Costa Rica bajo asedio de “colonos” nicaragüenses

La invasión
de Indio Maíz
ya cruza el
río San Juan:

La invasión de Indio Maíz
ya cruza el río San Juan:

Costa Rica bajo asedio de los “colonos”nicaragüenses

La invasión a las reservas protegidas del sureste de Nicaragua no se ha detenido: cruza el río San Juan y deja huellas visibles en Costa Rica. Durante una travesía de 200 kilómetros por el cordón fronterizo, DIVERGENTES constató cómo los colonos han abierto un nuevo frente de ocupación ilegal en plena zona binacional, con el aval del régimen Ortega-Murillo. Mientras el bosque se desvanece, Costa Rica empieza a asumir el costo humano, sanitario y ambiental de una avanzada sigilosa, pero imparable.

Wilfredo Miranda Aburto
Refugio del Río San Juan, Costa Rica

31 de mayo 2025

I
“Aquí por todos
lados hay oro”

—Aquí por todos lados hay oro— nos dice el oficial de la Fuerza Pública, después de detenernos y asegurarse de que no somos mineros ilegales—. Estas son las famosas Crucitas, y muchos se cruzan del otro lado a sacar tierra.

Ese “otro lado” es Nicaragua, y está a menos de cuatro kilómetros de donde nos topamos con el operativo policial, minutos después de conversar con Omar Guillén en el muelle de La Venada, más bien un socavón lodoso en la orilla costarricense del río San Juan, donde atracan estrechos cayucos de remo con esos mineros que los policías buscan entre la montaña tupida de árboles.

—A este lado tengo varios trabajitos. Uno de ellos es llevar a los que se pasan, en aquella moto roja que tiene permiso —dice Omar, señalando hacia su izquierda, donde hay otras motocicletas aparcadas con placas ticas—. Allá arribita, a la montaña. Vienen muchos carajos, pero si se acerca la ley, todos salen corriendo. Yo no, porque tengo permiso para estar aquí.

Omar es un hombre de treinta y tantos años. Es flaco, y su rostro —con el tabique ligeramente desviado— recuerda al de un boxeador retirado con anticipación. Es nuevo en esta zona fronteriza: llegó hace apenas quince días, a finales de abril de 2025, pero ya está bien instalado. Aunque el “negocio” va bien, desde el muelle observa con angustia —que se le desborda en el semblante— la casa con paneles solares que acaba de comprar, situada al otro lado del río, en la ribera nicaragüense, la de su país. Hace unos meses, su esposa se suicidó en Rosita, un municipio minero del Caribe Norte de Nicaragua donde vivían. Omar prefiere no ahondar en las razones del suicidio, pero sí cuenta que decidió venirse de este lado “para borrarle el trauma a las niñas”.

—¿Sí me entiende? Allá la vida es más dura, aquí es más fácil, y a las niñas se les olvida.

Compró la pequeña casa de madera hecha y el terreno en 200 mil córdobas, unos 5464 dólares al cambio oficial de Nicaragua. Desde hace tres años, en el Triángulo Minero —donde queda Rosita— ha corrido la voz entre los mineros artesanales sobre la posibilidad de adquirir terrenos “favorables” en la zona del río San Juan, específicamente dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVSSJ). Este colinda con la Reserva Biológica Indio Maíz y el territorio indígena Rama-Kriol. Se trata de un corredor de suprema relevancia ambiental porque resguarda bosques tropicales primarios, humedales, ríos y manglares. Es indispensable para sostener la conectividad biológica entre Mesoamérica y Sudamérica.

Dada su importancia, este gran bosque del sureste nicaragüense —que empalma con Costa Rica— está protegido por leyes nacionales, protocolos de conservación respaldados por la Unesco y la Convención Ramsar sobre humedales. En otras palabras: vender tierras aquí, frente al muelle La Venada o en cualquiera de los 3.069 kilómetros cuadrados que suman estas tres reservas, está absolutamente prohibido. Pero Omar compró sin problemas, sin mayores aspavientos, más que reunir el dinero y entregárselo a Eliecer Hernández, el terrateniente que supuestamente se las vendió.

Omar se hace el desentendido sobre el hecho de que haber comprado la casa y la parcela en territorio nicaragüense —en esta zona que, del lado tico, se conoce como comunidad de Chorreras— es un acto ilegal.

—¿Y cómo legalizó la compra de la propiedad? —le pregunto a Omar con cautela. Es un tema delicado entre estas personas, conocidas como “colonos” por los pueblos indígenas y afrodescendientes desplazados no solo de este bosque binacional, sino también de otras reservas como Bosawas y los territorios miskitos y mayangnas de Nicaragua.

Como periodista, llevo años investigando y probando estas transacciones ilegales y la violencia que las acompaña: la danza de escrituras y notarios públicos que operan al amparo de un régimen que expolia el país. Un régimen que, doce días antes de este viaje al río San Juan —del lado costarricense— aprobó la llamada “Ley de Áreas de Conservación Ambiental y de Desarrollo Sostenible”. Esta normativa privilegia el “desarrollo económico”, léase: minería, tala y ganadería, por encima de la conservación ambiental y los derechos de las comunidades originarias, entre ellos la consulta. La colonización ya no es sólo tolerada: ahora está respaldada por la ley.

—No hay escritura, pero sí un aval… No soy el único aquí: hay como cien casas en La Venada. No son tantas como las que hay allá, abajo —me dice Omar, señalando con la mano hacia el norte del río San Juan, ese caudal ancho y somero, de aguas turbias por los sedimentos, frontera natural entre Nicaragua y Costa Rica; una corriente clave para ambos países y eterna razón de conflicto… hasta de identidad nacional entre Managua y San José—. Ahorita está el proyecto de construir una escuela en La Venada, pero esos proyectos, usted sabe, cuánto duran. Bastante.

