La guerra de Nicaragua contra el mar

La pesca de arrastre y con trasmallo están acabando con los recursos del mar. Ambas prácticas generan un impacto negativo al ecosistema marino y pone en riesgo no solo la biodiversidad acuática, sino la seguridad alimentaria de los nicaragüenses. De sur a norte, en el pacífico del país, la fauna marina disminuye sin que el gobierno ejecute una estrategia que mitigue los efectos. “No existe una política que conduzca a cuidar los recursos”, señala una fuente vinculada al gobierno.

Por Divergentes (@DivergentesCA)
17 de noviembre 2021

El hombre pedalea con dificultad. Poco a poco avanza sobre la calle que conecta la terminal portuaria de San Juan del Sur, en Rivas, con el principal acopio pesquero de la ciudad. En la parte delantera de su bicicleta tiene una amplia canastera en la que caben seis cajas que hoy, un miércoles cualquiera de septiembre, trae repletas de “parguitos”. “Viene cargado”, dice Fernando*, un pescador que espera a la par del puesto donde finalmente entregará estos peces que son crías de pargos rojos y que no cumplen con la talla mínima para extraerlos del mar y comercializarlos. “A veces trae menos, a veces lo mismo, pero últimamente le cuesta sacarlo”, explica el lugareño.

Aunque la resolución ejecutiva 003-2012, aprobada por el entonces presidente ejecutivo de Inpesca, prohíbe la pesca de especies que no cumplan con la talla mínima para su comercialización, en el acopio “San Juan” nadie dice nada sobre el tamaño de los “parguitos”. Ni el dueño del local ni los trabajadores del puesto se detienen a examinar las medidas de las especies que fueron pescadas esta mañana. Por ahora, la misión de estas personas es pasar el producto a un contenedor con hielo para mantenerlo fresco y que la cadena de ilegalidad continúe su curso.

“Es una enorme presión, pero no es la única”, señala Orlando*, un experto con amplio conocimiento de los ecosistemas marinos de Nicaragua. Desde la bahía de San Juan del Sur hasta Puerto Corinto, en Chinandega, navega el otro problema. Se trata de barcos de arrastre nacionales y de origen costarricense que faenan en el Pacífico desde hace varios años en busca de camarón, su principal especie objetivo, que se encuentra en las profundidades del mar.

“Los barcos están arrasando con todo”, dice Fernando, quien explica el impacto de la pesca de arrastre: “Es como una bolsa que se lanza hasta tocar tierra, pero dentro del agua, y jala todo con esas cadenas de hierro, con decirle que hasta los corales se lleva”.

Fernando dejó de pescar hace muchos meses, ahora se dedica al turismo para “medio mantener” a su esposa y sus hijos. Dice que no puede competir contra otros pescadores porque estos tienen mejores embarcaciones y mayores beneficios para comprar combustible a menor costo. Y obviamente tampoco puede competir con las embarcaciones industriales.

“Es una guerra contra el mar y parece que la estamos ganando”, expresa el experto, quien cuestionó la falta de estrategias y políticas públicas de parte de la administración sandinista para paliar los efectos negativos de dos prácticas, una más que la otra, que están presionando el ecosistema marino.

Pesca de arrastre, el método oportunista

En el acopio de San Juan del Sur, los pescadores extraen del mar peces que no cumplen con las tallas mínimas para su comercialización. | Divergentes

San Juan del Sur es una ciudad turística localizada al sur de Nicaragua. Es reconocida por sus playas, que gustan para navegar en veleros y surfear, y por tener una de las terminales portuarias mejor equipadas del país. En este sitio el trabajo de pescadores, dueños de restaurantes y autoridades municipales, ha permitido potenciar el turismo más que en otras zonas de Nicaragua.

La integración permitió durante muchos años que los recursos marinos de la zona no fuesen explotados indiscriminadamente, como en otras partes del Pacífico de Nicaragua, donde se practica la pesca de arrastre y no se respetan las vedas. Los lugareños, que además de dedicarse a la pesca también participan del turismo, denunciaban a las autoridades este tipo de prácticas nocivas para el ecosistema.

Sin embargo, la fórmula empezó a fallar desde hace cinco años. Las autoridades portuarias y municipales permitieron que barcos de arrastre nacionales y de origen costarricense faenen en las costas de San Juan del Sur sin importar el efecto negativo que representa para el ecosistema marino y la seguridad alimentaria de los propios pescadores. Estas embarcaciones buscan camarón, su especie objetivo, pero a su paso arrasan con cualquier cantidad de especies marinas que son importante para el ciclo de vida dentro del mar.

