Amenazas, agresiones físicas y verbales, criminalización, desnacionalización, restricciones para ejercer la fe y tradiciones religiosas, campañas de desprestigio, así como como vigilancia y profanaciones de templos, son algunos de los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado de Nicaragua de la que han sido víctimas miembros de la Iglesia católica y otros grupos cristianos, expone el segundo informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas.
De acuerdo con el informe, la persecución estatal que mantiene la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos, se debe a su capacidad autónoma de generar movilización social o congregar personas.
Según el Grupo de Experto, la capacidad de movilización social autónoma de las instituciones religiosas hizo que fuesen consideradas como una potencial amenaza al control total que pretende tener el Gobierno sobre todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
En la actualidad, los controles y prohibiciones que mantiene el régimen Ortega-Murillo, especialmente contra la Iglesia católica, afecta el ejercicio del derecho a la libertad de religión y otros derechos conexos a millones de nicaragüenses.
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También ha tenido como consecuencia la detención, enjuiciamientos, desnacionalización, destierro y deportación de cientos de personas pertenecientes a organizaciones religiosas.
“A fin de acallar estas voces y limitar la influencia que tienen la Iglesia católica y otras iglesias cristianas en la sociedad nicaragüense, el Gobierno estableció y siguió una estrategia basada en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y actos de persecución contra sus miembros”, expresan.
El informe documenta las agresiones cometidas por la dictadura desde el inicio de la crisis sociopolítica hasta marzo de este año, y destaca que lejos de disminuir con los años, ha aumentado a partir de 2022. Las violaciones a los derechos humanos fueron lideradas desde la jefatura de Estado, manifiestan.
“El Grupo de Expertos tiene motivos razonables para creer que la intervención del presidente y la vicepresidenta dio lugar a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y a los crímenes de lesa humanidad aquí documentados”, señala el documento.
Más de 70 personas detenidas por persecución a la Iglesia
El Grupo de Expertos destaca que las detenciones arbitrarias han sido una modalidad represiva contra la Iglesia católica y otros grupos cristianos, que se intensificó a partir de febrero de 2023.
Entre abril de 2018 y marzo de 2024, documentaron 73 casos de detenciones arbitrarias contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. Sin embargo, la cifra podría ser mayor, ya que hay detenciones que no son denunciadas.
Según el Grupo, las acusaciones penales fueron “infundadas, desproporcionadas y basadas en pruebas falsas”. Las víctimas fueron acusadas de los supuestos delitos de tráfico de estupefacientes, amenazas, violación sexual y terrorismo.
En 19 casos fueron acusadas de lavado de dinero y 13 casos fueron acusadas de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Al cierre del informe, 36 de las 73 personas encarceladas tienen condenas por los supuestos delitos. Cabe destacar que a las personas detenidas se les privó de su derecho al debido proceso y a un juicio justo. Estas personas condenadas incluyen 11 religiosos y 10 laicos católicos, así como 2 pastores y 13 miembros de la Iglesia evangélica.
Además, el régimen ha mantenido una política total de ocultación de las personas detenidas, por lo que se conoce el paradero únicamente de 30 personas.
Miembros de la Iglesia católica y evangélica expulsados del país
Según el Grupo de Expertos, las personas privadas de libertad en el marco de la persecución religiosa han sufrido tratos inhumanos, crueles y degradantes en los centros de detención.
“Esas prácticas se dieron con la finalidad de castigar a las personas detenidas, amedrentarlas, intimidarlas, extraer información y/o presionarlas para que declaren falsamente contra otras personas detenidas o perseguidas”, señalan.
Junto con las detenciones que van en aumento, las expulsiones fuera del país también ha sido otra medida tomada por el régimen contra la Iglesia. El Grupo de Expertos contabiliza a 22 personas vinculadas a la Iglesia católica y un pastor evangélicos, que fueron privadas de su nacionalidad entre las desnacionalizaciones ocurridas entre el 9 y el 15 de febrero de 2023.
Al cierre del informe, también se documentaron 44 casos de expulsiones fuera del país de miembros de la Iglesia católica y otros grupos cristianos. Y se reportaron 18 casos de prohibiciones de ingreso del país que afectaron a 17 sacerdotes y religiosos católicos, y un pastor evangélico.
Estas personas detenidas, desnacionalizadas y expulsadas fuera de Nicaragua también fueron víctimas de confiscación de bienes muebles e inmuebles,
Universidades y medios comunicación religiosos han sido perseguidos
La persecución se ha extendido contra centros de educación y universidades católicas y evangélicas. Entre el 2022 y 2023, el régimen Ortega-Murillo canceló la personería jurídica de nueve universidades e instituciones educativas adscritas a estas Iglesias.
Antes de su cierre y confiscación, estas universidades habían sido objeto de asaltos, vigilancia y limitaciones administrativas a su funcionamiento, y sus directivos han sido blanco de persecuciones.
El informe documentó 18 medios de comunicación de carácter religioso cerrados por órdenes del Instituto Nacional de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), entre ellas, 4 canales de televisión y 14 emisoras de radio.
La cancelación de organizaciones religiosas ha constituido el 9% de los cierres totales ejecutados por el régimen desde 2018. En la actualidad, se estiman que 342 organizaciones y fundaciones de corte religioso han sido despojadas de su personería jurídica.
Prohibiciones para ejercer la fe
En la actualidad, el régimen Ortega-Murillo mantiene una total prohibición de la realización de actividades católicas en el espacio público, aunque también el Grupo de Expertos documentó prohibiciones a actividades de otros grupos cristianos no católicos.
Las mayores prohibiciones fueron en el marco de la Semana Santa a partir de 2023, año en que se prohibieron al menos 3 176 procesiones católicas, sin incluir aquellas que se realizan los Viernes Santos y la cuaresma. En ese contexto se reportó uno de los mayores números de personas católicas detenidas, 21 en total.
En este 2024, las procesiones prohibidas fueron al menos 4 800. Ocho personas fueron detenidas en ese contexto. “No obstante, en ambos casos el número podría ser mayor ya que no se incluyeron aquellas actividades previstas a desarrollar en otras parroquias, ni en las capillas de las comunidades rurales”, exponen.
Además de la presidencia y vicepresidencia, el Grupo de Expertos destacó como responsable de los crímenes de lesa humanidad al Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional.