Anthony es un niño de 10 que está matriculado en la escuela pública porque no queda otra opción, como dice su madre. El miércoles ella estaba preocupada porque de nuevo la escuela canceló las clases, como tantos otros días en esa institución en Moravia, un cantón al norte de San José. El niño no lee corrido y no siempre comprende lo que lee. Sus habilidades matemáticas son similares a las que tiene un estudiante de ocho años en educación privada y la madre, una servidora doméstica, teme que se repita lo que ocurrió con el hermano mayor, que ahora trabaja en la construcción porque se quedó sin cupo en el amplio sistema universitario estatal por bajos puntajes en la nota de admisión. Estudiar en universidad privada es una fantasía en la familia.
“Me dio cólera ver el aviso de que hoy también suspendían las clases, pero vi que es por una marcha para que mejoren la educación pública y bueno, hoy lo perdono”, dijo sonriendo la mujer de nombre Olga, nicaragüense que llegó a Costa Rica hace 20 años muy segura de que aquí el sistema educativo era una especie de escalera social que permitía a alguien pobre como ella ver a sus hijos convertirse en profesionales. Ahora sigue pensando que la enseñanza está mejor que en su país natal, pero ya no está tan segura de eso que los académicos llaman “movilidad social”.
El problema no es sólo el deterioro en la calidad de la educación pública en Costa Rica en las últimas décadas, las limitaciones en su cobertura ni la amplia brecha ante las escuelas y liceos privados. El problema adicional es que el financiamiento estatal viene en franca contracción en la última década y ahora se aleja más del monto equivalente al 8% del PIB previsto en la Constitución Política para la educación pública, pues para 2025 está previsto un monto de 4.9%, mientras las necesidades cunden en el sistema y en las calles las organizaciones criminales se ofrecen como presuntas alternativas a las aulas en el camino a “vivir bien”.
Para el Ejecutivo, el problema no está en incumplir ese porcentaje, sino en establecerlo como meta en la Constitución Política. Esa posición se concretó en el presupuesto planteado ante la Asamblea Legislativa para el 2025, sin crecimiento de recursos para las universidades estatales a pesar de la inflación proyectada y con una reducción a rubros de la enseñanza secundaria, como el sistema de liceos científicos de donde se egresan los estudiantes con mejores notas y mejor posicionados para carreras de alto valor. “Es un balde de agua fría”, dijo al diario La Nación Johanna Salazar, directora ejecutiva de ese programa.
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Un baluarte en crisis
La educación pública costarricense, uno de los baluartes del modelo de bienestar relativo que alcanzó Costa Rica en la segunda mitad del siglo XX, pasa tiempos de crisis y es objeto de debates encendidos, de pulsos ideológicos y de manifestaciones multitudinarias como la que llegó el miércoles a la Asamblea Legislativa para, entre otras demandas, pedir a los diputados que haga lo que el presidente Rodrigo Chaves no quiso hacer: otorgar a las universidades estatales un presupuesto que evite la reducción de los servicios y la fuga de docentes que ya no gozan de las condiciones salariales de los más veteranos.
Es un “apagón educativo”, una situación no vista en 40 años, como lo describió en 2023 un amplio informe del centro de investigación y pensamiento Estado de la Nación, perteneciente al sistema de universidades públicas que ahora están bajo el fuego del Gobierno de Rodrigo Chaves, quien las acusa de consumir demasiados recursos y quitar el dinero que podría ir a escuelas rurales, por ejemplo.
La demanda de la marcha, sin embargo, va más allá del pulso por el monto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), aunque Chaves se centre en ello consciente de que recibe respaldo de sectores de la población, sobre todo el más desfavorecido y voces de la derecha que claman por reducir el aparato estatal o alimentar el creciente negocio privado de la educación.
Además de la comunidad universitaria, casi 12 000 docentes de escuelas y liceos acudieron a la protesta, reconoció el Ministerio de Educación dirigido por Anna Katharina Müller, una exfuncionaria de Unesco contra quien la Asamblea Legislativa aprobó en julio un histórico voto de censura. Le recriminan el impago de decenas de miles de reclamos salariales de profesores, el incierto contenido de un plan que ella llama “Ruta de la Educación” y el apoyo que dio a la decisión del Gobierno de recortar 65 000 millones de colones (125 millones de dólares) el presupuesto del sector para 2025, lo que propiciará el monto relativo más bajo del siglo, como porcentaje del PIB. “Recortar la inversión educativa es el peor error que un país puede cometer”, criticaba Leonardo Garnier, exministro de Educación que fue en 2022 asesor del secretario general de Naciones Unidas para la Cumbre “Transformando la Educación”.
