Este jueves inició el juicio en contra de la exdirectora de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, acusada por el Ministerio Público por los delitos de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica, gestión abusiva y lavado de bienes y activos. En la causa están vinculados Walter Gómez y Marcos Fletes, administrador financiero y contador; también el conductor Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro, hermano de la exprecandidata presidencial.
La precandidata presidencial más popular, según las encuestas, fue trasladada de su casa a “El Chipote” para asistir al juicio. Al llegar a la prisión, le pusieron un uniforme carcelario, esposas de plástico y fue ingresada en una celda.
El juicio empezó a las ocho de la mañana en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Chipote”, y fue suspendido a las tres y treinta de la tarde. Según una denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), hubo un enorme despliegue policial por la mañana.
Hasta ahora la Fiscalía ha presentado a más de una docena de testigos. Algunos han sido coaccionados para ir a declarar en el proceso judicial. “A los que se negaron, los mandaron a traer con policías a sus casas”, afirmó una fuente cercana a los abogados de los acusados.
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Cristiana, Marcos y Walter son acusados por los cargos de apropiación y retención indebida, falsificación ideológica, gestión abusiva y lavado de bienes y activos. Pedro Joaquín está vinculado a la causa por cometer todos los delitos menos el de lavado de dinero, bienes y activos. Pedro, el chofer de la exdirectora de la Fundación, es imputado por ser colaborador necesario para cometer lavado de dinero.
A diferencia de todos los acusados en este caso, la única que tenía arresto domiciliario era Cristiana Chamorro, quien fue trasladada desde su casa hasta “El Chipote” y viceversa, para estar en el juicio.
La exdirectora de la Fundación permanece en su casa desde el 2 de junio de 2021 totalmente incomunicada, sin acceso a televisión o comunicaciones. Fuentes policiales relataron a DIVERGENTES que deambula por las dos salas principales y que en las afueras de la vivienda permanece la escolta de la Dirección de Operaciones Especiales.
En el caso de los otros acusados, los abogados defensores han denunciado constantes irregularidades en el proceso como el hecho de que el juicio no sea oral y público pese a que la Ley así lo mandata. Los familiares de los detenidos han manifestado su preocupación por el estado de salud de sus allegados, y las constantes torturas físicas y psicológicas a las que han sido sometidos.
Un juicio de muchos días
El delito de lavado de dinero, bienes y activos es de tramitación compleja, es decir, que tiene duplicidad en términos procesales. “Si el plazo máximo con una persona detenida es de tres meses, para los acusados por este delito puede ser de seis. Y si es de seis meses sin persona detenida, podría ser hasta de un año. Esa es la diferencia de este proceso con el de los otros presos políticos”, explicó Eilyn Cruz, abogada de Acción Penal.
Cruz señaló que si el juicio oral y público de Juan Sebastián Chamorro, Tamara Dávila, entre otros, duró siete días, el proceso en contra de Cristiana y los demás implicados fácilmente puede duplicar la cifra por ser acusados por un delito que es tomado como tramitación compleja.
Otra particularidad del caso que fue señalada por Cruz, es que cuando los acusados son declarados culpables, la Ley ordena que se les decomise todos sus bienes y pertenencias. Es decir que la Guadalupana, la casa clave para la paz en los 90 que Daniel Ortega convirtió en la “cárcel” de Cristiana, podría terminar en manos del Estado.
“Llama la atención que una de las personas que figura como supuesta víctima es Cristiana María Lacayo, la hija de Cristiana. Esto se debe a una maniobra del Ministerio Público en el sentido de que el delito de gestión abusiva, para que pueda ser tramitado, tiene que existir una denuncia de un miembro de la Fundación o de la junta directiva. En este caso las autoridades están usando de forma arbitraria el nombre de Lacayo para efectos de tenerla constituida como víctima, cuando esto no es así”, señaló la abogada de Acción Penal.
Se espera que el proceso judicial continúe este viernes cuatro de marzo en “El Chipote”. Por el momento los familiares de los acusados prefirieron no brindar ninguna declaración sobre el juicio.
Condenan al grupo de los siete
Este jueves el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua, dictó sentencia en contra de José Pallais, jurista e integrante de la Coalición Nacional; Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, todos aspirantes a la presidencia en el 2021; José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Violeta Granera Padilla y Tamara Dávila, ambas activistas e integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
El juez sandinista condenó a ocho años a Granera y Dávila. A nueve años al catedrático Arturo Cruz y a trece años a Madariaga, Chamorro, Pallais y Aguerri.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los declaró culpables por el delito de “conspiración”. La principal coartada de la Fiscalía fue que los procesados participaron en grupos de WhatsApp. El proceso duró siete días, luego de la presentación de 32 testigos y pruebas documentales que no pudieron sustentarse.