Una circular enviada el 31 de octubre de 2023 a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó por primera vez la destitución no oficial de la presidenta de ese poder del Estado, la magistrada Alba Luz Ramos, y el nombramiento de facto del nuevo “presidente en funciones”, el magistrado Marvin Ramiro Aguilar García, quien según fuentes judiciales, estaría a cargo de la reconstrucción de un nuevo tribunal supremo que responda incondicionalmente a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Con instrucciones del doctor Marvin Ramiro Aguilar García, magistrado presidente en funciones de este Supremo Tribunal… se concede asueto con goce de salario el día jueves dos y asueto a cuenta de vacaciones el día viernes tres de noviembre”, detalló el comunicado, firmado por el secretario de la CSJ, Rubén Montenegro Espinoza.
A pesar de ser uno de los incondicionales del régimen sandinista y de haber asumido el cargo de secretario político nacional, después de la renuncia del exmagistrado Rafael Solís en 2019, Aguilar García había figurado poco en las páginas informativas de los medios de comunicación nacionales.
Su “mancha más destacada” fue la designación impuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020. “El magistrado no es el más inteligente de su clase, pero aprendió a ser silencioso y astuto. A lo largo de su carrera dentro del partido y de la Corte (Suprema) ha usado trampolines para acercarse al poder. Y gracias a eso, es que hoy goza de la confianza de los dictadores. Ellos le encargaron liderar la reestructuración de su nueva CSJ”, afirmó la fuente, quien formó parte del círculo cercano de Aguilar García y solicitó anonimato por seguridad.
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La sacudida de la dictadura a la Corte Suprema de Justicia
En las últimas semanas medios de comunicación nacionales informaron sobre una arremetida en contra de Alba Luz Ramos. El desalojo de Ramos, según estas publicaciones, fue ejecutado por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, ahora asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional.
También se informó del desalojo de Yadira Centeno González, magistrada de la Sala Civil de la CSJ, y de la destitución de facto del tercer magistrado de la Corte, Virgilio Gurdián, quien además era uno de los cuatro integrantes del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, cuerpo colegiado que era la máxima autoridad administrativa de ese poder del Estado, y del que solo quedan Marvin Aguilar y la magistrada Juana Méndez.
Estos movimientos han terminado de descabezar la CSJ. Solamente siguen en funciones seis magistrados, de los 16 que encabezan el máximo órgano de justicia de Nicaragua. Se espera que en las próximas semanas, el régimen proceda a la elección de las diez plazas faltantes.
Con la caída de Alba Luz Ramos, Yadira Centeno y Virgilio Gurdián, los magistrados que quedan operando en la CSJ son: Marvin Aguilar, Juana Méndez, Armengol Cuadra López, Gerardo Arce Castaño, Armando Juárez López y Ellen Joy Lewin Downs (todos del partido Frente Sandinista), y Manuel Martínez Sevilla (liberal).
La elección de Aguilar García para la reestructuración de la nueva CSJ no fue al azar. Según esta fuente, la sanción que impuso el Departamento de Estado en su momento dio pistas del trabajo que hacía el magistrado para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Aguilar García es el encargado de que los partidarios del régimen sean seleccionados para puestos claves y como secretario político nacional, asesora directamente al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo”, dice parte de la nota de prensa publicada ese año por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En este momento, explicó la fuente, el “presidente en funciones” tiene a su cargo un trabajo importante: elegir gente fiel a los dictadores para que ocupen los puestos que están vacíos dentro de todo el Poder Judicial a nivel nacional. La lealtad probada, continuó, es imprescindible para los puestos.
El perfil de Marvin Aguilar: “Chismoso, cepillo e incondicional”
Antes de ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia, Aguilar García fue un abogado sin renombre en Juigalpa, Chontales. Las fuentes que hablaron con DIVERGENTES para este artículo coincidieron en que era tan nulo su trabajo, que desconocen incluso en cuál escuela de derecho se graduó. Lo único que saben con certeza es que empezó su carrera judicial en los juzgados de la quinta región de Nicaragua, entre las ciudades de Boaco, El Rama y Nueva Guinea.
Sin embargo, Aguilar García dejó de ser un desconocido cuando conoció a mediados de los años ochenta a Lenín Cerna, en ese entonces jefe de la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE). Su amistad con uno de los hombres de mayor confianza de Daniel Ortega, le valió para ser su brazo ejecutor en el Poder Judicial en ese entonces y en los años siguientes a la derrota electoral del sandinismo en 1990.
“Todos los despachos legales viejos sabían que Lenín Cerna, sin ser abogado, ganaba más casos que los abogados litigantes. Pero en realidad era a través de jueces y magistrados atendidos por Marvin Aguilar”, explicó un exfuncionario del Poder Judicial que habló con DIVERGENTES bajo condición de anonimato.