Omar se ha sumado, como “colono”, a uno de los conflictos más devastadores para los bosques y los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua: la invasión sin freno a propiedades comunales y áreas protegidas. Si bien es un conflicto de vieja data —al igual que la concepción de todos los gobiernos de turno de que el inmenso Caribe nicaragüense es un botín por explotar—, la situación ha empeorado en los últimos quince años bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Ya sea por omisión o —sobre todo— por complicidad, funcionarios sandinistas han mercadeado con impunidad territorios. Terratenientes como Eliecer Hernández, quien le vendió a Omar, tienen nexos con el partido de gobierno y se hacen de ingentes cantidades de tierra para luego revenderlas entre estos colonos. Es la única forma de operar redes de escrituras públicas ilegales o “avales” sin que el Estado intervenga. Los mismos compradores —los colonos— terminan incluso declarándose sandinistas para asegurarse de conservarlas. La prueba más clara de ello son las banderas rojinegras que ondean en los caseríos que empezamos a encontrar sobre la ribera del río San Juan.

Los colonos cuelgan banderas del FSLN en sus parcelas. Foto de Fundación del Río.

El perfil de estos colonos se puede dividir, básicamente, en cuatro grupos: ganaderos, agricultores, madereros y mineros. Todas son actividades extractivas que destruyen el bosque y desplazan pueblos indígenas enteros. Este proceso de colonización ha dejado, al menos, 70 indígenas asesinados en los últimos 15 años. Y desde 2018 —cuando un agricultor ilegal provocó el voraz incendio forestal que calcinó 6788 hectáreas de la Reserva Biológica Indio Maíz, y cuyo negligente control gubernamental fue el germen del descontento popular contra el régimen sandinista— la invasión ha sido total.

Los colonos no solo han ocupado el núcleo de la reserva, sino que la han penetrado y traspasado por completo, hasta instalarse con vigor a la orilla del río San Juan desde hace tres años. Allí, solo la frontera ha logrado frenar la construcción de caseríos del lado tico, pero no la expansión de actividades como la minería, la ganadería, el despale y el tráfico de animales silvestres. La invasión de Indio Maíz ya cruza el río y se convierte en un problema binacional que, por ahora, pocos parecen advertir en Costa Rica.

El incendio forestal de Indio Maíz en 2018 fue la antesala del descontento ciudadano en contra del régimen Ortega-Murillo y que derivó en la rebelión de abril. Desde esa fecha, organismos defensores de los pueblos originarios contabilizan 161 ataques violentos a comunidades que, además de los asesinatos, incluyen secuestros, violaciones de mujeres y lesiones permanentes por armas de fuego.

Que la invasión haya llegado hasta la frontera que delimita el San Juan, dice Omar, responde a la “saturación” que hay en las reservas protegidas de Nicaragua. Indio Maíz ha sido desmembrada en parcelas, y el bosque del cordón fronterizo es ahora el territorio con mayor “disponibilidad” para hacer “la finquita a buen precio”.

En incursiones anteriores a Indio Maíz, DIVERGENTES corroboró la existencia de pueblos enteros formados por colonos, en los que no faltan ni pulperías ni bares. O, si no nos creen, basta con abrir la popular red social TikTok y teclear “Indio Maíz”: aparecen decenas de publicaciones que dan fe de la intensa actividad minera, de los pueblos erigidos y hasta de sus noches lúdicas. Por ejemplo, en la discoteca “Selva Negra”, en el área conocida como “Managüita”, suenan cumbias del Grupo Kiri de Cristian Morales, se beben cervezas Toña y hay prostitutas ofreciendo sus servicios. Otros clientes encuentran en la disco cocaína o crack para consumir y bajar envalentonados a los túneles que, en más de una ocasión, los han sepultado cuando se derrumban.

Y retorno a los datos porque cuantifican el daño a las áreas protegidas. Desde 2015, aproximadamente el 60% del territorio de los mayangnas y miskitos ha sido invadido por colonos, lo que ha provocado el desplazamiento de más de 3000 personas indígenas, incluso hacia Costa Rica, donde centenares viven en condiciones precarias en ciudades como San José.

La zona núcleo de la reserva Bosawas ha perdido ya un 12.8% de su cobertura forestal, equivalente a 97 081 hectáreas. En el caso de Indio Maíz, la pérdida asciende al 38.7%, y en el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan —donde conversamos con Omar— el deterioro alcanza el 32%.

En las últimas dos décadas, según Global Forest Watch, Nicaragua ha perdido el 22% de sus bosques y, de acuerdo a Naciones Unidas, tiene la tasa de deforestación más alta de Centroamérica. En su última actualización, Nicaragua está entre los díez países con más deforestación en América Latina. El 78% de la pérdida ocurrió en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, con 74 000 hectáreas afectadas.

Los datos se entienden mejor cuando se visitan estos territorios. Donde antes había bosque cerrado, ahora hay árboles centenarios desnucados por las motosierras. Vacas rumiando el corazón verde de la selva. Parcelas de maíz, tubérculos y musáceas en vez de pasadizos para los jaguares y tapires. Túneles de boca abierta hacia el cielo que dejan expuesta la tierra roja y ácida, esa que guarda oro por “todos lados” y cada vez menos almendros de montaña para que las lapas verdes aniden.

Cuando Amaru Rúiz, biólogo y director de la Fundación del Río, eleva el dron desde el lado tico y el aparato se asoma por encima del San Juan, en la pantalla del celular aparecen huecos por doquier: heridas abiertas en una selva invadida, que chorrea sangre terrosa, diluida por los aguaceros… Centenares de propiedades ilegales se esparcen como las huellas de un gigante empecinado en marchitar el bosque y sus montañas. Desde la orilla costarricense, Omar las contempla con esa angustia bien calada. Para él, ese paisaje que está siendo arrasado a diario es también una oportunidad infinita: la forma que ha encontrado para mantener a sus hijas, huérfanas de madre.

Vale 30 pesos cruzar el San Juan en los cayucos de remo. Menos de un dólar. La corriente es constante, pero mansa en la comunidad de Chorreras. En menos de ocho minutos, los mineros se cambian de país. Omar Guillén escogió este lugar porque él también ha sido minero, en Rosita. Entiende el teje y maneje de la extracción de tierra para encontrar oro y supo que esta es una zona de alta demanda, porque conecta con Crucitas, ese distrito minero que marcó un parteaguas en la industria aurífera de Costa Rica.

