En la noche del 11 de mayo de 2018, el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, cogió un megáfono para dar instrucciones a paramilitares –miembros del Frente Sandinista armados– para ir a atacar a manifestantes que pedían la renuncia del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo.
—A ver morteristas (encargados de lanzar morteros, bombas artesanales), (vengan) acá para les den municiones— se escucha a Zeledón, en un video de esa noche, que está registrado en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar las muertes ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, al inicio de la rebelión ciudadana de ese año.
Mientras se escuchan unas motocicletas –en las que suelen movilizarse las brigadas de sandinistas utilizadas para reprimir manifestantes– en la gasolinera UNO de la entrada a Matagalpa, un municipio a 130 kilómetros al norte de Managua, la capital, Sadrach Zeledón continuaba dando instrucciones.
—Y es tirarlos (los morteros) abajo, abajo, nada de (tirarlos) al aire. Mientras no vengan ellos (los manifestantes), no desperdiciemos los morteros.
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Cuatro días después, el 15 de mayo, tres personas fallecieron y al menos 40 resultaron heridas en un operativo que hizo la Policía, junto a paramilitares, para quitar a balazos unos 35 tranques (bloqueos de carreteras) que habían puesto los manifestantes desde el 10 de mayo —un día antes que el alcalde diera las instrucciones a los paramilitares en la gasolinera—, como forma de presión y protesta en contra del gobierno Ortega-Murillo.
El alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, es uno de tres alcaldes identificados en este reportaje, que se involucraron directamente en los ataques armados (policías junto a paramilitares) para aplacar las protestas en Nicaragua.
Los otros funcionarios señalados son Orlando Noguera, de Masaya, quien falleció en 2020, durante la pandemia; y Mariano Madrigal, de Jinotepe. Los tres alcaldes lideraron o colaboraron con los cuerpos armados del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según consta en informes de organismos de derechos humanos, videos y fotografías a las que se accedieron, y testimonios de familiares de las víctimas recabados para esta investigación.
En los tres municipios investigados se registra el mismo patrón: en los primeros días de protestas las turbas sandinistas encargadas de repeler manifestantes estuvieron conformadas por trabajadores y funcionarios de las alcaldías, miembros de la Juventud Sandinista y oficiales de la Policía Nacional.
En estos tres lugares se registraron 85 muertos durante las protestas. Esto quiere decir que ocurrió el 24% de las muertes de todo el país durante las manifestaciones. Los tres alcaldes, en sus municipios, colaboraron o lideraron en la “Operación Limpieza”, un operativo armado para eliminar los tranques –bloqueos de carreteras y barricadas– instalados por los rebeldes, como forma de protesta, según relatos de los familiares de las víctimas. Esta misma operación fue ejecutada en el resto de los municipios donde los manifestantes impidieron la movilización.
Fuentes municipales explicaron que, para transportar a simpatizantes del Frente Sandinista, partido de gobierno, y paramilitares que atacaron a los manifestantes, se asignó financiamiento a las alcaldías. Una investigación de Artículo 66 arrojó que 52 alcaldías recibieron 25.3 millones de córdobas (784 mil dólares) en concepto de “servicio de transporte” entre 2018 y 2019.
Las fuentes municipales coincidieron en que la partida “servicio de transporte” camufló el apoyo para transportar a partidarios sandinistas. “Este dinero no se usó para financiar toda la logística de la represión, que tiene que ver con las armas, municiones y alimentación; pero sí les ayudó a costear los gastos de movilización”, dice una de las personas consultadas para este trabajo que conoce los hechos, pero habló en condición de anonimato para evitar represalias.
La falta de autonomía y la influencia del Frente Sandinista en los alcaldes –con el otorgamiento de candidaturas “de dedo” y la asignación antojadiza del presupuesto– les permitió a Ortega y Murillo “dictar la logística de la represión contra manifestantes, en todos los municipios durante las protestas de 2018”, según un politólogo, que vive en Nicaragua, pero no quiso dar su nombre en este reportaje. Pese a las múltiples pruebas que comprometen a los alcaldes en los hechos violentos, no existen procesos penales abiertos contra ellos en Nicaragua.