Los padrinos de Marvin Aguilar en el Poder Judicial
El trabajo que realizó al servicio de Cerna, sumado a la amistad que hizo con el exmagistrado Orlando Corrales, quien fue vicepresidente de la CSJ hasta inicios de los noventa y el abogado Mariano Barahona, le valió a Aguilar García su entrada, primero al Tribunal de Apelaciones de Chontales, y después a la máxima instancia del Poder Judicial.
En los años sesenta, Orlando Corrales fue procurador de la región I de Nicaragua, y magistrado de la Sala Penal y Civil del Tribunal de Apelaciones de Estelí. Entre los años 86 y 93, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Mariano Barahona, fue fundador de la Asociación de Juristas Democráticos de Nicaragua durante los años ochenta y exmagistrado del Tribunal Supremo durante la primera etapa del gobierno sandinista el siglo pasado.
“Aguilar era muy limitado en sus conocimientos, pero Orlando Corrales y Mariano Barahona, lo cargaron todo el tiempo”, explicó una alta fuente vinculada a este poder del Estado.
Aguilar García finalmente fue premiado por el sandinismo, bajo el apadrinamiento de Cerna, en 1996 con un cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia respondiendo políticamente al Frente Sandinista. Ese mismo año también fue electa Yadira Centeno, quien fue expulsada de su oficina también por Horacio Rocha, según medios nacionales, a inicios de este mes de noviembre.
“Fue astuto y consiguió destacar en esto para ser notado por las autoridades que tenían poder dentro de la Corte. Y le sirvió para ascender, pero en el camino se olvidó de la gente que lo llevó hasta ahí”, explicó la alta fuente vinculada con el Poder Judicial.
Según esta fuente, Aguilar García desarrolló características que durante sus inicios nunca mostró a los que le ayudaron a crecer en su carrera judicial.
“Todos los que lo conocemos te pueden asegurar que se volvió desalmado e inescrupuloso. Capaz de vender a quien sea para lograr sus propósitos. Sus mismos padrinos (Corrales y Barahona) lo decían y quedaron resentidos con él porque cuando se afianzó en el poder, los ninguneó, no los atendía y hasta se les negaba”, afirmó la fuente, quién agregó que el “presidente en funciones”, siempre está buscando como sonsacar información con la gente que conoce o trabaja cerca de él.
Una mancha clara y otra oscura
Dentro de la CSJ, Aguilar se apuró por destacar y ser valorado positivamente por las máximas autoridades del Frente Sandinista y de las otras fuerzas que se disputaban el poder en aquel entonces.
En marzo de 1997, el gobierno de Arnoldo Alemán solicitó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), un programa de colaboración técnica, con el objetivo de apoyar el proceso de paz y democracia que afianzara el Estado de derecho a través del fortalecimiento institucional.
Esta solicitud dio como resultado la suscripción de un Convenio de cooperación con la OEA, que tuvo el auspicio de la Agencia Sueca de Cooperación, ASDI, y que concluyó con el Servicio de Facilitadores Judiciales como un mecanismo de apoyo para los jueces locales, especialmente en las comunidades más aisladas de Nicaragua.
“El servicio fue establecido para ayudar a los jueces locales a efectuar algunos trámites que se les dificultaba realizar, debido a que muchos juzgados tenían competencia sobre varios municipios, contaban con poco personal y el mal estado de los caminos, obstaculizaba el traslado de las personas hacia los juzgados; aunado a ello, el alto nivel de inseguridad de la zona, aparejaba un alto índice de impunidad”, dice en su página web la OEA sobre el convenio.
El funcionario al que se le atribuye la fundación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Nicaragua, y que se encargó de su coordinación, fue Aguilar García, quien años después escribiría una memoria con los logros y avances a partir del ingreso del modelo de facilitadores judiciales.
“Fue una propuesta innovadora en su momento y luego fue desarrollándose bien. Aliviaba el trabajo de los jueces en los juzgados y esto fue bien recibido por los que trabajamos en el Poder Judicial. Claro, con el paso del tiempo se politizó un poco, pero sacando eso, lo de los facilitadores fue un buen proyecto”, señaló un abogado que se refirió a este tema en particular bajo condición de anonimato.
Oficina de Inspectoría Judicial utilizada para castigar “colegas”
Aunque Aguilar García fundó e impulsó un proyecto que ha tenido buenos resultados en el campo de la justicia, algunas de las fuentes que hablaron con DIVERGENTES no tienen buenos recuerdos de su gestión a cargo de la Oficina de Inspectoría Judicial, desde donde el “magistrado presidente en funciones” castigó a muchos de sus “colegas”.