En 2008, el Gobierno de Óscar Arias aprobó una concesión de 50 hectáreas de bosque a una transnacional canadiense para iniciar la construcción de una mina a cielo abierto. Pero en 2010, debido a una feroz oposición de ambientalistas, el Tribunal Contencioso la anuló. Un año después, el parlamento tico aprobó una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en todo el país y, desde entonces, esta zona se considera de conservación prioritaria, sobre todo por formar parte del Corredor Biológico San Juan–La Selva. No se puede buscar oro bajo ninguna circunstancia.

Pero al norte de Costa Rica —es decir, desde las aguas del San Juan, que son nicaragüenses— la conservación es nula. El régimen Ortega-Murillo ha permitido la invasión y el saqueo ambiental a tal escala, que los mineros artesanales (conocidos en Nicaragua como güiriseros) ahora cruzan el río para buscar oro en Crucitas, porque allá hay mucha competencia.

—Más de una docena de carajos llevo todos los días. Ida y vuelta —cuenta Omar.

La nutrida presencia de nicaragüenses en esta zona fronteriza del cantón de San Carlos es patente incluso en la basura a los lados de la trocha: latas de cerveza Toña.

—Aquí casi solo nicas vas a encontrar —agrega el hombre, mientras arrea una mosca que insiste en posarse sobre su tabique desviado.

Crucitas está tan de moda entre los güiriseros nicas por su riqueza no explotada a cabalidad, que en La Venada, el caserío donde vive Omar, ya empieza a parecer un pueblo. Los mineros dicen que están construyendo un colegio y hasta un templo. Desde esta orilla tica —hasta donde hemos llegado para salvaguardar nuestra libertad, ya que en nuestro país el régimen Ortega-Murillo apresa periodistas, sobre todo a quienes fuimos declarados “traidores a la patria” y “prófugos de la justicia”— se miran casas de madera en construcción y columnas de humo que emergen de las viviendas ya terminadas.

Las Chorreras está al sur de la frontera que comparten Nicaragua y Costa Rica. Pero no es el único tramo invadido sobre la vera del San Juan: casi todo el corredor fronterizo está repleto de asentamientos, desde esta zona, pasando por Boca de San Carlos, Sarapiquí y hasta el Delta del río, donde el régimen Ortega-Murillo mantiene una obstinada labor de dragado sin estudios de impacto ambiental.

En esta gira que apenas comienza, ya llegaremos al Delta, donde el San Juan se ensancha aún más. Aunque desagua hacia San Juan del Norte, lo hace en mayor medida por el Río Colorado, en esa confluencia donde el motor de la draga resuena como un ronquido oxidado y sostenido, empujado por el viento desde la profundidad del caño nica hacia el Delta. Ese tramo final también está atestado de invasores, que se asientan sin pudor alguno a la par de los destacamentos del Ejército de Nicaragua y del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena). Ambas instituciones comparten instalaciones y, en teoría, deberían impedir estas ocupaciones.

Pero no lo hacen.

Un estudio de la Fundación del Río documenta, desde mediados de 2022, “una alarmante invasión y ocupación ilegal de tierras” en Nicaragua, incluyendo “la venta clandestina de lotes dentro de esta área protegida”.

Amaru Ruiz, biólogo, exiliado y desterrado, conoce este bosque del sureste nicaragüense como pocos. Desde niño, su padre —el fallecido ambientalista Antonio José Ruiz— lo llevaba a las giras de la Fundación del Río, y más tarde lo trasladó a vivir a San Carlos, donde Amaru aprendió a apropiarse del San Juan. Conoce la zona, en ambos lados de la frontera, de palmo a palmo. No necesita GPS para moverse, salvo para mapear los sitios ya ocupados por colonos. En los últimos tres años, ha dedicado su trabajo a documentar lo que su organización denomina “el nuevo frente de invasión de la reserva a través de la ribera del río San Juan”.

El informe de la Fundación del Río identifica 1587 infraestructuras ilegales dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan (RVS-RSJ), específicamente en la franja comprendida entre la desembocadura del río Bartola y el río Colorado. Se trata de caseríos formados en los últimos 36 meses. Un aumento acelerado del 49% de los caseríos. “Hace tres años no existían”, repiten la decena de lugareños ticos consultados por DIVERGENTES. Estas ocupaciones están ubicadas en zonas de manejo restringido, donde —según la normativa— está expresamente prohibido el establecimiento de viviendas.

El refugio aún conserva el 51% de bosque intacto, pero su integridad ecológica está en riesgo inminente con esta poblaciones que se instalan ilegalmente, advierte la Fundación del Río.

—Las Chorreras es un pueblo minero que nació en otro contexto. Sin embargo, con esta invasión, la gente se mete por Las Cruces, en la Reserva Indio Maíz, y luego sale en esta área tica —explica el ambientalista Amaru Ruiz, de pie sobre una colina desde la que se ve, al otro lado, una parcela donde hace poco hubo bosque—. Estos güiriseros encuentran en Costa Rica una cadena de proveedores: desde granos básicos hasta suplementos para la minería, porque acá el camino es mucho más penetrable. La población minera encuentra en Crucitas fincas que les permiten extraer tierra. Hay toda una línea de tráfico de mercurio y cianuro que estamos investigando. —Por eso —insiste Ruiz—, estamos viendo un proceso de invasión total de la ribera izquierda del río San Juan.

No es que la Fuerza Pública de Costa Rica desconozca la incursión de los güiriseros nicas. De hecho, aseguran vigilar las fincas y trochas de Crucitas “las 24 horas del día, los siete días de la semana”. Casi cada semana, reportan decomisos de combustible, tómbolas para extraer oro, plantas eléctricas, palas, picos y otras herramientas. Solo en las primeras tres semanas de abril, capturaron a 50 mineros.

—En lo que va de abril hemos desmantelado diez centros de procesamiento minero donde operaban diez tómbolas. Evitamos que diez bultos con cianuro, seis pichingas con ácido muriático y 500 gramos de mercurio contaminaran las aguas y suelos de la frontera norte —detalla Freddy Guillén, director de Operaciones de la Fuerza Pública.

