El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022 por el gobierno de Nayib Bukele, ha resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos en El Salvador, señaló Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado este martes 16 de julio.
El documento recoge 114 páginas detalladas de las detenciones arbitrarias a menores de entre 12 y 18 años. Presentan 66 casos de jóvenes que han sido objeto de abuso constante. Torturas, malos tratos por parte de otros presos y guardas, acoso policial e incluso violencia sexual.
La mayoría fueron arrestados sin una orden y recluidos en delegaciones policiales sin posibilidad de contacto con familiares hasta su puesta en libertad, o traslado a un centro de detención juvenil sin fecha de salida.
Muchos niños y niñas fueron detenidos por especulaciones, basándose en el aspecto físico, el barrio de residencia o en denuncias anónimas. Las autoridades fuerzan a los menores a hacer confesiones falsas, con una combinación de acuerdos judiciales abusivos e incluso mediante malos tratos y tortura.
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Los menores liberados reportan además condiciones inhumanas y antihigiénicas, que incluye falta de alimentación, tres camas para setenta personas o falta de atención sanitaria, a pesar de presentar síntomas de tuberculosis y hongos. Algunos comparten celda con adultos, lo que viola los estándares internacionales de derechos humanos.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, expuso en una conferencia de prensa el caso de un estudiante de 16 años, identificado como Agustín, quien sufrió de agresiones físicas por parte de presos sin intervención de los guardias y de desplazamiento forzado por las pandillas y luego por el régimen.
“Un costo humano muy alto”

El subdirector de HRW, Juan Pappier, reconoció que la violencia de las maras había disminuido considerablemente, pero “a un costo humano muy alto”.
El Salvador era uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, con índice de asesinatos de 106 cada 100 000 habitantes. Desde que Nayib Bukele asumió el cargo en 2019, la criminalidad cayó drásticamente a 2.3 cada 100 000 habitantes, convirtiendo al país en el segundo más seguro de toda América. Dato del que el presidente se hace eco en redes sociales y que provoca que su popularidad crezca cada día.
La parte que no se ve de este sistema es la violación de los derechos humanos de los niños y adolescentes salvadoreños, y un desmantelamiento de las instituciones democráticas y judiciales. El Gobierno salvadoreño ha destruido la independencia judicial, presionando a jueces y fiscales para asegurar la detención de estos menores.
Pocas medidas para la protección de la niñez

Policías y soldados arrestaron a una estudiante de 17 años de un pueblo rural en el departamento de Sonsonate, el 1 de julio de 2022, sin mostrarle una orden de detención. El 9 de enero de 2023, un juez la presionó a ella y a otros siete niños para que se declararan culpables conjuntamente de colaborar con la pandilla MS-13 a cambio de sentencias reducidas. Ella niega haber cometido ese delito. Sin embargo, por temor a sentencias más largas, todos se declararon culpables y fueron sentenciados a un año de prisión. “No teníamos opción”, dijo. “Todos queríamos estar con nuestra mamá”.
Las autoridades han tomado pocas medidas, si es que alguna, para proteger a los niños, niñas y adolescentes de la violencia por parte de otros detenidos, incluyendo casos de golpizas y agresiones sexuales. Decenas de niños han estado incomunicados de sus familias por semanas o meses; muchos solo han podido ver a sus abogados o familiares por unos minutos antes o durante las audiencias.
Durante años, los centros de detención juveniles en El Salvador han presentado condiciones graves: hacinamiento, escasez de personal, insalubridad y falta de infraestructura adecuada. Esta situación ha generado un entorno peligroso y deshumanizador que no solo no prioriza el bienestar de los menores, sino que también obstaculiza severamente cualquier posibilidad real de rehabilitación y reinserción social.
Muchos niños han sido doblemente victimizados, primero, por las pandillas que abusaron de ellos y que, en algunos casos, intentaron reclutarlos, y luego, por las fuerzas de seguridad que los detuvieron y maltrataron, posiblemente con consecuencias profundas y duraderas.
Las recomendaciones de Human Rights Watch

El gobierno debería establecer un mecanismo para revisar los casos de los detenidos durante el régimen de excepción, señaló Human Rights Watch. Este mecanismo debería dar prioridad a la revisión de los casos de niños, niñas y adolescentes y otros detenidos vulnerables, con miras a liberar a quienes fueron detenidos sin pruebas y priorizar la persecución penal, bajo el debido proceso, de altos líderes de las pandillas que son los máximos responsables por delitos atroces.
El gobierno también debería desarrollar una estrategia de seguridad integral que proteja a los menores de la violencia y el reclutamiento de las pandillas, incluyendo mediante la implementación de iniciativas de prevención de la violencia, programas de rehabilitación para los menores reclutados y apoyo para la reinserción de niños en conflicto con la ley.
Es fundamental, agrega HRW, que la privación de libertad de niños, niñas y adolescentes sea utilizada como último recurso y por el menor tiempo posible. Cuando la detención sea inevitable, debe tener lugar en instalaciones seguras, humanas y propicias para la reinserción de los niños, niñas y adolescentes a la sociedad.
Los Gobiernos de Estados Unidos, América Latina y los Estados miembros de la Unión Europea deberían aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador, incluyendo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los gobiernos y las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), deberían suspender todo tipo de préstamos o donaciones existentes a las instituciones gubernamentales presuntamente involucradas de manera creíble en abusos, incluyendo a la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada, el sistema penitenciario y la Fiscalía General de la República.
“La detención indiscriminada de niños, niñas y adolescentes amenaza con perpetuar los ciclos de violencia en El Salvador”, dijo Goebertus. “La comunidad internacional debería exhortar al gobierno a cesar las violaciones de derechos humanos y proteger la vida y el futuro de la niñez”.