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“¿Y un ciudadano no es soberano en su propia tierra?” o “¿por qué no se deja entrar a nicaragüenses, ejemplo, sacerdotes, monjas, pastores, gente que predica la palabra de nuestro señor Jesús? Es un delito predicar la palabra?”, son parte de los cuestionamientos que usuarios en redes sociales realizan a la ministra del Interior, María Coronel Kinloch, que por primera vez alegó en televisión nacional que existen restricciones de entrada al país a “cualquier persona que atente contra la paz”, una formulación amplia que, sin mencionarlo abiertamente, coincide con el patrón aplicado en los últimos años contra opositores, críticos del régimen sandinista y sus familias. 

La gran pregunta es: si el régimen asegura que los opositores han cometido delitos según las mismas leyes que él mismo ha impuesto, ¿por qué impedirles la entrada al país? Si realmente fueran “delincuentes”, resulta contradictorio que Nicaragua sea, aparentemente, el único país que bloquea el ingreso de personas a las que afirma querer procesar. La práctica de negar el retorno a críticos del gobierno —que la ministra Coronel Kinloch aludió al hablar de restricciones para quienes “atenten contra la paz”— refuerza un patrón sostenido de castigo político y no una aplicación coherente de la justicia. 

Salvador Marenco, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, confiesa que el país es un caso anómalo. Primero, porque “no hay ningún delito que perseguir” y es considerado “un mecanismo de represión utilizado por parte del régimen”, que busca un “clima de estigmatización en contra de las personas y principalmente un mensaje de ruptura social”.

Marenco enfatiza que estas restricciones por parte de la dictadura Ortega-Murillo pretenden “generar un enemigo público tanto interno como externo, en los cuales ellos puedan culparlos de cualquier responsabilidad que ellos tengan”.  Si bien, Coronel Kinloch insiste en vincular a la oposición con delitos como crimen organizado, terrorismo y acciones “contra la paz y la seguridad”, la realidad muestra un patrón más amplio: no solo se está impidiendo el ingreso a opositores y a sus familiares, sino también a personas sin ninguna vinculación política.

La represión no distingue edades: Rosa, 78 años, impedida de entrar a Nicaragua

Rosa es una pensionada nicaragüense de 78 años que vive en Portugal, junto a uno de sus hijos desde hace nueve años. La familia había planeado reunirse en Canadá para viajar a Nicaragua con otro de sus hijos, residente en Toronto, junto a su esposa canadiense y sus hijos menores. Sin embargo, días antes del vuelo, la aerolínea les notificó que el Gobierno de Nicaragua les había negado la entrada al país, dejándolos sin posibilidad de regresar a su propia casa. 

La familia no explica las razones del régimen para impedirles la entrada a su país, y alegan que incluso no estuvieron en 2018, durante las protestas sociopolíticas que pusieron en jaque a la dictadura sandinista. Este caso, es similar a otras denuncias recopiladas por las organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, quienes sin ninguna justificación fueron rechazados para ingresar vía terrestre o aérea del país, atentando contra los derechos humanos que tanto predica Coronel Kinloch.

“Las recientes declaraciones de Coronel son una aceptación tácita de la comisión del crimen de lesa humanidad tanto de deportación o traslado forzado como de persecución política, ya que se ha erigido contra las personas opositoras o consideradas como tales. Es una nueva modalidad que es el destierro, el impedimento de ingreso al territorio nacional e incluso la negativa de documentos. Estos tres elementos con la configuración de uno o más, generan lo que se llama apatridia de facto, que no es más que el desconocimiento de tu nacionalidad como nicaragüense”, dice Marenco. 

Agrega que, esta apatridia de facto se ha aplicado a centenares de nicaragüenses como el caso de Rosa y sus hijos, y hasta la familia de ellos. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más tiene un registro de 224 personas en esta condición de apatridia de facto. 

“De las fuentes de investigaciones que realiza el Colectivo, la apatridia de facto ha tenido impactos múltiples porque generan la misma situación de vulnerabilidad que la desnacionalización arbitraria a 452 nicaragüenses, puesto que usualmente viene acompañado de confiscaciones, cancelación de pensiones, de vejez e todo tipo de represión, hostigamiento, la cancelación de documentación, etcétera”, reafirma Marenco. 

Apatridia, destierro y represión: un patrón estatal que contraviene convenciones internacionales

La Resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 3 de abril de 2025, también reconoce que el Gobierno de Nicaragua y ve con preocupación “el empeoramiento de la situación de las personas desplazadas por la fuerza y por la tendencia persistente al desplazamiento forzado, encomiando a los Estados vecinos y otros Estados de la región por sus continuos esfuerzos para recibir y acoger a los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas procedentes de Nicaragua…”, condenando esta privación arbitraria de la nacionalidad por parte del régimen. 

Según estimaciones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos para Nicaragua (Ghren, por sus siglas en inglés), “desde febrero de 2023, ha despojado de su nacionalidad a por lo menos 546 nicaragüenses, en violación de su derecho humano a una nacionalidad, lo que, como apátridas, los expone a más violaciones y abusos de los derechos humanos, en particular a la imposibilidad de volver a entrar en el país después de su salida, obtener documentación legal, acceder a la protección consular, ejercer sus derechos humanos y satisfacer sus necesidades básicas”. 

Esta privación de la entrada al país de origen para cientos de nicaragüenses que han denunciado las acciones del régimen y otras que han callado como el caso de la familia de Rosa por temor a más represalias, atenta contra el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho de los refugiados, así como por los instrumentos relativos a la apatridia, lo que incluye, con respecto a los Estados partes, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, indica el Ghren.

Marenco enfatiza que Coronel,  pone en práctica la reforma de la Constitución Política, que cercenó el artículo 32 del derecho que tenían los nicaragüenses de poder ingresar y salir libremente del territorio nacional, y  no es más que una “política de Estado de utilizar la nacionalidad y el arraigo a tu tierra como una medida de represión, una medida de presión para que las personas estén sometidas a la voluntad de la pareja dictatorial”. Agrega, que también es considerado un crimen de lesa humanidad, “porque ha sido cometido de forma sistemática y generalizada como una política de Estado y porque el derecho internacional además lo prohíbe como una de los peores crímenes que se puedan cometer”. 

El defensor de derechos humanos enfatiza que esta persecución política genera efectos gravísimos en la persona, o bien la muerte civil que trae “destierros, el impedimento de ingresos, usualmente generan en las personas una obligación a exiliarse, a romper sus lazos, a romper cualquier tipo de vínculo que tengan con sus tierras, con sus familias y todo tipo de derechos conexos como el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo… Lo justifican en tratar de mantener la paz”. 

Las palabras de Coronel Kinloch caen por su propio peso. No hay “paz” que proteger cuando el Estado convierte la nacionalidad en un arma, ni “seguridad” posible, cuando se castiga a ciudadanos inocentes con el destierro y la apatridia de facto. La dictadura dice defender la soberanía mientras expulsa, rechaza o priva de documentos a los propios nicaragüenses, niega en la práctica el derecho más básico: pertenecer a tu país. 

Coronel Kinloch al igual que la dictadura no defiende la seguridad, sino ejerce control; no da legalidad, sino de castigo político; no de proteger a Nicaragua, sino de silenciar, separar y sembrar miedo. Frente a ello, la pregunta en redes sociales que resuena —y que la ministra evita responder— es inevitable: ¿Cómo puede un régimen que expulsa a sus propios ciudadanos seguir hablando de soberanía?