A nivel central, sin embargo, el Gobierno de Rodrigo Chaves no enfrenta esta situación con una visión de protección ambiental, ni de soberanía territorial. Por el contrario, ha dejado entrever la posibilidad de reactivar la minería a cielo abierto, específicamente en Crucitas. Pilar Cisneros, diputada oficialista y principal alfil político de Chaves, denunció a inicios de mayo de 2025 que los nicaragüenses “se están llevando el oro” tico. Pero su enfoque no fue ambiental, sino económico:

—Los costarricenses estamos regalando el oro que vale 4000 dólares la onza. Para que Nicaragua aumente sus exportaciones. Ya están exportando más de 2000 millones de dólares por año. Es el oro nuestro y nos están dejando aquí toda la contaminación —declaró Cisneros. Nada dijo sobre la prohibición vigente de la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica desde 2011, ni sobre la fragilidad del corredor biológico transfronterizo.

En el terreno, mientras tanto, la Fuerza Pública hace lo que puede para contener la extracción ilegal. Clausura pozos de excavación, los mapea con GPS y patrulla con ayuda de drones. Pero detener esta invasión sobrepasa con creces su capacidad. En una región tan extensa y de selva cruda, los güiriseros se escabullen de mil y una formas. Si no los apresan y ellos retornan a Nicaragua, días después vuelven a cruzar el San Juan para excavar en otra parte de Crucitas. Es, literalmente, un juego de gato contra centenares de ratones.

A 21 kilómetros río abajo del San Juan, “Sergio” conoce bien ese juego. Es costarricense y, por lo que va a admitir, pide que su nombre real no se publique.

—Yo tengo un hueco ahí con una gente —dice.

—¿Nicaragüenses?

—Sí, todos son nicaragüenses. De Bonanza, Siuna, Rosita…

Nos movimos. Atrás quedó Crucitas. Ahora estamos más al norte del río San Juan, en la zona conocida como Boca de San Carlos: un paraje bastante poblado del lado tico, donde hay colegios, centros de salud y fincas, todo delineado por la trocha fronteriza que la expresidenta Laura Chinchilla ordenó construir en 2011, como respuesta a la invasión nicaragüense de Isla Calero (denominada así en Costa Rica), en octubre de 2010.

Aquel conflicto diplomático muy sonado terminó, para los ticos, en una obra vial de 160 kilómetros de largo, salpicada de irregularidades. La trocha nunca fue finalizada. Hoy, algunos tramos están cubiertos con piedras de río que parecen huevos de pequeños dinosaurios; en otros, la lluvia ha dejado charcos convertidos en lagunetas, lodazales o restos de asfalto que se va deshaciendo bajo la erosión.

En Boca de San Carlos, la vida es movida. Allí encontramos a Sergio: un hombre mayor, dicharachero, originario de la zona, que ha visto pasar décadas de movimiento aurífero, pero nunca como ahora. Al frente, en la ribera nicaragüense, se asienta un pueblo minero llamado Veracruz, nacido hace poco más de tres años. Desde esta orilla se alcanza a ver una larga línea de techos de zinc, difuminada por el aguacero que truena esta tarde y que instala un tenue velo de neblina sobre el caudal.

—¿Y qué tan grande es Veracruz? —le pregunto.

—Ufff, mae, usted llega ahí y no puede ni caminar. Parece un mercado todos los días. Hay como veinte minas. Oiga, túneles de mil metros para abajo.

—¿Eso está mejor que Las Crucitas?

—¡Mejor!

—¿Y a quién le venden el oro?

—Ahí llegan los compradores. Son nicaragüenses.

—¿Para el lado tico no sale nada?

—No. El oro vale más allá. Un gramo anda por veinte, veintidós mil colones. Pero vea, esa gente se la sabe toda. Digamos que vos sos el comprador: un chavalo joven, anda con dos más, con bolsos negros grandísimos llenos de fajas de billetes. Todo en efectivo. Si usted quiere colones, le dan diez millones en colones. En córdobas también. Lo que usted quiera —dice Sergio, antes de contar que su “hueco” está en su propia finca, del lado costarricense. Pacta con los güiriseros una especie de concesión informal: si sacan 100 mil colones, a él le deben entregar 20 mil.

—Ellos llegan con la plata. Le dicen: “Ponga el oro aquí”. Tienen los sopletes en las mochilas y empiezan a quemarlo, a purificarlo. Lo van fundiendo, fundiendo… después lo pesan hasta tener la cantidad justa. Ahí mismo, frente a usted, le pagan. Y nadie roba, porque al que roba, lo matan —agrega Sergio, perdiendo de pronto el tono dicharachero. Ahora lo dice en serio.

—O sea, ¿te matan sin más?

—Sí. Eso pasa al otro lado. Nadie roba.

—¿No hay policía?

—No.

—¿Y el Ejército de Nicaragua?

—Tampoco. Solo cuando hay un muerto van a recogerlo. Y ni siquiera investigan. “La cagó, hubo un problema, lo mataron”, y punto. Ya.

—Y eso que hay un destacamento del Ejército cerca de Veracruz —le hago notar.

—Ja, ja, já. No se meten. Hace poco mataron a un tipo que era de ese país de donde es Maduro. Ehhh…

— ¿Venezolano?

— Sí, eso, de Venezuela. Dios lo tenga en su gloria. Jugaba de vivo…

—¿Y qué pasó después?

—Nada. Todo se sigue moviendo. Con dinero, todo se mueve: tierras y armas.

—Me imagino que tienen muchas armas del lado nica.

—Sí, pero más bien las vienen a conseguir aquí, al lado tico. Allá es muy duro conseguir armas. No hay municiones en Nicaragua.

El estado de impunidad que describe Sergio en las reservas invadidas del lado nica se confirma con la frecuencia de los crímenes cometidos en esos territorios. En diciembre de 2024, por ejemplo, el güirisero Ariel López Pérez asesinó a su hijastra de un año en Indio Maíz, propiamente en el sector de “Managüita”, donde funciona la discoteca Selva Negra y se beben Toñas con cumbias del Grupo Kiri. El crimen se conoció 14 días después, cuando la madre de la menor se lo contó a otros mineros.

López Pérez fue detenido por los mismos güiriseros, que lo retuvieron hasta la llegada de efectivos de la Policía Nacional. El 20 de diciembre, medios oficialistas sandinistas reportaron su detención formal. El hombre había ahorcado a la niña, la envolvió en plástico negro y la arrojó a un pozo: de esos profundísimos que describe Sergio.

