La persecución religiosa que mantiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y grupos evangélicos, ha escalado y se ha focalizado gravemente contra la Diócesis de Matagalpa, expone el cuarto boletín Libertad de Religión en Nicaragua del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Según la organización, el régimen ataca a este departamento debido al respaldo que los religiosos y la feligresía católica han dado al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez. Álvarez fue desterrado en enero de este año, luego de ser condenado a más de 26 años y ser calificado como “traidor a la patria”.
El informe que abarca las agresiones estatales desde el 1 de abril hasta el 15 de julio de 2024, revela que el departamento de Matagalpa, así como el de Estelí —cuya diócesis también está a cargo de Álvarez—, han sido una de las zonas que más ha reportado detenciones de sacerdotes, obispos y otras figuras religiosas, así como de personas laicas.
También han sido uno de los departamentos que más han registrado cierre de organizaciones religiosas y medios de comunicación cristianos.
Recibe nuestro boletín semanal
Agosto, mes de detenciones y destierros
En la primera semana de agosto, al menos 12 sacerdotes pertenecientes a esta diócesis fueron detenidos arbitrariamente, y siete fueron desterrados del país. El resto de los religiosos se encuentran en situación de desaparición forzada, ya que se desconoce su paradero. Las detenciones incluyeron el asedio y vigilancia a parroquias y capillas.
“Matagalpa fue un pueblo que acompañó a su pastorado, un pueblo que salió a hacer acciones de protestas que la Policía Nacional reprimió”, señala Salvador Marenco, abogado y defensor del Colectivo.
“Este es un departamento que era foco de fe y foco de esperanza a las víctimas (de la represión). La limitación de la libertad de religión no solo es a los sacerdotes o a los pastores evangélicos, es a las personas que han encontrado esperanza y una palabra de aliento en la Iglesia ante tanta represión y limitación”, expresa.
25 encarcelados por la persecución religiosa
En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo mantiene a 25 personas privadas de libertad por motivos de persecución religiosa. Entre ellas, 11 pertenecen al grupo cristiano Puertas de la Montaña, y 14 laicos detenidos por haber participado en actividades religiosas. De estas personas, 13 de ellas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se ordena su inmediata liberación.
El Colectivo contabiliza a 65 religiosos han sufrido judicialización y acusaciones penales en su contra desde el inicio de la crisis sociopolítica hasta marzo de 2024.
En ese mismo período, 44 personas ligadas a la Iglesia católica han sido desterradas y 52 han sido declaradas apátridas. Además, más de 200 personas de diferentes órdenes religiosas han sido expulsadas del país o se encuentran exiliadas.
Todos estos ataques han sido dirigidos tanto a líderes religiosos como a laicos. En el caso de la Iglesia católica, las personas afectadas han sido sacerdotes, obispos, religiosas y la feligresía, así como congregaciones enteras. “Las violaciones a la libertad de religión, no solo debe de verse como una violación a la Iglesia, sino a todas las personas, feligresía y laicos”, destaca Marenco.
El boletín señala que las múltiples violaciones a la libertad de religión también incluyen crecientes ataques contra líderes religiosos, cierre de espacios cristianos, así como estigmatización y mensajes de odio desde las instituciones estatales. La principal figura oficial que ha liderado estos mensajes de odio ha sido la vicepresidenta, Rosario Murillo.
Confiscaciones son para debilitar económicamente a la Iglesia
El informe registra 419 organizaciones asociadas a la Iglesia católica y grupos evangélicos que han sido despojados de su personería jurídica; y el cierre de 22 medios de comunicación de corte religiosos. El último cierre de medios fue el de Radio María, cuya última transmisión fue el 9 de julio de 2024, sin permitirles dar un mensaje de despedida a sus radioyentes, indica el Colectivo.
“La violencia contra los medios religiosos ha ido escalando cada vez más. Por ejemplo, antes del cierre de Radio María el régimen obligó a la dirección del medio a reproducir como parte de su programación, los mensajes de odio proferidos por la vicepresidenta Rosario Murillo, en los que despotricaba contra los religiosos”, subraya.
De acuerdo con la organización, de las 419 organizaciones cerradas, 319 han sido de denominación evangélica y 57 católicas. Y 15 inmuebles pertenecientes a la Iglesia católica han sido confiscados en los dos últimos años.
La última confiscación llevada a cabo fue en las hermanas Pobres de Jesucristo de León, en la que se pusieron banderas del partido de gobierno el pasado 19 de julio. Las monjas de esta congregación fueron expulsadas en 2023, e impedidas de regresar al país.
El Colectivo señala que las cancelaciones y confiscaciones de propiedades de organizaciones, conventos y casas pastorales han sido con el objetivo de debilitar económicamente a la Iglesia.
Un informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas publicado el 23 de julio de este año, determinó que el régimen ha cometido crímenes de lesa humanidad contra Iglesia católica y otras confesiones cristianas.