Las protestas de abril han llegado a su cuarto aniversario, en medio de un clima represivo que ha servido a Daniel Ortega y Rosario Murillo para perpetuarse en el poder. Un día como hoy, 19 de abril, se cometieron los primeros asesinatos en contra de la rebelión ciudadana: el primero fue Richard Pavón, un joven de 17 años que había participado en las protestas en Tipitapa y fue asesinado por policías. A medida que se recrudecía la represión después de la orden “vamos con todo”, igualmente lo hacía los discursos de Rosario Murillo y Daniel Ortega.
19 de abril 2018
A pocos minutos de registrarse las primeras dos muertes provocadas por la represión, la vicepresidenta Rosario Murillo brindó un mensaje a la nación de última hora durante la noche del 19 de abril de 2018: “Debemos hacer un llamado a los promotores de violencia que, con cobardía y premeditación, se ocultan de las cámaras que ellos mismos llevan o los teléfonos que ellos mismos usan para reflejar como culpables a quienes en legítima defensa se han estado pronunciando por la estabilidad y los derechos, una manipulación perversa la que hemos visto en los últimos días”.
“No reflejan a los agresores y ponen a los agredidos como agresores. Es una manipulación de esos grupos minúsculos, almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio. No representan el sentimiento, la necesidad del pueblo nicaragüense que tanto ha sufrido”, sostuvo Murillo. “¡Parecen vampiros, reclamando sangre, para alimentarse!” exclamó furiosa. Mientras que los manifestantes sólo exigían la anulación de la reforma.
Por otro lado, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realizó una observación in situ sobre la situación de derechos humanos en el país que tuvo lugar en julio de 2018. A falta de cooperación de las autoridades de Nicaragua examinaron un gran número de documentos, incluyendo videos, fotografías y artículos periodísticos y material de los medios y redes sociales, muchos de los cuales fueron registrados por la ciudadanía participante en las protestas. Solo en material audiovisual revisaron y analizaron más de 10 mil archivos para concluir que en Nicaragua se cometieron crímenes de lesa humanidad. El grupo registró la ejecución extrajudicial del adolescente Richard Pavón.
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21 de abril 2018
El presidente Daniel Ortega realizó su primera aparición desde el inicio de las protestas. En su discurso aseguró que los manifestantes eran “delincuentes, pandilleros y vándalos”.
“Esto que está aconteciendo en estos momentos en nuestro país, no tiene nombre. Yo entiendo que grupos de estudiantes movilizados, ellos posiblemente ni siquiera conocen qué partido es el que está moviendo todo esto, nosotros sí lo sabemos, pero con una buena manipulación de las redes (sociales), claro, le tocan el sentimiento a muchachos estudiantes que piensan que se está haciendo mal con los asegurados con esta Ley, y entonces van a protestar… pero cuando los que organizan este tipo de protesta vienen e incorporan a jóvenes, muchachos o adultos que han caído en la delincuencia, son delincuentes, ahí está el récord, lo tiene la policía el récord de estos delincuentes, de los que han sido detenidos, son miembros de pandillas… Cuando incorporan a estos miembros de pandillas, entonces están totalmente criminalizando la protesta, la están criminalizando y están poniendo en riesgo a los mismos muchachos que con buenas intenciones llegaron a la protesta”, afirmó Ortega.
Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba que los detenidos en ese momento eran miembros de algún grupo delincuencial o pandilla. El 23 de abril, Rosario Murillo anunció la decisión de liberar a los detenidos en las protestas, a petición del cardenal Leopoldo Brenes, “estableciendo las bases del diálogo”.
Además, el gobierno afirmó que “vándalos de derecha” se sumaron a las protestas para realizar saqueos, lo que lo “obligó a usar la fuerza”. En cambio hay muchas pruebas tales como fotografías y videos, además de testimonios que demuestran que los propios seguidores del gobierno y policías fueron los causantes de sembrar el caos y robar en los negocios.