En octubre de 2024 ocurrió otro crimen atroz. Manuel de Jesús Cano y Yahaira Sevilla fueron baleados y desmembrados un mes después de pagar 120 mil córdobas por 100 manzanas de tierra en Indio Maíz para extraer oro.

—¿Ves por qué prefiero no decirte mi nombre completo? Te ubican fácil y aquí te matan, hermano —se excusa Sergio.

II.
Una nueva fiesta patronal el 19 de julio

El aguacero acaba de cesar, pero eso no es garantía de que no regrese. En este bosque tropical húmedo, las tardes siempre son lluviosas. Cada día hay pequeños monzones: llueve con furia durante media hora, y luego las nubes se abren, despejando el cielo, mientras el sol rebota sobre la anchura del San Juan, como si no fuera un río, sino un foso de un castillo, de esos que el grupo Malpaís imagina con hojas de palma. Los pájaros salen de las copas de los árboles, se sacuden las gotas y alzan vuelo. José María Flores Arróliga —“dígame Chema”, pide— ya está acostumbrado a estos cambios repentinos de clima. Hace un año que emprendió tamaña travesía en su panga de mar: se mudó al río San Juan, a la comunidad Machado, cerca del poblado Nuevo Amanecer, uno de los más grandes asentamientos ilegales en la reserva protegida.

Tenía veinte años viviendo en Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua. Había logrado comprar una panga —un bote de fibra de vidrio resistente a los latigazos del mar abierto— y vivía de la pesca. Pero escuchó que en el San Juan había tierras disponibles para sembrar, un oficio que también conocía bien. Es originario de Nueva Guinea, un municipio eminentemente agrícola, y desde pequeño trabajó en la finca de sus padres. Lo que heredó, dice, fue un pedazo muy pequeño, porque la propiedad fue dividida entre sus hermanos. Y ya él, con “tres hijos varones”, tenía que conseguir algo para dejarles en el futuro.

—Agarré la panga y me vine por mar desde Bluefields hasta acá.

—¿Y en cuánto tiempo hizo semejante gira? —le pregunto.

—Fueron dos días bien jalados. Por mar. Entré por San Juan del Norte.

Una de las primeras cosas que hizo al llegar fue ir directamente hasta San Carlos, cabecera departamental de Río San Juan, para inscribir la panga ante la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). Le asignaron la matrícula número 3638. PTO S/Carlos. Transporte Flores. Chema no tuvo ningún problema cuando dio como dirección su nueva residencia: la comunidad de Machado, en pleno Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Un lugar donde, por ley, no se puede construir.

—Yo me la estoy jugando con 100 manzanas. A cuarenta mil pesos las compré. No es mucho —dice Chema. En otras palabras, el precio de esa porción de tierra equivale a 400 córdobas por manzana, unos 10.87 dólares por cada una. Espera que pronto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les entregue los títulos de propiedad que han prometido a las 200 familias que viven en Machado.

La comunidad lleva ese nombre por el apellido del terrateniente que le vendió la finca a Chema: un hombre, dice, también conectado con el Frente Sandinista. Pero, como ocurre con los demás colonos, prefiere no darnos el número de celular del terrateniente.

—Por precaución —dice.

El informe de la Fundación del Río denuncia que las primeras dinámicas de invasión —según testimonios de los propios colonos— fueron promovidas por Valerio López, exfuncionario de la alcaldía municipal de El Castillo, y Gladys Sánchez Mondragón, actual secretaria política del Frente Sandinista en ese mismo municipio.

La segunda dinámica de invasión identificada se articuló a través de un supuesto “Proyecto de Saneamiento y Protección de la Reserva Indio Maíz”. La Fundación del Río tuvo acceso a varios documentos con “avales” firmados por Jorge Ariel Omier Ruiz, actual presidente del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTRK) y militante del partido de gobierno. También figuran Julio Ruiz Daniels y Leonel Sabala Tinoco, ambos abogados de Bluefields, así como los beneficiarios Francisco Sevilla Gutiérrez, Julio César Tenorio, José Adán Jarquín Gutiérrez y Germán Abelino Velásquez. En dichos avales se establece el pago de tres millones de córdobas por el 50 % del proyecto de saneamiento, ubicado en la zona conocida como Bartola.

En ese sentido, en Machado van adelante. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ya llegó a censar a la población, según Chema. Están empezando a construir una escuela y un centro de salud, mientras los colonos gestionan permisos con los ministerios de Salud y Educación.

—Bueno, aquí hay varios que venden. Yo la compré a una persona de acá, el fundador de la comunidad. Uno compra, y ahí se va haciendo el trato.

—¿Y tienen papeles?

—No. Todavía no hay escrituras. Pero ya vino gente del Gobierno a hacer un censo. Tomaron medidas, preguntaron quién era el responsable del terreno. Supuestamente, con ese censo, después van a dar los títulos.

—¿Pagan impuestos?

—No, todavía no. Cuando venga el título, ya se pagará. Ahorita estamos más frescos. Pagamos alguito a la alcaldía de San Carlos, pero nada más.

—¿Y les dieron algún recibo en la alcaldía?

—No, nada.

—¿Y servicios públicos?

—No hay luz del tendido. Usamos paneles solares. Para el agua, la traemos de la montaña, de los criques. Algunos tienen bombas.

Chema describe que, de la ribera del San Juan para adentro, se ven operaciones mineras, pero la cantidad viene descendiendo en comparación a río arriba, de donde venimos. En Nuevo Amanecer y Machado lo que prima es la ganadería y los sembradíos.

—Yo no tengo ganado, porque estoy comenzandito. Pero allí adentro, sobre los criques, sí que hay. Está despalado. Yo boté palos, pero cerca de los criques dejé árboles para que se mire bonito, porque ahora eso es de uno. Yo siembro plátano, yuca y sandía ahorita —dice Chema, mientras nos intenta vender unas sandías enormes, ovaladas, que más bien parecen cabezas de misiles. Son las últimas que le quedaron en la lancha, después de vender la producción río arriba a otras comunidades.

