El régimen Ortega-Murillo amplió su cementerio de oenegés: La aplanadora oficialista en la Asamblea Nacional aprobó este 17 de marzo la cancelación de 25 personerías jurídicas de organizaciones y fundaciones, entre las que destacan centros de pensamientos, educativos, de libertad de prensa, de defensa de los pueblos indígenas, de salud, feministas y una relacionada a las micro finanzas. El guillotinazo fue propuesto formalmente por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos del Parlamento. Fue aprobado con 74 votos favorables.
Hasta la fecha, el gobierno había cancelado 107 oenegés. Con estas nuevas 25, la cruzada contra las organizaciones sumaría 132. Entre las nuevas fundaciones y asociaciones destacan la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) que cerró operaciones en febrero de 2021 para no someterse a la Ley de Agentes Extranjeros. De hecho, el pasado 11 de marzo la justicia orteguista declaró culpable a la presa política presidencial Cristiana Chamorro y a extrabajadores de la (FVBCh) por el supuesto lavado de dinero y delitos conexos, a pesar que la Fiscalía no pudo presentar pruebas suficientes.
También fue cancelada la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), una institución nacida bajo el auspicio del sector privado. Ética y Transparencia (EyT), una de las organizaciones más prominentes en materia de observación electoral, fue anulada junto al Centro Humboldt. Este último era el único centro de pensamiento relacionado a temas medioambientales netamente. Las investigaciones del Centro Humboldt denunciaban el extractivismo al amparo gubernamental, el expolio de los recursos naturales y los efectos del cambio climático en el país.
Otro golpe lo sufrirán los indígenas miskitos de la Costa Caribe Norte del país, ya que el régimen ha pedido la cancelación del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN). Es la única organización que durante años ha documentado la invasión de los territorios indígenas, a pesar de las amenazas de los colonos (invasores) y autoridades regionales del Frente Sandinista. CEJUDHCAN es dirigido por Lottie Cunningham, una abogada miskita cuya labor ha sido reconocida internacionalmente. En 2020 le otorgaron el galardón Right Livelihood Award, también conocido como “Premio Nobel Alternativo” por su constante denuncia de la violencia letal que sufren los indígenas por defender sus territorios. Desde hace meses, Cunningham sufría acoso, incluso en el mismo Aeropuerto Internacional de Managua cuando intentaba viajar.
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El Centro de Prevención Contra la Violencia (CEPREV), dirigido por Mónica Zalaquett, será cerrado y su labor con jóvenes en riesgo en Nicaragua quedará suspendida. El principal objetivo del CEPREV era promover “un modelo de prevención de la violencia que contribuya a la construcción de una cultura de paz en Nicaragua”.
Otra sorpresa ha sido la cancelación de Operación Sonrisa Nicaragua, una oenegé conformada por un grupo de médicos y personal paramédico calificado, que trabaja voluntariamente llevando a cabo jornadas quirúrgicas, tratamiento multidisciplinario y programas educativos en el país. Operación Sonrisa interviene quirúrgicamente a unos 560 infantes al año con algún tipo de malformación en la boca. Al año, en Nicaragua nacen entre 600 y 700 niños con paladar hendido o labio leporino. La oenegé médica tenía más de 23 años de atender en Nicaragua y “ha beneficiado a más de 5 mil pacientes, que son tratados desde recién nacidos hasta que cumplen 16 años de edad”, según su portal web.
Cerco sobre la UCA
Entre las 25 oenegés guillotinadas resalta la Asociación Fondo de Desarrollo Local, adscrita a la Universidad Centroamericana (UCA), específicamente por el Instituto Nitlapan. De esta asociación surgió una de las principales microfinancieras de Nicaragua: FDL. Al día de hoy, FDL beneficia a 70 mil clientes con una cartera de 90 millones de dólares. Sin embargo, la microfinanciera no se verá afectada con el cierre de su Asociación madre porque en 2016 se independizaron y pasaron a ser una institución financiera regulada por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF).
Sin embargo, la anulación de la Asociación Fondo de Desarrollo Local es interpretada como el cierre del cerco contra la UCA. La universidad es asfixiada económicamente por el régimen Ortega-Murillo. Primero le recortaron el presupuesto constitucional del 6% y hace una semana la universidad jesuita informó a estudiantes sobre el recorte de becas.
“Esto es parte de la estrategia del régimen para eliminar cualquier forma de organización social para que no exista ninguna posibilidad de generar expresiones de movilización, creación de conciencia y ciudadanía”, sostuvo Elvira Cuadra, socióloga e investigadora.
Otra organización bajo la guadaña Ortega-Murillo es Voces Vitales, lanzada en 2009 por Mercedes Deshon, María Nelly Rivas, Egda Vélez y Cristiana Chamorro. Voces Vitales trabaja con “mujeres líderes que están asumiendo los mayores desafíos del mundo, desde la violencia de género hasta la crisis climática, las desigualdades económicas y más”.
También sorprende la guillotina sobre la Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (FOBECA). Esto afecta a decenas de estudiantes de secundarias becados. Actualmente, 32 jóvenes becados quedan en el limbo.
Los diputados alegan que estas 25 organizaciones no presentaron ante el Ministerio de Gobernación estados financieros y no reportaron juntas directivas, “transgrediendo” la Ley General Sobre Personas sin Fines de Lucro y Ley Contra el Lavado de Activos. Estos argumentos han sido usados contra las oenegés cerradas bajo la cruzada del gobierno Ortega-Murillo, iniciada desde 2018 tras las protestas sociales. Todas las oenegés cerradas han desmentido lo que dice Gobernación y, en cambio, aseguran que la institución pone demasiadas trabas para no recibirles los documentos.
De acuerdo a una investigación de DIVERGENTES, los grandes perdedores con esta decisión son las poblaciones de escasos recursos ubicadas en su mayoría en zonas rurales. Pese a que el régimen sandinista alega que las 107 organizaciones cerradas hasta ahora promueven “el golpismo” y la “financiación del terrorismo”, apenas diez corresponden a oenegés que trabajan temas de gobernabilidad, un sector al que el sandinismo le declaró animadversión desde su retorno al poder. El grueso de proyectos afectados iban para salud, educación y seguridad alimentaria de los más vulnerables. Este es el golpe que sufren los ciudadanos, incluyendo estudiantes universitarios.