En medio del quinto aniversario de las protestas de abril de 2018, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) publicó un informe en el que detalla 30 medidas que podrían ser la base hacia una justicia transicional en el proceso nicaragüense. El escenario que plantea la organización jurídica y de derechos humanos fundada en Buenos Aires, Argentina, está ideado para un futuro desarrollo de transición democrática. Una propuesta que en este momento se perfila lejana bajo el actual totalitarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, la iniciativa surgió con el fin de “abrir un debate” para conversar sobre memoria y reivindicación de derechos.
“Sin caer en la ingenuidad de poner una fecha a la transición, Calidh está firmemente convencido que el futuro es hoy y que los grupos de oposición que quieren encargarse de llevar a Nicaragua hacia la democracia deben planificar meticulosamente la transición no desde la improvisación, ni desde el divisionismo, sino con la participación amplia, efectiva, real y operativa de todos los sectores de la sociedad nicaragüense”, remarcó la oenegé en su comunicado.
Con el informe titulado “Crímenes de lesa humanidad y responsabilidad individual. Treinta medidas de justicia transicional para Nicaragua”, el organismo plantea algunos detalles de cómo deben ser procesadas las personas acusadas como responsables de crímenes de lesa humanidad, y de qué manera se debe desarrollar una transición democrática.
Calidh es una organización civil sin fines de lucro constituida en Argentina “con la finalidad de promover, defender y aportar a la justiciabilidad de los derechos humanos, en especial, los de grupos y personas en situación de vulnerabilidad en Latinoamérica”.
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El perdón a las víctimas y las reformas
Una de las 30 medidas plantea que el Gobierno de transición que llegue al poder debe pedir perdón en nombre del Estado a todas las víctimas de abril, y también a sus sobrevivientes y familiares por las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.
El régimen de Ortega y de Murillo no han hecho mención al uso desproporcionado y violento de la fuerza ni han instruido una investigación judicial exhaustiva. Más bien, desde el discurso oficial se estigmatiza e insulta a las víctimas, a través de apelativos como “golpistas”, “tranqueros”, entre otros.
Otras de las recomendaciones que realiza el colectivo es la propuesta de una “Ley general para la reforma política y la democratización que imponga por ley la prohibición de pactos al margen de la legalidad, las amnistías de criminales de lesa humanidad, la devolución de las personalidades jurídicas a los espacios cívicos y el referéndum como medida obligatoria, por ejemplo, para someter a la población la nueva Constitución”.
A cinco años del estallido social, los planteamientos de la organización arrojan una idea de cómo puede configurarse un Estado tras el régimen de Ortega y Murillo, que han colocado en estos cinco años una lápida de impunidad. Ningún paramilitar o mando policial ha sido procesado por asesinato. Más bien, la dictadura se ha encargado de perseguir y encarcelar a la oposición y de ascender a los perpetradores de la masacre.
Los pilares de la democratización
Calidh propone que, en el proceso de justicia transicional en Nicaragua, se realice una revisión exhaustiva de las leyes y reglamentos del ordenamiento jurídico, “que se llevará a cabo por las fuerzas políticas y sociales”. Además, la transición y la justicia deben planificarse sobre “la base de garantías que incluyen el pluralismo político, mecanismos de consulta institucionalizados con todos los sectores sociales, la centralidad de las víctimas y sus familiares, la prohibición de pactos y amnistías y la democratización de los espacios y mecanismos públicos y sociales”.
El colectivo pide la creación de una Asamblea General Constituyente, para ser convocada en un plazo de seis meses tras la hipotética transición. Se establecerá con el fin de refundar el orden democrático, al Estado, sus instituciones y desmontar “las estructuras del terror”.
Según el planteamiento, la reforma impondrá “la prohibición de pactos al margen de la legalidad, las amnistías de criminales de lesa humanidad, la devolución de las personalidades jurídicas a los espacios cívicos y el referéndum como medida obligatoria para someter a la población la nueva Constitución”. Se establecerá una Misión Internacional de la ONU para Nicaragua, con el fin de supervisar la desmovilización ordenada de los integrantes del Ejército a la vida civil y “reforzar al Gobierno transicional mediante la instalación de cascos azules” en caso de violencia política.
Memoria histórica
Tras un perdón oficial por parte del Estado, Calidh asegura que el Legislativo y el Ejecutivo de Nicaragua deberían trabajar en conjunto con organizaciones de víctimas para dictar una Ley de Memoria Histórica y una Política Nacional de Memoria Histórica que establezca responsabilidades específicas del Gobierno en las acciones de justicia transicional.
El Gobierno transicional buscará el apoyo técnico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para asegurar una correcta aplicación de las medidas de justicia transicional. También se conformará el Consejo Nacional de Memoria Histórica con igual representación del Gobierno y las organizaciones de víctimas para dar seguimiento a la Política Nacional de Memoria Histórica y planificar las medidas de justicia transicional de manera organizada.
La verdad y la justicia
De acuerdo con la propuesta, el Gobierno de transición establecerá una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 1979, con el objetivo de saldar la deuda con las víctimas y abordar todas las violencias, sus etapas y episodios.
La Comisión “tendrá el mandato de reconstruir las violencias y hacer visibles los rostros de las víctimas, y establecerá las responsabilidades del Estado en las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”. Al final de su mandato, remitirá todas sus indagaciones al Ministerio Público para realizar las acusaciones pertinentes ante el Poder Judicial.
El colectivo instruye reformar el sistema de justicia y “juzgar a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad”. Explican que el modelo debe estar basado en la justicia “por encima de la venganza y falsas reconciliaciones”. Según Calidh, para juzgar de forma imparcial es necesario declarar la vacancia absoluta del sistema de justicia, estructurar y conformar un Consejo General de la Magistratura y un Tribunal Constitucional independiente e imparcial.
Las 30 medidas pueden encontrarse en este enlace.