El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha otorgado siete contratos de exploración y explotación petrolera a las empresas Infinity Energy Resources, Statoil y Pan American Oil Limited en el Pacífico y el Caribe de Nicaragua. Aunque estas compañías, en teoría, han destinado millones de dólares para estudios específicos en el territorio y las costas nacionales, todavía no han logrado superar la fase de exploración. El gobierno sandinista, sin embargo, continúa ofreciendo concesiones pese a los resultados negativos. Expertos analizan qué hay detrás de los ofrecimientos gubernamentales y el daño ambiental que podrían ocasionar la explotación petrolera.
Nicaragua siempre ha aspirado a ser una Venezuela en Centroamérica. El sueño de extraer petróleo ha estado latente durante décadas. La fe de que de estas tierras pueda brotar uno de los minerales más codiciados del planeta, podría representar el descubrimiento del siglo para esta pequeña nación. También podría darle poder y estatus a cualquier gobernante que lo consiga. Más poder, sin duda. Pero entre los sueños y la realidad hay un abismo. Los años han pasado, las concesiones continúan puestas a disposición de cualquier empresa, pero el oro negro no aparece, pese a que en los últimos años se han aprobado siete licencias para la exploración petrolera.
Nicaragua posee un área total de 56, 510 kilómetros cuadrados disponibles para la explotación de hidrocarburos, una zona ubicada en Costa Afuera del margen Caribe y Pacífico Costa Adentro y Costa Afuera, según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM). La búsqueda ha sido infructuosa en los casi 90 años que lleva viva dicha misión. Rastrear petróleo en el país es como la eterna búsqueda del El Dorado, la leyenda de una ciudad edificada en oro que obsesionó a los conquistadores españoles en América del Sur, y de la cual nunca nunca se tuvo referencia a expensas de las innumerables expediciones motivadas por la fe y los sueños.
En esta ilusión, las zonas de exploración están repartidas en siete concesiones vigentes: dos en el Caribe y cinco en el Pacífico. La primera es Pan American Oil Limited, con un área de 3,213 kilómetros cuadrados en el Pacífico Costa Afuera. Esta es una empresa marcada por mucha opacidad. No cuenta con una oficina formal y ni siquiera una página web.
La segunda empresa es la noruega Equinor (Statoil antes de 2018), con cuatro concesiones que suman en total 15,995 kilómetros cuadrados en el Pacífico Costa Afuera. Y por último, la compañía estadounidense Infinity Energy Resources, Inc. tiene dos contratos en el Caribe Costa Afuera de Nicaragua que representan un total de 5,610 kilómetros cuadrados aproximadamente.
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Para que las costas de Nicaragua fueran repartidas a un puñado de exploradores, el Estado tuvo que tener un especial interés en abrir las concesiones, y para esto, eliminó los requisitos de los estudios de impacto ambiental con el fin de facilitar a las empresas las faenas de extracción.
“Es precisamente para promover estas actividades extractivas, eso es un eje importante para decir que el régimen ha trastocado el sistema ambiental para permitir los proyectos extractivos, incluyendo las concesiones petroleras que gozan de una serie de mecanismos financieros y fiscales para poder establecerse y volverse entre comillas competitivas con otras plataformas continentales de otros países”, asegura Amaru Ruiz, uno de los más destacados biólogos nicaragüenses que hoy se encuentra en el exilio por la persecución del régimen a su trabajo.
Si hay una empresa que domina las concesiones en el Pacífico, es Statoil. Apostó por adquirir cuatro licencias en la Costa Afuera. De origen noruego y establecida en 1972, posee derecho a exploración en 15,995 kilómetros cuadrados en el océano nicaragüense. Los acuerdos que el gobierno de Ortega ha hecho con la empresa, prácticamente le han concedido una serie de libertades.