Los colonos coinciden en que, en las parcelas que han adquirido —ilegalmente— cultivan una variedad de productos en pequeñas extensiones. “Se menciona el cultivo simultáneo de plátano, yuca y otros tubérculos, con la lógica de “sacar de todo un poquito por manzana sembrada”, determina el informe de la Fundación del Río. “Esto indica un modelo de subsistencia con miras a consolidarse como actividad productiva permanente”.

Las propiedades más cercanas al río San Juan tienen mayor valor y demanda por su accesibilidad y fertilidad, lo que ha incentivado la ocupación intensiva de tierras para uso agrícola. Lo mismo ocurre con la actividad ganadera sobre los caños que desembocan en el río San Juan, utilizada para garantizar que las reses tengan acceso al agua. Esta actividad implica, sí o sí, el desmonte del bosque virgen y el despale intensivo, lo que no solo impacta la cobertura forestal, sino que deja los suelos expuestos a la erosión. Sedimentos que luego terminan arrastrados por el río.

Chema insiste en que le compremos las sandías porque son las últimas, y las da a precio de ganga: a mil colones cada una. Manda a uno de sus hijos a bajar las últimas a la panga para mostrarlas, y dice que están ahorrando un poco porque, en dos meses, en Machado van a celebrar las segundas fiestas patronales de su recentísima historia. Las primeras se celebraron cuando él estaba recién llegado. Fue la oficialización simbólica de Machado como pueblo a la vera del San Juan.

Los jefes— dice Chema, sin especificar nombres— trajeron un torete y lo mataron.

Hubo banquete, cumbias, cervezas y guaro. Todo ocurrió el 19 de julio de 2024: el día que eligieron para formalizar las fiestas de Machado. Un gran pachangón.

—¿Y por qué celebraron el 19 de julio? ¿A qué santo celebraban? —le pregunto con fingida ingenuidad, porque todo nicaragüense sabe que ese día es la fecha cúspide del sandinismo: el aniversario de la revolución sandinista.

—Pues porque ese día había que hacerlo… El Gobierno está como dándonos chance para que trabajemos. Entonces, aquí hay dos cosas: o estás con el gobierno o estás en contra. Si estás en contra, entonces ya no agarrás nada. Yo soy del gobierno, no tengo por qué ocultarlo. Entonces se escogió ese día.

—Fue con todo, entonces.

—Todos comimos.

***

A Marvin José Montoya no le interesan las fiestas patronales. Anda en otra urgencia: matricular a uno de sus hijos en el colegio de Boca San Carlos, es decir, en el sistema de educación costarricense. El menor es nicaragüense y vive al otro lado, en la comunidad de colonos llamada Santa Fe, dentro del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. Solo el aguacero atronador que cae lo hizo interrumpir su viaje al colegio y, mientras se guarece, se bebe una cerveza Toña en una soda con un pequeño bajarete de zinc. También es agricultor, originario de la zona de Nueva Guinea.

Consiguió un lote de 100 manzanas y dice que ya tiene escrituras, por las que pagó 2000 córdobas a la Alcaldía de San Carlos, aunque aún espera el título de propiedad. No le dieron ningún papel por el pago y cuando le pregunto qué seguridad tiene al respecto, sólo encoge los hombros.

—Mi mujer quiere que metamos al chiquito al colegio, pero como en la comunidad todavía no tenemos escuela, hay que cruzarlo.

—¿Y te dejan inscribirlo aunque el niño no tenga papeles de Costa Rica? —le pregunto.—¡Sí! Por eso no hay problema. Todos los chavalitos de Santa Fe cruzan a diario el río para venir a clases.

Lo entrevistamos pasado el mediodía y, efectivamente, una lancha hace recorrido escolar: va dejando infantes y recogiendo adolescentes en la orilla tica del San Juan a la hora de cambio de turno. Es una lancha del Ministerio de Educación de Costa Rica.

—Mientras no tengamos colegio, hay que aprovechar —agrega.

El nuevo frente de colonización del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, advertido por la Fundación del Río, ha recargado a Costa Rica con la prestación de servicios básicos, especialmente en salud y educación. Es común que todos los colonos entrevistados —y también los habitantes locales— coincidan en lo mismo: los niños cruzan cada mañana el río para asistir a clases en Costa Rica y, por la tarde, regresan a Nicaragua, al territorio invadido en el que viven.

El informe de la Fundación del Río sostiene que estos asentamientos se desarrollan sin planificación urbana ni acceso a servicios básicos, lo que implica, por ende, una ausencia sistemática de colegios y centros de salud en las comunidades ilegales. Aunque no se precisan datos específicos, la mayoría de los nuevos asentamientos no cuenta con infraestructura educativa ni sanitaria.

Un día después de visitar Boca de San Carlos —y de que Marvin José se dirigiera al colegio a matricular a su hijo— subimos hasta la zona de Sarapiquí. Allí, por la mañana, encontramos a dos mujeres con dos menores de edad que descendían de una lancha con bandera nicaragüense, en un muellecito improvisado con un barandal de bambú.

—Le toca la vacuna a la niña —dice la joven madre.

—¿Y cuántos añitos tiene?

—Dos—responde, con cierto recelo.

—¿Y en qué comunidad viven?

—No me acuerdo cómo se llama. Es por allá arribita.

—¿Y aquí los atienden aunque no sean ticos ni tengan papeles?

—Sí. Solo con la cédula.

—¿No hay centro de salud allá?

—No, no hay.

El patrón se repite en todos los lugares que visitamos durante la gira. Lo mismo en el Delta del San Juan, hacia dónde nos dirigimos. DIVERGENTES solicitó datos a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre las atenciones a nicaragüenses en el cordón fronterizo durante los últimos tres años que coinciden con la invasión de la reserva. Entre 2022 y 2024, los servicios de salud pública de Costa Rica atendieron a un promedio constante de más de 2500 nicaragüenses no asegurados por año en el cordón fronterizo.

