La violencia política se recrudece contra la ciudadanía en la víspera de las elecciones municipales

El último informe de Urnas Abiertas señala que en los primeros seis meses de 2022 el régimen sandinista ejecutó 385 hechos de violencia política en Nicaragua. El régimen ha modificado el mecanismo de represión en comparación a 2021, ya que ahora es dirigido a la “ciudadanía en general” y no solo a opositores y periodistas

Foto de archivo de Divergentes.

En la víspera de unas elecciones municipales encaminadas a consolidar en Nicaragua un modelo de partido único, el régimen Ortega-Murillo ha recrudecido la violencia política: en comparación a 2021, cuando la dictadura desató una ola de detenciones contra opositores, este año la violencia estatal ha estado dirigida a la ciudadanía en general y organizaciones civiles a quienes se les ha cancelado sus personerías jurídicas, consideró Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.

El último informe del observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas señala que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2022 se registraron 385 hechos de violencia política en Nicaragua. Abril fue el mes en el que más casos se reportaron (164). Un patrón que, según el organismo, se repitió en años anteriores por la conmemoración de la insurrección cívica de 2018.

El 12 de abril, a unos días de celebrarse el cuarto aniversario de las protestas ciudadanas, la Policía del régimen Ortega-Murillo desató una redada contra músicos críticos de su administración, quienes posteriormente fueron expulsados de Nicaragua.

De acuerdo con el informe de Urnas Abiertas, en abril se registraron 164 sucesos violentos, una cifra superior a los 69 registrados en junio, los 60 de mayo, o los 49 de febrero, los otros meses más agitados.

Fuente: Urnas Abiertas.

Valle, directora de Urnas Abiertas, señaló a DIVERGENTES que el organismo ha identificado un cambio en los mecanismos de violencia política ejercidos por la dictadura sandinista: en el actual contexto ha cesado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la “militarización” en las calles y el asedio a opositores, y ha concentrado la represión a través de todo el aparato estatal.

“Lo que empezamos a ver ahora es un control característico de un régimen totalitario donde se ve a todo el aparato del Estado haciendo violencia política a través de las cancelaciones de personerías jurídicas (de oenegés civiles) y negación de documentos como pasaportes”, manifestó Valle.

En tanto el informe destaca que tres de cada 10 hechos de violencia política registrados se observó como víctima principal a la ciudadanía en general, es decir, personas que no están involucradas en organizaciones políticas o sociales, “tampoco son periodistas, defensoras, trabajadores del Estado o víctimas directas de las graves violaciones de DD.HH. cometidas anteriormente”.

La Policía, la principal agresora

Foto de archivo. EFE

El observatorio responsabilizó de los hechos violentos a la Policía Nacional, el Poder Judicial, Ministerio Público, Sistema Penitenciario Nacional, alcaldías, Dirección de Migración y Extranjería y Ministerio de Gobernación, entre otros. “El régimen ha optado por una estrategia represiva generalizada contra la ciudadanía en general y otros actores de oposición”, resaltó Urnas Abiertas.

El informe indica que el 80% de los 385 hechos documentados se concentraron en los departamentos de Managua, Granada, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz y Jinotega. 

Por otro lado, Valle manifestó que, si bien la violencia política registrada en los primeros seis meses del año no está relacionada a las elecciones municipales —las cuales no han sido convocadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE) —, esta puede profundizar a medida que se acerquen las elecciones.

“El año pasado vimos que la mayor cantidad de violencia se vio el propio siete de noviembre (día de las elecciones presidenciales), entonces siempre es una alerta a lo que puede hacer el régimen de cara a que se empiecen a desarrollar las actividades del proceso electoral”, recordó la directora de Urnas Abiertas.

Por último, la opositora avizora un nuevo fraude electoral ejecutado por el régimen sandinista a través de todos los “elementos” preparados para “legitimar y garantizar la integridad del proceso electoral”.

“Ya quedó demostrado con los asaltos ilegales a las cinco alcaldías opositoras, lo que demuestra que el régimen no tiene ninguna intención de abrir el espacio cívico, de abrir la participación ciudadana y la competencia electoral”, finalizó.