De los tres citados en este reportaje, el único de ellos sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Reino Unido fue Sadrach Zeledón. Estados Unidos alegó que el alcalde contribuyó “en la violencia infringida contra las manifestaciones de ciudadanos nicaragüenses que comenzaron en abril de 2018”. Mientras que el Reino Unido justificó su sanción porque Zeledón estuvo involucrado “en la promoción y el apoyo a las graves violaciones de los derechos humanos”.
Las sanciones impuestas a Zeledón consisten en la congelación de activos o de cualquier empresa en la que tuviera fondos, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Además, significan la prohibición de entrada o permanencia en estos territorios. Pese a que estas amonestaciones dificultan la operatividad de Zeledón –pues no puede firmar documentos bancarios ya que está inhabilitado de hacer gestiones en el sistema financiero internacional–, Daniel Ortega y Rosario Murillo lo continúan protegiendo. El siete de noviembre de 2022 fue reelecto, por quinta vez consecutiva, como alcalde de Matagalpa.
A diferencia de la impunidad que gozan los alcaldes involucrados en la represión, los opositores a Ortega y Murillo han sufrido consecuencias por realizar protestas desde 2018. Desde entonces se registran 1,310 opositores y críticos del sistema capturados. Todos y todas han sido calificados como presos políticos, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una organización de derechos humanos que trabaja en el registro pormenorizado de los presos políticos nicaragüenses desde julio de 2018.
Actualmente existen 27 presos políticos en las cárceles de Nicaragua, entre los que se incluye al obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado el 10 de febrero de 2023 a 26 años de cárcel por el delito de “traición a la patria”, una figura jurídica aprobada en 2020 por el Frente Sandinista para judicializar a opositores. La narrativa del Gobierno es que las protestas en 2018 fueron un “intento de golpe de Estado”, urdido por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, entre ellos monseñor Álvarez, Estados Unidos, empresarios, algunas oenegés y antiguos disidentes del sandinismo. Álvarez fue capturado desde agosto de 2022, y llevaba su proceso bajo la figura de “casa por cárcel”. Sin embargo, fue condenado un día después de que se negó a ser desterrado a Estados Unidos junto a 222 presos políticos más, el 9 febrero de este año, en un operativo que coordinó el Gobierno de Nicaragua con la Embajada de Estados Unidos. Esta acción ha sido tomada como el inicio de un proceso de negociación en el que Estados Unidos será el mediador entre el régimen Ortega-Murillo y la oposición para buscar una salida a la crisis política, según analistas políticos consultados.
Sin embargo, la venganza de la pareja en el poder continúa contra sus críticos. El 15 de febrero despojaron de su nacionalidad a 94 nicaragüenses, entre ellos escritores, periodistas, poetas, activistas, empresarios y políticos. Además de quitarles la nacionalidad, el Gobierno ordenó la ocupación de sus bienes y los declaró prófugos de la justicia por ser “traidores a la patria”, sin que estos ciudadanos siquiera hayan tenido un juicio en su contra. En tanto, los que sí tuvieron un proceso judicial fueron condenados por jueces que dieron validez a “pruebas”, como testimonios de policías, declaraciones de estos ciudadanos en medios de comunicación nacionales e internacionales y sus publicaciones en redes sociales en las que criticaban a Ortega y Murillo.
En Matagalpa “había buses para trasladar a paramilitares”
En el municipio de Matagalpa se registraron 29 muertes durante las protestas. En la justificación de las sanciones del Departamento del Tesoro al alcalde, Sadrach Zeledón, se lee que “estaba vinculado a las acciones de las fuerzas paramilitares, la Policía pro-Ortega y grupos de choque que cometieron graves abusos contra los manifestantes”.
