Los miskitos están molestos: la cancelación de la personería jurídica del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) ha causado malestar entre estos indígenas del Caribe Norte, quienes sienten que han perdido la única voz que tenían para denunciar la invasión de sus tierras y la violencia de los colonos a nivel nacional e internacional.
“El Gobierno ve a Cejudhcan como un enemigo por su trabajo en la defensa de nuestros derechos”, suelta con rabia Silvio, un miskito que pide no ser identificado por represalias. Desde que supo que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo decapitaron a Cejudhcan, entendió lo que el oficialismo pretende ocultar: “El régimen se siente amenazado porque la organización ha demostrado que los dirigentes del sandinismo han colaborado para que avance la invasión de colonos. También han comercializado directamente propiedades comunales”.
La cancelación de Cejudhcan fue aprobada por la aplanadora oficialista de la Asamblea Nacional el 17 de marzo. También se eliminaron las personerías jurídicas de organizaciones y fundaciones, entre las que destacan centros de pensamientos, educativos, de libertad de prensa, de salud y feministas. La presidenta de Cejudhcan es Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020 fue galardonada con el “Premio Nobel Alternativo” (Right Livelihood Award) por su constante denuncia de la violencia que sufren los indígenas por defender sus territorios. Esa alta visibilidad, coinciden indígenas y activistas consultados para este artículo, causó la cancelación de la personería como una forma de “venganza” oficial.
“Cejudhcan ha sido una organización que ha estado en la zona obteniendo evidencia de la inseguridad ciudadana, alimentaria, de la pobreza y las invasiones de los territorios indígenas”, sostuvo una defensora de derechos humanos. Igual, solicita anonimato. “El gobierno trata de deshacerse de una organización que también cuestionaba la indolencia de un Estado que no ha resuelto ni ha ofrecido una respuesta a la demanda de justicia de los pueblos indígenas y afrodescendientes”.
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El cierre de Cejudhcan también responde a una estrategia de deslegitimar ante organismos internacionales las denuncias en su contra. “Van a disfrazar los motivos reales de las masacres, los atropellos a derechos y las violaciones de los pueblos indígenas”, sostuvo la activista consultada.
“Al no tener una autoridad en el territorio, como lo era Cejudhcan, entonces van a imponer su discurso político. Todo lo que está sucediendo también es una forma de tomar venganza en contra de una institución que colaboró, por ejemplo, con organizaciones como el Oakland Institute, cuyas investigaciones expusieron la situación de la ganadería en tierras indígenas, el efecto que ha tenido la invasión de colonos en áreas comunales, así como las concesiones mineras”, prosiguió la fuente allegada al organismo decapitado.
Control del régimen
Para Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, cuya personería jurídica fue cancelada en 2018, la orden de eliminar a organizaciones como Cejudhcan, que tienen un trabajo importante en los territorios, forma parte del control que el régimen sandinista pretende ejercer en cualquier entidad que trabaje en Nicaragua. La dictadura, según él, no acepta ninguna voz alternativa que difiera de sus políticas y acciones. Mucho menos que la exhiba ante foros internacionales dada su negligencia para resolver conflictos o acelerarlos.
“En 2020, el régimen presentó ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana un informe en el que aparecen más de 1.797 organizaciones que son consideradas de riesgo para el Estado nicaragüense. Cejudhcan estaba dentro de esa lista, sobre todo porque en el espacio internacional ha sido una voz contundente. Lo vimos en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos”, dijo Ruiz.
Para Ruiz, exiliado en Costa Rica, la prueba de que los indígenas pierden con el cierre de Cejudhcan es el reciente asesinato del mayagna Salomón López Smith, cuyo cuerpo ha sido encontrado con signos de terribles de tortura: el cráneo destrozado, la piel separada del rostro, sin orejas, varios dedos mutilados, sin cabello, la columna fracturada y varios disparos en la espalda.
“El gobierno dijo que el asesinato de Salomón López Smith fue por un problema de tierras, pero no podemos verlo solamente así, porque está vinculado a una articulación mayor de intimidación a la población indígena por grupos de colonos para robarles las tierras con el beneplácito del gobierno”, explicó Ruiz. “Con este ejemplo quiero poner en evidencia que quien pierde es el pueblo porque no podrá tener justicia verdadera. Estarán viendo cada incidente de manera separada y no articulada ni integrada a un proceso mayor que es la limpieza étnica o la gentrificación de los pueblos ante un Estado que permite que esto ocurra”, aseguró Ruiz.