Además, Statoil trabaja en alianza con la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) desde junio de 2015, de conformidad con la Ley de Suministros de Hidrocarburos, que establece que el Estado de Nicaragua participará en las actividades petroleras que se realicen en su territorio a través de esa entidad. Petronic fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, junto a Rafael Ortega Murillo y también a la empresa de seguridad El Goliat e Inversiones Zanzíbar, por lavado de dinero.
“Es una concesión asociativa donde Statoil viene a ser el dueño del 85% y Nicaragua el 15%. Somos socios por primera vez en la historia de Nicaragua” de una empresa petrolera, declaró a medios oficiales el entonces presidente de Petronic, el también sancionado por el gobierno de Estados Unidos Francisco “Chico” López.
Por su parte, el representante legal de la compañía noruega, Nicholas Maden, precisó que la fase de exploración se realizaría en tres etapas con una duración de seis años a partir de 2015.
A finales de 2017, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que el gobierno de Nicaragua “asignó un presupuesto inicial para el 2018 de 24.5 millones de dólares, que sumados a los 27 millones ejecutados en el 2017, representarán una inversión de 51.5 millones de dólares para esta exploración”.
En junio de 2019, la empresa británica Cairn Energy PLC, a través de su subsidiaria Capricorn Nicaragua B.V., adquirió una participación no operativa de 35.1% en los cuatro bloques de la Cuenca Sandino. Equinor (Statoil) precisó que tras la negociación, Cairn Energy tiene 35.1% de capital en las licencias, Equinor con el 49.9 % y Petronic participa con el 15% restante. Los términos económicos de la negociación no fueron divulgados. Rosario Murillo indicó que el primer pozo exploratorio sería perforado en 2019.
Para finales de 2019, Equinor ya había invertido 70 millones de dólares en la primera fase exploratoria y para la segunda fase habrían confirmado otros cien millones de dólares. Pero el petróleo sigue sin aparecer. “Algo deben saber estas empresas que nosotros no, y por eso siguen ahí”, dijo un experto en hidrocarburos desde el anonimato.
Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas publicó en La Gaceta, Diario Oficial del Estado en junio de 2017, los tres carteles de solicitud de concesión de la empresa Pan American Oil Limited (PAO) en conjunto con Petronic, para exploración y explotación de hidrocarburos en un área de 3,213 kilómetros cuadrados en el Pacífico Costa Afuera.
Sin embargo, según datos del servicio del gobierno británico, la empresa Pan American Oil Limited fue incorporada el cinco de junio de 2015 y disuelta el 22 de noviembre de 2016. Tampoco registra tener otras operaciones similares en otros países. En realidad ni siquiera tiene un sitio web y sobre su licencia, lo único que se sabe es que tuvo una existencia efímera.
En una publicación de LA PRENSA confirmaron que la dirección que aparece como referencia es del bufete de abogados Molina & Asociados, donde trabaja el apoderado legal de la empresa, Álvaro Molina Vaca, quien no brindó información acerca de la empresa.
Pero estos no han sido los únicos exploradores. En marzo de 2009, la empresa Infinity Energy Resources, Inc. recibió la aprobación final del gobierno para explorar los más de cinco mil kilómetros cuadrados de la costa del mar Caribe. Se trata de una trasnacional estadounidense de exploración y desarrollo de petróleo y gas que posee una participación del 100% en sus concesiones petrogasíferas marinas en los bloques Perlas y Tyra, en Nicaragua. Infinity fue incorporada en 1987 y tiene su sede en Overland Park, Kansas.
La compañía petrolera había estado involucrada en la exploración, el desarrollo y la producción de petróleo y gas natural en Texas, y la región de las Montañas Rocosas de los Estados Unidos, así como en una empresa de servicios de campos petroleros ubicada en el este de Kansas, en el norte de Oklahoma. Colorado y Wyoming antes de diciembre de 2012.