Según el registro de los presupuestos municipales, entre abril y julio de 2018, los meses más duros de la crisis política, 23 municipios, entre ellos Matagalpa, recibieron $100 mil dólares para “transportar pasajeros” o “servicio de transportes”, las partidas que se utilizaron para movilizar a paramilitares, según fuentes municipales consultadas para este reportaje.
Una mujer que participó en las protestas de Matagalpa, que omitimos su nombre para protegerla de represalias, asegura: “Nosotros pudimos constatar y ver cómo durante la rebelión había buses para trasladar a simpatizantes sandinistas y paramilitares”. La mujer dice: “Estos hombres armados eran llevados cerca de donde había manifestaciones opositoras, que luego eran atacadas”.
El informe del GIEI recoge un testimonio que compromete directamente al alcalde de Matagalpa: “Empezamos a escuchar detonaciones de morteros y de armas de fuego. Decidí́ bajar y vi al alcalde actual de Matagalpa, el ingeniero Sadrach Zeledón junto con los CPC, juventud sandinista (organización juvenil del partido) y Policía con él (…) alcancé a ver que en unas casas frente a la (empresa) Coca Cola tenían unos sacos de morteros y unas cajas con molotov, además que ahí se encontraban campesinos, a los cuales más tarde nos dimos cuenta de que les estaban pagando, muchos de ellos son desmovilizados del Ejército”.
Existe otro video donde aparece Zeledón junto a civiles armados dando instrucciones. “Información recibida por el GIEI indica que entre los atacantes se encontraban campesinos y ‘encapuchados’ que habrían sido convocados y recogidos en vehículos de la alcaldía de Matagalpa, a cambio de un pago, alguno de los cuales portaban armas de fuego”.
La captura de los municipios
Para entender cómo Daniel Ortega y Rosario Murillo pudieron dirigir la represión contra manifestantes en todos los municipios, a través de sus alcaldes, es necesario retroceder hasta las elecciones municipales de 2008, un año después que el Frente Sandinista regresó al poder en Nicaragua. Esa elección de las alcaldías fue la primera que se denunció como fraudulenta. El partido de Ortega obtuvo 105 de 153 alcaldías (68.6%), cuando en las elecciones anteriores había logrado 87.
De estas 105 que logró en 2008, 33 alcaldías terminaron, de forma sorprendente, en manos de alcaldes sandinistas, cuando en el primer conteo de votos iban a la cabeza candidatos opositores, según un informe del organismo de observación electoral, Ética y Transparencia.
El sociólogo y experto municipalista, Silvio Prado, dice que desde que Ortega regresó al poder inició un proceso de centralización, de manera que las alcaldías sandinistas perdieron su autonomía municipal y “solamente se limitaban a ejecutar las políticas dictadas por el partido sandinista”.
A la par de esto, los municipios gobernados por los partidos opositores eran “castigados” a través del presupuesto nacional para restarle poder de influencia en sus ciudadanos, al no contar con los presupuestos adecuados para desarrollar proyectos. Es decir, por medio del Presupuesto, el Ejecutivo beneficiaba a las alcaldías sandinistas y afectaba a las opositoras, según una revisión de las transferencias municipales. Desde 2018, en los municipios administrados por partidos de oposición se disminuyó el presupuesto a la mitad. Sin embargo, las comunas administradas por el Frente Sandinista no registraron disminuciones en sus presupuestos.
Con el Consejo Supremo Electoral (CSE) bajo su poder, Daniel Ortega emprendió la captura de todas las alcaldías del país en las siguientes elecciones. En las de 2012 obtuvo 127; en 2017 subió a 135; mientras que en las últimas elecciones de 2022 se hizo con todas las 153 alcaldías del país.
El municipalista, Silvio Prado, considera que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “pretende instaurar un sistema de partido único en Nicaragua, como existe en Cuba”.