La presencia de barcos costarricenses en San Juan del Sur, y toda la costa del Pacífico, tiene que ver con la historia legal de los permisos para la pesca  de arrastre en Costa Rica, país que en el año 2012 prohibió la renovación de licencias de esta práctica extractivista.

“Las razones por las que Costa Rica prohíbe la pesca de arrastre, es por el daño irreparable que provoca a las especies marinas, y porque viola los derechos humanos de los costarricenses a tener disponibilidad de recursos marinos y poder usarlos de forma sostenible en el futuro. También porque no existen investigaciones suficientes para demostrar que la práctica se pueda desarrollar de forma  racional y sostenible”, explicó Orlando.

Lo que ocurrió luego de la cancelación de las licencias fue una solicitud expresa realizada por los dueños de barcos costarricenses al gobierno de los Ortega-Murillo, para realizar una “investigación” que permitiera conocer el estado de los recursos pesqueros para su posterior explotación, explicó un exfuncionario del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca) consultado por DIVERGENTES. “Personalmente nunca conocí los resultados. Solo se comenzaron a registrar los datos de extracción por pesca industrial a partir de esos años”, agregó.

El anuario estadístico de 2018 publicado por el Inpesca reafirma lo dicho por el exfuncionario de esta institución. La explotación de camarón por pesca industrial hecha por embarcaciones de arrastre ese año representó el 49% del volumen total. Y uno de los barcos que esa entidad promueve en su informe es el Cap. Hemingway P.6895, con bandera de Costa Rica.

El Hemingway P.6895 es solo uno de varios barcos que han realizado pesca de arrastre desde 2016 en las costas de Nicaragua. La embarcación fue identificada por pescadores de San Juan del Sur consultados para este reportaje.

“Todos estos barcos pasan semanas mar adentro. Ellos andan arrastrando todo y cuando están llenos los compartimientos es que bajan al puerto. Un día antes un camión blanco los espera y el día del desembarque se lleva el producto. ¿Dónde? No sabemos”, cuenta Fernando.

Los efectos que han provocado los barcos de arrastre en el ecosistema marino, han sido denunciados desde 2017 por organizaciones de la sociedad civil. Aunque las denuncias tenían soportes del impacto negativo, el Inpesca no se manifestó al respecto. Al contrario, guardó silencio por los ingresos y beneficios que ha generado la  emisión de estas licencias y la pesca industrial.

Un estudio realizado ese mismo año (2017) por el Centro Humboldt, reveló que la presión pesquera y de sobrepesca de recursos como langosta, caracol y pepino en los alrededores del municipio de Corn Island estaban teniendo un impacto importante en los  ecosistemas marinos, evidenciados por el crecimiento acelerado de algas, la presencia de plagas, la ausencia de peces carnívoros en los ecosistemas, así como la reducción de poblaciones de  especies herbívoras.

En el Pacífico el impactó se mide por las grandes distancias que los pescadores tienen que recorrer para faenar y encontrar peces. “Ya casi no se ve el Dorado y el Robalo, así tan grandes como hace muchos años”, cuenta Eugenio*, un veterano pescador de Rivas.

“Nos estamos quedando sin peces”

Un barco de origen costarricense navega por el Pacífico de Nicaragua. Naves como estas continúan realizando pesca de arrastre y cuentan con el permiso del gobierno. | Cortesía

Eugenio es uno de los pescadores más viejos que habita en San Juan del Sur. Ha navegado en el Pacífico de Nicaragua a tal punto de afirmar que lo conoce como la palma de su mano. Nos recibe en su casa, desde donde se escucha el sonido de las olas. Nuestra visita es de mucho interés por una denuncia específica.

“Los barcos de arrastre están destruyendo nuestros desgastados bancos de pesca”, dice al empezar la entrevista. “El gobierno debe cancelar las licencias y hacer que regresen de donde vinieron”, continúa.

La preocupación de Eugenio tiene muchos años. Aunque ha hablado con autoridades municipales y del Inpesca para exponer sus razones, sus palabras no han sido escuchadas. “No sé si tienen un negocio con los barcos, lo desconozco. Lo que puedo asegurarte es que nos estamos quedando sin peces”, afirma.

El impacto de la pesca de arrastre, que incrementó a partir de 2016, es notorio en pleno 2021. Eugenio explica que los pescadores tienen que recorrer enormes distancias para pescar especies de buen tamaño y posteriormente comercializarlo.