18 de mayo 2019
“Hemos escuchado a nuestro comandante (Daniel Ortega), hablar de nuestra gloriosa bandera nacional y como a través de la historia siempre ha habido un puñadito de vende patrias que la han querido secuestrar y arrastrar”, dijo la vicepresidenta Rosario Murillo en clara alusión a los autoconvocados que piden sus renuncias por la represión que iniciaron desde abril de 2018.
“La historia ha demostrado que el pueblo la ha usado como símbolo de unidad y paz, que la han querido arrebatar. Nos ha costado la paz, en medio de las amenazas que conocemos”, agregó Murillo.
El régimen Ortega-Murillo, luego de retomar el control de cada uno de los bastiones a través de la “Operación Limpieza”, en la cual fallecieron un gran número de protestantes, inició a criminalizar a cualquier ciudadano o ciudadana que portara la bandera nacional como símbolo de protesta e incluso venderla. Un ejemplo es el caso del vendedor de banderas, Luis Enrique Cuevas Poveda, quien fue detenido el 10 de septiembre de 2018 en León. La Policía señaló a Cuevas de terrorista y lo vinculó al secuestro, tortura y asalto con escopeta en mano a varios ciudadanos en uno de los tranques de León.
23 de junio 2021
Durante el acto al 85 aniversario del natalicio de Carlos Fonseca Amador, Daniel Ortega vociferó lo siguiente: “Aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado, para provocar lo que ellos llaman el ‘cambio de régimen’. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes”, refiriéndose a los siete precandidatos presidenciales opositores que siguen presos en “El Chipote”.
“Lo que provoca asombro en algunos es que, de repente, la Policía, la Fiscalía han encontrado una red. Esa red que se venía denunciando desde hace rato, que conspiró, venía conspirando ya sobre el tema de la seguridad social, que conspiró cuando el incendio allá en la Costa del Caribe de Nicaragua, que conspiró y se lanzó a cometer los crímenes más brutales que se han cometido en los últimos tiempos aquí en Nicaragua, en abril de 2018”, afirmó Ortega.
No obstante, durante los juicios maratónicos de estos siete precandidatos no hubo pruebas documentales ni testimoniales que comprobaran que son unos criminales como afirma Ortega, mucho menos que ellos financiaran las protestas de abril 2018.
Un ejemplo es el caso del juicio de la precandidata Cristiana Chamorro, en el cual la Fiscalía no pudo probar el delito central de “lavado de dinero”. Los fiscales no presentaron la investigación de los peritos para sostener la acusación, los policías admitieron que no conocían por qué se acusaba a los detenidos y afirmaron que sus testimonios fueron proporcionados por sus jefes.
6 de abril 2021
“Cuántos escenarios fueron coreografiados, construidos en ese nefasto abril que todos aborrecemos y nunca volverá. Cuántas personas, incluso fuera del país se confundieron cuando vieron ‘teatro puro’, por eso sabemos que hay coreografías construidas para pretender movilizar conciencias hacia un lado y otro”, expresó Rosario Murillo al mediodía de ese miércoles de abril.
“Querían los destructores de la paz que la insurrección se repetía en Nicaragua, lo que había es crimen organizado con un montaje coreográfico que simulaba la epopeya de la insurrección. ¿Quién les creyó?, nadie, porque las mentiras tienen patitas cortas”, prosiguió Murillo.
Hasta el día de hoy el régimen Ortega-Murillo tiene a más de 181 presos políticos en distintas instalaciones del sistema penitenciario. A cuatro años del estallido social se sigue movilizando el material audiovisual que han servido como pruebas contra el régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó en noviembre de 2021 que los nuevos datos incluyen a otras 27 víctimas mortales, situando en 355 la cifra de decesos relacionados con las medidas para sofocar las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega.
El GIEI asegura que las protestas sociales que iniciaron en Nicaragua a partir del 18 de abril, no fueron producto de acontecimientos aislados sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales que fueron coartando la expresión ciudadana, cerrando espacios, cooptando instituciones públicas y concentrando el poder en la figura presidencial compuesta por Ortega y Murillo. “Ello fue generando y acumulando un descontento social que se manifestó a través de los años en diferentes expresiones sociales que fueron reprimidas en forma violenta por la Policía Nacional y los grupos de choque”.