Las declaraciones de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no sólo generaron polémica e indignación entre los nicaragüenses, sino que contradicen la postura crítica hacia Managua de su principal y poderoso aliado: Estados Unidos. Mientras la mandataria aseguró que Nicaragua tiene el “Gobierno que han elegido tener”, y con el cual mantienen una relación “armoniosa”, el Secretario de Estado Marco Rubio remarcó que el régimen copresidencial constituye “un desafío para la estabilidad hemisférica”.
En un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump –en extremo cercana al proyecto político chavista que encabeza ahora Fernández– ha impuesto sanciones y cancelaciones de visas a funcionarios sandinistas, las declaraciones de la mandataria a la cadena NTN24 han desconcertado. Para Manuel Orozco, investigador del Diálogo Interamericano, las declaraciones reflejan “un amateurismo político por no haber preparado su encuentro con el apoyo del personal del servicio exterior”.
Orozco señala que los funcionarios costarricenses de política exterior, inteligencia y comercio “tienen bien claro lo que es Nicaragua como dictadura, y cómo manejar al país: con distancia, sin conflicto, con mejor protección de la soberanía y la seguridad humana de los costarricenses y los refugiados, pero sin piropos”.
“El efecto inmediato es, como dijo una figura costarricense muy influyente, ‘pena ajena’ ante una torpeza política tan inesperada por parte de un líder en la historia del país”, remarcó el también analista político.
Orozco se refiere al expresidente Luis Guillermo Solís, quien criticó en sus redes sociales las declaraciones de Fernández. Pero también otros exmandatarios se pronunciaron. Una de las más vehementes fue Laura Chinchilla, quien pidió disculpas públicamente a “las hermanas y hermanos de Nicaragua” ante lo que calificó como “atroces declaraciones” de la mandataria.
Chinchilla enumeró los errores de Fernández: ignoró que las tres últimas reelecciones del régimen Ortega-Murillo fueron cuestionadas por observadores internacionales y que en la última, siete candidatos presidenciales fueron encarcelados o inhabilitados; encubrió bajo una supuesta “estabilidad económica” más de 350 asesinatos, más de 120 casos de desaparición forzada, más de mil opositores detenidos y más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil clausuradas; ignoró la muerte en detención del dirigente miskito Brooklyn Rivera, que generó pronunciamientos de la OEA, el Departamento de Estado y la Unión Europea.
Chinchilla también cuestionó la alusión de Fernández a Dios en Nicaragua. La mandataria cerró sus declaraciones con un “Dios con Nicaragua” que la expresidenta interpretó como una exculpación a los dictadores, en un país donde sacerdotes han sido encarcelados, congregaciones religiosas expulsadas y procesiones de Semana Santa clausuradas. Para Chinchilla, las declaraciones tienen solo dos explicaciones posibles: “ignorancia o indiferencia”. “Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo, deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías”, criticó.
Descartan afectación en relación con Washington
Pese al revuelo causado por las declaraciones de Fernández, Orozco descarta que las declaraciones vayan a afectar la relación de Costa Rica con Washington. “Fue una declaración con mucho desatino que no repercutirá a más, pero que sí hizo levantar los ojos”, dice.
El analista político advierte, sin embargo, que la relación bilateral entre San José y Washington atraviesa tensiones propias: Estados Unidos acusó recientemente a Costa Rica de irregularidades en el manejo comercial vinculadas al trabajo forzado, y las exportaciones costarricenses cayeron un 12% en los primeros cuatro meses del año, principalmente en dispositivos médicos y equipo electrónico.
Para Orozco, la política exterior de Estados Unidos mantiene sus cuatro prioridades al frente: contener a China, reducir déficits comerciales, frenar la migración y enfrentar a las fuerzas iliberales, entre las que incluye al régimen Ortega-Murillo, cuyos funcionarios sancionados han visto cerradas sus cuentas bancarias durante 2026.
“En Nicaragua, el régimen copresidencial interpretó las declaraciones de Fernández como una victoria propia. Sin embargo, no es algo que cambie cómo Costa Rica percibe a Nicaragua”, explica Orozco. “Fernández puede que haya aprendido la lección, o que refleje que esa es otra de sus notas características de hacer política en el país”.
¿Temor al cierre de la frontera?
Detrás de la cautela costarricense hacia el régimen Ortega-Murillo hay un cálculo político que viene de atrás. Fuentes consultadas por DIVERGENTES señalan que Costa Rica, en especial bajo el Gobierno de Rodrigo Chaves, ha evitado la confrontación directa con Managua por temor a que el régimen cierre la frontera y afecte la ruta comercial centroamericana, una vía clave para el flujo de bienes entre los países del istmo.
Por su parte, el exdiputado opositor Eliseo Núñez, sostiene que la posición de Costa Rica no sorprende. La clave, dice, está en la geografía y en el dinero. El paso por Nicaragua es, para Centroamérica, “el equivalente al estrecho de Ormuz para el Medio Oriente”: quien lo controla tiene poder real sobre el flujo comercial de la región. Eso explica, según Núñez, las posturas que él llama “conservadoras” de Costa Rica y Honduras, países donde grupos empresariales tienen intereses significativos en Nicaragua y no están dispuestos a arriesgarlos ante un régimen que, advierte, “es una amenaza real en ese sentido”.
“Eso nos deja claro que Centroamérica no va a ser el socio principal en la búsqueda de restituir la democracia en Nicaragua, porque hay demasiados intereses cruzados como para que podamos tener confianza en que las cosas puedan fluir”, afirmó Núñez.
El exlegislador aclara que no lee esto como una decisión política de los gobiernos, sino como una imposición de los grupos empresariales con intereses en Nicaragua. Un patrón que, dice, se repite más allá de Costa Rica: también en Guatemala, El Salvador y Honduras, donde los vínculos económicos con el régimen pesan más que cualquier consideración democrática.
Las declaraciones de Fernández no ocurren en el vacío. Las relaciones entre San José y Managua atraviesan un momento de deterioro desde las primeras semanas de su gobierno. El canciller Manuel Tovar criticó en foros internacionales la presencia militar rusa en Nicaragua y exigió que Europa aplique la cláusula democrática del acuerdo de asociación; el régimen rechazó la terna costarricense para la Secretaría General del SICA, aunque finalmente la candidata costarricense fue aprobada; y persiste el conflicto por la minería ilegal de oro en la frontera.