Para este pescador la prueba más clara de que “la cosa está mal” es la dificultad que tienen los comunitarios para capturar especies como el Dorado o para conseguir langostas verdes que cumplan con la talla mínima aceptada por el Inpesca. “Por eso es que estamos llevando pescaditos a los acopios”, justifica Eugenio, quien está claro que la comercialización de esas especies es ilegal.

En el Pacífico los principales recursos pescados son la langosta, el camarón y los peces (también nombrados como escamas). El anuario estadístico de Inpesca publicado en 2018 (el último), nuevamente prueba lo dicho por Eugenio y por los expertos que desde hace cinco años han denunciado el impacto del arrastre.

Durante el primer año de faena de los barcos de arrastre, las libras de langosta disminuyeron considerablemente si comparamos el dato de 2009 (405,772 libras) con el de 2016 (111,917 libras). Aunque no existen datos actuales, la realidad en los acopios y restaurantes en San Juan del Sur, Masachapa y San Rafael del Sur, ofrecen una idea del impacto.

En estos lugares, por ejemplo, las especies que se comercializan no superan la talla mínima aprobada por el Inpesca. DIVERGENTES constató que en dos restaurantes la langosta verde apenas tenía 10 centímetros de longitud y los pargos rojos no superan los 12 centímetros.

El experto en ecosistemas marinos entrevistado por este medio de comunicación explica por qué el efecto se ha notado tan rápido en estos cinco años:

“La red que usan estos barcos, en la parte superior, tiene una parte abollada, y en la parte inferior, una cadena bastante gruesa y pesada que se va arrastrando por el fondo del mar y que rompe, desbarata y arranca cualquier forma de vida que se encuentre a su paso. Entonces, por ejemplo, la langosta joven no alcanza a reproducirse y disminuye su volumen. Y como los barcos navegan kilómetros y kilómetros de distancia, el efecto es brutal”, detalla Orlando.

Aunque es ilegal extraer especies de menor tamaño del mar, el Inpesca no hace nada por recordar la prohibición que norma esta actividad. | Divergentes

Y aunque el impacto es notable, las autoridades poco hacen para frenar el arrastre. La razón de la nula intervención otra vez la tenemos en el anuario estadístico de Inpesca. Los desembarques de camarón costero, que es la especie objetivo de los barcos industriales, aumentaron de 1,608 libras en 2012 a 876,401 en 2018. Si bien esta actividad pesquera va en aumento, los datos negativos respecto a las otras especies no compensan los grandes volúmenes extraídos.

Para camuflar los datos de volumen de pesca, la institución gubernamental incluye en sus estadísticas las libras de especies que no superan las tallas mínimas reglamentadas por el decreto 0003-2012. La pesca de escama en el Pacífico, que se hace con tres métodos artesanales entre ellos el trasmallo, reportó un aumento de 5,991,429 libras en 2009 a 11,599,829 en 2018.

El incremento también está relacionado con el aumento de embarcaciones artesanales que faenan en el Pacífico. El dato no aparece en los reportes del anuario de Inpesca. Tampoco el incentivo fiscal en la gasolina para la pesca artesanal.

El exfuncionario de Inpesca consultado por DIVERGENTES explicó que el dato del incremento de volumen de pesca es engañoso, porque apunta a una rentabilidad de cada viaje de pesca.

“Sin embargo, en realidad el volumen puede estar decreciendo dado el mayor número de embarcaciones dedicadas a la misma actividad. Por otro lado, no contamos con  información científica que respalde que el aprovechamiento en esos volúmenes, para las diferentes especies se puede seguir dando, así como tampoco tenemos información que compruebe que estos volúmenes de  extracción no están afectando a otras especies, otras poblaciones o a la salud del ecosistema mismo”, agregó Orlando.

Otro problema, la pesca con trasmallo

Los pescadores artesanales del Pacífico de Nicaragua utilizan el trasmallo para extraer especies del mar. Este es un método que no es selectivo y pone en riesgo otras especies. | Divergentes

En el acopio “San Juan”, localizado en las cercanías de la Empresa Portuaria Nacional de San Juan del Sur, Rivas, la venta de “parguito” y de langostas es en grandes cantidades. Desde las siete de la mañana, con la primera pesca de estas especies, se empieza la distribución a extranjeros que tienen hostales o dueños de restaurantes que envían a sus empleados por la cantidad encargada con antelación.

A las ocho y media de la mañana el “parguito” y la langosta pequeña “voló”. “Ahorita no tengo. Vas a tener que esperar que venga, eso es en un rato”, dice uno de los dueños de acopios de la zona. El tiempo de espera es de aproximadamente tres horas. Tenemos que aguardar por otro desembarque de pescadores que se encuentran navegando a unos 20 y hasta 30 kilómetros de la bahía.