Como no existe el poder legítimo del voto en Nicaragua, los alcaldes sandinistas son designados por los caudillos del partido, Daniel Ortega y Rosario Murillo. El requisito es la obediencia a la pareja de mandatarios. Hasta el período anterior, 41 alcaldes todavía se mantenían en el cargo desde 2009, es decir, tienen más de 13 años de estar al frente de sus comunas. En las últimas elecciones de 2022, se reeligió al 55% de los alcaldes que estaban en el período anterior. Según analistas consultados, la pareja de mandatarios reelige a los mismos porque no confía en “nuevas fichas” del mismo partido para estar al frente del poder municipal.
Uno de estos casos es el de Sadrach Zeledón, quien es alcalde de Matagalpa desde 2001 y se reeligió para este período que termina en 2028. Para cuando acabe este último lustro, tendrá 27 años consecutivos en el poder de Matagalpa.
Las muertes de Masaya
El tres de junio de 2018, el cuerpo del adolescente Elías Sánchez fue trasladado por las calles de Masaya en un carretón. Desde hacía meses, los bloqueos de carreteras en este municipio, a menos de 30 kilómetros de Managua, impedían el paso de vehículos. Entonces, cuando le dijeron a Zeneyda Cuestas, madre de Elías, que su hijo estaba muerto, ella lo llevó como pudo con ayuda de otros amigos y familiares, en un carretón, solamente cubierto por una cobija blanca.
Elías, de 17 años, fue asesinado un mes y medio después que iniciaron las protestas. La imagen de su cuerpo trasladado en un carretón conmovió a Masaya y parte del país y recordó una imagen que tomó la fotógrafa Susan Meiselas durante la guerra de 1979, en la que se ve a una mujer llevando un cuerpo en un carretón parecido. Se dice que en cada esquina que pasaba el cuerpo de Elías, a modo de homenaje, los rebeldes detonaron morteros con bombas artesanales en el cielo.
Elías fue una de las 48 personas asesinadas en Masaya durante las protestas. Aparte de Managua, que registró 142 muertes, fue el municipio con más muertes registradas. Un expreso político dijo que el alcalde Orlando Noguera, quien falleció durante la pandemia a los 70 años, colaboró durante la “Operación Limpieza”, en Masaya.
“En los primeros días, hubo rumores de que Noguera huyó de Masaya, pero lo cierto es que siempre se mantuvo fiel al partido sandinista, hasta su muerte”, dijo el expreso político que actualmente vive en Masaya.
La muerte de Elías ocurrió en unas semanas en que los manifestantes se habían tomado las calles, y habían bloqueado todas las vías de acceso de Masaya. La Policía estaba acuartelada en su delegación. No podía salir. Entre los pobladores se hablaba de tomar la estación, pero hubo otros grupos que no estaban de acuerdo en ejecutar esa operación armada. Sin embargo, los policías estaban desesperados porque la salud del comisionado Ramón Avellán, encargado de dirigir la represión en este municipio y quien se encontraba acorralado en la estación, se encontraba deteriorada.
“La muerte de Elías ocurre porque camionetas de la policía (de otro municipio aledaño todavía sin precisar) entran a Masaya para disparar contra los manifestantes que rodeaban las calles de la estación de policía”, dice uno de los rebeldes de Masaya. Los armados en las camionetas dispararon e impactaron de muerte a Elías Sánchez y a Jesson Putoy, en otro barrio cercano. “Pero ese día los policías fueron sacados con moteros por los manifestantes, no pudieron liberar a Avellán”, dice el rebelde de Masaya.
Elías murió con un disparo en el cuello en el barrio la Bolsa, a unas cuantas cuadras del barrio Fátima, donde vivía con su mamá y su padrastro. “Mi hijo murió defendiendo su patria”, dijo la madre al día siguiente, antes de enterrarlo en el cementerio de Masaya. “Les pido que me ayuden a exigir justicia para que todas las madres que hemos perdido a nuestros hijos no quedemos sin justicia”, añadió Zeneyda.
