni As realizada en la madrugada del domingo, esto como represalia por haber denunciado las ventas, arriendos y concesiones ilegales de sus territorios a mineras, y por haber expuesto la existencia de grupos armados de colonos que invaden sus tierras, indicó un activista de la organización indígena Prilaka a DIVERGENTES, quien solicitó el anonimato. Tanto la Fundación del Río y personas defensoras de los pueblos indígenas señalaron su preocupación ante el aumento de las detenciones contra personas de la comunidad mayangna que ahora suman siete.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, el 13 de abril de 2023, la Resolución 20/23, mediante la cual otorgó medidas cautelares a las personas privadas de libertad del pueblo indígena mayangna, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua.
La CIDH solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios, considerando su condición de personas pertenecientes a un pueblo indígena, sin embargo, no hubo ninguna respuesta de parte del régimen.
El pasado 11 de agosto, la doctora Clarisa Ibarra Rivera, directora nacional de la Defensoría Pública afirmó que “Nicaragua es el país que mejor aplica las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad”. Las 100 Reglas de Brasilia tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Entre las personas en situación de vulnerabilidad se encuentran quienes pertenecen a comunidades indígenas o a minorías. No obstante, los últimos acontecimientos en los territorios indígenas demuestran lo contrario a lo dicho por la directora nacional de la Defensoría Pública.