En el Pacífico de Nicaragua las embarcaciones artesanales utilizan el trasmallo de superficie, de fondo, anclados y sin anclar, para pescar. La red está hecha principalmente para capturar peces que transitan en la columna de agua. Es un método poco selectivo que atrapa cualquier especie, de cualquier tamaño, comercial o no comercial.

Hace unos diez años los tamaños de las especies que los pescadores sacaban del mar con trasmallos superaban los 28 centímetros de talla. Eran peces y langostas enormes que se vendían a grandes empresas que hacían pedidos especiales a los acopios. En esa época el tiempo que permanecían las redes en altamar era mucho menor que ahora. Si antes las tiraban por unas cinco horas, actualmente pueden pasar hasta dos días.

La principal consecuencia de que los trasmallos permanezcan más tiempo en el mar es el alto riesgo de que en las redes queden atrapadas especies jóvenes que no se han reproducido, y que a la larga detiene el incremento de las mismas en el mar.

Otro efecto inmediato de este método de pesca es la captura de tiburones, tortugas y delfines, que si bien no se comercializan, terminan muertos porque los hilos del trasmallo están hechos de nylon y lastima a la fauna marina.

El experto en ecosistemas marinos entrevistado por DIVERGENTES concluye, después de años de investigación en Nicaragua y de analizar situaciones similares en países como Costa Rica (que ha resuelto el problema de la pesca no sostenible), que la destrucción que ocasionan los barcos de arrastre al ecosistema marino es la principal causa de que los pescadores tengan que navegar más kilómetros para pescar.

“Y si a esto le sumamos el uso indiscriminado de trasmallos producto de incentivos que el mismo gobierno otorga a los pescadores, como por ejemplo los bonos de combustibles, el aumento de embarcaciones que usan estas redes que cada día son más largas, entonces lo que ocurre es que sumamos más presión al ecosistema marino”, explicó.

La inquietud de Orlando va más allá de la presión que están recibiendo las especies del mar. Otra de sus preocupaciones es que la ciudadanía en general desconozca lo que ocurre con el ecosistema marino y que las autoridades, a pesar de percatarse del impacto negativo o de la pesca ilegal de especies que no superan la talla mínima autorizada en las normas técnicas, no hagan absolutamente nada por frenar este daño ambiental.

“Le estamos facilitando los medios técnicos a los pescadores para que puedan ir a pescar, pero no estamos haciendo lo más importante, que es investigar para tener un soporte científico que nos indique si se puede pescar todo el año determinada especie, si llegamos al volumen de pesca adecuado, o si la especie que estamos pescando tiene la talla indicada”, argumentó el experto.

La importancia de regular el tamaño de las especies extraídas del mar por los pescadores pasa por asegurarse técnicamente que los peces que están siendo capturados ya se reprodujeron al menos una vez, de tal manera que dejen una siguiente generación antes de que terminen cocinados en un restaurante o la casa de algún turista.

“Si los peces que están siendo capturados son cada vez más pequeños significa qué la población está siendo sobreexplotada, y por tanto no hay grandes cantidades de individuos de buen tamaño. Esto también es un indicativo de que los años siguientes la situación de la pesca va a ser más crítica, porque se nos está acabando el recurso y lo poco que nos queda, no le estamos permitiendo que se reproduzca”, argumentó Orlando.

El silencio cómplice del Gobierno

Los problemas ambientales del ecosistema marino nunca han sido prioridad para los gobiernos que han alcanzado la presidencia de Nicaragua, a pesar de que de los 370,000 kilómetros cuadrados que tenemos de extensión, 240,000 kilómetros cuadrados están en las plataformas marinas del Pacífico y el Caribe. 

Aunque más de la mitad del territorio nacional es agua, este no cuenta con instrumentos, mecanismos e instituciones que vigilen el uso racional y balanceado de los recursos naturales, geológicos y geográficos que ahí se encuentran, opina Orlando, el experto en ecosistemas marinos.

“Tradicionalmente se han manejado los recursos que tienen un valor de mercado, como la pesca, la acuicultura y la explotación de minerales e hidrocarburos, restando valor al ecosistema marino, y dando la falsa idea de que la explotación irracional de los primeros recursos no tiene relación con el impacto ambiental, arriesgando la sostenibilidad de las mismas actividades, así como la seguridad alimentaria, el derecho al empleo, el acceso a los recursos locales por parte de las comunidades en ambas vertientes y el desarrollo del turismo”, explica Orlando.

