Detención de guardabosques mayangnas es “represalia” por denunciar invasión de colonos

Los guardabosques detenidos por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua son reconocidos por oponerse a la invasión de los colonos que usurpan territorios indígenas para instalar industrias extractivas. Con esta detención suben a siete los indígenas privados de libertad desde 2021


La detención arbitraria de los cuatro guardabosques pertenecientes a la comunidad Mayangna Sauni As realizada en la madrugada del domingo es una represalia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por haber denunciado las ventas, arriendos y concesiones ilegales de sus territorios a mineras, y por haber expuesto la existencia de grupos armados de colonos que invaden sus tierras, indica un activista de la organización indígena Prilaka, quien solicitó el anonimato.

“Las personas detenidas son guardabosques y comunitarios que hacen un trabajo de vigilancia, monitoreo y denuncia de la presencia de colonos en territorios indígenas, e incluso los han desalojado en algunos casos. Las familias y las comunidades dicen que fueron detenidos para detener esa labor y para dar un mensaje a otros comunitarios que también están denunciando en sus territorios”, señala.

Los guardabosques del sector Kahkah del territorio Mayangna en la Biósfera de Bosawás, Rodrigo Bruno Arcángel de 48 años; Victor Castro de 20 años; Stony Bruno Smith de 28 años; y su hijo menor de edad cuya identidad no se hizo pública, fueron detenidos violentamente por miembros de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y del Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua el pasado 13 de agosto, de acuerdo con denuncias de organizaciones indígenas.

La detención fue realizada entre las dos y las cuatro de la madrugada con uso de técnica canina y de bombas lacrimógenas, las cuales fueron lanzadas dentro de las viviendas aún con las familias dentro, incluyendo a niños y niñas, según los comunitarios.

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Los guardabosques eran reconocidos en su comunidad por oponerse a la invasión de colonos en sus territorios. Tan sólo días antes de su detención habían denunciado públicamente la usurpación de tierras para ventas a mineras, por parte de un colono conocido únicamente como “Halcón”.

Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, dijo a DIVERGENTES que se confirmó el traslado a Managua únicamente de Arcángel, Castro y Smiths este lunes. Con la detención de ellos serían siete personas indígenas arrestadas arbitrariamente desde 2021 en un contexto de criminalización por la defensa del derecho a la tierra.

“Con estos tres guardabosques, más las cuatro personas detenidas en la masacre de Kiwakumbaih, sumarían siete indígenas detenidos de forma arbitraria, cuatro de ellos ya procesados y con una condena de cadena perpetua”, señaló Ruiz.

Hasta ahora las familias no han recibido ningún comunicado oficial por parte de la Policía Nacional o el Ejército de Nicaragua que expliquen los motivos de las detenciones, y solicitan asistencia legal para sus familiares.

Comunidad vulnerable 

Detención de guardabosques mayangnas es “represalia” por denunciar invasión de colonos
Foto de archivo de una comunidad indígenas en el Caribe Norte de Nicaragua. Foto de Divergentes.

La comunidad indígena Mayangna Sauni As es una de las más vulnerables ante los ataques de colonos, asesinatos y robos de tierra de toda la Costa Caribe. Solo en este año se han reportado el asesinato de seis personas pertenecientes a este grupo étnico. 

El primer caso de este 2023 ocurrió el pasado 11 de marzo en la comunidad de Wilú, donde cinco hombres mayangnas fueron asesinados por colonos, además de las casas de la comunidad quemadas; y el último caso ocurrió el 24 de abril contra otro mayangna de la comunidad Alal.

De acuerdo con un comunicado de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (INANA-IAP), estos grupos de colonos han asesinado a más de 50 indígenas mayangnas y miskitos por la usurpación de tierras. A pesar de que las comunidades han denunciado y señalado a los culpables, sus asesinatos no llegan a la justicia.

Por su parte, las comunidades mayangnas denuncian que la Policía y el Ejército detienen y agreden a los defensores de sus bosques, pero no a las bandas de colonos que toman sus territorios protegidos de manera ilegal, asesinan a sus dueños y desplazan a la población indígena forzadamente, a pesar que han sido denunciados en múltiples ocasiones.

“La Policía Nacional y los efectivos del Ejército han detenido a comunitarios defensores de la comunidad y de los bosques (…), mientras tanto, no han desarticulado a las bandas armadas de El Halcón, Los Miranda, ni a todos los miembros de la Banda Chabelo que operan libremente en los sectores Kahkah, Daka Was y Sulun Waspuk”, afirma INANA-IAP.

Ante estas detenciones, las comunidades tienen temor de continuar denunciando las tomas de sus tierras y las acciones perpetradas por estos grupos armados.

Siete indígenas privados de libertad

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Foto de archivo de Divergentes.

Mientras tanto la Fundación del Río y personas defensoras de los pueblos indígenas que solicitaron anonimato señalaron su preocupación ante el aumento de las detenciones contra personas de la comunidad mayangna que ahora suman siete.

“En estos territorios hay un precedente negativo que es la detención de los cuatro mayangnas condenados a cadena perpetua por la masacre de Kiwakumbaih, a pesar que los sobrevivientes dijeron que los criminales eran los colonos y que son los que los han estado atacando”, dice uno de los defensores.

Además de las personas detenidas el pasado domingo, hay otros cuatro indígenas privados de libertad desde 2021. Estos fueron acusados y condenados a cadena perpetua por supuestamente cometer la masacre de Kiwakumbaih ocurrida el 24 de agosto de 2021, en la que 11 miskitos y mayangnas fueron asesinados  y dos mujeres fueron abusadas sexualmente.

Pese a que los testimonios de las personas sobrevivientes indicaron que los asesinos fueron 40 colonos, la Policía arrestó a cuatro indígenas, incluyendo a uno de los sobrevivientes, los cuales fueron posteriormente juzgados por la Corte Suprema de Justicia.

En julio de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó mediante una resolución la liberación de estas personas, sin embargo, hasta la fecha la dictadura Ortega y Murillo ha hecho caso omiso.


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