Según la página web de la CSJ, esta oficina es un órgano de apoyo del Consejo Nacional de Administración y de la Carrera Judicial. Se encarga de instruir todas las quejas presentadas en contra de los magistrados de tribunales de apelaciones, jueces, secretarios, registradores públicos y además funcionarios judiciales que formen parte de la Ley de Carrera Judicial (Ley 501), asimismo tramita aquellas quejas presentadas en contra de los abogados y notarios públicos, siempre y cuando estas actuaciones no constituyan delitos.
“En este sentido, la Inspectoría Judicial, en coordinación con la Oficina de Registro y Control de notarios, velan por el fiel cumplimiento por parte de los notarios en lo que respecta a la presentación de los índices en el término legal”, señala la información publicada en la web de este poder del Estado.
El caso del “falso magistrado”
Pero Aguilar, según las fuentes consultadas, no aplicó la justicia desde esta oficina. Al contrario, la utilizó para manejar a su favor a funcionarios que tenían encima muchas quejas en su contra.
“Esta era una oficina verdugo y su modo de operar era que aceptaban las quejas en contra de los funcionarios, aunque estas fueran infundadas, para tener algo con qué chantajearlo. Las quejas quedaban engavetadas y solo hasta que el funcionario era desechable o no funcionaba, las revivían y las resolvían para deshacerse de los empleados”, señaló otra fuente que trabajó en el Poder Judicial durante más de cinco años.
Karla, una abogada que conoció un caso de venganza de Aguilar García en contra de otra colega, relató que durante muchos meses su compañera fue chantajeada dentro de la Corte para realizar algunos servicios ilegales y que finalmente fue despedida cuando los concluyó.
“Es cepillo, chismoso, inescrupuloso y ambicioso. Y esta forma de ser le gusta a los dictadores, mientras lo necesite. Aguilar García es un incondicional del régimen”, señaló la alta fuente vinculada al Poder Judicial.
En 2014, el nombre del magistrado Aguilar fue vinculado a un sonado caso de estafa, cuando la Policía descubrió que un reo, de nombre Álvaro Ramón Leiva López, se hacía pasar por el magistrado para lograr favores judiciales.
El caso fue llamado por los diarios como la estafa del “falso magistrado”. Leiva, desde la cárcel ofrecía a sus víctimas que jueces bajo su control declararían la nulidad de los procesos de adjudicación de sus propiedades que tenían bancos y financieras en distintos juzgados, a cambio de que reunieran a diez productores que le pagaran 10,000 dólares cada uno.
De acuerdo a fuentes judiciales, el caso funcionaba, porque precisamente el “modus operandi” de Aguilar era de intimidar y lograr réditos políticos o económicos a cambio de favores judiciales. El magistrado, por cierto, nunca se pronunció públicamente sobre esta estafa en la que se usaba su nombre.
La tercia entre Juana Méndez y Marvin Aguilar
A pesar de que las fuentes que hablaron con DIVERGENTES confirmaron que Aguilar García está al mando de la reconstrucción de una CSJ al servicio de los dictadores sandinistas, ninguno se atrevió a asegurar que el “presidente en funciones” se establecerá oficialmente y legalmente como el nuevo titular al mando de la Corte.
“En esa purga está otra figura importante del Frente Sandinista y de Daniel Ortega. Me refiero a la magistrada Juana Méndez, que también tiene mucho poder en la Corte y tiene otras funciones a su cargo”, explicó el exfuncionario del Tribunal de Justicia.
Aguilar García tiene la ventaja de estar en el cargo de magistrado más tiempo que Méndez. Aunque, según las fuentes, la antigüedad no sería el punto más determinante, al momento de que los dictadores designen a uno de ellos oficialmente en el cargo.
“Aguilar puede ser más incondicional a los dictadores si se lo propone. Y a los Ortega-Murillo eso les encanta, porque no es una cuestión de fidelidad, va más allá”, señaló la misma fuente.
Mientras la hora de la elección oficial en el cargo llega, Aguilar García, según las fuentes consultadas, continúa con la labor de reconstrucción de la Corte y auguran barridas en todas las oficinas del Poder Judicial a nivel nacional, específicamente afectando a los que fueron electos por Alba Luz Ramos o designados por Yadira Centeno.
Su papel como reestructurador también se lo debe al exagente de la Seguridad del Estado y poderoso asesor de seguridad de Daniel Ortega, Néstor Moncada Lau, quien lo usó como un instrumento para fortalecer su feudo en el Poder Judicial.
“Aguilar siempre ha buscado más y más, y si lo dejan llega al infierno. Yo no tengo claro si él será la ficha al final, pero tiene buena disposición de los dictadores. Es cepillo, metiche, inescrupuloso, muy poco capaz legalmente hablando, pero su incondicionalidad lo tiene en mejor posición”, finalizó la fuente.