La Constitución Política de Nicaragua establece en el artículo 102 que “la preservación del ambiente, la conservación, desarrollo y explotación de los recursos naturales le corresponde al Estado”. En teoría, las instituciones del gobierno como Inpesca y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), deberían velar por el uso racional de los recursos marinos, sin embargo, no ocurre tal cual. 

En el papel, las actividades de pesca y acuicultura en Nicaragua están reguladas por la Ley 489, Ley de Pesca Acuicultura, y por su reglamento y la “Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Artes y Métodos  de Pesca”, publicada en La Gaceta en 2010. El objetivo de la ordenanza es  “asegurar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos”. La institución encargada de implementar dicha ley es el Inpesca, pero sus esfuerzos son nulos.

DIVERGENTES solicitó entrevistas con el Inpesca y el Marena,, sin embargo, hasta la publicación de este artículo, no respondieron nuestras llamadas.

Un análisis de la situación marina de Nicaragua realizado por la Agenda Ambiental Marina, señala que todos los recursos naturales marinos, el territorio y los servicios ambientales provistos por los ecosistemas marinos no tienen marco regulatorio, ni entidad responsable directa.

“Se supone y asume que por tratarse de recursos naturales deberían ser competencia del Marena, pero esta institución no tiene capacidad, conocimiento, experiencia, recursos, presupuesto, ni voluntad, para poder hacerle frente a la gestión de más de la mitad  del territorio nicaragüense en el mar”, explica Orlando, quien conoce de cerca el trabajo de esta institución.

Orlando expresa que en términos de la gestión institucional de los recursos del mar, la situación no es muy diferente a la que ocurre en tierra firme con los demás recursos naturales. Existe una atomización, división y separación de la  gestión por parte de las instituciones del Estado, de manera que cada institución vela únicamente por los  intereses económicos relacionados con el recurso o ecosistema correspondiente. En este sentido, se ha  perdido la visión holística de la gestión ambiental, y se ha transformado en micro gestores temáticos con poca (o casi nula) coordinación.

“Entonces se puede concluir que no todas las instituciones tienen una definición clara de  cuáles son sus responsabilidades, competencias y funciones en relación a los recursos del mar; no tienen el conocimiento y la capacidad para poder comprender el alcance de su función y responsabilidad; y no cuentan con suficiente personal ni con suficiente presupuesto para poder administrar un territorio de más de 200,000 kilómetros cuadrados en el mar”, aclara el experto.

El análisis realizado por la Agenda Ambiental Marina, agrega que al vacío de funciones se suma un vacío de definiciones, conceptos, marco legal y voluntad política para poder gestionar de forma sostenible el patrimonio marino. Para el grupo de expertos que elaboraron este informe, en Nicaragua se ha preferido, y dado prioridad a asuntos que presenten una oportunidad de negocios sobre cualquier otra función que sea relevante, para la conservación de un territorio  que provee invaluables servicios ambientales y oportunidades de desarrollo para el país.

“En términos de gestión del territorio marino, de acuerdo con la legislación nacional, solo hay dos formas de  regular las actividades que pueden acontecer en un territorio determinado: estableciendo el área como  “protegida” o dándola en concesión a un tercero para un propósito específico. Las regulaciones pesqueras no  caben dentro de este acápite, dado que están dirigidas a administrar un recurso, independientemente del  área en donde se pesque”, agrega el análisis.

La protección de un área, afirma el experto, puede darse por dos instancias diferentes: que el Inpesca establezca un área con restricciones para un tipo de pesca (o al contrario, defina áreas para artes de pesca exclusivas), o que un espacio sea declarado como Área Protegida por la Asamblea Nacional, restringiéndose ciertos usos, actividades o artes según el objetivo para el que fue creada.

Dentro de los recursos que no cuentan con un valor económico directo se encuentran los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ambientales marinos. La gestión de los mismos hasta el día de hoy es incierta, pues no hay una definición clara sobre qué responsabilidades y competencias recaen en el Inpesca y el Marena para los recursos y el ecosistema marino.

“Este vacío legal y administrativo es consecuencia de la falta de información disponible, así como de la poca investigación que se lleva a cabo en el país, y el desconocimiento generalizado del territorio marino y nuestro patrimonio. Dado que el enfoque de gestión de los recursos del mar ha estado basado en la posible  monetización de los mismos, no se han tomado en cuenta aquellos recursos que forman parte del mismo  sistema del que nosotros aprovechamos recursos como langostas, pargos, caracol, camarones”, señala Orlando.

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