El alcalde Orlando Noguera falleció el primero de junio de 2020, sin que se le abriera un juicio en su contra por su involucramiento en la represión. Al igual que Matagalpa, este municipio también recibió dinero para trasladar partidarios sandinistas y paramilitares: C$403 400 ($12 mil dólares) por medio de transferencias municipales.
Fuentes en la Alcaldía de Masaya apuntan a que el alcalde Noguera no dirigió la represión, porque esta fue liderada por el comisionado Ramón Avellán. Sin embargo, Noguera “colaboró” desde el inicio con los cuerpos armados.
El informe del GIEI recoge un testimonio de un testigo que estuvo en las protestas del 19 de abril, día que inició la rebelión en todo el país: “El parque central de donde iba a salir la marcha (opositora) estuvo rodeado (…) los trabajadores de la municipalidad, que son los que limpian las calles, ese día rodearon toda la Avenida de San Jerónimo al parque Central (…) antimotines rodearon el parque también”.
Una joven que formó parte de los rebeldes de Masaya dice que, en los pri- meros días, entre el 19 y el 21 de abril de 2018, cuando se registraron los cuatro primeros muertos, el alcalde Orlando Noguera, junto a otros líderes sandinistas, les entregaban morteros y lanza morteros a las turbas sandinistas para que atacaran a los manifestantes. Todavía no se había dado la orden de lanzar balas contra los rebeldes, dice la joven.
“La gente nos ha comentado muy dolida, con rabia, que Orlando Noguera distribuía, junto con otra persona, los morteros a los pandilleros que estaban atacando a la gente”, dice el sacerdote Augusto Gutiérrez, quien en ese momento se encontraba en la iglesia de San Sebastián de Masaya. Gutiérrez se fue exiliado desde agosto de 2018 por amenazas contra su vida, según denunció el religioso en este reportaje.
Uno de los cuatro asesinados en esos primeros días fue Álvaro Gómez Montalvan, de 23 años, quien murió por un disparo en el pecho, en la madrugada del 21 de abril de 2018. “Yo vi el 19 de abril cómo el alcalde de Masaya (Noguera), junto con autoridades del Ministerio de Educación (Mined) y municipales del partido Frente Sandinista, llevaban bolsas negras con morteros artesanales para ir a acechar al barrio Monimbó”, dice Álvaro Gómez, padre del joven asesinado.
Desde su exilio en Costa Rica, Álvaro Gómez dice que su hijo fue asesinado por “el que dirige a los motorizados sandinistas en Masaya”. El informe del GIEI menciona que “el perpetrador del disparo asesino a Álvaro fue un motorizado que andaba ardido porque el día anterior le habían prendido fuego a su moto. El motorizado es un concejal del partido sandinista en Masaya”.
El alcalde Orlando Noguera fue un destacado militante desde los años 80, durante el primer gobierno sandinista. Al igual que el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón, era el operador político del municipio y del departamento de Masaya, lo que le permitía dirigir todas las estructuras municipales. Fue alcalde en tres períodos: entre 2004 y 2008; luego dos períodos consecutivos: desde 2012 hasta 2020, cuando murió. Su período hubiera finalizado en 2022.
Trabajadores de alcaldía en “turbas sandinistas”
El alcalde de Jinotepe, Mariano Madrigal, es un ejemplo de cómo los funcionarios son colocados “de dedo” por Ortega y Murillo.Madrigal asumió como alcalde de este municipio en 2015, luego de que la alcaldesa, Carla Zúñiga, fue destituida por la Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, debido a supuestos desvíos de varios millones de córdobas de la comuna. Madrigal asumió la alcaldía porque era el vicealcalde. Sin embargo, en las recientes elecciones municipales de 2022 volvió a ser designado, por la pareja presidencial, como candidato. Fue electo para el período que concluye en 2028.
