Después de cuatro años de crisis sociopolítica en Nicaragua, la dictadura Ortega-Murillo mantiene un régimen de “terror” y “miedo”, en un país donde se ha roto la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y hay una violación “grave y sistemática” de derechos humanos. Esto se percibe a través de la reciente escalada represiva contra medios de comunicación y periodistas independientes, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).
“Los testimonios que hemos recibido, las oportunidades que hemos tenido de hablar con las organizaciones, observamos que hay un sentido de terror, de miedo, y los presidentes de los países no pueden acallar las voces de sus ciudadanos”, manifestó la comisionada Esmeralda Arosemena, relatora de la CIDH para Nicaragua, durante la presentación del Informe Anual 2021 del organismo, capítulo Nicaragua, presentado en Costa Rica el 27 de julio.
El informe presentado por la CIDH recoge que en Nicaragua persiste un contexto de impunidad generalizada y absoluta respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde el 2018 y las actuales dirigidas contra la prensa independiente.
“Como consta en este informe, Nicaragua se mantiene en un Estado de excepción de facto y permanente, bajo un completo quebrantamiento del principio de la separación de los poderes públicos, la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, que yo considero clave en la protección de los derechos humanos”, declaró la comisionada Arosemena.
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En ese sentido, Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, mostró su preocupación por la nueva ola de persecución y hostigamiento contra la prensa independiente, el cual tiene como propósito el “silenciamiento” al acceso de información que tienen los ciudadanos nicaragüenses.
“Defender la libertad de prensa no es defender el privilegio de una persona, sino defender el derecho de una ciudadanía a estar informado… y la prensa nicaragüense ha hecho un esfuerzo enorme por mantener encendida la información a pesar del propósito del silenciamiento que es absolutamente claro y evidente”, apuntó Vaca.
El relator añadió que el régimen Ortega-Murillo ha desplegado en Nicaragua un mecanismo muy sofisticado de censura “que es física, jurídica y simbólica”, a través de todas sus dependencias y entidades, pero que también cuenta con el respaldo del parlamento, el sistema judicial y la Policía, para restringir a las personas que piensen distinto.
“Estamos justo en unas semanas especialmente difíciles para la prensa en Nicaragua y que afecta al derecho a que la sociedad pueda recibir información. Esto ha impactado el acceso a fuentes, es difícil a la prensa acceder no solo a la información oficial sino a personas que sientan la confianza de depositar su opinión para poder aportar al debate público”, mencionó Vaca.
Situación de La Prensa
Por otro lado, el relator manifestó que en los casi 25 años que tiene la oficina de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, no recuerda tener un registro de que en un periodo tan corto haya salido una sala de redacción completa de un medio de comunicación, en referencia al exilio abrupto del equipo periodístico de La Prensa tras la persecución gubernamental.
“Hay una clara cacería de periodistas”, alertó el funcionario de la CIDH, al tiempo que mencionó que al menos treinta medios de comunicación se han visto obligados a cerrar por la represión de Ortega-Murillo.
Tras la cacería y asedio que el régimen de Nicaragua desató el pasado seis de julio contra el personal del diario La Prensa, periodistas, fotógrafos y editores se vieron obligados a salir de Nicaragua de forma irregular para resguardar su “seguridad y libertad”, ante la detención de dos conductores del periódico y el allanamiento de viviendas de varios reporteros del diario.
“Hay un exilio forzado, una vida familiar y hay una resiliencia y en ese sentido el compromiso de la RELE de seguir acompañando esta tragedia que también es una tragedia de información y que debemos naturalmente seguir documentando”, dijo Vaca.
De hecho, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), registra que, desde el 2018 hasta la fecha un total de 140 periodistas se han visto obligados a salir al exilio por las amenazas de cárcel por parte de la dictadura por ejercer su derecho a informar.
De ese total, según PCIN, 72 son varones y 68 mujeres, siendo los principales destinos de los comunicadores Costa Rica, Estados Unidos, España y México.
“Hay una profundización del deterioro de la institucionalidad, una concentración de poder en una única mirada y una prensa que está pasando por días absolutamente críticos”, aportó Vaca.
El relator además aprovechó su participación para exigir la liberación de los presos políticos, sobre todo aquellos que son periodistas o que están vinculados a los medios de comunicación. En ese sentido, mencionó al gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Camorro, Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano.
“Las personas detenidas están en unas condiciones cercanas a la tortura, sin la posibilidad de que puedan ser visitados por sus familiares, con serias preocupaciones sobre su estado de salud… La falta de información sobre las condiciones de detención son altamente preocupantes; y eso también tiene un impacto dual, no solamente es el impacto que tiene en sus entornos, en sus medios de comunicación, en sus colegas, sino es el mensaje que se le está enviando a toda la sociedad”, resaltó el relator.