Los registros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) detallan que en 2022 fueron 2660 personas; en 2023, 2704; y en 2024, 2147. La mayoría son adultos, pero también hay decenas de menores —incluso bebés— que han recibido atención en consulta externa, urgencias u hospitalización. El dato más reciente, correspondiente a los primeros meses de 2025, ya suma más de 800 casos, lo que sugiere una continuidad de la presión sobre los servicios sanitarios en zonas donde muchas de estas comunidades se asientan. Sin embargo, la cifra real de atenciones podría ser aún mayor, ya que la CCSS elimina duplicados por número de identificación dentro del mismo año.

El Ministerio de Educación de Costa Rica reporta un incremento significativo en el número de estudiantes nicaragüenses matriculados en secundaria entre 2023 y 2024, especialmente en cantones fronterizos como Los Chiles (de 209 a 440), La Fortuna (de 97 a 298), Puerto Viejo (de 254 a 450) y Pital (de 208 a 390), entre otros. En otras palabras, mientras el régimen Ortega-Murillo institucionaliza la ocupación ilegal del bosque binacional, es el Estado costarricense quien vacuna, escolariza y brinda atención a los colonos y sus hijos.

III.
De lapas verdes y dragado

No es que el bosque del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, del lado costarricense, esté intacto. Desde Sarapiquí hasta el Delta abundan las fincas ganaderas que han instalado sus mangas de descarga justo en la orilla del río. Por allí cruzan las reses en barcazas, procedentes de Nicaragua, después de ser engordadas en Indio Maíz. Ya en suelo tico, les ponen el fierro —la marca ganadera— que las legaliza en un mercado donde la carne se paga mejor. Es un circuito informal, casi invisible —o deliberadamente ignorado—, que atraviesa fronteras y transforma un área protegida en zona de paso para el negocio ganadero.

Estas fincas ticas están aquí desde los años setenta, cuando Costa Rica aún no figuraba como un referente en protección ambiental. En aquel entonces, el bosque era visto como un obstáculo para el desarrollo, y el Estado promovía la colonización de tierras —incluso en zonas ambientalmente frágiles— mediante incentivos y facilidades para la expansión ganadera.

Pero a partir de los años 80 y 90, el país dio un giro radical en su política forestal. Dos hitos marcaron este cambio: el reconocimiento del Humedal Caribe Noreste como sitio Ramsar en 1996, que abarca zonas cercanas a Boca de San Carlos, y la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque en 2005, en el distrito de Pital, San Carlos. Este refugio conecta ecosistemas entre Costa Rica y Nicaragua como parte del Corredor Biológico San Juan–La Selva.

Es en Pital donde encontramos a Ulíses Alemán. No se despega de sus binoculares, que más que herramienta parecen una extensión natural de sus manos. Tiene más de cuarenta años observando y cuidando con esmero a la lapa verde, un ave en peligro de extinción. Las lapas dependen de los almendros de montaña que aún sobreviven en este corredor binacional, uno de los pocos lugares del planeta donde todavía pueden anidar y alimentarse en libertad. A decir verdad, una libertad comprometida.

Ulíses anda alegre. En el último conteo de lapas, que fue hace unos meses, registraron 400 ejemplares. A pesar de la destrucción del hábitat de la lapa verde, los esfuerzos de conservación binacionales han surtido efecto: en 1994 apenas contaban 200. La Fundación del Río fue parte clave de ese esfuerzo colectivo, pero se fracturó cuando el régimen Ortega-Murillo canceló su personería jurídica en agosto de 2018. Desde Costa Rica, sin embargo, la organización y este conservacionista del Pital siguen adelante.

Hay que ver cómo se enciende el viejo rostro de Ulíses cuando, con los binoculares, descubre a una pareja de lapas verdes sobre la copa de un almendro. Son apenas perceptibles entre las hojas, hasta que alzan vuelo y, como un trazo de acuarela verde encendido con destellos celestes, dejan su estela sobre la selva del río San Juan, mientras el relincho de sus graznidos rompe la pasividad del bosque esta tarde, cuando los colonos han dejado de usar las motosierras.

El almendro de montaña es una madera preciosa. Es resistente, dura y se utiliza incluso para construir cascos de barcos. A la larga, no se pudre como sí lo hace la fibra de vidrio. Por eso se paga muy bien en el mercado y es uno de los árboles más codiciados y talados en Indio Maíz y en la reserva del San Juan. El problema es que para las lapas verdes también es una madera preciosa, más bien indispensable: es su árbol de anidación y la fuente de su alimento favorito, esas almendras silvestres duras y grandes que pocas especies pueden romper. De alguna manera, el almendro también necesita a las lapas, porque ellas dispersan sus semillas por el bosque.

Los almendros de montaña tardan entre 50 y 70 años en alcanzar la madurez plena, en volverse viejos y, solo entonces, formar cavidades en sus troncos donde las lapas verdes puedan anidar. Una simbiosis que solo la naturaleza puede concebir, pero que los colonos destruyen.

—Si la lapa verde desaparece, no es solo un ave la que perdemos: es el bosque entero el que se nos muere— dice Ulíses, siempre con los binoculares en la mano.

Pero en ese bosque binacional que se resiste a morir —a pesar de la persistencia de los colonos que avanzan sobre Costa Rica— hay más que lapas. El Refugio de Vida Silvestre Río San Juan alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad de Nicaragua.

Según un plan de manejo citado en un informe reciente de la Fundación del Río, esta área protegida registra al menos 895 especies, entre ellas 303 aves —24 de ellas migratorias—, 26 mamíferos, 15 reptiles, 3 anfibios y más de 20 especies de peces y crustáceos, tanto de agua dulce como salada. También habitan especies en peligro incluidas en los apéndices de la Convención CITES, como el manatí del Caribe, el jaguar, el cocodrilo americano, la tortuga carey y el águila harpía.

En todas las comunidades del cordón fronterizo que visitamos es común que se hable de los trueques que hacen los colonos con los locales: traen “carne de monte” a Costa Rica a cambio de granos básicos, aceite y otros insumos, cuando los botes que bajan de San Carlos con productos no llegan. Hay tantas nuevas edificaciones, que los botes mercantes “parecen supermercados Palí flotantes”, describen los lugareños. Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, dice que durante las giras de campo realizadas en los últimos tres años para construir su informe, documentaron restos recientes de matanzas: huesos de guardatinajas, chanchos de monte, venados e incluso monos cariblancos.

