Fue un juicio cargado de irregularidades: la Fiscalía no pudo presentar ante el juez la principal prueba que demostrara la acusación por lavado de dinero. Se trató del análisis de los peritos a cargo de la investigación contra la precandidata presidencial Cristiana Chamorro, los exempleados Marcos Fletes y Walter Gómez, el conductor Pedro Vásquez y el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro.
“Tanto el Juez Luden Martín Quiroz García, el Fiscal Carlos Espinoza y los oficiales de policía que declararon, trataron de justificar la ausencia de la prueba [la investigación de los peritos] alegando que no sabían su paradero, porque seguramente se seguía realizando peritaje sobre la misma”, afirma una fuente cercana al caso. Esta y otras irregularidades evidencian cómo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido a la justicia en un teatro y a sus funcionarios en marionetas que controlan para castigar a voces críticas en Nicaragua.
Tras nueve meses de privar la libertad de los cinco ciudadanos nicaragüenses, el juez Luden Martín Quiroz García dictó condena el pasado viernes, mientras que la Fiscalía pidió hasta 13 años de cárcel. Para una fuente ligada al caso, que expuso las irregularidades de todo el proceso, el juicio estuvo viciado desde el inicio. La muestra de ello fue que las detenciones y allanamientos sucedieron sin órdenes judiciales previas.
Durante el primer día del juicio –el 3 de marzo– los abogados defensores recalcaron que el proceso se realizaba en una cárcel, la Dirección de Auxilio Judicial, y no en la sede judicial de Managua. También reclamaron sobre el hermetismo con el que el juez lo llevó a cabo, ya que ninguno de los juicios políticos realizados por el régimen ha sido oral y público como manda la legislación del país. Además, denuncian que las autoridades judiciales alegaron durante varios meses “exceso de trabajo” para justificar el alargamiento del proceso.
Recibe nuestro boletín semanal
“Ante el interrogatorio de los defensores, los oficiales de policía confesaron que ellos no habían participado en los actos de los que daban fe las respectivas actas firmadas por ellos, es decir que dieron fe de algo de lo que no tenían certeza”, narra la fuente. Además, todos los oficiales que pasaron por el estrado aseguraron que la información en la que basaron su testimonio fue proporcionada por sus jefes. “Asimismo confesaron que no sabían sobre el objeto de la investigación ni cuáles delitos suponían estar investigando”, agrega.
Este juicio también evidenció la clara desventaja que tienen los acusados ante el aparato judicial del régimen. Mientras que los fiscales pudieron acceder con sus computadores y teléfonos con conexión a internet, la defensa fue sometida a un detallado registro corporal y se les negó el acceso a todos sus equipos electrónicos. Solo el juez y la Fiscalía podían consultar las notas en sus ordenadores.
“Después de ser secuestrados por la policía, a todos los procesados les realizaron audiencias clandestinas en las que no les permitieron estar representados por abogados de su elección y en las mismas se ordenó mantenerlos privados de libertad, sin acceso a sus abogados y sin conocer el contenido de la acusación establecida en su contra”, explica la fuente.
La justicia del régimen negó todos los escritos que solicitaron los abogados con el fin de acceder a los expedientes de la acusación. Tampoco se les permitió entrevistarse con los detenidos ni chequeos médicos por las condiciones carcelarias a las que son sometidos. La única vez que pudieron ver a sus defensores fue cuando se realizó la audiencia inicial del caso. Otra irregularidad fue que a los abogados se les mostró cinco minutos antes de la primera audiencia la acusación de la Fiscalía.
“Los defensores alegaron y demostraron la nulidad del proceso por la detención ilegal, la violación a la presunción de inocencia, la violación de derecho de disponer de tiempo y medios para la defensa, al derecho a conocer los cargos que se les imputaban. Todos estos son derechos constitucionales de los procesados”, detalla la fuente.
Un mes después de dicho evento, los fiscales accedieron a entregar las copias de la supuesta acusación, pero sin la totalidad de todas las pruebas. Entre septiembre y febrero de 2021, los defensores pidieron al juez Quiroz García que permitiera una entrevista con los detenidos para preparar la defensa y que también fueran examinados para conocer su salud. También estas peticiones fueron rechazadas.
SIP condena el juicio
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) definió este lunes como una “aberración a las libertades de expresión y de prensa” las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, integrantes del directorio del diario La Prensa. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que “es obvia la falta de independencia de los jueces nicaragüenses que siguen emitiendo fallos sin debido proceso para satisfacer a la dictadura”. Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, agregó que “estas condenas son una aberración contra las libertades de expresión y de prensa y una afrenta al Estado de derecho”.
Cristiana Chamorro, exaspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), en arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021, fue declarada el 11 de marzo culpable de lavado de dinero, apropiación y retención indebida. “Violentan la libertad de expresión y seguiré defendiendo ese legado que dejó mi padre”, dijo al escuchar el veredicto y en referencia al director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, dijo que “con estos fallos, el régimen Ortega-Murillo trata de legitimar el cierre de medios y la persecución de periodistas”. Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, añadió que “el gobierno ya ha logrado cerrar el círculo de la censura absoluta”.
La justicia también condenó a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, exvicepresidente de la FVBCh. Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, junto a Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de La Prensa encarcelado desde el 14 de agosto de 2021, integran el directorio del periódico.
La lectura de la sentencia está prevista para el 21 de marzo. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Cristiana Chamorro y nueve para Pedro Joaquín Chamorro. El 11 de marzo también fueron condenados dos extrabajadores de la FVBCh, Walter Gómez y Marcos Fletes, para quienes la Fiscalía solicita 13 años de cárcel, y siete contra Pedro Vásquez, conductor personal de Cristiana Chamorro.
La FVBCh cesó operaciones en febrero de 2021, cuando el gobierno implementó una ley para controlar la financiación externa que recibían organizaciones no gubernamentales. En febrero fueron sentenciados los periodistas Miguel Mora, a 13 años, y Miguel Mendoza, a nueve años de prisión. (Con información de EFE).