Garnier no es el único exministro que se manifiesta. Astrid Fischel, exjerarca de Educación y exvicepresidenta de la República, anunció este mes su renuncia al Consejo Superior de Educación, por “la significativa y creciente reducción del presupuesto social, y en particular de los recursos asignados a la educación”. Esta renuncia es “una alarmante señal”, reaccionó otra exministra de Educación, Sonia Marta Mora, que señaló “una muestra más del extravío en la conducción”. Garnier, Fischel y Mora pertenecen a partidos políticos distintos, agrupaciones contra las cuales Chaves acostumbra despotricar desde su posición de estar liderando “una revolución pacífica” en la política nacional.
Sostenibilidad del sistema educativo
Los exministros defienden la sostenibilidad del sistema educativo en general, no sólo el dinero de las universidades públicas que atienden a 125 000 estudiantes y se han convertido en un foco de crítica a las políticas de recorte social que vienen desde antes del 2022, cuando llegó Chaves al poder. El Presidente, sin embargo, centra su defensa en criticar los salarios jugosos que goza una minoría de funcionarios, con especial atención para la Universidad de Costa Rica (UCR) donde él cursó dos años de la carrera de Economía en los años ochenta, hasta que la abandonó porque sus padres no le permitieron seguir la indisciplina y el desperdicio de tiempo, contó él mismo en un programa de radio.
Chaves, sin embargo, es sólo un acelerador del problema, reconocen los dirigentes de la marcha del miércoles. “Esta crisis educativa no es de ahora. Venimos de un proceso recortista, privatizador y sistemático que con esta Administración se ha profundizado”, decía la líder estudiantil Raquel Loría en el programa Hablando Claro, un espacio que el Gobierno incluye en su lista de adversarios. Ahí también el dirigente sindical Gilberth Díaz criticó la alta prioridad del Gobierno en dedicar el dinero a pagar la deuda, refiriéndose a la política de Chaves de “abonar al principal de la tarjeta de crédito”, como un reflejo de favorables cifras macroeconómicas.
“El presupuesto para educación para el año 2025 es 2 580 414 millones de colones (unos 4 962 millones de dólares). El presupuesto para el pago de intereses para el año 2025: 2 538 125 millones de colones (unos 4 890 millones de dólares). El dato habla solo”, publicó en sus redes sociales el economista Fernando Rodríguez, exviceministro de Hacienda e investigador en la Universidad Nacional.
Ante el estrujamiento presupuestario del sector educativo, la presión viene incluso de actores inusuales en este tipo de reclamos. “El país debe trabajar en garantizar el contenido presupuestario de los programas del Ministerio de Educación, de las Universidades Públicas y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, entidad autónoma de capacitación técnica), en términos de garantizar no solo el acceso sino también la calidad de la educación” dijo esta semana en un comunicación la Unión de Cámaras y Asociaciones Empresariales (UCCAEP), que llamó a “reducir las brechas”. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recomendado al país aumentar la inversión social tras haber alcanzado estabilidad fiscal después del golpe de la pandemia a las finanzas públicas.
El recuento de los daños recientes es ingrato. Entre 2022 y 2023 se recortó 28% la cantidad de becas educativas de un programa llamado ‘Avancemos’ para alumnos pobres, que son el 40% de la población estudiantil. En 2024 no se recuperó esa caída y para 2025 tampoco se ven buenas señales. Entre los afectados estuvieron Anthony y su hermano del medio, quien va al colegio porque su madre lo obliga aunque sospecha que le pasará igual que el hijo mayor. “Aprenden poca cosa y tampoco entusiasman a los chicos, pero ¿qué va a hacer uno? ¿Dejar que vayan a aprender las cosas malas de la calle? No, jamás”, reflexiona Olga, la madre.
Esa preocupación maternal está lejos de ser una rareza. Las autoridades educativas y de seguridad reconocen la necesidad de mejorar las condiciones de la enseñanza para plantar cara ante las tentaciones de vida fácil del crimen organizado, que ve a los adolescentes vulnerables como una enorme cantera para el negocio del narcotráfico y la violencia relacionada. “Se ha dejado en una forma bastante irresponsable que la educación baje a niveles que ya no puede seguir haciéndolo, porque estamos sacrificando el futuro de generaciones”, dijo el miércoles el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, al recibir a los dirigentes de la manifestación.
Este es el panorama sombrío que señaló Arias en su discurso anual en la Asamblea Legislativa, cuando calificó como “incalculables” las consecuencias del recorte educativo y pidió al Gobierno revertir la tendencia como una forma de frenar la escalada de homicidios y de apuntalar el crecimiento económico de manera inclusiva. Que Anthony se recupere del rezago de conocimientos, que su hermano del medio sienta ganas de ir al colegio, que el mayor pueda cumplir su sueño de estudiar Informática. “Que vivan mejor que como han vivido conmigo y que ayuden a su país”, dice la madre.