—En el último año ya se ve muy poco eso —nos dice por su parte el dueño de un comedor cercano al Delta del San Juan—. Ya casi han matado todo.

***

Al principio, el ruido de esas dragas encabronaba a Humberto Ríos. Hace diez años que dejó Nicaragua y se cruzó a Costa Rica, al Delta del San Juan, donde compró una propiedad siguiendo todo el rigor de la normatividad del país vecino. Una finca cuyo lindero final es la alta orilla que el caudal forma al salir hacia San Juan del Norte y encontrarse con el río Colorado. Es como un acantilado donde pastan sus vacas —y ese toro brahman que parece haberse excedido con los esteroides, por su musculatura pronunciada—, sin inmutarse por el riesgo que representa una caída. Mucho menos por el rugido del motor de la draga roja, coronada con una bandera del Frente Sandinista. Todos han terminado por acostumbrarse al motor que el régimen Ortega-Murillo mantiene encendido desde antes de la invasión de Edén Pastora a isla Calero en 2010, y que volvió a rugir en 2024, cuando reanudaron discretamente el dragado sin estudios de impacto ambiental.

—Yo ya ni lo escucho. Es parte del ambiente— dice Humberto, después de permitirnos entrar a su finca, que tiene una vista privilegiada sobre el caño del San Juan que conduce a San Juan del Norte, donde faena la draga—. Tienen tiempo de estar ahí, pero yo digo que sin ningún oficio. Es como si hicieran una carretera sin sentido… ¿para qué? Si el río pasa y todo el tiempo regresa el sedimento. Solo por estar ahí perdiendo el tiempo.

Las dragas sandinistas regresaron al cauce bajo un manto de opacidad, removiendo sedimentos y arrojando tierra sin criterio técnico. Ambientalistas temen que, más allá de la supuesta intención de mejorar la navegabilidad, lo que se pretende es abrir paso a actividades extractivas y facilitar el ingreso de colonos en zonas protegidas como Indio Maíz y el Refugio del San Juan, a través de rutas fluviales cada vez más intervenidas. Después de todo lo que hemos visto en este territorio, no queda mucho espacio para dudar de esa afirmación: al menos 551 edificaciones recientes construidas en el Delta.

La Fundación del Río también ha señalado que, entre 2014 y 2024, el régimen Ortega-Murillo destinó más de 16 millones de dólares al dragado del San Juan, pero los informes presupuestarios no son transparentes sobre el uso de esos fondos. Amaru Ruiz, su director, insiste en que se trata de una obra sin transparencia en la ejecución, ni consulta previa con Costa Rica, lo que podría tener consecuencias negativas para el ecosistema y para las relaciones bilaterales.

En julio de 2024, Costa Rica envió una nota diplomática a Managua solicitando información sobre las labores de dragado. Ortega la desestimó recurriendo a uno de sus puntos discursivos habituales: la soberanía. Que las obras no afectan territorio tico, por tanto, no requiere notificación a San José. En la zona del Delta, los lugareños dicen otra cosa. En la barra del río Colorado se han reportado impactos negativos en la pesca y en la navegación, atribuidos al dragado y la sedimentación del San Juan. Pero al final, el río —como dejó claro la Corte Internacional de Justicia— es nica.

El director de la Fundación del Río eleva por última vez su pequeño dron desde la finca de Humberto Ríos. El tramo final del San Juan vuelve a aparecer en la pantalla del celular: el ancho río termina en un caño flaco que desemboca en el mar Caribe, donde la draga escupe sedimentos sobre las riberas. Justo al frente, en la orilla nica, está uno de los últimos destacamentos del Ejército de Nicaragua. Notan nuestra presencia y comienzan a observarnos con binoculares. No sentimos miedo. Estamos del lado tico, en teoría protegidos. Tanto Ruiz como yo fuimos desnacionalizados y declarados prófugos de la justicia por los Ortega-Murillo.

Decidimos salir del área del Delta, sobre esa trocha saltarina. Otra tarde cae y, desde una loma que despide la reserva, Ruiz detiene la camioneta para hacer una última toma con el dron. No llueve y el cielo bermejo ofrece la siguiente postal de esta selva binacional: un bosque —aún tupido del lado nica— que se resiste a morir. Un colosal conjunto de copas de árboles que se extiende hasta el horizonte cálido, con nubes esponjosas, envolviendo su cuello como un chal de bruma blanca.

—¡Qué hijueputa bosque más precioso! —suelta Ruiz, conmovido, como quien le dijera adiós por primera vez.

La invasión de Indio Maíz ya cruza el río San Juan:

La invasión de Indio Maíz ya cruza el río San Juan:

Costa Rica bajo asedio de los “colonos”nicaragüenses

Costa Rica bajo asedio de los “colonos”nicaragüenses

I“Aquí por todos lados hay oro”

I“Aquí por todos lados hay oro”

Los colonos cuelgan banderas del FSLN en sus parcelas. Foto de Fundación del Río.

Los colonos cuelgan banderas del FSLN en sus parcelas. Foto de Fundación del Río.

El refugio aún conserva el 51% de bosque intacto, pero su integridad ecológica está en riesgo inminente con esta poblaciones que se instalan ilegalmente, advierte la Fundación del Río.

II.Una nueva fiesta patronal el 19 de julio

La comunidad lleva ese nombre por el apellido del terrateniente que le vendió la finca a Chema: un hombre, dice, también conectado con el Frente Sandinista. Pero, como ocurre con los demás colonos, prefiere no darnos el número de celular del terrateniente. —Por precaución —dice.

III.De lapas verdes y dragado

La invasión
de Indio Maíz
ya cruza el
río San Juan:

La invasión de Indio Maíz
ya cruza el río San Juan:

I
“Aquí por todos
lados hay oro”

I
“Aquí por todos
lados hay oro”

II.
Una nueva fiesta patronal el 19 de julio

La comunidad lleva ese nombre por el apellido del terrateniente que le vendió la finca a Chema: un hombre, dice, también conectado con el Frente Sandinista. Pero, como ocurre con los demás colonos, prefiere no darnos el número de celular del terrateniente.

—Por precaución —dice.

III.
De lapas verdes y dragado