Un perfil realizado por Urnas Abiertas, basado en información de sus redes territoriales, afirma que en 2018 Madrigal estuvo a cargo de “organizar encapuchados fuertemente armados, que resguardados por la Policía Nacional realizaron ataques sin piedad contra la población civil desarmada”.
En Jinotepe fallecieron 16 personas durante las protestas de 2018, según la CIDH. Esta cifra es elevada si se toma en cuenta que es un municipio de unos 280 kilómetros cuadrados del departamento de Carazo, donde apenas se registran 2 homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Anuario Estadístico de la Policía Nacional en 2021, el último que la institución ha publicado. En las estadísticas, Carazo aparece como el segundo departamento que registra menos homicidios en Nicaragua, sólo por detrás de Madriz, que registra 1 muerte por cada 100 mil habitantes.
En los primeros días de las protestas, cuando había mucha confusión, se reportó que el alcalde Madrigal desapareció de Jinotepe. Una fuente, a la que accedimos, revela que en ese momento asumió el mando de la represión el secretario político (a diferencia de los alcaldes de Matagalpa y Masaya, Madrigal no es el secretario político del FSLN de Jinotepe), Sergio Mojica y otros operadores políticos enviados, por el partido sandinista, desde Managua.
“Madrigal no estaba, pero en los primeros ataques hubo trabajadores de la alcaldía, miembros de la Juventud Sandinista y la Policía Nacional”, dice la fuente.
En el caso de Jinotepe, el día más sangriento fue el 8 de julio de 2018, cuando se ejecutó la Operación Limpieza para exterminar los tranques y barricadas en Diriamba y Jinotepe, del departamento de Carazo, en el que murieron al menos 32 personas. “Mariano Madrigal junto a otros alcaldes de Carazo dirigió la ejecución de la Operación Limpieza”, señala el informe de Urnas Abiertas.
El 8 de julio, el ataque comenzó a las 5:30 de la mañana y se desarrolló durante 12 horas consecutivas, en las que policías y paramilitares dispararon a mansalva contra las barricadas. Luego, llegaron las palas mecánicas que desarmaron los tranques (se calcula que sólo en Jinotepe hubo 30 tranques) para tomar el control de las ciudades.
Un opositor de Jinotepe, que omitió su nombre, dijo que los paramilitares que atacaron Jinotepe “eran retirados del Ejército con entrenamiento militar”. Cabe señalar que Jinotepe es el municipio donde nació el general del Ejército, Julio César Avilés.
Avilés fue sancionado el 22 de mayo por el Departamento del Tesoro. “Los militares proporcionaron armas a la parapolicía que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas”, señaló la justificación del Tesoro para sancionar al general del Ejército.
En las sanciones que ha impuesto Estados Unidos al general Avilés, y otras figuras o entidades del régimen Ortega-Murillo, se ordena el bloqueo de todos los bienes e intereses que tengan estas personas en el país norteamericano. También son reportados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Las regulaciones de esta oficina “prohíben todos tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”.
El Ejército ha negado, en diferentes ocasiones y a través de comunicación oficial, que sus fuerzas hayan participado en la represión de las protestas. Dice que se limitaron a proteger objetivos de interés nacional y que tenían control total de sus fuerzas y de su armamento.La crueldad en Jinotepe, sin embargo, todavía se recuerda. Testigos aseguran que a varios manifestantes “los capturaron, los torturaron y luego los asesinaron”. Uno de ellos fue Ricardo Largaespada, de 57 años. Según el relato de sus familiares al medio Confidencial, el cuerpo de Largaespada apareció en el Instituto de Medicina Legal, donde les dijeron que lo enterraran sin hacer escándalo en los medios de comunicación. La imagen, para los familiares, es difícil de borrar: estaba el cuerpo sin las dos manos y tenía golpes por todos lados: “Lo agarraron vivo y lo torturaron”.