El último episodio de la recomposición de la oposición de Nicaragua tiene como epicentro al partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL), que fue anulado por la dictadura sandinista con el apoyo de sus colaboracionistas liberales en 2021. Tras anunciar que se reorganiza en el exilio, y declararse como una agrupación “por corrientes ideológicas”, CxL se presenta como el “gran partido” llamado a gobernar Nicaragua cuando “vuelva la democracia”, una definición que ya de por sí tensiona el pluralismo que debería caracterizar a la oposición.
Ese gesto no es ajeno a los procesos autoritarios de la región. En Venezuela, la oposición también atravesó una deriva similar: partidos y liderazgos terminaron autoproclamándose como el vehículo exclusivo de la transición democrática. El resultado fue una oposición fragmentada, atrapada en disputas internas y desconectada de una ciudadanía sometida a la represión y al hambre. El paralelismo resulta incómodo para Nicaragua, donde los opositores en el exilio amenazan con reproducir un esquema que, en el caso venezolano, por muchos años no condujo a ningún camino.
En el caso de Nicaragua, no es la primera vez que CxL se autoproclama como el vehículo idóneo para una transición. Ya lo hizo en 2021, cuando distintas fuerzas intentaron articular una coalición opositora para disputar el poder a Daniel Ortega en las elecciones generales de ese año.
Entonces, organizaciones como la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Coalición Nacional (CN) acusaron a CxL —y a su entonces presidenta, Kitty Monterrey— de sectarismo y exclusión. La propia Monterrey llegó incluso a afirmar que esas organizaciones “no existían”, profundizando una fractura ideológica que la oposición a día de hoy, parece, no ha logrado superar.
¿Qué lecciones deja Venezuela?
La pregunta, entonces es, qué lecciones puede extraer hoy la oposición nicaragüense de la experiencia venezolana, marcada por años de divisiones, disputas internas y una lenta y costosa reconstrucción de mínimos consensos políticos.
Para Juan Sebastián Chamorro, actual coordinador de CxL, la situación que atraviesa Venezuela debería servir como una “reflexión profunda” sobre cómo pensar una eventual transición en Nicaragua. En ese sentido, sostiene que uno de los ejes centrales debe ser garantizar que Ortega cumpla los acuerdos firmados entre su régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) en 2019, tras un segundo intento de Diálogo Nacional.
Chamorro reconoce que, a menudo, se pone el acento, sin asumirlo como autocrítica, en las diferencias y conflictos dentro de la oposición, pero afirma que lo que existen son desacuerdos “de visión estratégica” que considera saludables. “Esta larga lucha nos ha ayudado a conocernos más. Los tiempos son perfectos”, asegura, al tiempo que sostiene que la oposición ha alcanzado un grado de madurez, que no tenía antes de 2018.
Sin embargo, la experiencia venezolana muestra que esa “madurez” opositora no fue una condición previa, sino un resultado construido a partir del consenso. La convergencia en torno a la figura de María Corina Machado y, posteriormente, de Edmundo González Urrutia, fue el final de un proceso largo y accidentado para alcanzar la unidad política.
Incluso, la capacidad de demostrar el fraude electoral de julio de 2024 requirió acumulación de pruebas, persistencia política y consensos internos que solo se lograron tras varios intentos fallidos de articulación, hasta la conformación de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), un proceso que permitió definir un liderazgo común para enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales. El contraste sugiere que la oposición nicaragüense enfrenta el desafío de construir “la unidad en la práctica”.
Alianza Cívica y Unidad Nacional, desdibujadas
Las organizaciones opositoras Alianza Cívica y la Unidad Nacional, otroras interlocutoras clave ante la comunidad internacional y con una amplia representación social durante los momentos más cruentos de la crisis nicaragüense, han quedado hoy prácticamente desdibujadas del escenario político.
A ese repliegue se suma Monteverde, el espacio opositor surgido en 2023 y que se presentó como un proceso de concertación y de incidencia nacional e internacional para contribuir a la reconstrucción democrática del país, pero que tampoco logró consolidarse como un actor con capacidad de articulación.
En ese vacío de representación comienzan a perfilarse nuevas, pero conocidas, referencias opositoras, principalmente Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Este último dio un paso más en noviembre al fundar, desde el exilio, la organización política Ruta del Cambio, una iniciativa que busca articular una nueva plataforma política fuera del país.
Sin embargo, la recomposición de la oposición se da cuando no hay una estrategia de articulación entre los distintos actores opositores. A diferencia del proceso venezolano, donde la unidad terminó canalizándose en una plataforma común, en Nicaragua la reorganización opositora avanza de manera paralela y fragmentada, sostenida más en discursos de buenas intenciones, que en hechos concretos.
“A pesar de que algunos quieren hacer creer que hay algún tipo de competencia entre nosotros, no es así, y estoy seguro de que ninguno de los dos lo ve de esa manera”, se apresuró a aclarar Maradiaga en noviembre. Maradiaga no respondió a la solicitud de entrevista de este medio.
Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), reconoce que los partidos políticos son necesarios en una democracia, pero se pregunta para qué se organizan y qué efectos tiene hoy un anuncio partidario.