En Nicaragua, la empresa identificó cuatro prospectos con recursos potenciales de petróleo de 10 mil millones de barriles. El gobierno nicaragüense concedió el visto bueno a la documentación ambiental tras una inversión superior a 500,000 dólares realizada por la compañía en un período de más de dos años, indicó en su momento el gerente general de Infinity, Stanton Ross. Luego, procedió con las actividades exploratorias en la concesión. La primera fase de la aprobación contemplaba las actividades de mapeo sísmico (2D y 3D) en los bloques caribeños Perlas (2,291 km²) y Tyra (3,330 km²), repartidos en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), respectivamente. Pero pese a las intensas búsquedas, los resultados fueron nulos.
La segunda fase realizada por Infinity incluía las actividades de perforación exploratoria para determinar la existencia de reservas bajo el casco continental del país, dentro de los límites de los bloques Tyra y Perlas. “Las últimas negociaciones con potenciales socios y empresas de sísmica nos dieron confianza en que Infinity podría comenzar el mapeo sísmico 3D este mismo año. Una vez terminado y evaluado nuestro programa de mapeo sísmico, avanzaremos con la oportuna actualización de nuestra EIA (Evaluación del Impacto Ambiental) con la expectativa de que las primeras actividades perforatorias comiencen a finales del 2014”, manifestó Ross en abril de 2013.
Las licencias de Infinity se ubicaban junto a las concesiones marinas de 7,200 kilómetros cuadrados otorgadas a Noble Energy, Inc. Estos planearon perforar sus concesiones nicaragüenses a mediados de 2013, sin embargo, la empresa finalmente liquidó sus operaciones en el país debido al fracaso en la búsqueda de hidrocarburos en diciembre de 2016. Nuevamente, los exploradores se iban con las manos vacías y la decepción de una búsqueda infructuosa.
Las dinámicas de los nuevos exploradores se pueden reducir en los siguientes pasos: mapear, mapear, y no encontrar nada. De hecho, así ha sido en los últimos casi 90 años en que estas entidades han surcado los mares que rodean el país.
En abril de 2008, dos contratos de exploración y explotación de petróleo y reservas de gas natural en el mar Caribe nicaragüense habían sido otorgados a la empresa estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A., socia del consorcio Noble Energy Ltd. Las inversiones de exploración de Noble Energy en Nicaragua oscilaron entre los 225 millones de dólares hasta los 265 millones, para el cuarto trimestre de exploración de 2013, incluyendo la adquisición de sísmica y procesamiento, costos de los pozos no exitosos y otros gastos geológicos y geofísicos.
“Aunque estamos decepcionados porque el pozo no condujo a un descubrimiento, hubo varias observaciones positivas durante la perforación. La información obtenida de este pozo se integrará en nuestro modelo geológico regional para ayudarnos a evaluar el potencial de exploración restante sobre nuestra posición de casi dos millones de hectáreas costa afuera de Nicaragua”, citó el comunicado de Noble Energy al vicepresidente de Exploración y Geociencias, Mike Putnam.
Los informes gubernamentales revelan que en el proceso de búsqueda de petróleo en el país se han rescindido tres contratos. Los dos primeros contratos de concesión estaban adjudicados al consorcio de las empresas Noble Energy y Repsol Exploración, S.A., mencionado anteriormente. La empresa española Repsol Exploración había sido autorizada por el Gobierno a efectuar exploraciones petroleras en el mar Caribe con una inversión de 30 millones de dólares a partir de agosto de 2013. La construcción del primer pozo inició en agosto de ese mismo año, “más o menos 190 kilómetros de El Bluff”, en la bahía de Bluefields, en el sur del Caribe.
El otro contrato rescindido fue de la empresa petrolera Industria Oklahoma Nicaragua, S.A., (Indoklanicsa), que tenía una área de exploración de 158 kilómetros cuadrados en el Pacífico, abarcó una zona de 3,422 kilómetros cuadrados, que incluía los balnearios de Masachapa y Montelimar. Este habría sido el primer contrato de exploración y explotación de hidrocarburos que se firmó el 23 de abril de 2004, luego de la creación de la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (Ley N°. 286) en 1998.
