El régimen de Daniel Ortega busca reconfigurar el rumbo económico del país ante el riesgo inminente de quedar fuera del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (DR-CAFTA). La señal más clara es la creación de la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) de la Franja y la Ruta, aprobada por la Asamblea Nacional sandinista este jueves 30 octubre de 2025.
El proyecto establece un régimen de exoneraciones fiscales para atraer inversión extranjera, en particular de China, como alternativa al mercado estadounidense. Para el economista Juan Sebastián Chamorro, la iniciativa confirma que el régimen da por inminente la suspensión del Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano y busca una salida de emergencia.
“Responde Ortega ante la potencial suspensión del CAFTA, enviando una ley que llama de la Franja y la Ruta, en clara referencia al proyecto chino de fomentar el comercio a cambio de deuda externa”, afirma.
La presentación de esta ley coincide con el desarrollo de un proceso administrativo en Estados Unidos que podría dejar a Nicaragua fuera del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica. Washington evalúa aplicar esa sanción por las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por el régimen. Analistas advierten que, si se concreta, la suspensión del DR-CAFTA tendría un efecto dominó sobre el empleo, el consumo interno y las finanzas públicas, en un país cuya economía depende en gran medida de ese acuerdo para sostener sus exportaciones y su flujo de divisas.
Un régimen de privilegios totales
La nueva ley establece un régimen especial que exime a las empresas acogidas a las ZEE del 100% del impuesto sobre la renta (IR), del impuesto sobre los dividendos y del impuesto al valor agregado (IVA) en compras e importaciones. Las exenciones se aplican por diez años, con posibilidad de renovación indefinida. También quedan exentos los derechos de aduana y el impuesto selectivo al consumo, así como los tributos asociados a bienes inmuebles, siempre que se vinculen a las operaciones en la ZEE.
Chamorro advierte que este modelo crea un sistema dual en el país, donde los empresarios acogidos al régimen gozarán de ventajas fiscales y operativas sin precedentes, mientras que el resto seguirá sometido a las presiones de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Dirección General de Aduanas (DGA). “El empresario que no esté acogido bajo este régimen va a seguir siendo sujeto de violaciones a los derechos del inversionista, reparos fiscales y chantajes tributarios”, señala.
De acuerdo con la reciente iniciativa de Ley, la administración de las ZEE estará dividida entre un órgano de decisión estratégica y una instancia ejecutora. Una Comisión Especial de alto nivel, integrada por representantes de siete instituciones clave —incluido el Banco Central, el Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) y la Procuraduría General de la República (PGR)— será la encargada de definir las políticas generales del régimen.
Por su parte, la Comisión Nacional de Zonas Francas asumirá la gestión operativa. El proyecto también contempla una “ventanilla única” para agilizar permisos y trámites en áreas como aduanas, migración, medio ambiente, trabajo y comercio exterior.
Del CAFTA a China: la apuesta total del régimen
Según Chamorro, este andamiaje institucional está diseñado para facilitar al máximo las operaciones de los inversionistas extranjeros, especialmente los aliados del régimen. “Los empresarios chinos van a estar felices de la vida, no viéndoles ni siquiera la cara a la DGI o la DGA, pero sí podrán ver a empresas públicas que les regalarán la energía eléctrica o equipos de construcción. Todo esto lo dice la ley”, critica.
Desde la narrativa oficialista, el proyecto busca atraer inversión para fomentar la competitividad nacional, el encadenamiento productivo y la generación de empleos. Sin embargo, para Chamorro, esta estrategia evidencia una desconexión con la realidad del comercio exterior de Nicaragua. “Ortega ha soltado amarras del barco que lo tenía apoyado en las exportaciones hacia Estados Unidos y ha decidido irse a otro puerto, el puerto chino”, señala.
Pero sustituir el mercado norteamericano no es una opción viable, según el economista. “Las exportaciones de Nicaragua por décadas —sino siglos— se han enfocado al mercado norteamericano por la cercanía territorial y comercial. Es muy difícil una sustitución por el mercado chino”, asegura.
Para Chamorro, detrás del paquete de exoneraciones no solo hay una apuesta geopolítica, sino también un intento de retener a sectores productivos que podrían marcharse si EE. UU. impone aranceles del 100% o expulsa a Nicaragua del CAFTA. “Probablemente Ortega está tratando de salvar algunas empresas que todavía la están pensando, si con el 100% de arancel podrán seguir exportando hacia Estados Unidos por la vía de la reducción de los costos vía los impuestos”, explica.
El analista advierte que más allá de lo económico, la propuesta también transmite un mensaje político. “Lo que está tratando aquí Ortega es de hacer todo lo posible para mandar un mensaje a los inversionistas de que está dando ya por perdido el CAFTA, pero que está regalando lo que puede para ver si se quedan”, concluye Chamorro. “Una señal inequívoca de que Ortega, quien tiene la bola en su cancha y podría aún salvar el CAFTA, simplemente lo está tirando por la borda”, agrega.
Por qué las Zonas Económicas Especiales fracasan en otros países
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) han sido implementadas en países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana y Honduras, así como en regiones de Asia y África. Según el informe The Dos and Don’ts of Special Economic Zones, elaborado por el Banco Mundial en 2021, estos esquemas suelen operar como “enclaves” económicos desconectados del resto del país, con poco impacto real en el empleo de calidad y sin una integración efectiva con las cadenas productivas nacionales.
El mismo informe advierte que las ZEE han generado “críticas justificadas” por su escasa efectividad y el desequilibrio que provocan en los países donde se han implementado. Las observaciones más frecuentes giran en torno a tres aspectos. En primer lugar, las amplias exoneraciones fiscales tienden a debilitar la base tributaria del Estado y pueden generar competencia desleal entre regiones, al concentrar beneficios en zonas específicas sin beneficiar al resto del país.
En segundo lugar, varios estudios señalan que estas zonas, en muchos casos, no logran integrarse a la economía nacional. Funcionan como espacios aislados que limitan la generación de empleos de calidad, frenan la transferencia tecnológica y no contribuyen a la diversificación productiva.
El tercer punto de crítica apunta al diseño institucional. Algunos regímenes especiales operan con normativas al margen del control estatal y han sido cuestionados por vulnerar principios de soberanía.
En Honduras, por ejemplo, la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2024 el régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), un modelo que otorgaba autonomía administrativa, legal y fiscal a territorios entregados a inversionistas nacionales o extranjeros.
La resolución del máximo tribunal respondió a múltiples recursos legales presentados por organizaciones sociales, académicos y sectores políticos que denunciaron que las ZEDE vulneraban la soberanía nacional, permitían el despojo de tierras comunales y operaban al margen del control institucional del Estado.
Aunque fueron promovidas como polos de desarrollo y generación de empleo, las ZEDE no lograron atraer inversión significativa ni generar impactos económicos medibles. Según medios regionales, el caso hondureño es citado por expertos como un ejemplo de cómo este tipo de regímenes pueden derivar en estructuras paralelas sin beneficios reales para la población.
El caso de Honduras expone los riesgos de instaurar regímenes especiales al margen del control institucional y sin resultados económicos tangibles. Aun con ese precedente reciente en la región, la dictadura sandinista consolida su acercamiento político y económico con China, un país que hasta ahora ha tenido un papel marginal en el comercio exterior de Nicaragua, a diferencia de Estados Unidos.