A su juicio, este tipo de movimientos políticos introduce a la oposición en una lógica que no se corresponde con el momento político actual. “Lo que genera es entrar a una dinámica muy electoral, sin que estemos en una competencia electoral. Las dos personas (Chamorro y Maradiaga) tienen pretensiones presidenciales, legítimas, pero estamos ante una disputa política y no electoral. De tal modo, que tienen que contribuir a hacer cuerpo común con otras fuerzas de oposición. No podemos caminar únicamente desde una perspectiva ideologizada y electorera”, plantea.
En esa misma línea, Barberena sostiene que la oposición nicaragüense debería mirar con atención la experiencia venezolana, en particular el proceso de cohesión construido alrededor de Machado. Para él, esa unidad fue posible gracias a una comunicación constante entre los distintos actores opositores.
“Es la primera gran lección para los dirigentes nicaragüenses que tienen aspiraciones presidenciales legítimas, pero que en este momento estamos en una necesidad para la reapertura de la competencia política, no estamos en el momento de la competencia electoral”, subraya.
“Un momento determinante”
Andrés Cañizález, doctor en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas, recuerda que si hoy la oposición venezolana aparece dividida, antes atravesó un proceso de unidad que fue determinante para abrir una expectativa de cambio.
No obstante, advierte que ese esfuerzo no logró sostenerse en el tiempo. “Esa unidad se fracturó al no tener una respuesta común a la represión. Y en 2025, varios opositores como el excandidato presidencial Henrique Capriles, deciden participar en unas elecciones para la Asamblea Nacional con el mismo Consejo Nacional Electoral cuestionado. Eso representa una factura muy grave”, señala.
Según Cañizález, esa ruptura dejó a la oposición venezolana seriamente afectada en términos estratégicos, sin claridad sobre cómo responder a la nueva realidad política tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una intervención militar de Estados Unidos en Caracas. “Si hoy el Gobierno interino convocara elecciones en 30 días, sería el acabose para la oposición, porque no hay mecanismos internos para discutir candidaturas ni para llegar a acuerdos”, advierte.
En Venezuela, el chavismo fue cerrando progresivamente el espacio político opositor mediante una combinación de factores que van desde la ilegalización de partidos, la intervención judicial de sus direcciones, hasta inhabilitación de líderes y persecución penal sistemática. A lo largo de los últimos años, figuras opositoras fueron encarceladas, forzadas al exilio o sometidas a procesos judiciales sin garantías, mientras organizaciones políticas perdían su personería o quedaban impedidas de competir en procesos electorales.
En Nicaragua el régimen de Ortega ha seguido una lógica similar; dinamitar el sistema de partidos y neutralizar a la oposición organizada. Desde la cancelación de personerías jurídicas hasta la persecución judicial, el encarcelamiento y el destierro de dirigentes políticos, el orteguismo ha logrado desarticular a los principales líderes y fuerzas opositores dentro del país, forzándolos al exilio. En 2021 Ortega mandó a encarcelar a siete candidatos presidenciales, entre ellos Chamorro y Maradiaga.
La diáspora, en desconcierto
La sensación de desconcierto atraviesa a la diáspora nicaragüense. Mariela Silva, joven opositora originaria de Nagarote, en el departamento de León, se exilió en España en agosto de 2018 tras ser acusada de “terrorista” por el entonces alcalde sandinista de su municipalidad, Juan Gabriel Hernández, quien además la habría amenazado de muerte.
Hoy, ya establecida en el país ibérico, observa con decepción cómo los grupos opositores siguen sin presentar una estrategia de unidad que aglutine al exilio y a quienes continúan resistiendo dentro de Nicaragua. A su juicio, la eterna división debilita a la oposición frente al régimen y profundiza la desconexión con una ciudadanía que, dentro y fuera del país, sigue esperando una alternativa política creíble.
Tras la captura de Maduro, Silva considera que es cuestión de tiempo para que el régimen de Nicaragua también llegue a su fin. Aunque la operación —que culminó con el traslado de Maduro a Nueva York para enfrentar cargos penales— fue interpretada por algunos sectores como un hito en la crisis venezolana, analistas advierten que no implica el colapso inmediato del chavismo.
Silva resiente que en Nicaragua no exista un proyecto común con la legitimidad que en su momento tuvo la Alianza Cívica, un espacio que logró aglutinar a amplios sectores opositores antes de disiparse como consecuencia de la represión y el encarcelamiento de sus principales líderes.
Una fuente cercana a la Casa Blanca plantea que podría haber algún tipo de negociación entre Managua y Washington con la participación de la oposición. No obstante, el problema, señala, es quién es hoy la oposición en Nicaragua. “Hay varios actores buscando relanzarse para ser tomados en cuenta como interlocutores, pero habrá que ver si los toman en serio”, dijo a este medio.
Chamorro, coordinador de CxL, defiende que cuenta con siete años de trayectoria como interlocutor opositor y sostiene que los cambios internos en su partido refuerzan su capacidad de diálogo ante actores internacionales. Maradiaga también destaca sus cualidades como líder opositor y considera que su partido es heredero de una coalición de movimientos sociales y organizaciones políticas.
La cuestión de fondo es que estos dos líderes repiten errores del pasado al entrar “en una competencia electoral”, según Barberena, sin plantear la urgencia de dialogar para buscar puntos en común que deriven en una transición democrática. Más bien, parece que no han asumido responsabilidades por los fallidos procesos de unidad ocurridos anteriormente.