La Ley N°. 286 referida a la exploración y explotación de hidrocarburos ha sufrido varias reformas en los últimos años. El Gobierno sabe muy bien que el petróleo representa poder, un poder que podría ser comparable a los mejores años del chavismo en Venezuela. Un poder para resistir y eternizarse más de las actuales intenciones de permanencia que ha mostrado tener la pareja presidencial.
Una de las principales reformas fue ideada para que Petronic tuviera un papel en las exploraciones. El 19 de mayo de 2014, la Asamblea Nacional aprobó la adición y reforma al decreto N°. 43-98, la cual establece que la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) “en las actividades de reconocimiento superficial, exploración y explotación de hidrocarburos producidos en el país, así como su transporte, almacenamiento y comercialización”. Es decir, “deberá participar como órgano ejecutor, en toda petición que se vincule al desarrollo, exploración y explotación de los recursos hidrocarburos que se regulan al amparo de la presente ley”. La reforma también establece que el Estado representado por Petronic, no asume por ningún motivo riesgo, deuda, ni responsabilidad de ningún tipo.
En ese período, la oposición demandaba la transparencia en el proceso; mientras que el oficialismo se negó a hablar sobre las ganancias producto de las concesiones.
En diciembre de 2019, continuarían las reformas, esta vez con la aprobación de los cambios a la Ley Especial de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se exonera de todo impuesto a los contratistas del sector petrolero del país. Con esta reforma se le traspasó toda la autoridad que tenía el Instituto Nicaragüense de Energía sobre el tema de hidrocarburos al Ministerio de Energía y Minas. Las modificaciones estipulan que las transferencias de contratos pactados no pagarán impuestos durante el período de exploración.
Así, el Gobierno reformó los artículos 60 y 62 de la Ley de Hidrocarburos para ampliar la exoneración de todo pago de impuestos por la importación a los bienes e insumos por un período de cuatro años a las empresas que tienen concesiones de exploración petrolera en Nicaragua. Todo para unas expediciones que no han dado buenas cuentas.
No obstante, las reformas han provocado ciertos beneficios a los contratistas, como que se les permitirá la deducción de las pérdidas originadas en períodos fiscales anteriores. También se eliminaron “los tributos municipales sobre la obra de construcción y ampliaciones de la obra durante el período de exploración”.
Los representantes de Equinor fueron los únicos concesionarios en participar en la consulta a la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que realizaron los diputados de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos el 11 de diciembre de 2019.
La excusa usada por Equinor fue que para determinar la calidad y cantidad de recursos de posible explotación, debían hacer perforaciones de 3,000 metros en el lecho marino, por lo que necesitaban una plataforma ubicada en el mar Negro, que debían traer hasta la zona de la concesión en Nicaragua. “Esa plataforma la quieren para hacer tres pozos para tomar otras muestras, que luego determinarán la cantidad y calidad comerciales de gas natural y petróleo, por eso piden que en esta fase de exploraciones se les dispense los pagos de impuestos para traer los equipos que necesitan”, justificó el entonces diputado Jimmy Blandón del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y miembro de la Comisión de Infraestructura.
“Los trabajos de perforación de los tres pozos de la siguiente fase de exploración inician en el año 2021 y terminarían en el 2022”, señaló Blandón. En la Ley 286 se mantiene el requisito de que una vez concluidos los trabajos por parte de la concesionaria “serán reexportados”, es decir sacarlos del país porque de lo contrario deberán nacionalizarse pagando los impuestos establecidos.
En noviembre del año 2017 el Gobierno presentó modificaciones al marco normativo referente al Sistema de Evaluación Ambiental a través del Decreto 20-2017, Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales. Dicho decreto reforma sustancialmente no solo la norma para la realización de evaluaciones de impacto ambiental, sino también los criterios para el manejo sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. Es decir, da luz verde para que cualquier empresa tenga acceso a dicha información.
