En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene encarceladas a más de 70 personas por razones políticas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Los detenidos permanecen bajo condiciones inhumanas, en celdas de castigo, sin atención médica ni contacto regular con sus familias. A eso, se suma la criminalización del acompañamiento legal, el hostigamiento a familiares y el silencio impuesto por la propaganda oficial. Una práctica que no es exclusiva de este país centroamericano, sino que se repite en regímenes autoritarios de todo el mundo.
Frente a este patrón global de represión, el World Liberty Congress elaboró Camino hacia la Libertad: Manual para la Liberación de Presos Políticos, un documento sin precedentes que reúne estrategias prácticas para responder a las detenciones arbitrarias. El material está dirigido a familiares, activistas y defensores de derechos humanos, y se basa en la experiencia de quienes enfrentan directamente estas situaciones. El objetivo es brindar herramientas concretas para organizarse, documentar, comunicar y construir redes de apoyo.
El manual, coordinado por la activista venezolana Lilian Tintori, cuenta con el respaldo de personas expertas como Berta Valle, Antonieta Mendoza, Juan Carlos Gutiérrez, Jared Genser y Javier Cremades. También recoge testimonios de exprisioneros políticos y sus familiares, quienes aportan lecciones clave para resistir sin quedar aislados.
Las primeras 72 horas: documentar desde el primer momento
El manual dedica una sección a las primeras 72 horas tras una detención. Este período es clave para evitar que la persona desaparezca sin rastro. La recomendación principal es recopilar información básica de inmediato: nombre completo, lugar, fecha y hora de la detención, autoridades involucradas, testigos, evidencias disponibles. “Documenta todo lo que puedas desde el primer momento. No confíes en que recordarás cada detalle más adelante. Anótalo. Grábalo. Revisa fuentes confiables”, indica el texto.
También sugiere crear una bitácora segura para registrar llamadas, visitas a delegaciones policiales, respuestas oficiales, nombres de funcionarios y acciones emprendidas. Esa información servirá como sustento para la denuncia pública y los recursos legales. El manual enfatiza que “documentar es resistir. No es una tarea menor ni opcional: es la base de toda estrategia de defensa”.
El documento también recomienda iniciar la búsqueda de apoyo legal, comunicacional y emocional desde el primer día. En contextos autoritarios, el aislamiento inicial del detenido suele utilizarse como herramienta de presión psicológica. Por eso, el manual sugiere no esperar confirmaciones oficiales para comenzar a actuar.
Uno de los principales desafíos para las familias es enfrentar la criminalización pública del detenido. El manual advierte que “los regímenes autoritarios recurren a la desinformación y la manipulación para desacreditar a los disidentes”. Presentan a los presos políticos como criminales comunes, terroristas o desestabilizadores. Esta narrativa busca justificar la detención y aislar al detenido de su entorno social.
Frente a eso, el manual recomienda asumir con claridad el término “preso político”, siempre que el caso cumpla con los criterios de detención por motivos de conciencia, activismo o ejercicio de derechos. También sugiere construir un mensaje coherente, empático y basado en hechos verificables. “Presenta al preso como lo que es: un ser humano, una persona con valores, familia, historia. No lo reduzcas a una víctima: resalta su dignidad y sus convicciones”.
Además, aconseja que la familia desarrolle una estrategia comunicacional básica: vocería clara, canales seguros, mensajes alineados con la defensa legal y protección de la información sensible. “La comunicación debe ser constante, pero no impulsiva. Debe informar, proteger e inspirar”, señala el documento.
Redes de apoyo como sostén estratégico
El manual dedica un capítulo completo a la creación de redes de apoyo locales e internacionales. Estas redes pueden incluir familiares, organizaciones de derechos humanos, comunidades religiosas, periodistas, diplomáticos, exiliados y defensores en otros países. “No puedes hacerlo solo. Construir una red confiable es una forma de resistencia. Es también una forma de protegerte”, advierte el texto.
Las recomendaciones incluyen identificar aliados comprometidos, distribuir roles (vocería, logística, comunicación, enlace internacional) y establecer mecanismos de coordinación claros. También plantea que estas redes deben operar con protocolos de seguridad digital y emocional para no exponerse innecesariamente. El manual recuerda que la solidaridad sostenida es clave: “Muchos casos se pierden no porque no sean justos, sino porque se abandonan”.
En contextos como Nicaragua, donde el acompañamiento a presos políticos ha sido criminalizado, estas redes deben funcionar con discreción y respaldo internacional. La experiencia de familiares exiliados, como los reconocidos activistas Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, demuestra que la articulación con organismos internacionales fue determinante para su liberación.
Estrategia legal e incidencia internacional
El manual señala que la acción legal no debe centrarse únicamente en los tribunales nacionales, sobre todo cuando estos están cooptados por el poder político. Por eso, recomienda combinar el uso de los recursos internos —como el habeas corpus, las medidas cautelares o las denuncias ante defensores del pueblo— con la preparación de expedientes sólidos para presentar los casos ante instancias internacionales como la CIDH o Naciones Unidas.
“La acción jurídica no sólo busca resultados inmediatos. También construye registro, crea presión y refuerza la legitimidad del reclamo”, explica el documento. Para ello, recomienda conservar copias de todos los escritos, resoluciones, citas judiciales y violaciones procesales. Esa información, bien organizada, puede servir como prueba ante instancias externas.
Además, el manual orienta sobre cómo hacer incidencia internacional: contactar a organizaciones, presentar fichas técnicas de los casos, generar campañas digitales seguras, solicitar audiencias con organismos de derechos humanos y establecer contacto con medios y diplomáticos. “Internacionalizar un caso es exponer una injusticia ante el mundo. Puede ser la diferencia entre el olvido y la libertad”.
Cuidar al preso, cuidar a la familia
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas advirtió en un informe reciente que los familiares de personas detenidas en Nicaragua también son víctimas directas del régimen. La organización documentó cómo estas familias, en su mayoría mujeres, enfrentan vigilancia, amenazas, negación de información y un desgaste emocional prolongado, especialmente en los casos de desaparición forzada.
En ese mismo sentido, el Manual Camino hacia la Libertad reconoce que la detención política afecta a todo el núcleo familiar y recomienda estrategias para acompañar emocionalmente a los presos, proteger a quienes los rodean y organizar redes de apoyo que eviten el aislamiento y el colapso.
El manual reconoce que el encarcelamiento genera impactos duraderos tanto para la persona presa política como para sus familiares tales como: ansiedad, depresión, pérdida de ingresos, aislamiento. Por eso, insiste en que el acompañamiento debe ser integral.
Para los presos, el manual recomienda mantener rutinas dentro de la celda, cuidar su salud mental, buscar actividades de resistencia simbólica (lectura, escritura, meditación) y, si es posible, establecer comunicación con su familia o abogados. También sugiere que quienes estén fuera respeten la voluntad del preso en cuanto a exposición pública y vocería.
Para las familias, las recomendaciones son similares: establecer redes de contención, buscar apoyo psicológico, compartir responsabilidades y no sobrecargarse emocionalmente. “Quienes luchan por la libertad de un ser querido también necesitan apoyo. El autocuidado no es egoísmo: es sostenibilidad”.
En su capítulo final, el manual recuerda que la lucha por la libertad de una persona no termina con su excarcelación. Muchas veces, los excarcelados son desterrados, despojados de su nacionalidad o forzados al silencio. Por eso, insiste en que la defensa de los derechos humanos es una causa colectiva.
“La libertad de uno debe abrir el camino para la libertad de otros. Cada paso en esta lucha fortalece la dignidad y la justicia para todos”, concluye el texto disponible en este enlace.