Las reformas aprobadas fueron consensuadas entre la cúpula empresarial, representada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y el Gobierno, quienes acordaron la flexibilización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para hacer más atractivo el país a la Inversión
Extranjera Directa (IED), en menoscabo del ambiente. Para ese tiempo no era una sorpresa. El gran capital y el régimen de Ortega vivían un idilio en el cual todas las decisiones eran consensuadas. Muchas de ellas no solo en detrimento de la naturaleza, si no de la institucionalidad y los derechos humanos.
Estas negociaciones a puertas cerradas eran pintadas como un modelo innovador: “diálogo y consenso”. Pero lo cierto es que mientras Nicaragua afianzaba su economía, Ortega y Murillo se volvían más fuertes y feroces contra sus críticos. Se atornillaban al poder a la buena vista de los empresarios.
Según un análisis publicado en octubre de 2017 por el Centro Humboldt, el Decreto 20-2017 al igual que el Decreto 15-2017, no tomaban en cuenta los artículos 89 y 181 de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
“Por la importancia de los artículos en mención, es que consideramos que se debían de haber respetado los mismos dentro de los considerandos, ya que la Costa Caribe tiene y debe de involucrarse por completo en la toma de decisiones con respecto a los recursos naturales que se pretendan explorar y explotar dentro de tan rica región costera, de esta manera se garantizaría el respeto total de los derechos que tienen los pobladores de la Región Atlántica, los cuales están plenamente contemplados en nuestra Carta Magna”, señala el estudio.
El Decreto 76-2006, consideraba el principio de “el que contamina paga”; este no fue incorporado en el nuevo Sistema de Evaluación Ambiental, y siendo un principio de aplicación generalizada el cual debe de prevalecer por encima de los demás, su supresión beneficia a los inversionistas.
Durante las primeras exploraciones en la década de los 2000, especialistas advirtieron que la plataforma marítima del Caribe es un punto de producción con valiosos bancos de gaspares, atún, langostas, grandes pastos para alimentación de tortuga que se consume en el Caribe Norte, así como bancos de otros peces y caracoles, por lo que el Gobierno debía enfocarse en la explotación de los recursos biológicos para evitar daños medioambientales.
Otra de las preocupaciones es que Nicaragua no tiene un plan de contingencia de derrame de hidrocarburo oficial, a pesar de que se han firmado obligaciones internacionales como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), asimismo el Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos (OPRC).
En el caso del Pacífico, un análisis independiente que realizó el Centro Humboldt sobre el área de concesión petrolera que sería dada a la empresa Pan American Oil Limited da a conocer que el Refugio de Vida Silvestre Chacocente estaría en peligro, ya que la exploración y explotación de petróleo se realizaría a escasos 11.6 kilómetros de esta zona. El área de 3,213 kilómetros cuadrados de concesión para PAO calza completamente en la zona de reserva que tiene el Estado desde 2014.
No solo la concesión de PAO afectaría al refugio, según el mapa del MEM la concesión que se le dio en el 2015 a la empresa noruega Equinor junto a su socio Petronic, también está cerca del área protegida, a unos 14.2 kilómetros de distancia. Seis de las siete tortugas migratorias que existen en el mundo llegan a las costas nicaragüenses, solo en el Pacífico llegan cuatro especies: paslama, tora, torita y carey, las tres primeras desovan en Chacocente. A eso hay que sumar que en esta zona hay avistamiento de delfines y ballenas.
El costo a pagar por el oro negro es grande. Sin embargo, las últimas reformas y la permanencia de los exploradores hace indicar que, incluso en medio de una crisis sociopolítica como la que vive Nicaragua desde el 2018, el poder por el idílico Dorado nica puede más. Aunque todo se trate de una quimera.